Sergio Ríos Medina

Expediente 245/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
245/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/03/2023

Partes del expediente

  • Sergio Ríos Medina
  • Secretaría de Salud del Estado de Michoacán

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el tres de marzo del año en curso, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 2.3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 2.4. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a la parte peticionaria del amparo que para el caso de que haya exhibido documentos originales que obren en el expediente, contará con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibido de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de marzo de dos mil veintitrés. Devolución documentos. Téngase por recibido el escrito signado por Gladys Edith Ayala Orta, apoderada jurídica del quejoso Sergio Ríos Medina, por medio del cual solicita la devolución de las constancias que anexó a su escrito de demanda, atento a su contenido, dígasele que una vez que se declare firme el auto de tres de marzo del año en curso, se pondrán a su disposición dichos documentos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación 1 Registro Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gladys Edith Ayala Orta y Celfia Itzel Duarte Casarez, apoderadas jurídicas de Sergio Ríos Medina, carácter que se le reconoce de conformidad al poder para pleitos y cobranzas que anexa de conformidad al artículo 6 de la Ley de Amparo, contra actos del Secretario de Salud del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 245/2023 2 Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deseche de plano el escrito inicial Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD 2.1 Precisión del acto reclamado. Del análisis del escrito inicial de demanda se observa que el acto reclamado se hace consistir en: La falta de contestación a la petición de siete de febrero de dos mil veintitrés 2.2 Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo que establecen Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, (.)." En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada en el juicio, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal en el proceso tiene ejecución de imposible reparación cuando violenta directamente cualquiera de los derechos sustantivos de las personas; sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando se reclaman dilaciones procesales en materia laboral, que no producen la paralización del proceso, ni hacen nugatorio el derecho a la justicia. Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa en que se encuentre el juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los justiciables a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos durante el proceso judicial, deben ventilarse al tenor de lo establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en caso de que dichos actos afecte derechos sustantivos. Ahora, en consideración a la naturaleza del acto reclamado se desprende que la afectación que resiente la parte quejosa es la falta de contestación a la petición de siete de febrero de dos mil veintitrés. En relación a derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/2018, realizó una interpretación complementaria de dicha norma con el diverso artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para extraer de éste un parámetro máximo a fin de que las autoridades del orden estatal, municipal y de los organismos autónomos atiendan al derecho de petición, y conforme a ello, concluyó que el plazo máximo, a la dilación que puede tener una autoridad para proporcionar una respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, es de cuarenta y cinco días; plazo que dijo, no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8º de la Ley Fundamental, por lo que, corresponde a cada juzgador federal ponderar en cada caso concreto al resolver un juicio de amparo en que se reclama la violación a tal derecho. Lo anterior se obtiene de la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 7, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." En el caso particular, la parte quejosa formuló su petición ante la autoridad responsable el siete de febrero de dos mil veintitrés, por lo que, la omisión de dar respuesta al mismo, no se considera un acto de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, puesto que atendido al plazo transcurrido desde esa fecha -dieciséis días- , no es patente una afectación en el derecho fundamental que consagra la norma constitucional, al no haber transcurrido los cuarenta y cinco días hábiles que como máximo consideró el Pleno del más Alto Tribunal del país para dar respuesta a una petición formulada con base en el numeral 8º Constitucional. Por ende, el acto que se reclama en esta vía constitucional no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que aquél tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, lo que no genera una violación directa y actual. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". 2.3. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados, éstos dos últimos, en sentido contrario, correlativamente con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona, en los restringidos términos a que alude el artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. 4. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, como lo solicita el promovente, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos); asimismo, si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 6. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE FECHA TRES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN SÍNTESIS DICE: Morelia, Michoacán, tres de marzo de dos mil veintitrés Vista la cuenta que antecede, este órgano jurisdiccional emite la siguiente determinación 1 Registro Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Gladys Edith Ayala Orta y Celfia Itzel Duarte Casarez, apoderadas jurídicas de Sergio Ríos Medina, carácter que se le reconoce de conformidad al poder para pleitos y cobranzas que anexa de conformidad al artículo 6 de la Ley de Amparo, contra actos del Secretario de Salud del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 245/2023 2 Improcedencia. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia deseche de plano el escrito inicial Conviene mencionar que el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización Asimismo, debe destacarse que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD 2.1 Precisión del acto reclamado. Del análisis del escrito inicial de demanda se observa que el acto reclamado se hace consistir en: La falta de contestación a la petición de siete de febrero de dos mil veintitrés 2.2 Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. En ese contexto, este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo que establecen Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 107. El amparo indirecto procede V Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone Artículo 107 Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución con excepción de aquellas en materia electoral se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, (.)." En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada en el juicio, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal en el proceso tiene ejecución de imposible reparación cuando violenta directamente cualquiera de los derechos sustantivos de las personas; sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando se reclaman dilaciones procesales en materia laboral, que no producen la paralización del proceso, ni hacen nugatorio el derecho a la justicia. Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa en que se encuentre el juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los justiciables a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos durante el proceso judicial, deben ventilarse al tenor de lo establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en caso de que dichos actos afecte derechos sustantivos. Ahora, en consideración a la naturaleza del acto reclamado se desprende que la afectación que resiente la parte quejosa es la falta de contestación a la petición de siete de febrero de dos mil veintitrés. En relación a derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/2018, realizó una interpretación complementaria de dicha norma con el diverso artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, para extraer de éste un parámetro máximo a fin de que las autoridades del orden estatal, municipal y de los organismos autónomos atiendan al derecho de petición, y conforme a ello, concluyó que el plazo máximo, a la dilación que puede tener una autoridad para proporcionar una respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, es de cuarenta y cinco días; plazo que dijo, no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8º de la Ley Fundamental, por lo que, corresponde a cada juzgador federal ponderar en cada caso concreto al resolver un juicio de amparo en que se reclama la violación a tal derecho. Lo anterior se obtiene de la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materia Constitucional, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, página 7, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. EL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDE INTERPRETARSE VÁLIDAMENTE Y DE FORMA COMPLEMENTARIA CON EL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, PARA EXTRAER DE ÉSTE UN PARÁMETRO MÁXIMO A FIN DE QUE LAS AUTORIDADES ESTATALES, MUNICIPALES Y LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA ATIENDAN AQUEL DERECHO HUMANO. El artículo 7 citado, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles para que las autoridades del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, sus Municipios y los organismos autónomos de esa entidad federativa den respuesta escrita, fundada y motivada a las instancias que les sean elevadas en ejercicio del derecho de petición, puede interpretarse válidamente y de forma complementaria con el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para extraer de aquél un parámetro máximo a fin de que dichas autoridades atiendan el derecho humano de petición, ya que la disposición estatal, mencionada, resulta ser una norma emitida por una autoridad que tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, además de que no afecta la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, y sin restringir ni suspender el derecho de petición, pues generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio, no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de los entes obligados a observarla (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta, escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, lo que no implica un lineamiento para que se dé respuesta en los términos señalados hasta el término de ese plazo máximo, el cual es un parámetro que constituye un límite formal y materialmente legislativo, a la dilación mayor que puede tener una autoridad de los órdenes sobre los que incide la previsión constitucional estatal en torno a la cual gira la presente contradicción de tesis, pero no es equiparable al "breve término" a que se refiere el artículo 8o. de la Ley Fundamental. Esto es, pese a que válidamente en el plano de legalidad sí pueda efectuarse la interpretación complementaria de ambas normas constitucionales (federal y estatal), no puede equipararse ese plazo máximo al concepto de "breve término" de la Constitución Federal, porque éste genera la necesidad de una eventual ponderación judicial en cada caso concreto, que debe llevarse a cabo por el juzgador federal respectivo (de primera o de segunda instancia) que conoce y debe resolver el juicio de amparo en que, en su caso, se reclama la violación al derecho humano de petición, destacándose que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirma que el concepto indicado es "aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse", sustentado por la Segunda Sala del Alto Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación." En el caso particular, la parte quejosa formuló su petición ante la autoridad responsable el siete de febrero de dos mil veintitrés, por lo que, la omisión de dar respuesta al mismo, no se considera un acto de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, puesto que atendido al plazo transcurrido desde esa fecha -dieciséis días- , no es patente una afectación en el derecho fundamental que consagra la norma constitucional, al no haber transcurrido los cuarenta y cinco días hábiles que como máximo consideró el Pleno del más Alto Tribunal del país para dar respuesta a una petición formulada con base en el numeral 8º Constitucional. Por ende, el acto que se reclama en esta vía constitucional no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que aquél tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, lo que no genera una violación directa y actual. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". 2.3. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados, éstos dos últimos, en sentido contrario, correlativamente con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tales efectos a las personas que menciona, en los restringidos términos a que alude el artículo 24 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado expresamente. 4. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, como lo solicita el promovente, se autoriza la reproducción de las actuaciones judiciales del juicio en que se actúa mediante el uso de los medios que señala la circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, previa solicitud verbal de la parte interesada a la secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional. En el entendido, que deberá proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos); asimismo, si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. De igual forma, dígase al solicitante que el uso que le dé a los documentos electrónicos obtenidos con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. 5. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 6. Oposición a la publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.

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