Sergio Rodarte Lugo
Expediente 859/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 859/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Rodarte Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega oficio de cuenta Agréguense a los autos el oficio y anexo que remite la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, se tiene a dicha autoridad responsable exhibiendo lo siguiente: copia con firmas autógrafas y sellos originales del auto de veintitrés de octubre del año en curso, en el cual se tuvo a la parte trabajadora, aquí quejosa, desistiéndose en su perjuicio de la demanda y acción intentada en contra de los demandados, sin reservarse acción presente ni futura en contra de estos, por lo que se ordenó el archivo del expediente ********************/********************/********************, como total y definitivamente concluido. copia con firmas autógrafas y sellos originales del auto de veintidós de octubre del año en curso, en el cual se ordenó remitir a este Juzgado el acuerdo descrito en el apartado que antecede. Vista a la parte quejosa Con lo anterior y de conformidad en lo dispuesto por el artículo ********************6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se da vista a la parte quejosa por el término de tres días, posteriores a la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibido de que en caso de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, o bien, sobre la imposibilidad para cumplirlo. Notifíquese en lista electrónica y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.YMR/JRV
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de octubre de dos mil veintitrés, por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia En la sentencia dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, al quejoso ********************, para el efecto siguiente: a) De inmediato, requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, para que remita la información que el quejoso, parte trabajadora, ofreció como prueba en el juicio natural; b) De inmediato, haga entrega del oficio correspondiente; c) Para obtener tal información, haga uso de los medios de apremio a su disposición; y, d) Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere Presidenta de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, para que, dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a este Juzgado, lo que deberá acreditar con copia certificada de las constancias respectivas. Apercibimiento Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de informar la imposibilidad que tiene para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, por lo que Se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10, 374. 00) previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; Se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Ahora bien, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo, debería de requerirse al superior jerárquico de la autoridad responsable para que ordene a la referida autoridad el cumplimiento de la ejecutoria; sin embargo, para efectos de dicho cumplimiento la citada autoridad no tiene superior jerárquico. En razón de lo anterior, se conmina a la Junta responsable antes mencionada, para que, dentro del término concedido, dé cumplimiento a la sentencia emitida en este amparo. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
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Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver, el juicio de amparo 859/2023-IV, promovido por ********************. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, el quejoso ********************, promovió demanda de amparo contra la autoridad responsable y acto reclamado precisados en el considerando segundo. Segundo. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso estimó vulnerados en su contra los derechos previsto en los artículos 8, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda y trámite. En auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió la demanda a trámite, por lo que se requirió su informe justificado a la autoridad responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama una omisión dentro de un juicio de índole laboral que se tramita en el territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. Previo al análisis de las constancias de autos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el quejoso reclama de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la dilación en la tramitación del juicio laboral ********************, que ha ocasionado que no se pase a la etapa de alegatos, no se cierre la instrucción, no se formule proyecto de laudo, ni se dicte laudo. Tercero. Existencia del acto reclamado. En su informe justificado, el Presidente de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, manifiesta que no es cierto el acto reclamado, pues periódicamente se ha estado requiriendo al Instituto Mexicano del Seguro Social para el desahogo de la prueba que ofreció el quejoso. Al respecto, de las constancias certificadas del juicio laboral ********************, que remitió dicha autoridad responsable, se advierte que en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, ordenó girar el oficio STPS/1735/2021, en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, ordenó girar el oficio STPS/2051/2022 y en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ordenó girar el oficio STPS/356/2023, todos esos oficios, dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, requiriéndole que proporcione la información ofrecida por el trabajador, aquí quejoso, como prueba, dentro del juicio natural. Sin embargo, también se advierte que ninguno de esos oficios fue entregado a dicho Instituto. Constancias que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, y que por lo tanto, son aptas para demostrar que la dilación en la tramitación del juicio natural, es cierta. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia, por lo tanto, se continúa con el análisis de fondo, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, ya que la omisión reclamada se analizará precisamente conforme a los formulados, además, como se precisará en el considerando siguiente, al quejoso le asiste la suplencia de la queja. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. En primer lugar, se precisa que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el quejoso, es la parte trabajadora en el juicio de origen. Ahora bien, como se indicó en el considerando segundo, el quejoso reclamó de la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, la dilación en la tramitación del juicio laboral ********************, que ha ocasionado que no se pase a la etapa de alegatos, no se cierre la instrucción, no se formule proyecto de laudo, ni se dicte laudo. Dicho concepto de violación, es fundado. Lo anterior, implica un retardo en la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone lo siguiente: Artículo 17. (.). Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto invocado, se desprende que la garantía de administración de justicia que prevé el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, a saber: Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, por tanto, es claro que todas aquellas autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los principios que la integran, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales, como sucede en el caso que nos ocupa. Sirve de sustento, a lo anterior, el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. L/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XV, mayo de dos mil dos, página 299, del rubro siguiente: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Así como, la tesis visible en la página ciento noventa y uno, del Tomo IV, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, que dispone: ADMINISTRACION DE JUSTICIA. Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, en los términos y plazos que fije la ley, no debiendo aplazar sus resoluciones, ni aun so pretexto de oscuridad de la ley, pues, en ese caso, deben atenerse, para fallar, a los principios generales de derecho; pues lo contrario constituye una verdadera denegación de justicia. Ahora bien, de las constancias que remitió la Junta responsable en copia certificada, como se indicó, se advierte que en auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, ordenó girar el oficio STPS/1735/2021, en auto de diecinueve de enero de dos mil veintidós, ordenó girar el oficio STPS/2051/2022 y en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, ordenó girar el oficio STPS/356/2023, todos esos oficios, dirigidos al Instituto Mexicano del Seguro Social, requiriéndole que proporcione la información ofrecida por el trabajador, aquí quejoso, como prueba, dentro del juicio natural. Asimismo, se advierte que ninguno de esos oficios fue entregado a dicho Instituto, por lo que evidentemente la información requerida, ofrecida como prueba por el trabajador, aquí quejoso, no se ha obtenido, ni se ha avanzado en la secuela procesal. Ahora bien, el último de dichos autos, fue de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, entre ésta fecha y el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la cual se promovió este juicio de amparo (demanda depositada en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad), han transcurrido casi seis meses, esto es, desde luego existe dilación procesal ya que entre aquélla y ésta fechas evidentemente transcurrieron, con exceso, los cuarenta y cinco días naturales que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó como plazo de inactividad procesal, para ser considerada como retardo en la impartición de justicia, reclamable a través del amparo indirecto, por considerar que vulnera la garantía relativa prevista en el citado artículo 17 Constitucional. En efecto, lo anterior se encuentra plasmado en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 33/2019 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias Común y Laboral, Décima Época, marzo de 2019, con registro digital 2019400, del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTIVAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. En consecuencia, al vulnerarse en perjuicio de los quejosos su derecho a la pronta impartición de justicia, previsto en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es otorgarle el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Junta Especial número cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, realice lo siguiente: De inmediato, requiera al Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, para que remita la información que el quejoso, parte trabajadora, ofreció como prueba en el juicio natural; De inmediato, haga entrega del oficio correspondiente; Para obtener tal información, haga uso de los medios de apremio a su disposición; y, Hecho lo anterior, avance en dicho juicio natural, a la etapa procesal siguiente. Cabe indicar que esta sentencia solo podrá declararse cumplida, hasta que en el juicio laboral de origen se resuelva la incidencia mencionada y, como consecuencia de ello, se avance a la etapa procesal siguiente, toda vez que los alcances por los que se otorga la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procesal en la que se sitúa dicho acto dentro del juicio natural, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Apoya las anteriores consideraciones, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 1, diciembre de dos mil trece, Tomo I, materia común, página 732, del tenor siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. De ahí que resulte evidente que la presente concesión no se haga extensiva al dictado del laudo o sentencia, pues a la fecha no ha sido cerrada la etapa de instrucción, de manera que no sería en el caso, viable conceder respecto de los actos futuros que se pudieran dar dentro del procedimiento de origen, esto, de igual forma, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil trece, tomo I, página 732, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de la autoridad y acto reclamado precisados en el considerando segundo, para los efectos de la parte final del último considerando. Notifíquese en lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yazmín Meraz Rivera. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese en lista electrónica. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.YMR/JRV
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