Sergio Rogelio Sánchez Cortés
Expediente 702/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 702/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 06/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Sergio Rogelio Sánchez Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de quince de noviembre de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Ya que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de noviembre de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 702/2017-V. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, xxxx, promovió demanda de amparo, contra actos del Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y Junta Central de Agua y Saneamiento, todos del Estad de Chihuahua y Junta Municipal de Agua y Saneamiento, que hizo consistir en la expedición, aprobación, promulgación, publicación y ejecución consistente en el cobro, de: a) Artículo 10, apartado b), fracción VI, de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua; b) Artículo 31, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua; c) Acuerdo 19/ORDINARIO/2017, que contiene las modificaciones a las Actas tarifarias para el ejercicio fiscal 2017 de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Juárez, Delicias, Jiménez. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos reconocidos en los artículos 1, 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de once de agosto de dos mil diecisiete, se admitió la demanda de amparo, se pidió a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación; se dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, Constitucionales, 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un juicio de amparo en materia de constitucionalidad de leyes, con motivo de su primer acto de aplicación, el cual tuvo ejecución en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a continuación se fijan los actos reclamados que se deducen del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, de la siguiente manera: a) Artículo 10, apartado b), fracción VI, de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua; b) Artículo 31, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua; c) Acuerdo 19/ORDINARIO/2017, que contiene las modificaciones a las Actas tarifarias para el ejercicio fiscal 2017 de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Juárez, Delicias, Jiménez. Preceptos que reclama como un sistema normativo que regula el cobro de los tarifas de los derechos por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2017 de esta ciudad. Sirve de sustento, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, aplicable por identidad de razón, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Actos impugnados de inconstitucionales, que se advierten del contenido íntegro de la demanda de amparo, atento a lo expuesto en los capítulos de actos reclamados, antecedentes, preceptos constitucionales transgredidos y conceptos de violación narrados en tal escrito. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1347, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 2, Común, parte 2, Décima Primera Sección, página 1511, que estatuye: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Novena época, página 255, que dice: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación, el Presidente del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, negó la existencia de los actos de cobro y pago que le fueron atribuidos (fojas 48 a 52). Por su parte, al rendir su informe con justificación, el apoderado legal de la Junta Central de Agua y Saneamiento y el Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, omitieron referirse al acto de ejecución consistente en el cobro del servicio prestado que se les atribuyó, no obstante encontrase debidamente requeridos para ello (fojas 123 a 129; 168 a 173); por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo se debería presumir cierta su existencia, consistente en la recaudación del derecho tildado de inconstitucional. No obstante lo anterior, la presunción de certeza de los actos reclamados, se encuentra desvirtuada, porque respecto de dichas autoridades señaladas como ejecutoras se deduce que la aplicación y ejecución de los preceptos impugnados por esta vía no les son imputables. En efecto, el acto concreto de aplicación de una ley se entiende no sólo el proveniente de la autoridad, sino que dicho acto específico de ejecución puede provenir del particular que actúa por mandato expreso de la ley, en esa hipótesis se reputa como tercero auxiliar de la administración pública, o bien, del propio agraviado, cuando en acatamiento a lo establecido en la norma reclamada, la cumple sin que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de imperio, lo conmine a cumplir con la norma. En el caso, obra en autos el aviso expedido por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, relativo a la cuenta 10605, por el servicio de agua potable doméstico, "dfea" y drenaje, correspondiente al mes de mayo de dos mil diecisiete, en el que se aprecia el monto a pagar por el servicio prestado; así como el recibo de pago de veintiuno de julio del mismo año (folios 35). En ese orden de ideas, dicho documento no puede considerarse como un acto de aplicación por parte de las precitadas autoridades, pues de su contenido no se aprecia que el aviso del servicio prestado y el pago respectivo se haya efectuado en acatamiento a una orden de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, de la Junta Central de Agua y Saneamiento y del Gobernador Constitucional del Estado, sino que simplemente la parte quejosa lo liquidó motu proprio. Por ende, en los juicios de amparo en los que se discuta la constitucionalidad de las normas que regulan las contraprestaciones establecidas por el Poder Público, con motivo del primer acto de aplicación, cuando la propia parte quejosa realizó el pago del servicio, no puede atribuirse este acto a diversas autoridades. Norma el criterio expuesto, la jurisprudencia 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXVI, agosto de dos mil siete, Materia Común, visible en la página 367, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. Asimismo, es aplicable al caso, por analogía, la tesis 1673, emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 1167, del tomo I, materia constitucional, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: LEYES, AMPARO CONTRA. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES ACTO DE APLICACIÓN IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. La existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; de modo que la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les atribuyó a las autoridades ejecutoras. Si bien la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, esto no quiere decir que tal cumplimiento de la norma por el particular deba serle atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el término de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en la hipótesis prevista por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos de ejecución de las normas reclamadas que fueron atribuidos al Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y Junta Central de Agua y Saneamiento. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de las legislaciones que contienen las normas impugnadas. Del mismo modo, el apoderado legal de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, convino en que efectivamente el Consejo Directivo de la autoridad que representa emitió el Acuerdo 19/ORDINARIO/2017, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. De manera que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se tiene por acreditada la existencia de los procesos legislativos reclamados por la parte quejosa. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los ordenamientos relativos, por tratarse de normativas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que estatuye: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; por tanto, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por el Alto Tribunal del país. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre las causas de improcedencia que se estiman actualizadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. I. Respecto de los actos reclamados al Gobernador del Estado de Chihuahua, relativos a la publicación de las legislaciones de marras; se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] De los preceptos reproducidos se deduce, en primer término, que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución General de la República o de la propia Ley de Amparo; en segundo término, que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando impugnen sus actos por vicios propios. En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable identificada, el acto de publicación de las legislaciones de marras; pero sin impugnar, por vicios propios, esa intervención en el proceso legislativo que dio origen a las normas tildadas de inconstitucionales; de ahí que, se surta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. Por lo que, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio respecto de los actos de publicación de las normas impugnadas que se endilgan al Gobernador del Estado de Chihuahua. II. Asimismo, este Juzgado advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos en la propia legislación. De este modo, conviene precisar que en su demanda de amparo, el quejoso expresó que el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el Acuerdo número 19/ORDINARIO/2017, que contiene las modificaciones a las actas tarifarias para el ejercicio fiscal 2017 de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Juárez, Delicias y Jiménez, el cual modificó la estructura tarifaria para el cobro de derechos del ejercicio fiscal 2017, publicada en el Periódico Oficial Estatal el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Derivado de lo anterior, es a través de dicho Acuerdo que a partir del mes de mayo del presente año, se incrementaron las tarifas del suministro de agua potable de uso doméstico que el quejoso tiene contratadas con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de esta ciudad. En la especie, el acto reclamado no constituye el primer acto de aplicación de las normas reclamadas, sino de uno ulterior a ello, lo cual actualiza la citada causal de improcedencia, porque de las constancias que integran el sumario, se aprecia que la quejosa consintió tácitamente la normatividad reclamada, en razón de que no ejerció la acción constitucional dentro del término de quince días hábiles a que se refiere el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del primer acto de aplicación de la norma. En efecto, del Folleto Anexo que contiene las Tarifas de los Derechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Junta Municipal de Juárez, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en el apartado decimotercero, denominado "TARIFAS MEDIDAS" se desprende lo siguiente: DECIMO TERCERO: TARIFAS MEDIDAS Cuando a un usuario se le determine por el organismo operador el volumen de agua consumida a través de un dispositivo de medición, éste pagará las cuotas de acuerdo al uso e importe que a su consumo corresponda, tal y como a continuación se señala: Uso Doméstico. (.) Uso comercial. (.) Uso industrial (.) Escuelas Publicas (.) Edificios Públicos (.) Cobro por promedio Cuando exista alguna circunstancia que imposibilite la toma de lectura del medidor o bien que este haya sido retirado por mantenimiento o deterioro, se facturará el promedio de los seis consumos facturados, en el caso de que este promedio sea menor a 23m3 se facturará esta, hasta en tanto no desparezca la circunstancia que impida la medición o en su caso se instale un medidor nuevo en el inmueble, con cargo al usuario. Las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido en todos sus apartados, se actualizarán de forma mensual, a una tasa del 0.6%, empezando a partir del mes de febrero del 2017. En las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido en todos sus apartados, la componente es del 99% para agua potable y el 1% para alcantarillado sanitario. El Organismo Operador podrá implementar en cualquier momento, previa autorización de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, programas intensivos de recuperación de rezago, cuyo enfoque sean aquellos usuarios que tengan adeudos atrasados, buscando siempre la regularización de las cuentas y poder continuar percibiendo el cobro de su servicio en tiempo. (.) A su vez, el Folleto Anexo que contiene el Acuerdo Numero 19/ORDINARIO/2017, relativo a las modificaciones a las actas tarifarias para el Ejercicio Fiscal 2017 de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Juárez, Delicias y Jiménez, publicado en el Periódico Oficial Estatal el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, establece lo siguiente: DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. DICE (Dentro) : DECIMO TERCERO: TARIFAS MEDIDAS Cobro por promedio Cuando exista alguna circunstancia que imposibilite la toma de lectura del medidor o bien que este haya sido retirado por mantenimiento o deterioro, se facturará el promedio de los seis consumos facturados, en el caso de que este promedio sea menor a 23m3 se facturará esta, hasta en tanto no desparezca la circunstancia que impida la medición o en su caso se instale un medidor nuevo en el inmueble, con cargo al usuario. Las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido en todos sus apartados, se actualizarán de forma mensual, a una tasa del 0.6%, empezando a partir del mes de febrero del 2017. En las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido en todos sus apartados, la componente es del 99% para agua potable y el 1% para alcantarillado sanitario. El Organismo Operador podrá implementar en cualquier momento, previa autorización de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, programas intensivos de recuperación de rezago, cuyo enfoque sean aquellos usuarios que tengan adeudos atrasados, buscando siempre la regularización de las cuentas y poder continuar percibiendo el cobro de su servicio en tiempo. SE MODIFICA PARA QUEDAR (Dentro): DECIMO TERCERO: TARIFAS MEDIDAS Cobro por promedio Cuando exista alguna circunstancia que imposibilite la toma de lectura del medidor o bien que este haya sido retirado por mantenimiento o deterioro, se facturará el promedio de los seis consumos facturados, en el caso de que este promedio sea menor a 23m3 se facturará esta, hasta en tanto no desparezca la circunstancia que impida la medición o en su caso se instale un medidor nuevo en el inmueble, con cargo al usuario. Las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido de los incisos a), d) y e) de esta disposición, se actualizarán de forma mensual, a una tasa del 0.6%, empezando a partir del mes de febrero del 2017. En las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido en todos sus apartados, la componente es del 99% para agua potable y el 1% para alcantarillado sanitario. El Organismo Operador podrá implementar en cualquier momento, previa autorización de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado, programas intensivos de recuperación de rezago, cuyo enfoque sean aquellos usuarios que tengan adeudos atrasados, buscando siempre la regularización de las cuentas y poder continuar percibiendo el cobro de su servicio en tiempo. (.) Así, se logra apreciar, que el apartado decimotercero, denominado "TARIFAS MEDIDAS" del Folleto Anexo que contiene las Tarifas de los Derechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el Ejercicio Fiscal 2017 de la Junta Municipal de Juárez, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, establece que cuando a un usuario se le determine por el organismo operador el volumen de agua consumida a través de un dispositivo de medición, éste pagará las cuotas de acuerdo al uso e importe que a su consumo corresponda, tal y como se establece en los tabuladores para "a" uso Doméstico, "b" uso comercial, "c" uso industrial, "d" escuelas públicas y "e" edificios públicos. Asimismo, cuando exista alguna circunstancia que imposibilite la toma de lectura del medidor o bien que este haya sido retirado por mantenimiento o deterioro, se facturará el promedio de los seis consumos facturados, en el caso de que este promedio sea menor a 23m3 (veintitrés metros cúbicos) se facturará ésta, hasta en tanto no desparezca la circunstancia que impida la medición o en su caso se instale un medidor nuevo en el inmueble, con cargo al usuario. Además, las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido en todos sus apartados, se actualizarán de forma mensual, a una tasa del 0.6%, empezando a partir del mes de febrero del 2017; y en las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido en todos sus apartados, la componente es del 99% para agua potable y el 1% para alcantarillado sanitario. Por su parte, el Acuerdo Numero 19/ORDINARIO/2017, relativo a las modificaciones a las actas tarifarias para el Ejercicio Fiscal 2017 de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Juárez, Delicias y Jiménez, publicado en el Periódico Oficial Estatal el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, modificó el Folleto Anexo publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, y estableció que las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido de los incisos a), d) y e) de esa disposición, se actualizarán de forma mensual, a una tasa del 0.6%, empezando a partir del mes de febrero del 2017. En atención a lo expuesto, se tiene que la modificación que sufrió el apartado decimotercero, denominado "TARIFAS MEDIDAS" del Folleto Anexo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, a través del Acuerdo Número 19/ORDINARIO/2017, establece una exención para los usuarios comerciales e industriales (incisos "b" y "c"); mientras que las tarifas correspondientes a cuota fija y servicio medido para aquellos usuarios domésticos, escuelas públicas y edificios públicos (incisos "a", "d" y "e"), continuaran actualizándose de forma mensual a una tasa del 0.6%, empezando a partir del mes de febrero del 2017, tal y como lo establece la publicación del treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Por lo que atendiendo a que el quejoso tiene contratado un servicio de uso doméstico, pues así se desprende de las documentales que obran a fojas treinta y cinco; así como a lo expuesto en el oficio JMAS.DJ.3567/2017 de trece de noviembre de dos mil diecisiete, suscrito por el Presidente del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez, y de la copia de la relación de los pagos realizados por el quejoso durante el año dos mil diecisiete, resulta que las porciones normativas que tilda de inconstitucionales, le fueron aplicadas, desde el siete de abril de dos mil diecisiete, a razón de las siguientes cantidades: FECHA REF. DE PAGO IMPORTE MES 30/10/17 12758220 $559.00 SEPTIEMBRE-2017 01/10/2017 12468573 $149.00 AGOSTO-2017 06/09/17 12224810 $247.00 JULIO-2017 21/07/17 11770463 $3,660.00 JULIO-2017 02/06/17 11292167 $2,085.00 ABRIL-2017 08/05/17 11020214 $751.00 MARZO-2017 07/04/17 10737308 $172.00 FEBRERO-2017 02/03/17 10382273 $140.00 ENERO-2017 En esa medida, las tarifas de los derechos por servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el ejercicio fiscal 2017 de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de ciudad Juárez, Chihuahua, le fueron aplicadas al efectuar su pago por tal concepto, lo cual realizó el siete de abril de dos mil diecisiete; sin que el Acuerdo Número 19/ORDINARIO/2017 publicado el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, le deparara perjuicio alguno, pues como ya se dijo, éste no modificó las tarifas para los usuarios de uso doméstico publicadas en el Periódico Estatal el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, del cual es consumidor el quejoso. Con todo, el quejoso no promovió la demanda de amparo contra el artículo 10, apartado b), fracción VI, de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua y el artículo 31, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua y el Acuerdo que contiene la Estructura Tarifaria para el Cobro de Derechos del Ejercicio Fiscal 2017, de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, a pesar de que le fueron aplicados desde que realizo dicho pago el siete de abril de dos mil diecisiete. Sentado lo anterior, conviene precisar que los artículos 17, fracción I, 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: 17. El plazo para presentar la demanda es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días. [.]. 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Del contenido de los dichos ordinales se advierten diversos supuestos, pues señalan que los plazos de quince y treinta días hábiles para la promoción de la demanda de amparo contra leyes, que ahí se prevén, se computarán: 1. A partir del día siguiente del primer acto de aplicación; 2. A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo; o, 3. Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa. Lo anterior, tal como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 207, que se consulta en la página 200 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo I, Séptima Época, y registro 389660, de título y texto siguiente: LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA PROMOVER LA DEMANDA. Los distintos términos para impugnar una ley que se estime inconstitucional, son: a) Dentro de los treinta días siguientes al en que entre en vigor la ley si es autoaplicativa (artículo 22, fracción I, de la Ley de Amparo); b) Dentro de los quince días a partir del primer acto de aplicación (artículo 21 de la misma Ley) y c) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución del recurso o medio de defensa ordinario, si éste se agotó previamente a la interposición del amparo (artículo 73, fracción XII, tercer párrafo, de la ley invocada). Criterio que tiene aplicación en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente al no oponerse a su actual contenido, ya que el contenido de los numerales 21, 22, fracción I, y 73, fracción XII, de la ley derogada que ahí se interpretó es similar a los artículos 17, fracción I, 18 y 61, fracción XIV, de la legislación en vigor. Por ello, si la quejosa reclamó una norma de carácter general como heteroaplicativa, pone de manifiesto, en primer lugar, que contaba con un plazo de quince días hábiles para su impugnación; y segundo, que ese término comenzó a correr a partir del día siguiente al primer acto de aplicación. En esa medida, que de las constancias que la autoridad hacendaria remitió a este Juzgado, se advierte que se le aplicaron las normas que ahora impugna desde el siete de abril de dos mil diecisiete, cuando menos, el plazo para promover la acción constitucional, comenzó a correr a partir del diez de abril de dos mil diecisiete y feneció el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, sin contar dentro de ese lapso los días doce, trece, catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como uno de mayo, por haber sido sábados, domingos e inhábiles, de conformidad con lo establecido en los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De ahí que si de la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, glosada a foja 1 (uno) del juicio de amparo, se aprecia que la demanda fue presentada por la quejosa el diez de agosto de dos mil diecisiete; consecuentemente, debe declararse extemporánea su presentación, dado que ésta se realizó cuando ya había transcurrido en exceso el término de quince días hábiles establecido en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo considerado, que la parte quejosa reclame el Acuerdo Número 19/ORDINARIO/2017, que establece modificaciones a las actas tarifarias para el ejercicio fiscal 2017 de las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento de Juárez, Delicias y Jiménez, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, toda vez que en éste, por lo que respecta a las tarifas correspondientes a uso doméstico, que es la que se aplica al quejoso, únicamente se reiteró el contenido del diverso Acuerdo relativo a las Tarifas de los Derechos por Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento para el ejercicio fiscal 2017 de la Junta Municipal de Juárez, razón por la que no puede considerarse que se haya creado una nueva oportunidad para reclamar esa disposición. Por las razones que informa se cita la tesis jurisprudencial P./J. 25/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, registro 2012802, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, página 65, del rubro y texto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. Para considerar que se está en presencia de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación o sobreseimiento por cesación de efectos en una acción de inconstitucionalidad deben reunirse, al menos, los siguientes dos aspectos: a) Que se haya llevado a cabo un proceso legislativo (criterio formal); y b) Que la modificación normativa sea sustantiva o material. El primer aspecto conlleva el desahogo y agotamiento de las diferentes fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el segundo, consistente en que la modificación sea sustantiva o material, se actualiza cuando existan verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto, de este modo una modificación al sentido normativo será un nuevo acto legislativo. Este nuevo entendimiento, pretende que a través de la vía de acción de inconstitucionalidad se controlen cambios normativos reales que afecten la esencia de la institución jurídica que se relacione con el cambio normativo al que fue sujeto y que deriva precisamente del producto del órgano legislativo, y no sólo cambios de palabras o cuestiones menores propias de la técnica legislativa tales como, por ejemplo, variación en el número de fracción o de párrafo de un artículo, el mero ajuste en la ubicación de los textos, o cambios de nombres de entes, dependencias y organismos. Tampoco bastará una nueva publicación de la norma para que se considere nuevo acto legislativo ni que se reproduzca íntegramente la norma general, pues se insiste en que la modificación debe producir un efecto normativo en el texto de la disposición al que pertenece el propio sistema. Así como la tesis jurisprudencial P./J. 114/99, del Pleno del Alto Tribunal del País, de la Novena Época, registro 192910, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia Constitucional, página 18, del epígrafe y texto: AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma. Igualmente, la tesis I.15o.A.37 K, del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia Común, página 2635, de la Novena Época, registro 168226, que a la letra dice: AMPARO CONTRA LEYES. ES PROCEDENTE CONTRA LA REFORMA A UNA DISPOSICIÓN LEGAL PORQUE CONSTITUYE UN ACTO LEGISLATIVO NUEVO, PERO SÓLO RESPECTO DE LA PORCIÓN NORMATIVA QUE HAYA SIDO OBJETO DE MODIFICACIÓN, NO ASÍ RESPECTO DE LAS DEMÁS PREVISIONES LEGALES INALTERADAS QUE PREVIAMENTE SE HAYAN CONSENTIDO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio en el sentido de que la reforma de una disposición legal constituye un acto legislativo nuevo, aun y cuando reproduzca el contenido de la norma de vigencia anterior, o tenga con ella similitudes o diferencias esenciales o accidentales, así como que un nuevo acto legislativo que reforma o modifica un texto legal confiere derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, ese mandato específico del legislador y, además, los preceptos que con ese pronunciamiento se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a un mismo cuerpo normativo guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. Ahora bien, como una reforma puede afectar a todo un cuerpo normativo, a uno o varios de los preceptos que lo integran o, inclusive, a una o varias porciones normativas de un mismo precepto legal, es dable concluir que sólo la disposición que fue materia de la reforma o modificación constituye el acto legislativo nuevo que autoriza a promover el juicio de amparo contra la hipótesis normativa que haya sido modificada, no así respecto de las demás previsiones legales inalteradas que no forman parte del nuevo acto, que previamente se hayan consentido, ya que en relación con ellas el Poder Legislativo no manifestó su voluntad ni reflexionó sobre la permanencia de sus términos. Por tales razones, se concluye que la quejosa consintió tácitamente la normatividad reclamada, como lo dispone el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer en el presente juicio con fundamento en el diverso 63, fracción V. Apoya a lo anterior, la tesis de la Novena Época, con número registro 174944, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXIII, página 1131, de fecha junio de 2006, materia común, con número de tesis IV.1o.A.7 K, cuyo rubro y texto es el siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. PARA QUE PROCEDA TRATÁNDOSE DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA IMPUGNADA, SE REQUIERE DE LA MODIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTO DEL PRIMERO O LA CREACIÓN DE UNA NUEVA. En términos de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, cuando se pretende impugnar una ley con el carácter de heteroaplicativa, solamente procederá la acción constitucional con motivo de su aplicación, lo que significa que únicamente es factible controvertir la ley cuando ésta se actualice, y no en relación con el segundo o posterior acto de molestia, a menos que los restantes se funden en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero esto, sólo atañe a dicho acto y no a la ley; en tal virtud, cuando se intenta combatir una norma jurídica a través de la repetición del primer acto de aplicación o de uno relacionado con éste, pero no se modifica o crea una nueva situación jurídica distinta a la generada con el primero, es evidente, que sólo se está en presencia de uno relacionado con éste, lo cual no legitima al quejoso para controvertirlo a través del juicio de garantías. También, es importante establecer que, cuando en el juicio de amparo se impugna la inconstitucionalidad de la ley, con motivo de una aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización, mas no del segundo o ulteriores actos. La finalidad del sistema antes explicitado y que adopta la Ley de Amparo, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación de dicha ley existan, para el dictado de sentencias contradictorias, la litispendencia y la autoridad de la cosa juzgada. Lo anterior, fue determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia 30, con número de registro 820085, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 16-18, Abril-Junio de 1989, página 44, de sinopsis: LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTOS DE APLICACIÓN. Este Alto Tribunal interrumpe el criterio que informa la tesis jurisprudencial número 273 de la Octava Parte, Compilación de 1985, intitulada "SOBRESEIMIENTO IMPROCEDENTE EN AMPAROS PROMOVIDOS POR EL MISMO QUEJOSO", donde se estableció que el sobreseimiento en un segundo juicio contra leyes promovido por el mismo quejoso, sólo procede si los actos de aplicación son idénticos; la interrupción de ese criterio obedece a que el Pleno ha establecido que la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación, sea que conceda o niegue el amparo, rige la situación del quejoso respecto de la ley reclamada, de suerte que los ulteriores actos de aplicación no le dan acción para volver a reclamar la inconstitucionalidad de la ley, ya que aceptar la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de ésta, cuantos actos de aplicación existan en perjuicio del mismo quejoso, equivaldría a poner en entredicho la seguridad jurídica de la cosa juzgada. Por ello opera la improcedencia y debe sobreseerse respecto de la ley en el juicio de garantías que se llegue a promover con motivo del segundo o ulterior actos de aplicación, con fundamento en el artículo 73, fracciones III o IV, de la Ley de Amparo, según que el primer juicio se encuentre pendiente de resolución o que ya haya sido resuelto por sentencia ejecutoria. Ciertamente, el artículo 79 de la ley de la materia, en su fracción I, dispone: 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; [.] Del precepto transcrito, se desprende la procedencia de la suplencia de la queja, cuando el acto que se reclame se funde en leyes declaradas inconstitucionales, por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito, y en este caso, no importa que se trate del segundo o ulterior acto de aplicación de la ley. En lo atingente, el más alto tribunal del país, resolvió que el juicio de amparo sea improcedente por lo que hace a la ley, pero lo anterior, no significa que por los actos de aplicación no pueda concederse la protección constitucional, de ser el caso, pues el consentimiento de la norma, por no ser el primer acto concreto de aplicación, es independiente de los actos propios de aplicación. En otras palabras, si la demanda es extemporánea, se actualiza la causal de improcedencia de mérito, porque no se trata del primer acto concreto de aplicación, y el sobreseimiento alcanzará únicamente a la norma reclamada; en cambio, si el acto reclamado se funda en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque no sea el primero, puede concederse la protección constitucional, siempre que no se actualice un diverso motivo de improcedencia respecto de este último. Entonces, las causas de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, esta última en relación con el numeral 107, fracción I, de la Ley de Amparo, relativas al consentimiento expreso y tácito de una ley o acto en sí, no sufren alteración alguna ante la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 79, fracción I, del citado ordenamiento legal, debido a que esas causas de improcedencia están fundadas en el principio de seguridad jurídica, porque sería incongruente aceptar que procediera el juicio constitucional después de que el quejoso hubiese manifestado expresamente su conformidad con el acto o ley reclamada, y de igual forma, cuando deja de presentar la demanda de amparo, dentro de los plazos que prevé la ley de la materia. De tal suerte, si la demanda es extemporánea, lógico es que se actualice la causa de improcedencia de mérito, sin que en este caso pueda operar la referida suplencia de la queja deficiente, por no poderse abordar las cuestiones de fondo, respecto del reclamo de la ley o sus actos de aplicación; en cambio, si la causa de improcedencia se surte porque al reclamarse la ley, no se trata del primer acto concreto de aplicación, el sobreseimiento sólo alcanza a la norma reclamada, sin perjuicio de que pueda concederse la protección constitucional si el acto concreto de aplicación deriva de una autoridad, porque el aludido beneficio de la suplencia de la queja deficiente no está sujeto a que se trate de la primera aplicación de la norma o una posterior, siempre que respecto de esta última aplicación no se actualice un diverso motivo de improcedencia. Esta consideración que encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 8/2006, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, de rubro y contenido siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del segundo o ulteriores actos de aplicación. Por último, dado el sentido que rige el presente fallo, este juzgador está jurídicamente imposibilitado para abordar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos atacados en este juicio, pues la principal consecuencia del sobreseimiento es, justamente, dar por concluido el juicio sin entrar al fondo del asunto. Por su aplicación, es de citarse la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 187-192, Primera Parte, página 88, que a continuación se transcribe: SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, es de resolverse y SE RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por xxxx Notifíquese.- Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado xxxx, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada xxxx. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Secretario de Asuntos Internacionales del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua; al haberse realizado la certificación correspondiente con su remitente. Como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Por otra parte, del estado de autos se advierte que a las diez horas con treinta minutos del seis de los actuales se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional del presente asunto, sin embargo, es claro que el informe que en la fecha se recibe no fue rendido con la anticipación que establece el artículo 117 párrafo segundo de la Ley de Amparo; así como que el Secretario Encargado del Despacho de este órgano jurisdiccional, no se encuentra facultado para fallar en definitiva el presente asunto. Consecuentemente, se difiere dicha diligencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del seis de noviembre de dos mil diecisiete para su celebración. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia número P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado del Despacho por licencia de titular, con apoyo en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe. GMA
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos se advierte que en esta fecha se encuentra señalada la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo. Sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que atento a la certificación de cuenta, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado al Congreso del Estado de Chihuahua para que rinda su informe con justificación. En consecuencia, con fundamento en el numeral antes citado, se difiere la celebración de la aludida audiencia, y se fijan las diez horas con treinta minutos del seis de octubre de dos mil diecisiete, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado XXXXXXXX, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada XXXXXXXXX. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Sergio Ramón Meza De Anda543/2017
- Sergio Raúl Rodarte López420/2020
- Sergio Ricardo Bermúdez Espinoza378/2019
- Sergio Ricardo Molinar Varela347/2017
- Sergio Rodarte Lugo858/2023
- Sergio Rodarte Lugo859/2023
- Sergio Rubio Vargas632/2018
- Sergio Salas Pacheco919/2022
- Sergio Salas Pacheco382/2022
- Sergio Salvador Soto Guerrero439/2019
- Sergio Sotelo Domínguez491/2018
- Sergio Torres Montes287/2016