Sergio Secundino Valdez Melendez
Expediente 1265/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1265/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sergio Secundino Valdez Melendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, en virtud que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, conservando la demanda de amparo, la sentencia y el presente auto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto del informe de cumplimiento de sentencia y las constancias que exhibió la presidenta de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, sin que hayan ejercido ese derecho. En consecuencia, como se anunció en dicha determinación, éste órgano constitucional procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. I. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Como se recordará, la protección constitucional se concedió para que la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 179/2011. Dicte una nueva resolución, en el cual, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada exponga los períodos por los cuales se deben cuantificar los incrementos de la pensión del quejoso, tomando en consideración que en el laudo firme se estableció que deberían cuantificarse del quince de marzo de dos mil diez hasta que se le otorgue su pensión; el incremento anual de ésta y la diferencia resultante. En la inteligencia que, de considerar que no se actualiza la planilla de liquidación expuesta por la parte actora en la promoción recibida el veinte de octubre de dos mil dieciséis, deberá exponer los motivos y fundamentos del porqué no es correcta. II. ACTOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE LLEVAR A CABO PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR. a) Deje insubsistente la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 179/2011. b) Dicte una nueva resolución, en el cual, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada exponga los períodos por los cuales se deben cuantificar los incrementos de la pensión del quejoso, tomando en consideración que en el laudo firme se estableció que deberían cuantificarse del quince de marzo de dos mil diez hasta que se le otorgue su pensión; el incremento anual de ésta y la diferencia resultante. c) En la inteligencia que, de considerar que no se actualiza la planilla de liquidación expuesta por la parte actora en la promoción recibida el veinte de octubre de dos mil dieciséis, deberá exponer los motivos y fundamentos del porqué no es correcta. III. ACCIONES QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ PARA ACATAR LA SENTENCIA. Ahora bien, de una revisión de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, la presidenta de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al auto de cuatro de mayo de dos mil veintidós, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 179/2011 de su índice. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO. Del informe de cumplimiento de la sentencia y las constancias recibidas por la presidenta de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte que el once de mayo de dos mil veintidós, dictó una nueva resolución del incidente de liquidación en el expediente laboral 179/2011 de su índice. Ahora, de una revisión de dicha resolución, se desprende que fundó y motivó los períodos por los cuales se cuantificaron los incrementos de la pensión del quejoso, pues la tabla donde establece las cantidades está actualizada hasta el año dos mil dieciséis, explicando los motivos por los que hasta ese año se tomó en cuenta. Asimismo, se desprende que expuso los motivos y fundamentos por los cuales consideró que era incorrecta la cantidad que el quejoso consideraba en su escrito en el que interpuso incidente de liquidación. Con dichas documentales a juicio de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable acredita de forma fehaciente haber acatado la sentencia de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo. Por tanto, en este proveído se declara por cumplido el fallo protector dictado en este juicio constitucional, como lo dispone la jurisprudencia que expone: "EJECUTORIA DEL AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Agréguense el oficio y anexo señalados en la cuenta para que surtan sus efectos legales correspondientes, por medio del cual la presidenta de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo y a lo ordenado en autos, remite copia certificada de la resolución del incidente de liquidación de once de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 179/2011 de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes corriéndoles traslado con las documentales que remite la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento relativo. En la inteligencia, que transcurrido el plazo otorgado, con desahogo de la vista o sin ella, con apoyo en el numeral antes citado de la ley reglamentaria, este Juzgado resolverá si la sentencia dictada en este juicio se encuentra o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad en cuestión. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y del estado procesal de los autos, se advierte que ya transcurrió el plazo de tres días previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, concedido a las partes en proveído de uno de abril del año en curso, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera respecto del informe de cumplimiento de sentencia y las constancias que exhibió la presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, sin que hayan ejercido ese derecho. En consecuencia, como se anunció en dicha determinación, éste órgano constitucional procede a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra o no cumplida. I. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. Como se recordará, la protección constitucional se concedió para que la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, realice lo siguiente: Deje insubsistente la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 179/2011. Dicte una nueva resolución, en el cual, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada exponga los períodos por los cuales se deben cuantificar los incrementos de la pensión del quejoso, tomando en consideración que en el laudo firme se estableció que deberían cuantificarse del quince de marzo de dos mil diez hasta que se le otorgue su pensión; el incremento anual de ésta y la diferencia resultante. En la inteligencia que, de considerar que no se actualiza la planilla de liquidación expuesta por la parte actora en la promoción recibida el veinte de octubre de dos mil dieciséis, deberá exponer los motivos y fundamentos del porqué no es correcta. II. ACTOS QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE LLEVAR A CABO PARA CUMPLIR CON EL FALLO PROTECTOR. a) Deje insubsistente la resolución dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el expediente laboral 179/2011. b) Dicte una nueva resolución, en el cual, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada exponga los períodos por los cuales se deben cuantificar los incrementos de la pensión del quejoso, tomando en consideración que en el laudo firme se estableció que deberían cuantificarse del quince de marzo de dos mil diez hasta que se le otorgue su pensión; el incremento anual de ésta y la diferencia resultante. c) En la inteligencia que, de considerar que no se actualiza la planilla de liquidación expuesta por la parte actora en la promoción recibida el veinte de octubre de dos mil dieciséis, deberá exponer los motivos y fundamentos del porqué no es correcta. III. ACCIONES QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ PARA ACATAR LA SENTENCIA. Ahora bien, de una revisión de las constancias que obran agregadas en autos, se advierte que en proveído de uno de abril del año en curso, la presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, remitió copia certificada de la resolución del incidente de liquidación de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 179/2011 de su índice. Dichas constancias tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyo epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. ESTUDIO DEL CUMPLIMIENTO. Del informe de cumplimiento de la sentencia y las constancias recibidas por la presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte que el veintiocho de marzo de dos mil veintidós, dictó una nueva resolución del incidente de liquidación en el expediente laboral 179/2011 de su índice. Sin embargo, de una revisión de dicha resolución no se desprende que haya fundado y motivado los períodos por los cuales se deben cuantificar los incrementos de la pensión del quejoso, pues en la tabla donde establece las cantidades está hasta el año dos mil dieciséis, sin que explique el motivo por el cual hasta ese año se tomó en cuenta. Asimismo, no se desprende que haya expuesto los motivos y fundamentos por los cuales consideró que era incorrecta la cantidad que el quejoso consideraba en su escrito por el cual interpuso incidente de liquidación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de amparo, requiérase a la Junta Especial número 32 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, a efecto de que cumpla con la sentencia de mérito en los términos apuntados, esto es: Dicte una nueva resolución, en el cual, con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada exponga los períodos por los cuales se deben cuantificar los incrementos de la pensión del quejoso, tomando en consideración que en el laudo firme se estableció que deberían cuantificarse del quince de marzo de dos mil diez hasta que se le otorgue su pensión; el incremento anual de ésta y la diferencia resultante. En la inteligencia que, de considerar que no se actualiza la planilla de liquidación expuesta por la parte actora en la promoción recibida el veinte de octubre de dos mil dieciséis, deberá exponer los motivos y fundamentos del porqué no es correcta Apercibiéndole que de no cumplir con el requerimiento formulado o de no informar la imposibilidad legal o material que tengan para ello, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, al momento en que incurra en la conducta sancionada. NOTIFÍQUESE. SE NOTIFICA POR LISTA EL PRESENTE ACUERDO EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL A LAS INTALACIONES DE ESTE JUZGADO NO OBSTANTE EL AVISO Y/O CITATORIO QUE SE LE DEJO
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