Sergio Uribe Loyo

Expediente 1058/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Sergio Uribe Loyo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido, sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara consentido el proveído en donde se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo dispuesto por el numeral 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como en este juicio de amparo se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional en contra de los actos reclamados en términos de lo estatuido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del citado acuerdo este asunto encuadra en la hipótesis prevista por diverso 17, fracción III, inciso a), del propio acuerdo de observancia general; por tanto, se estima que este expediente es conservable. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que el presente juicio de amparo se resguardará íntegramente en este órgano jurisdiccional durante el plazo de tres años previsto por el ordinal 17, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la notificación de este auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese lapso de conservación en términos de lo señalado por el diverso 26 del Acuerdo General indicado se solicitará la transferencia de este expediente al Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Por otra parte, dado que resulta innecesaria la retención de los tomos I y II de pruebas formado con las copias certificadas de las actuaciones del expediente administrativo ********************que la autoridad responsable Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México remitió en atención al requerimiento de veinte de octubre de dos mil veintidós y en apoyo a al informe de cumplimiento que se recibió en proveído de veintiocho de marzo pasado, devuélvanse esos instrumentos mediante un oficio que se elabore con motivo de esta determinación; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Del estado que guardan los autos y de la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que en el juicio de amparo 1058/2022 del que deriva esta incidencia hoy se dictó un acuerdo en el que se declaró que causó estado el acuerdo que tuvo por cumplido el fallo protector dictado en ese asunto y se ordenó su archivo como asunto concluido; en el auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, se negó la suspensión provisional respecto de los actos reclamados y en la interlocutoria pronunciada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se negó la medida cautelar definitiva en cuanto a las citadas actuaciones; y, en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no existen documentos considerados como originales que las partes hayan exhibido, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación; en razón de lo anterior, se provee lo siguiente: En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Por otro lado, con fundamento en lo estatuido por el arábigo 19, fracción II, inciso a), del acuerdo de observancia general indicado se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Se estima que este incidente de suspensión carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en esta incidencia se negó la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva respecto de los actos reclamados acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción III, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Rodrigo Courtois Yannini, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Gamaliel Sánchez Cruz, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que el plazo de tres días concedido a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera respecto de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que los entes responsables Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, y Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca rindieron y de las constancias que exhibieron ha transcurrido, sin que haya realizado alguna manifestación. Por tanto, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector respecto de los actos reclamados a esos entes públicos. I. Efectos de la concesión del amparo El treinta de noviembre de dos mil veintidós, se dictó la sentencia respectiva en este asunto, en la que por un lado se sobreseyó en este juicio de amparo respecto del acto reclamado a la autoridad responsable Subdelegado de Prestaciones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca y, por otro, se concedió al justiciable ******************** la protección constitucional en contra de los diversos actos impugnados a los diverso entes responsables Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, y Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca. La concesión del amparo fue para los efectos siguientes: "[.] 67. Para ello, la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, deberá realizar lo siguiente: De manera inmediata continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, por lo que tendrá que proveer y realizar las gestiones necesarias para imponer el medio de apremio previsto legalmente a la autoridad demandada en el juicio de origen, así como todos los subsecuentes que resulten indispensables y eficaces para vencer la contumacia del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca a fin de llevar a cabo el total cumplimiento del fallo de que se trata. Para efecto de constreñir a la autoridad señalada como responsable en este sumario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a fin de que acate las determinaciones adoptadas tendentes a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en ese contradictorio y de la interlocutoria pronunciada en el recurso de queja interpuesto en ese asunto, quien podrá dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas, imponer multas a la entidad pública demandada y a su superior jerárquico, dar vista al órgano de control interno y cualquier otra que resulte necesaria e idónea para tal fin de acuerdo con sus facultades y atribuciones. 68. Por su parte, la autoridad adscrita a la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca deberá realizar las gestiones conducentes para cuantificar, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la quejosa en los términos indicados en la sentencia definitiva de ocho de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo ********************. [.]" En el auto de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, se declaró que ese fallo causó ejecutoria. II. Actos que las autoridades responsables debían llevar a cabo para cumplir el fallo protector Para cumplir la ejecutoria de amparo las autoridades responsables debían realizar lo siguiente: La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, de manera inmediata tenía que continuar con el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo ********************, por lo que debía proveer y realizar las gestiones necesarias para imponer el medio de apremio previsto legalmente a la autoridad demandada en el juicio de origen, así como todos los subsecuentes que resultaran indispensables y eficaces para vencer la contumacia del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca a fin de llevar a cabo el total cumplimiento de ese fallo final. Debía constreñir a la autoridad demandada en el juicio de origen a fin de que acatara las determinaciones adoptadas tendentes a obtener el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en ese contradictorio y de la interlocutoria pronunciada en el recurso de queja interpuesto en ese asunto, por lo que podía dictar las medidas más eficaces e inmediatas, entre ellas, imponer multas a la entidad pública enjuiciada y a su superior jerárquico, dar vista al órgano de control interno y cualquier otra que resultara necesaria e idónea para tal fin de acuerdo con sus facultades y atribuciones. Por otro lado, el Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca tenía que realizar las gestiones conducentes para cuantificar, programar y realizar el pago de las prestaciones a favor de la parte quejosa en los términos indicados en la sentencia definitiva de ocho de enero de dos mil veinte, dictada en el juicio contencioso administrativo ********************. III. Acciones que los entes responsables realizaron para acatar la ejecutoria de amparo En diversas determinaciones dictadas en este juicio constitucional se recibieron distintos informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo que las autoridades responsables Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, y Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca rindieron, a los cuales anexaron diversos documentos y constancias del juicio contencioso administrativo ********************. A esos instrumentos adminiculados se otorga valor probatorio en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Estudio del cumplimiento Del análisis de los informes de cumplimiento de la ejecutoria de amparo y de las constancias que las autoridades Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, y Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca exhibieron se advierten los aspectos siguientes: La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, mediante la emisión de diversos acuerdos continuó el procedimiento de ejecución de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo ******************** y de la interlocutoria pronunciada en el recurso de queja interpuesto en ese asunto contra la omisión de cumplir ese fallo, por lo que proveyó y realizó las gestiones necesarias para obtener el cumplimiento de esas resoluciones jurisdiccionales por parte de la entidad pública demandada y comunicó a su superior su contumacia. A través del oficio ******************** de catorce de noviembre de dos mil veintidós, el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca informó a la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, las acciones relativas al cumplimiento de la sentencia definitiva de ocho de enero de dos mil veinte, pronunciada en el juicio contencioso administrativo ********************, consistentes en que dictó una resolución contenida en el comunicado ******************** de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, en la que atendió los lineamientos precisados en ese fallo final, la cual fue notificada el siete de noviembre siguiente por cédula al actor ********************. Finalmente, en el acuerdo de seis de marzo de dos mil veintitrés, el Tribunal administrativo responsable declaró cumplida la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo ******************** y la interlocutoria pronunciada en el recurso de queja interpuesto en ese contradictorio contra la omisión de cumplir ese fallo, por lo que dispuso el archivo de ese expediente como asunto concluido; tal determinación se notificó al justiciable el quince de marzo posterior por medio del boletín jurisdiccional. En esa línea, con las actuaciones descritas que los entes responsables realizaron en consideración de este órgano jurisdiccional acataron el fallo protector, por lo que con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio constitucional, sin exceso ni defecto alguno respecto de las omisiones reclamadas a esas autoridades. En el presente proveído se declara cumplido el fallo protector en términos de lo que dispone la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguense los instrumentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, en atención al requerimiento de veintiocho de febrero del año en curso, informa las acciones que llevó a cabo para cumplir el fallo protector y remite copias certificadas de diversas constancias relacionadas tales aspectos. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior y se tiene a la responsable por atendido parcialmente el requerimiento indicado y en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos de lo dispuesto por el ordinal 193, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, porque no remitió todas las actuaciones que enuncia en su informe de cumplimiento para constatar su realización, sino que solo aportó las resoluciones de tres y de seis, ambas fechas de marzo del año en curso, dictadas en el juicio natural. En ese sentido, con fundamento en lo previsto por los numerales 17 de la Constitución General de la República y 192 de la Ley de Amparo requiérase a la responsable Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, para que en el plazo de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído remita copias certificadas, ordenadas, legibles y completas de todas las constancias que demuestren las situaciones que expuso en su informe de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la referida autoridad que si no actúa como se indica en la ejecutoria dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de lo previsto por los dispositivos 192 y 258 de la Ley de Amparo, al momento en el que incurra en la conducta sancionada y, de ser el caso, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en turno, para que en el momento procesal oportuno proponga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el supuesto de que proceda, la destitución del cargo de los servidores públicos respectivos y, posteriormente, la consignación ante las autoridades jurisdiccionales correspondientes. Dígasele que en términos de lo señalado por el normativo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Se precisa que de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este sumario. Por otra parte, no es factible tener al secretario de acuerdos del citado Tribunal administrativo por presentado el oficio de cuenta, porque no figura como ente responsable en este asunto; por tanto, carece de legitimación procesal pasiva para promover en el presente medio extraordinario de defensa. Notifíquese.

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