Sergio Valdez Cruz

Expediente 1153/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1153/2017
Año
2017
Actuaciones
16
Última actuación
08/10/2018

Partes del expediente

  • Sergio Valdez Cruz
  • Subdelegado de Prestaciones, Delegación Estatal del ISSSTE en Michoacán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Causa estado. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de inconformidad previsto por el artículo 201, fracción I, de la misma ley, en contra de la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; sin que lo hubiera hecho. Así, al no haberse recurrido dicho proveído, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. II. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Ahora, con fundamento en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción IV, en relación con el artículo segundo, fracción XV, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que por una parte se sobreseyó, y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, se determina que es susceptible de DEPURACIÓN. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que no se solicitó la medida cautelar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes, por auto de trece de agosto de dos mil dieciocho (foja 149), para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable mencionó dar a la ejecutoria de amparo, tomando en consideración las constancias que obran en el expediente, así como las manifestaciones vertidas por la autoridad y la parte quejosa. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente, las manifestaciones aportadas por la citada autoridad y por la parte quejosa. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia autorizada el nueve de mayo de dos mil dieciocho, se otorgó la protección constitucional para que el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Dejara insubsistente el oficio de dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, dictara uno nuevo debidamente fundado y motivado, subsanando las deficiencias formales que fueron estudiadas y destacadas en el presente fallo. En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria dictada en el presente asunto, así como en auto de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se requirió al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que realizara lo siguiente. -Deje insubsistente el oficio 2.11.15.5/1667, de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por el que pretendió dar respuesta al multicitado ocurso de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en que el quejoso le solicitó la devolución de la cantidad de $36,668.94 (treinta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 94/100 moneda nacional, por concepto de un préstamo personal que adujo el promovente del amparo no solicitó; y, con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo en el que observe lo siguiente: Explique qué debe entenderse por "crédito irregular", para determinar si el mismo es aplicable al caso concreto; Precise qué autoridad judicial debe dictar la sentencia que determine si el crédito se otorgó o no conforme a la normatividad aplicable; e, Indique mediante qué juicio o procedimiento se debe dictar dicha sentencia, ni quién debe promover dicho juicio o procedimiento. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El seis de julio del año en curso, remitió inicialmente el oficio 2.11.15.7/2481/2018 (fojas 116 a 120), al que anexó el acuse de recibo del diverso 2.11.15.5/2088, en el que primero, dejó insubsistente el comunicado 2.11.15.5/1667, de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, y en su lugar emitió uno nuevo en el que indicó al quejoso lo siguiente: Que por créditos irregulares deben entenderse aquellos que en su momento fueron otorgados sin cumplir con los requisitos y formalidades que establecen los artículos 3, 4, 5, 9,10, 11, 12 y 14 del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Que como el Reglamento anteriormente citado no prevé modalidad alguna que permita a dicha institución realizar la devolución del importe que en vía de crédito fue otorgado presuntamente a un tercero, el promovente del amparo debe acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que una vez acreditado que el quejoso no fue el beneficiario del crédito de referencia, instruya al Instituto responsable para que le sea devuelta la cantidad respectiva; Que dicha devolución, en su momento deberá gestionarse ante el órgano financiero de oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, de donde depende la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, en diverso comunicado 2. 11. 15.7/3039/2018, de diez de agosto de dos mil dieciocho, anexó copia certificada del diverso 2. 11. 15.5/2330/2018, en el que indicó al quejoso que en atención a lo dispuesto por el artículo 26 fracciones I, II, V, XVI, XVIII, XXI y XXXVI, del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió respuesta complementaria al oficio 2.11.15.5/2018 y que está vinculada al escrito del quejoso de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, donde solicita la devolución de la cantidad de $36,668.94 (treinta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos, noventa y cuatro centavos), más intereses, recargos y/o actualizaciones que legalmente procedan, pues aduce el quejoso que el Instituto responsable descontó de su pensión mensual durante los meses de julio a diciembre de dos mil dieciséis, la cantidad en cita, por concepto de préstamo personal que presuntamente solicitó el promovente del amparo pero que aduce él no pidió, tramitó ni recibió. Asimismo, le informó que la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encuentra imposibilitada para, por iniciativa propia, realizar la devolución solicitada así como sus actualizaciones, en virtud que el Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto responsable no prevé modalidad alguna que permita a dicha institución realizar la devolución reclamada; razón por la cual, el solicitante del amparo deberá acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a interponer juicio administrativo, en contra de la resolución contenida en el diverso 2.11.15.5/2018 de seis de julio de dos mil dieciocho, en términos de lo dispuesto por el artículo 3° fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal aludido, y una vez acreditado que el quejoso no fue el derechohabiente beneficiario con el crédito controvertido, instruya al multicitado instituto que en virtud de haberse demostrados su dicho, le sea reembolsada la cantidad a que hace referencia el solicitante del amparo. Finalmente le indicó que dicho reembolso, en su caso, deberá gestionarse ante el órgano financiero de oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, de donde depende la Delegación Estatal Michoacán, del Instituto tantas veces aludido; y, de esta forma cumplir con la ejecutoria de amparo. Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Analizados los actos realizados por la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del Jefe de la Unidad Jurídica, ambos con sede en esta ciudad, para dar cumplimiento al fallo protector, se advierte que el seis de julio del año en curso, remitió inicialmente el oficio 2.11.15.7/2481/2018, al que anexó el acuse de recibo del diverso 2.11.15.5/2088, en el que primero, dejó insubsistente el comunicado 2.11.15.5/1667, de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, y en su lugar emitió uno nuevo en el que indicó al quejoso lo siguiente: Que por créditos irregulares deben entenderse aquellos que en su momento fueron otorgados sin cumplir con los requisitos y formalidades que establecen los artículos 3, 4, 5, 9,10, 11, 12 y 14 del Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Que como el Reglamento anteriormente citado no prevé modalidad alguna que permita a dicha institución realizar la devolución del importe que en vía de crédito fue otorgado presuntamente a un tercero, el promovente del amparo debe acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que una vez acreditado que el quejoso no fue el beneficiario del crédito de referencia, instruya al Instituto responsable para que le sea devuelta la cantidad respectiva; Que dicha devolución, en su momento deberá gestionarse ante el órgano financiero de oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, de donde depende la Delegación Estatal Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Asimismo, en diverso comunicado 2. 11. 15.7/3039/2018, de diez de agosto de dos mil dieciocho, anexó copia certificada del diverso 2. 11. 15.5/2330/2018, en el que indicó al quejoso que en atención a lo dispuesto por el artículo 26 fracciones I, II, V, XVI, XVIII, XXI y XXXVI, del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió respuesta complementaria al oficio 2.11.15.5/2018 y que está vinculada al escrito del quejoso de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, donde solicita la devolución de la cantidad de $36,668.94 (treinta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos, noventa y cuatro centavos), más intereses, recargos y/o actualizaciones que legalmente procedan, pues aduce el quejoso que el Instituto responsable descontó de su pensión mensual durante los meses de julio a diciembre de dos mil dieciséis, la cantidad en cita, por concepto de préstamo personal que presuntamente solicitó el promovente del amparo pero que aduce él no pidió, tramitó ni recibió. Asimismo, le informó que la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encuentra imposibilitada para, por iniciativa propia, realizar la devolución solicitada así como sus actualizaciones, en virtud que el Reglamento del Otorgamiento y la Recuperación de los Préstamos Personales y su Financiamiento, del Instituto responsable no prevé modalidad alguna que permita a dicha institución realizar la devolución reclamada; razón por la cual, el solicitante del amparo deberá acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a interponer juicio administrativo, en contra de la resolución contenida en el diverso 2.11.15.5/2018 de seis de julio de dos mil dieciocho, en términos de lo dispuesto por el artículo 3° fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal aludido, y una vez acreditado que el quejoso no fue el derechohabiente beneficiario con el crédito controvertido, instruya al multicitado instituto que en virtud de haberse demostrados su dicho, le sea reembolsada la cantidad a que hace referencia el solicitante del amparo. Finalmente le indicó que dicho reembolso, en su caso, deberá gestionarse ante el órgano financiero de oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, de donde depende la Delegación Estatal Michoacán, del Instituto tantas veces aludido; y, de esta forma cumplir con la ejecutoria de amparo. Pronunciamiento. De la anterior relación, se aprecia que la autoridad responsable atendió los efectos de la sentencia de amparo; de ahí que lo procedente es tener por cumplido en su totalidad el fallo protector, sin que exista exceso o defecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede se provee: Quejoso desahoga vista sobre el cumplimiento a la ejecutoria. Agréguese a los autos el escrito signado por Alejandro León Cortés, autorizado del quejoso Sergio Valdez Cruz, a través del cual hace manifestaciones y desahoga la vista que se le formuló en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo; lo cual será tomado en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento a la ejecutoria. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Víctor Hugo Alonso Cendejas, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, de la se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes, por auto de primero de junio de dos mil dieciocho, para que desahogaran la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que la autoridad responsable mencionó dar a la ejecutoria de amparo, tomando en consideración las constancias que obran en el expediente, así como las manifestaciones vertidas por la autoridad y la parte quejosa. En consecuencia, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente, las manifestaciones aportadas por la autoridad responsable y por la parte quejosa. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia autorizada el nueve de mayo de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional para que el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Dejara insubsistente el oficio de dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Hecho lo anterior, con plenitud de jurisdicción, dictara uno nuevo debidamente fundado y motivado, subsanando las deficiencias formales que fueron estudiadas y destacadas en el presente fallo. Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. De las constancias remitidas por el Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: Mediante oficio 2.11.15.7/1964/2018, presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho (fojas 96 a 99), la responsable anexó el diverso 2.11.15.571667, en el que inicialmente dejó insubsistente el oficio de dieciocho de enero de dos mil dieciocho. Asimismo, emitió uno diverso en el que refirió que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26 fracciones I, II, V, XVI, XVIII, XXI y XXVI del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió respuesta al escrito del quejoso de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en que solicitó la devolución de la cantidad de $36,668.94 (treinta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 94/100 moneda nacional, por concepto de un préstamo personas que adujo el promovente del amparo no solicitó, bajo los siguientes términos: ". PRIMERO.- Con fecha 11 de julio de 2007, la Secretaría de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, emitió oficio SJD.-454/2007 donde se contiene el acuerdo número 40.1309.2007, del cual anexo copia simple para mejor referencia y donde entre otros puntos, se lee: "ACUERDO 40.1309.2007.- "La Junta Directiva, con fundamento en los artículos 214, fracción XX, de la Ley del ISSSTE; 46, fracción XIII, del Estatuto Orgánico, y con base en la argumentación y propuesta hecha por el Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, referente a los créditos otorgados irregularmente a nombre de trabajadores derechohabientes del Instituto, autoriza lo siguiente: 1.- La suspensión de los descuentos de créditos que se detecte fueron otorgados en forma irregular a nombre de trabajadores derechohabientes del Instituto, hasta en tanto no exista una sentencia por parte de la autoridad judicial." SEGUNDO. En efecto de lo anterior, esta Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se encuentra imposibilitada para que motu propio realice la devolución solicitada, así como sus actualizaciones, pues aun y cuando según consta del expediente conformado respecto del particular, existe un Dictamen en Grafoscopía solicitado por usted, NO obra en ninguna parte del concentrado, sentencia alguna o resolución que ordene o instruya a esta institución la devolución de lo pretendido. En esa virtud, le insto para que en la medida de lo posible y en uso de los derechos humanos que le asisten, acuda ante la autoridad judicial que corresponda, quien siguiente el principio "mutatis mutandi" instruya a la Institución al pago de lo solicitado, para así cumplir con lo establecido por el acuerdo de referencia y la resolución que al efecto emita. ." Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. Analizados los actos realizados por la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para dar cumplimiento al fallo protector, se advierte que si bien dejó insubsistente el oficio de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, y al emitir el nuevo oficio con el que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo invocó diversos fundamentos legales. Lo cierto es que, con respecto a la motivación que debió darle al oficio con el que presente dar cumplimiento a la ejecutoria, omitió observar los lineamientos otorgados en la misma, en el sentido que de las constancias que remitió no se aprecia que haya dejado en claro al quejoso lo siguiente: No explicó qué debe entenderse por "crédito irregular", para determinar si el mismo es aplicable al caso concreto; No precisó qué autoridad judicial debe dictar la sentencia que determine si el crédito se otorgó o no conforme a la normatividad aplicable; y, No indicó mediante qué juicio o procedimiento se debe dictar dicha sentencia, ni quién debe promover dicho juicio o procedimiento. Lo anterior es así, pues ni de la normatividad invocada por la autoridad responsable, ni del oficio a través del que dio respuesta al escrito del quejoso de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, se advierte que haya expuesto las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por las que aclarara los puntos anteriormente señalados al promovente del amparo. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, cumpla con la ejecutoria, bajo los siguientes lineamientos: Deje insubsistente el oficio 2.11.15.5/1667, de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, por el que pretendió dar respuesta al multicitado ocurso de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, en que el quejoso le solicitó la devolución de la cantidad de $36,668.94 (treinta y seis mil seiscientos sesenta y ocho pesos 94/100 moneda nacional, por concepto de un préstamo personal que adujo el promovente del amparo no solicitó; y, con plenitud de jurisdicción dicte uno nuevo en el que observe lo siguiente: Explique qué debe entenderse por "crédito irregular", para determinar si el mismo es aplicable al caso concreto; Precise qué autoridad judicial debe dictar la sentencia que determine si el crédito se otorgó o no conforme a la normatividad aplicable; e, Indique mediante qué juicio o procedimiento se debe dictar dicha sentencia, ni quién debe promover dicho juicio o procedimiento. Con independencia de lo anterior, y a fin de lograr el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 párrafo tercero y 258 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en cuanto superior jerárquico del aludido Subdelegado de Prestaciones Económicas, del mencionado Instituto, para que le ordene a éste a cumplir con la ejecutoria de amparo, y dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación de este proveído, remita a este juzgado, las constancias que así lo acrediten. Apercibido que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurra en la omisión), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Orienta lo anterior, la jurisprudencia P./J. 58/2014, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso". Notifíquese. Así lo acordó y firma Ubaldo García Armas, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con Josué Romero Mena, secretario que autoriza y da fe.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano