Servicios de Salud de Oaxaca
Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Servicios de Salud de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Atendiendo el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de ocho de abril de este año, por el que se desechó la demanda origen de este expediente, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se desechó la demanda de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes el escrito de cuenta, por el cual ***, en su carácter de apoderado legal de los Servicios de Salud de Oaxaca, da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó el treinta de marzo de este año y manifiesta que el juicio laboral***, se encuentra en trámite, en la fase de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahora, la parte disidente del amparo en su escrito iniciado de demanda declama a los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: El citatorio y emplazamiento de fechas 19 de enero y 09 de febrero del año 2022, respectivamente dentro del expediente***. Todo lo actuado a partir del supuesto emplazamiento realizado al demandado. Así también reclama del Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: El citatorio y la notificación emplazamiento practicados a las 9:50 horas, de los días 19 de enero y 09 de febrero del año 2022, en el conflicto laboral número ***. Al respecto, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo2 una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales. Al respecto es ilustrativa la tesis aislada 2a. LXXI/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial y sus anexos se dicta la determinación siguiente: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo estatuido por el artículo 113 de la Ley de Amparo este órgano jurisdiccional desecha de plano la demanda de amparo presentada por Víctor Hugo Mendoza Ramírez, en su carácter de apoderado legal de los Servicios de Salud de Oaxaca, porque respecto de los actos reclamados a los Integrantes y actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistentes en: El citatorio y emplazamiento de fechas 19 de enero y 09 de febrero del año 2022, respectivamente dentro del expediente 1238/2021(4); todo lo actuado a partir del supuesto emplazamiento realizado al demandado y el citatorio y la notificación emplazamiento practicados a las 9:50 horas, de los días 19 de enero y 09 de febrero del año 2022, en el conflicto laboral número 1238/2021(4), del índice de la junta responsable, en términos del artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXIII en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Dichos numerales establecen que el amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos humanos que tutela la Constitución o tratados internacionales. Ello, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, y que por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Así, interpretado en sentido contrario, el amparo resulta improcedente contra aquellos actos en los que no existe ejecución irreparable; esto es, si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente. Hipótesis dentro de la cual encuadra en el acto reclamado, ya que no existe alguna afectación irreparable al promovente y sobre todo actual, esto es, la causación de un daño o perjuicio que se cometa en su esfera jurídica, que se esté causando, que ya se causó o que es inminente con toda certeza de que se vaya a realizar. En ese sentido, no se puede tener a la parte quejosa como tercero extraño a juicio por equiparación, reclamando de inconstitucional la falta de emplazamiento al juicio de origen, porque la peticionaria de amparo, dejó de tener ese carácter en razón de que, el siete de marzo de dos mil veintidós, tuvo conocimiento del juicio natural y pudo comparecer a impugnar la omisión en el emplazamiento, por lo que tiene oportunidad legal para acudir a juicio y hacer valer sus derechos. En ese contexto, basta que antes de que se dicte sentencia la promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; como ocurrió en la especie con la tramitación del juicio laboral. En ese orden de ideas, el acto que se reclama, no deja sin defensa a la ahora quejosa, ni constituye una violación de carácter irreparable, pues únicamente afectan derechos adjetivos o procesales y no así algún derecho fundamental; máxime que tiene conocimiento de la existencia del juicio de origen antes de que se dicte la sentencia definitiva. Luego, los actos combatidos, como se estimó, no pueden considerarse como actos cuya ejecución tenga efectos de imposible reparación, en virtud de no producir de manera inmediata e irreparable una afectación a algún derecho fundamental, sino la infracción de derechos adjetivos que ocasionan únicamente efectos formales, que son intrascendentes si la afectada obtiene una sentencia favorable, pues si constituye una violación formal dentro del procedimiento, podrá impugnarla dentro del propio juicio hasta antes de que se dicte sentencia. En virtud de ello, la falta de emplazamiento del aquí promovente al juicio de origen no es un acto de imposible reparación, pues no produce una afectación material a los derechos sustantivos del aquí promovente. Inclusive podrá impugnarse tal cuestión por vía de amparo una vez dictada sentencia definitiva. Lo que antecede, en virtud de que si bien a la fecha el impetrante no ha sido emplazado a juicio, también lo es que éste tiene conocimiento de la tramitación del mismo, y aún no se ha dictado sentencia definitiva, por lo que el promovente se encuentra en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Encuentra sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 63/2000 (9ª) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 2000, página 309, Materia Laboral, localizable con el registro digital 191472, que es del tenor siguiente: "TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO LABORAL. EL AUTO QUE DECLARA NO HABER LUGAR A LLAMAR A JUICIO A QUIEN LAS PARTES SEÑALAN CON TAL CARÁCTER SÓLO PUEDE RECLAMARSE POR ALGUNA DE ELLAS EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, PROMUEVAN CONTRA EL LAUDO. De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, de la Constitución Federal y 114, fracción IV, y 158 a 161 de la Ley de Amparo, se desprende que tratándose de actos dentro de juicio, como son las violaciones procesales, por regla general, son impugnables en el amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva o laudo y, por excepción, en el amparo indirecto cuando esas violaciones revistan una ejecución irreparable, esto es cuando afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos del quejoso. La negativa de la Junta a llamar al presunto tercero interesado designado por alguna de las partes con apoyo en el artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada amerite sujetarla al control constitucional inmediato sin esperar a que se dicte el laudo en contra del cual procede el amparo directo, toda vez que sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos, lo que únicamente produce efectos dentro del procedimiento, los cuales pueden ser reparados, sin afectación para las partes, como consecuencia del cumplimiento que, en su caso, la autoridad responsable tenga que dar a la sentencia de amparo directo, en la que, de ser necesario, procedería otorgar la protección constitucional para el efecto de que se deje insubsistente el laudo reclamado y se ordene la reposición del procedimiento para llamar a juicio a las personas mencionadas y resolver lo que en derecho proceda." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." También se cita por las razones que suministra la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal de la Nación, que informa: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: 'PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.', la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso - demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Las consideraciones expuestas evidencian que en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el ordinal 61, fracción XXIII en relación con el 107 fracción V, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, en relación con los actos consistentes en la omisión de llamarlo al juicio laboral 1238/2021(4) en su calidad de tercero interesado conforme al artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo, dado que el disidente no tiene el carácter de persona extraña y, en esa medida, está en aptitud de acudir a dicho procedimiento y promover los mecanismos que estime pertinentes para defender sus intereses, en tanto que aún no ha concluido ese asunto; por tanto, se desecha de plano la demanda en cuanto a esas actuaciones con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la ley de la materia. Sin que obste a lo anterior, que en el escrito con el que cumple la prevención ahora denote que se agotó la etapa de conciliación, demanda y excepciones, en la que a su representado se le hizo efectivo un apercibimiento consistente en tenerlo por contestando en sentido afirmativo a una demanda entablada en su contra, por perdido su derecho a contrarréplicar, lo que sin duda, tendrá impacto directo en los derechos de su representado en el momento en que se dicte el laudo en el juicio de continuar el trámite del mismo, en virtud que se imposibilitó al demandado a contestar la demanda, por consiguiente, se le impidió oponer las excepciones y defensas a su alcance, proponer la base de su defensa para que se le reciban todas las pruebas que estime pertinentes para acreditar sus defensas y excepciones. Ello es así porque esas circunstancias no constituyen actos de imposible reparación, los cuales son aquellos que tienen como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva, dado que sus efectos son meramente formales, en el entendido de que si llegara a obtenerse una resolución favorable, los efectos de la violación procesal desaparecerán sin que se haya alterado algún derecho sustantivo del gobernado tutelado por la Carta Magna o por los instrumentos de fuente internacional de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, de tratarse de actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos el particular debe esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva o de la determinación que ponga fin al proceso para poder combatir en la vía directa las eventuales violaciones que considere acaecieron durante el procedimiento que afectaron su defensa y que trascendieron al resultado de la decisión final. Esta situación ya ha sido interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal y como lo revela la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de dos mil nueve, novena época, materia civil, página doscientos cincuenta y seis, que indica: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO.-La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." Bajo tales premisas, se estima que los actos reclamados a los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consistente en el citatorio y emplazamiento de fechas 19 de enero y 09 de febrero del año 2022, respectivamente dentro del expediente 1238/2021(4), todo lo actuado a partir del supuesto emplazamiento realizado al demandado; así como el citatorio y la notificación emplazamiento practicados a las 9:50 horas, de los días 19 de enero y 09 de febrero del año 2022, en el conflicto laboral número 1238/2021(4), por parte del Actuario de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se trata exclusivamente de un reclamo dentro del procedimiento, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo que no afecten materialmente derechos sustantivos, la cual es susceptible de repararse si se obtiene una sentencia favorable al dictarse la resolución definitiva, o bien de segunda instancia, o en su caso, a través del juicio de amparo directo que se interponga en contra de esa sentencia que se emita en definitiva. De ahí que, lo decidido por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, eventualmente entrañaría una transgresión a diversos derechos adjetivos del quejoso que tiene efectos formales o intraprocesales, los que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia definitiva, o bien, cuando se pronuncie la determinación que ponga fin al juicio natural y en ese momento se podrá apreciar si la violación alegada trascendió al sentido de la decisión correspondiente y afectó las defensas de la solicitante de la tutela constitucional. Por tanto, si el fallo impugnado no afecta materialmente algún derecho sustantivo del peticionario del amparo tutelado por la Constitución General de la República o por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano es parte es inconcuso que no se actualiza el supuesto previsto por el arábigo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para que pueda ser considerado como un acto que produce efectos de imposible reparación. Es así, que esa determinación sólo afecta derechos procesales y no derechos sustantivos de la parte quejosa; razón por la cual, el juicio biinstancial no es procedente, actualizándose además de manera clara y evidente, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicada esta última en sentido contrario. Notifíquese personalmente.
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