Sergio Raúl Olivo Zaragoza
Expediente 26/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 26/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sergio Raúl Olivo Zaragoza
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. 1. Causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, que desechó la demanda; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración del expediente. En términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. 2.2. Transferencia. En esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el plazo de conservación establecido en el referido ordenamiento, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente asunto, observándose lo dispuesto en los dispositivos 22, 23 y 24 del mencionado Acuerdo General, remitiéndose un tanto del acta de destrucción y del listado correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. 2.3. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 3. Constancia. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.SSCH/AEAA/vmv
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Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés 1 Cumple prevención Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por mediante el cual cumple con la prevención formulada en auto de once de enero de dos mil veintitrés y al efecto acredita el carácter con el que se ostenta dentro de este juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de apoderado jurídico del quejoso ********************, en virtud de la copia autorizada del auto de siete de abril del año próximo pasado, emitido dentro del juicio laboral de origen, mismo que contiene el sello original y la firma autógrafa de la secretaria de acuerdos de la autoridad responsable 1.2 Improcedencia. El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que aquél encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deseche de plano el escrito inicial En ese sentido, el motivo aludido debe ser manifiesto, es decir, tiene que advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; de igual modo, aquél tiene que ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto, de manera que no pueda ponerse en duda por lo clara, segura y evidente que es su actualización. Conviene destacar que el estudio de la demanda de amparo se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD 1.3. Precisión del acto reclamado. De la demanda se observa que el acto reclamado se hace consistir en: El acto u omisión que de la autoridad responsable se reclama lo es LA OMISION DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DE LLEVAR A CABO LOS DESAHOGOS DE DIVERSAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL TERCERO INTERESADO EL AYUNTAMIENTO DE LOS REYES, MICHOACÁN DE OCAMPO Y ADMITIDAS LAS MENCIONADAS PRUEBA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL CON EXPEDIENTE NÚMERO xxx por lo cual 1.4 Actualización de causa de improcedencia notoria, indudable y manifiesta. Este órgano jurisdiccional estima que en el asunto que nos ocupa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Los dispositivos antes invocados, tienen su génesis en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.]. III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.]. b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan,." En ese orden, para que sea procedente el juicio constitucional, los dispositivos transcritos imponen determinados requisitos a la parte promovente, los cuales deben cumplirse en su totalidad, a saber, que en tratándose de una determinación dictada en el juicio, la afectación producida por la responsable debe ser de imposible reparación. Bajo esas premisas, una determinación dictada por un tribunal en el proceso tiene ejecución de imposible reparación cuando violenta directamente cualquiera de los derechos sustantivos de las personas, sin que ello dé lugar a que éstos puedan acudir a la vía constitucional por violaciones meramente intraprocesales, como ocurre cuando se reclaman dilaciones procesales en materia laboral, que produzcan la paralización del proceso que hagan abiertamente nugatorio el derecho a la justicia. Conforme a los numerales invocados, son actos con efectos de imposible reparación los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que mediante una fórmula legal se establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace de la etapa en que se encuentre el juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, las cuestiones sometidas por los gobernados a la potestad de los tribunales del Estado, deben garantizar su pleno desarrollo y establecer los mecanismos necesarios y efectivos que les permitan resolver las controversias que de ellos deriven. Luego, las actuaciones que las partes estimen violatorias de sus derechos durante el proceso judicial, deben ventilarse al tenor de lo establecido en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo o, en caso de que dicho acto afecte derechos sustantivos. Ahora, en consideración a la naturaleza del acto reclamado se desprende que la afectación que resiente la parte quejosa es la omisión por parte de la responsable en el desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte tercero interesado, en el juicio de origen, tal como lo refiere el quejoso en su demanda de amparo. Cabe precisar que al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Contradicción de Tesis 2a./J. 33/2019 (10a.), concluyó que para la procedencia del juicio de amparo indirecto es necesario que transcurran más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo con el que legalmente cuenta la autoridad responsable para cumplir con la obligación impuesta, esto es, en el caso en concreto, proveer en cuanto al desahogo de las pruebas ofrecidas por la parte tercero interesada en el juicio ********************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, ya que como lo refiere la quejosa en su escrito inicial de demanda, el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del referido expediente, se emitió un acuerdo en el cual la autoridad señalada como responsable requirió al quejoso y tercero interesado para que en el término de tres días señalaran domicilio en los Reyes, Michoacán, para que se les notificara el día y hora que se llevaría a cabo el desahogo de la inspección ocular de la tercero interesada de que se trata admitida dentro del juicio laboral de origen, ya que dicha prueba se llevaría vía exhorto por medio del Juez Menor Mixto de Uruapan, y el lugar de desahogo sería en la oficina de la Tesorería Municipal de los Reyes Michoacán. El criterio referido es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUELEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS". De lo anterior, se colige que el acto reclamado, no es de aquellos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, pues no constituye un acto que se encuentre desvinculado al proceso, sino que por el contrario, tiene su origen en esté, por consiguiente, considerando lo expuesto en el criterio que antecede se desprende que no existe una excesiva dilación procesal que actualice por el momento una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues resalta que aún no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que fijó como parámetro la Segunda Sala del más alto tribunal del país para efecto de la procedencia del juicio de amparo. En ese tenor, se tiene que relativo al plazo atinente a la fecha en que se ordenó vía exhorto el desahogo de la prueba ofertada por la parte tercero interesada -veintiocho de noviembre de dos mil veintidós-, transcurre del treinta de noviembre de dos mil veintidós al quince de febrero de dos mil veintitrés, lo anterior, tomando en consideración que la autoridad señalada como responsable gozó de su segundo periodo vacacional relativo al año dos mi veintidós, del veintiuno de diciembre del año próximo pasado al tres de enero del año en curso, circunstancia que resulta un hecho notorio para este juzgado, lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Por ende, el acto que se reclama en esta vía constitucional no puede ser considerado un acto de imposible reparación, toda vez que aquél tiene como consecuencia una afectación a derechos estrictamente de naturaleza adjetiva o procesal, lo que no genera una violación directa y actual. Cobra aplicación al caso, por las razones que la sostienen, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1902, del Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, de rubro siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). 1.5 Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en concordancia con la fracción V del numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, interpretados éstos dos últimos en sentido contrario, en concordancia con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. 2. Copias certificadas. De conformidad con lo dispuesto por los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza a su costa la expedición de un tanto de las copias certificadas que solicita; lo anterior para los efectos legales conducentes. Lo anterior es así, pues la expedición de más de un juego de copias certificadas está condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante, es decir, la petición debe acompañarse de las razones por las cuales quien las requiere ocupa más de un tanto para ser acordada favorable; lo que en el caso no acontece, razón por la cual se provee en los términos precisados. 3. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
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Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por José Luis Nieto Millán, quien refiere tener carácter reconocido dentro del juicio laboral 784/2019 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 26/2023. 1.2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los artículos 108 fracción I, 114, en relación con el numeral 112 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente José Luis Nieto Millán, para que dentro del término de cinco días, posteriores a la notificación del presente proveído, por escrito realice lo siguiente: - Dado que en el proemio de la demanda el promovente del amparo refiere comparecer al juicio con el carácter de apoderado legal de Sergio Raúl Olivo Zaragoza, reconocido dentro del juicio laboral 784/2019 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, no exhibe documento alguno que permita a este órgano jurisdiccional acreditar la representación sobre dicha persona. Por tanto deberá manifestar bajo protesta de decir verdad el carácter con que comparece al presente juicio constitucional y exhibir documento idóneo que justifique dicha representación; lo anterior, dado que la personalidad de las partes en el juicio de amparo es un presupuesto procesal, el cual, el juzgador debe, desde la presentación de la demanda de amparo, analizar, sin que el mismo quede sujeto a la potestad de las partes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 48, tomo IV, correspondiente al mes de julio de 1996, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". Además, en caso de allegar la constancia relativa a la personalidad que dice tener reconocida en el controvertido de origen, de manera electrónica; deberá señalar la calidad del documento, es decir, si se trata de original, copia certificada o copia simple, esto es, manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 15/2003 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO-PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE INGRESA CARTA PODER DIGITALIZADA A FIN DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADO ESPECIAL DEL QUEJOSO, DEBE SEÑALAR LA CALIDAD DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE EXHIBE (ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE) Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO." De ahí, que al ser presupuestos indispensables en la demanda de amparo, resulte incertidumbre a este juzgado federal su contenido íntegro. 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente, que de no cumplir con las prevenciones que anteceden en el plazo concedido para hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la personas que nombra, en el entendido de que gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la parte quejosa, y por ser parte trabajadora en el juicio de origen. 4. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.SSCH/AEAA/vmv
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¬POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA SERGIO RAUL OLIVIO ZARAGOZA LA DETERMINACION DE ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRES, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, once de enero de dos mil veintitrés. 1. Recepción y registro. Vista la demanda suscrita por José Luis Nieto Millán, quien refiere tener carácter reconocido dentro del juicio laboral 784/2019 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 26/2023. 1.2. Prevención. Previo a acordar lo que conforme a derecho proceda, con fundamento en los artículos 108 fracción I, 114, en relación con el numeral 112 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente José Luis Nieto Millán, para que dentro del término de cinco días, posteriores a la notificación del presente proveído, por escrito realice lo siguiente: - Dado que en el proemio de la demanda el promovente del amparo refiere comparecer al juicio con el carácter de apoderado legal de Sergio Raúl Olivo Zaragoza, reconocido dentro del juicio laboral 784/2019 del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; sin embargo, no exhibe documento alguno que permita a este órgano jurisdiccional acreditar la representación sobre dicha persona. Por tanto deberá manifestar bajo protesta de decir verdad el carácter con que comparece al presente juicio constitucional y exhibir documento idóneo que justifique dicha representación; lo anterior, dado que la personalidad de las partes en el juicio de amparo es un presupuesto procesal, el cual, el juzgador debe, desde la presentación de la demanda de amparo, analizar, sin que el mismo quede sujeto a la potestad de las partes. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 43/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 48, tomo IV, correspondiente al mes de julio de 1996, Novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO". Además, en caso de allegar la constancia relativa a la personalidad que dice tener reconocida en el controvertido de origen, de manera electrónica; deberá señalar la calidad del documento, es decir, si se trata de original, copia certificada o copia simple, esto es, manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia P./J. 15/2003 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO-PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE INGRESA CARTA PODER DIGITALIZADA A FIN DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADO ESPECIAL DEL QUEJOSO, DEBE SEÑALAR LA CALIDAD DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE EXHIBE (ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE) Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO." De ahí, que al ser presupuestos indispensables en la demanda de amparo, resulte incertidumbre a este juzgado federal su contenido íntegro. 2. Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente, que de no cumplir con las prevenciones que anteceden en el plazo concedido para hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones y autorizando para tal efecto a la personas que nombra, en el entendido de que gozarán de las facultades amplias que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la parte quejosa, y por ser parte trabajadora en el juicio de origen. 4. Uso de medios electrónicos. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, con apoyo en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: a) solicitarlo por escrito o por comparecencia; y, b) señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos. En el entendido que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales; en el entendido de que, ante la falta de manifestación expresa, se publicarán las determinaciones judiciales íntegramente con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, en relación con la información catalogada como personal, sensible o reservada, en términos de lo previsto en los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.SSCH/AEAA/vmv
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