Sergio Sotelo Domínguez

Expediente 491/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
491/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Sergio Sotelo Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra el acuerdo emitido el veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua veintinueve de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado y anexo que lo acompaña, rendido por el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal; de cuyo contenido, entre otras cosas se advierte que el veintitrés de los corrientes, se dictó el laudo correspondiente dentro de los autos del expediente ******* de su índice, por tanto, en el caso, este Juzgado de distrito estima que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el dos de los actuales y turnado a este órgano el día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal y otra autoridad, a quienes reclamó la omisión de cerrar la instrucción y dictar laudo en los autos del expediente laboral *******. Por acuerdo de seis de los corrientes, se admitió la demanda de amparo bajo el consecutivo 4912018-II, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora, en el oficio que se atiende, el Presidente del Tribunal de Arbitraje Municipal, hace del conocimiento de este Juzgado que el veintitrés del mes y año en curso, se emitió el laudo respectivo, del cual remite copia con firmas originales. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, los puntos resolutivos de la copia autógrafa del laudo en cuestión, revelan lo siguiente: [.] PRIMERO.- La parte actora *******, ******* Y *******, acreditaron su acción y la demandada no acreditó sus excepciones y en consecuencia: SEGUNDO. Se condena al MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA, al pago y devolución de las aportaciones netas hechas al fondo, la cantidad de $******* pesos para *******, la cantidad de $******* pesos para *******, la cantidad de ******* pesos para *******, en los términos del considerando tercero de la presente resolución. TERCERO. Se concede a la demandada un término de 15 días a efecto de que de cumplimiento al resolutivo segundo. A esa documental se le reconoce valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la responsable el veintitrés de los corrientes, emitió la resolución correspondiente; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio, pues al emitir el laudo que nos ocupa, cesaron los actos omisivos relativos al cierre de instrucción y la correspondiente emisión del laudo que reclamó el quejoso, tal como si se le hubiera otorgado la protección constitucional solicitada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se dejan sin efectos la hora y fecha programadas para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas del treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Finalmente, no pasa inadvertida la manifestación vertida por el oficiante en el sentido de que, en el organigrama del Tribunal de Arbitraje Municipal, no existe la figura de Presidente Auxiliar; por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, se tiene como autoridad responsable inexistente, para los efectos del presente juicio de amparo, a la señalada por la parte quejosa como "Presidente Auxiliar del Tribunal de Arbitraje Municipal". En atención a lo anterior, se ordena suspender toda comunicación procesal con dicha autoridad responsable y realizar las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa entregándole copia del laudo que se recibe y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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