Sergio Sanchez Onofre

Expediente 564/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
564/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
09/09/2019

Partes del expediente

  • Sergio Sanchez Onofre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y de la certificación que antecede se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión contra dicho fallo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto del incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el cuaderno original del incidente respectivo a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable el disco compacto que remitió junto con su informe justificado, sin que resulte factible acusar recibo de dicho medio digital. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 564/2019, promovido por Sergio Sánchez Onofre, por conducto de su defensor particular Rafael Solís Carbajal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de mayo de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad de Morelia, compareció Sergio Sánchez Onofre, por conducto de su defensor particular, a demandar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia y del Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1, con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa 347/2018, emitido el treinta de abril de dos mil diecinueve, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de M.L.T.D. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 1º, 4°, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.2, inciso h) y 14.2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Segundo. Admisión de la demanda y trámite. En auto de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (foja 17), este juzgado al que por razón de turno correspondió recibir la demanda de amparo, la admitió a trámite, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, le dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Asimismo, en el propio auto admisorio (foja 19, reverso) se reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Litigación de la Unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por ser quien formuló la imputación en contra del quejoso, razón por la que se ordenó su emplazamiento. Luego, en auto de diez de junio del año en curso (foja 37), se reconoció también el carácter de tercera interesada a M.L.T.D., en su calidad de víctima del delito que se imputa al quejoso. Por último, en auto de veinticuatro de junio de este año (foja 51) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede (foja 68). C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso 51/2015, del mismo órgano, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución material en el ámbito territorial en el que ejerce jurisdicción este juzgado. Segunda. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo que establece el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio señalado con antelación, el acto reclamado por el quejoso consiste en: El auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el treinta de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa 347/2018, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en detrimento de M.L.T.D., así como su ejecución material. Los cuales atribuyó a: Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia; y, Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1, con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Existencia de los actos reclamados. Ambas autoridades responsables aceptaron la existencia del acto reclamado (fojas 26 y 32). Lo que se corrobora con las constancias que remitió el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, como complemento de su informe justificado, consistente en un disco que contiene la videograbación de la audiencia mediante la cual se vinculó al quejoso al proceso de origen y las constancias digitalizadas que integran la carpeta administrativa relativa a la causa penal de origen. Probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Análisis causales improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso el treinta de abril de dos mil diecinueve, dentro de la causa 347/2018, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en detrimento de M.L.T.D., así como su ejecución material. Antes de efectuar el análisis correspondiente, es preciso señalar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se reformaron, entre otros, los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se estableció un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial y oral, que cumple con los principios del debido proceso legal, como el de inmediación, concentración, contradicción, publicidad y continuidad; ello, de acuerdo con lo señalado en la iniciativa respectiva, con el objetivo de garantizar la vigencia del debido proceso en materia penal, recuperar la confianza en la justicia penal y de sus instituciones y hacer más eficiente la persecución e investigación de los delitos y el trabajo de los tribunales penales, asegurar la protección, asistencia y participación de las víctimas en el proceso penal. En ese contexto, respecto al artículo 19 constitucional, se cambió el nombre tradicional de auto de formal prisión para sustituirlo por el de auto de vinculación a proceso, lo cual de acuerdo con lo expuesto en el proceso legislativo del decreto aludido, obedeció a que lo primero denota justamente una coacción que por lo general lleva aparejada alguna afectación a derechos, en cambio, vinculación únicamente se refiere a la información formal que el ministerio público realiza al indiciado para el efecto que conozca puntualmente los motivos por los que se sigue una investigación, y para que el juez intervenga para controlar las actuaciones que pudiera derivar en la afectación de un derecho fundamental, de modo que con ello se activa su derecho a la jurisdicción en materia penal y puede desde el momento de la vinculación a proceso empezar a planear su estrategia defensiva, siendo además la vinculación una garantía porque fija la materia de la investigación y del eventual juicio. Asimismo, se modificó de fondo la noción de "cuerpo de delito", a que alude el texto constitucional en los artículos 16 y 19, ya que según lo señalado en la exposición de motivos de la citada reforma, entre otras cuestiones, la noción de cuerpo de delito constituye una exigencia probatoria demasiado alta para el Ministerio Público, sobre todo si se considera que los requerimientos para acreditar su existencia se plantean en fases demasiado tempranas de la investigación de los delitos, y que ha sido justamente este estándar el que impide una investigación ministerial ágil, en la que las medidas cautelares adoptadas para la salvaguarda de la materia del proceso sean decretadas con la información suficiente y sin requerir a la autoridad investigadora un cúmulo de pruebas, ciertamente excesivas. Además, se añadió que ese excesivo estándar probatorio que hasta ahora se ha utilizado, genera el efecto de que en el plazo de término constitucional se realice un procedimiento que culmina con un auto que prácticamente es una sentencia condenatoria, lo cual debilita el juicio, única fase en la que el imputado puede defenderse con efectivas garantías, y fortalece indebidamente el procedimiento unilateral de levantamiento de elementos probatorios realizado por el Ministerio Público en la investigación. Por todo lo anterior, se modificó el estándar de prueba para el libramiento de un auto de vinculación a proceso, a fin de establecer un nivel de prueba más razonable, que corresponda al contexto de un sistema procesal penal acusatorio, de corte garantista, en donde se limita el empleo de la prisión preventiva, y se construyen mecanismos que reducen significativamente los alcances de la averiguación previa, pues dicho sistema se caracteriza porque sólo la investigación inicial y básica se realiza en esa fase de averiguación previa, y es en el juicio donde, con igualdad de las partes, se desahogan los elementos probatorios recabados por ellas con antelación y cobran el valor probatorio correspondiente, pero ya no en la fase preliminar de investigación. De modo que, se estimó adecuado racionalizar la actual exigencia probatoria que debe reunir el Ministerio Público, para plantear los hechos ante el juez y solicitar la vinculación a proceso del imputado, de manera que, para el libramiento del auto de vinculación a proceso baste que el órgano de acusación presente al juzgador datos probatorios que establezcan que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; elementos que se dijo, resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea vinculado a proceso penal por el delito que se le imputa, y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio como el que se plantea. Se agrega, que bajo ese nuevo esquema, no es necesario mantener un nivel probatorio tan alto como se exigía para solicitar la vinculación a proceso, porque el Ministerio Público no presentará pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad penal del perseguido, ya que, en ese caso, no se colmaría el objetivo de reducir la formalidad de la averiguación previa y fortalecer la relevancia del proceso penal y particularmente el juicio. Igualmente, se consideró procedente mitigar el cúmulo probatorio actual que el juez debe recibir del Ministerio Público, para emitir un auto de vinculación a proceso, de manera que los datos aportados establezcan la existencia del hecho previsto en la ley penal como delito y la probable participación -en amplio sentido- del imputado en el hecho, y no ya la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, que exige valorar las pruebas aportadas desde el inicio del proceso y no en el juicio, que es donde corresponde. En tal virtud, el análisis que se efectuará en la presente sentencia constitucional, será tomando en consideración los requisitos que ahora señala el artículo 19 constitucional, pues como se ha mencionado, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito, ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, el estudio de los actos reclamados se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a proceso y que fueron ponderadas por el juez responsable al emitir el auto de vinculación a proceso de treinta de abril de dos mil diecinueve dictado en contra del quejoso dentro de la causa 347/2018, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado en detrimento de M.L.T.D., así como su ejecución material; ello atendiendo al principio de contradicción que rige en el sistema penal acusatorio, previsto en el artículo 6º del Código Nacional de Procedimientos Penales, que consiste en que se respete el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes, a través de la posibilidad de rechazar las pretensiones de su oponente, controvertir o confrontar los medios de prueba, es decir, tienen el derecho a contestar cualquier argumento de la contraparte, y desvirtuar pruebas para restar credibilidad a las ofrecidas por la contraria o para acreditar una versión alternativa. Por lo que, con base en el principio de contradicción, no se otorgan privilegios a ninguna de las partes, ni existe suplencia para corregir, subsanar o complementar sus intervenciones, sino que la actividad procesal depende de la intervención de las partes, quienes deben exponer sus respectivas afirmaciones y defensas ante el Juez de Garantía o en su caso tribunal de apelación, las discuten en un debate pleno y contradictorio, sobre los aspectos ahí ventilados, produciendo argumentos o pruebas en que se sustenten, y superado el debate el juez o magistrado resuelve conforme a derecho, con los elementos que le suministraron los contendientes, y de acuerdo con las tesis propuestas por ellos. Sentado lo anterior, el peticionario de amparo expresó los conceptos de violación que a su juicio le ocasiona el acto reclamado, los que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en los conceptos de violación que formuló en su demanda, el accionante del amparo señala lo siguiente: Que la resolución reclamada es ilegal porque se le vinculó a proceso por el delito de secuestro agravado, a pesar que todos los datos de prueba y argumentos de las fiscalía revelan que se trata del diverso de privación de la libertad -foja 10-; Que también es ilegal que el juez responsable no hubiera considerado que en ningún momento del actuar que se refuta antijurídico, se pidió o entregó un rescate, razón por la que no se actualizan los elementos del tipo penal de secuestro, sino en todo caso de privación de la libertad personal -foja 12-; y, Que al decretarse la prisión preventiva oficiosa en su contra, se viola la presunción de inocencia establecida a su favor, dado que se le priva de su libertad personal a pesar que no existe sentencia que determine su culpabilidad en la comisión de los hechos atípicos que se le atribuyen. Son infundados en una parte e inatendibles en otra, tales conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar a la quejoso le perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida consideración que el auto de vinculación a proceso dictado dentro de la causa 347/2018, el treinta de abril de dos mil diecinueve, no transgrede los derechos fundamentales del amparista previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y porque lejos de beneficiarla, la perjudica y no le reporta utilidad alguna. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna." Así, a efecto de dar sustento a la calificación de los conceptos de violación arriba señalados, se procederá en primer término a verificar, de acuerdo al análisis de los elementos previstos en el primer párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan los requisitos para dictar un auto de término constitucional, los cuales, en su orden, a la letra dicen: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". De lo transcrito, se obtiene que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario reunir los requisitos siguientes: Haberse formulado la imputación. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo. Pronunciarse dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado a petición del implicado o su defensa. Expresar el delito que se le impute; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución. Dictarse, únicamente, por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación. De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes para poder establecer la comisión de un hecho determinado por la ley como hecho delictuoso y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es ilustrativa, la jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 1940, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos". Como se aprecia de lo anterior, la trascendencia que tiene el auto de plazo constitucional en el sistema penal nuevo es palmaria, porque somete al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (judicializa la investigación) o bien, porque lo libera de esa sujeción, si en ese momento no existen datos de prueba suficientes para permitir la sujeción al procedimiento, pero sobre todo, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. Ahora bien, cabe señalar que el quejoso comparece al amparo como imputado, quien en términos del artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales es aquel que es señalada por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. De las constancias que obran en autos se aprecia que a las diez horas con veintinueve minutos del treinta de abril de dos mil diecinueve, se vinculó a proceso al quejoso Sergio Sánchez Onofre, por su probable intervención en el delito de secuestro agravado, en términos de lo que dispone el artículo 9, fracción I, inciso b); así como el artículo 10, fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los diversos 7. 8 y 9 del Código Penal Federal, que dicen: *Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro: "Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: (.) b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera; (.) "Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: (.) b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; c) Que se realice con violencia; d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta se encuentra; (.)" *Código Penal Federal: "ARTICULO 7o.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. El delito es: I.- Instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal; II.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en el tiempo, y III.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto legal. ARTICULO 8o.- Las acciones u omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. ARTICULO 9o.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal, o previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, y Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales." Lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, en calidad de coautor material. Asimismo, se advierte que en la audiencia de vinculación a proceso de treinta de abril de dos mil diecinueve, el quejoso, asesorado por su defensor particular, ejerció su derecho a NO declarar; de la misma forma que en esa actuación judicial se determinó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, cuya vigencia será por el tiempo que dure el proceso, sin que exceda de dos años, salvo que la prolongación derive del ejercicio del derecho de defensa, la cual se cumplirá en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1, con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán. De la misma forma, que se fijó como plazo para cierre de investigación cuatro meses, por lo que su conclusión sería el treinta de agosto de dos mil diecinueve. Conforme a lo expuesto, se advierte que fue legal el auto de vinculación a proceso, pues de la audiencia de treinta de abril de dos mil diecinueve, dado que en la misma se determinó que los hechos imputados al aquí quejoso eran por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por los artículos 9, fracción I, inciso b) y 10, fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de M.L.T.D., Ello, conforme al cuadro fáctico que el juez responsable estableció de acuerdo a la mecánica de los hechos y a los datos de prueba allegados por el ministerio público, en los siguientes términos: "Min. 58:58 (.) Que a mediados del mes de abril de dos mil dieciocho, varias personas acordaron y repartieron las actividades para privar de la libertad a una persona, que esa privación de la libertad surgió el día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, aproximadamente a las once horas con cuarenta minutos y que posteriormente, la víctima fue liberada por agentes de la policía de la Fiscalía Antisecuestros y que éstos en esa actividad abatieron a una de las personas que estaban cuidando a la víctima; posteriormente, dejaron a disposición de la autoridad a la víctima y además también detuvieron a una persona relacionada con este hecho. Min. 01:00:05 (.) El fundamento fáctico que la fiscalía tiene hasta ahora considero que se ajusta al contenido del artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en primer término, porque como bien lo ha referido la fiscalía se encuentra justificado que existió la privación de la libertad de una persona el día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho aproximadamente a la once horas con cuarenta minutos, así se deriva en primer término de la tarjeta informativa emitida por Julio Meza Gaona, quien aproximadamente a las 22:25 horas, se le hizo saber la denuncia que había presentado una persona respecto de la privación de la libertad de la víctima; esta denuncia fue corroborada porque precisamente la hija de la víctima de nombre María de Lourdes Arreygue se presentó a realizar la denuncia respectiva, dando los pormenores bajo los cuales se enteró que a su madre, cuando se encontraba dentro de las oficinas del Partido del Trabajo y Morena en el Centro de la Localidad de Álvaro Obregón, habían llegado dos personas armadas quienes habían sometido a las personas que se encontraban en ese momento y se habían llevado a su madre a bordo de su propia camioneta, de la marca Mercedes Benz. Ésta información se corroboró además con lo que manifestaron Marbella Zavala Huéramo, Laura Reyes Álvarez, Pedro Díaz Moreno, María Goreti Medina Padilla, Rogelio Manuel Salvador Alejo y Rogelio Salvador Melchor, quienes de la misma manera dieron noticia de las circunstancias espacio temporales en que en aquella época, esto es, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho aproximadamente a las once horas con cuarenta minutos, dos personas portando arma de fuego entraron al lugar donde éstas se encontraban, que una vez en ese sitio, sometieron a todas las personas, las inmovilizaron con cinchos de plástico, con excepción de Marbella Zavala Huéramo y que enseguida pidieron las llaves de su automóvil a la víctima y posteriormente la sacaron de ese lugar y se la llevaron de ese sitio. Esto como bien lo refirió la fiscalía permite establecer precisamente que existió una privación de la libertad de la víctima; además toda esta información sirvió de sustento al Ministerio Publico para poder llevar a cabo la realización de un retrato hablado respecto de una persona que en aquel momento tenían conocimiento que había acudido hasta las oficinas en donde fue privada de la libertad la víctima y que suponían podía estar relacionada con este hecho; igualmente, también esta información sirvió de sustento para poder llevar a cabo una inspección en ese lugar y para que se realizaran las primeras investigaciones, derivado de lo cual se pudo determinar que efectivamente en la colonia donde posteriormente fue localizada la víctima, en primer término fue encontrada su unidad vehicular y posteriormente, se pudo determinar que en un domicilio ubicado en la calle Convento de Tlaxcala número 323, de la Colonia Misión del Valle, podría estar ubicada la víctima; que al haber realizado los actos correspondientes de intervención en dicho domicilio se introdujeron al mismo elementos policiacos y lograron liberar a la víctima, así como abatir a una de las personas que en ese lugar se encontraban; ello derivado precisamente de la detención de María del Socorro Magaña, quien igualmente refirió haber intervenido en esos actos, que incluso su papel era precisamente vigilar los movimientos de la víctima y que derivado de ello, tres personas la privaron de la libertad y la condujeron hasta ese domicilio ya referido ubicado en la calle Convento de Tlaxcala número 323, de la Colonia Misión del Valle. Min. 01:04:32 (.) Toda esta información es suficiente para poder verificar que en efecto se verificó una privación de la libertad en contra de una persona. Min. 01:04:43 (.) En cuanto al propósito como lo establece el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y cuyo objeto la defensa considera que no se encuentra actualizada hasta este momento y que por esa razón no podría justificarse el hecho que la ley señala como delito de secuestro en agravio de la víctima ya indicada; en primer término referir que como ya lo he señalado, hasta este momento no se requiere un análisis de tipo analítico de todos los elementos, tanto del tipo penal como del delito en sí, en cuanto una acción típica antijurídica y culpable, sino únicamente se trata de establecer si existe un hecho y si hecho pudiera tener apariencia de delito; en segundo lugar, porque de acuerdo con lo que establece la dogmática y que además, en ese mismo sentido se han pronunciado tanto los tribunales colegiados como la Suprema Corte de Justicia de la Nación e incluso, en esos mismos términos se puede interpretar del criterio invocado por la defensa con registro 175436 en que el secuestro es un delito de resultado anticipado o cortado en el cual no se requiere que exista una materialización, esa circunstancia que la defensa sostiene como un elemento subjetivo, lo que la norma y lo que las jurisprudencias y las tesis que al respecto existen, exigen es que esté relacionado, es decir, que cuando se prive de la libertad a una persona se tenga una finalidad en específica; esa finalidad en específica no requiere ser materializada para que se actualice el hecho que la ley señala como delito de secuestro, sino que únicamente basta con que el mismo se tenga, es decir, con que esa finalidad se exteriorice al momento de llevar a cabo la privación de la libertad. Min. 01:06:46 (.) En este caso, esa finalidad emerge precisamente de la información que proporciona la fiscalía, porque ese propósito de solicitar un rescate no solamente fue señalado por la víctima sino que además, permite emerger probatoriamente del resto de la información que proporciona el Ministerio Público, en específico de lo señalado por María del Socorro Magaña Ramírez, así como de lo señalado por Juan Carlos Arreygue, esposo de la víctima, quienes hicieron patente cuál era la finalidad de la privación de la libertad, que en este caso lo era precisamente obtener un beneficio o un rescate con motivo de la privación de la libertad, por esa razón, el argumento de la defensa en el sentido de que esa finalidad no se encuentra hasta ahora justificada, se advierte improcedente porque la finalidad o propósito, repito, con la cual se privó de la libertad a la víctima emerge probatoriamente de toda la información que ha sido proporcionada por parte del Ministerio Público. Min. 01:07:54 (.) En cuanto a las agravantes contenidas en el artículo 10, fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, de la misma manera considero que esto se encuentra justificado, porque en efecto de acuerdo a lo que informó no sólo la víctima sino también las personas que en ese momento se encontraban con ella y sus familiares se pudo advertir que la privación de la libertad se llevó a cabo por al menos dos personas que materialmente actuaron en ese momento y otras personas más que se vieron involucradas tanto en la planeación como en la ejecución de ese hecho delictivo, porque si bien unas de las personas, María del Socorro Magaña Ramírez intervino en momentos previos y posteriores a la privación de la libertad, es la actividad que ésta llevó a cabo la advierto relacionada precisamente con la actividad de quienes llevaron materialmente la privación de la libertad, pues fue precisamente la información que ésta les proporcionó la cual les sirvió de base para acudir hasta las oficinas del Partido del Trabajo y Morena en el Centro de la localidad de Álvaro Obregón, donde sometieron a las personas que en ese lugar se encontraban sacaron o extrajeron de ese sitio a la víctima, y la condujeron hasta otro sitio diverso ubicado precisamente en la casa marcada el número 323 de la calle Convento de Tlaxcala de la Colonia Misión del Valle, y esta actividad la cumplieron precisamente por el acuerdo previo que habían realizado con otra persona con la finalidad precisamente de privar de la libertad a la víctima. Min. 01:09:44 (.) También advierto que la realización de ese acto de privación de la libertad se verificó con violencia pues precisamente para ello, no solo hicieron uso de armas de fuego con las cuales amagaron en ese momento a quienes se encontraban con la víctima sino que además los señores Laura Reyes Álvarez, Pedro Díaz Moreno, María Goreti Medina Padilla, Rogelio Manuel Salvador Alejo y Rogelio Salvador Melchor, los inmovilizaron con los cinchos e incluso, con el arma de fuego amenazaron a Marbella Zavala Hueramo, quien en ese momento entraba al inmueble para someterlos y posteriormente extraer de ese lugar a la víctima y conducirla hasta el otro sitio que ya he mencionado. Min. 01:10:30 (.) En cuanto al inciso d,) que implica que para privar a una persona de su libertad, se allane el inmueble en que éste se encuentre, igualmente lo advierto justificado, porque precisamente para poder privar de la libertad a la víctima tuvieron que esperar que ésta se encontrara en el sitio hasta donde acudía diariamente con motivo de la actividad política que estaba realizando como candidata a un cargo de elección popular y que cuando ésta se encontraba en ese lugar, las personas llegaron, entraron a ese sitio, la extrajeron de ese lugar y se la llevaron a bordo de su propio automotor; todo esto implica, entonces que fue necesario allanar el sitio o el inmueble donde ésta se encontraba para poder verificar ese acto. Min. 01:11:19 (.) En conclusión de ello, considero que se encuentra justificado el hecho que la ley señala como delito de secuestro, en términos de lo que dispone el artículo 9, fracción I, inciso b); así como el artículo 10, fracción I, incisos b), c) y e), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en relación con los diversos 8, 9 y 7, del Código Penal Federal. Min. 01:11:19 (.) Por otro lado, en cuanto a la intervención del señor Sergio Sánchez Onofre, en términos de lo que dispone el artículo 13, fracción III, del Código Penal Federal, la fiscalía ha precisado que considera que esa intervención se verificó en calidad de coautor material, porque entre ésta persona y el resto de los involucrados, incluida María del Socorro Magaña Ramírez, planearon y realizaron un reparto de actividades, para poder ejecutar este hecho delictivo, que incluso se especificó que parte de esta actividad, como los es la vigilancia de las actividades de la víctima, la realizaría María del Socorro Magaña Ramírez y con posterioridad realizaría actos relativos también al cuidado en el lugar en el que se encontraba la víctima y que otras dos personas entre ellos quien fue abatido en el lugar del cautiverio realizarían la privación de la libertad, esta actividad la fiscalía consideró se encuentra ajustada a lo que establece la fracción III, del artículo 13, del Código Penal Federal, esto es, en calidad de coautor material, para ese efecto, la fiscalía parte esencialmente de la atribución que María del Socorro Magaña Ramírez realiza a Sergio Sánchez Onofre, a quien refiere lo conoce de otros momentos, que además junto con él y otras personas se reunían en una carnicería que éste tenía en la calle Teniente Alemán, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, a mediados de abril de 2018, y que en ese lugar determinaron privar de la libertad a la víctima de iniciales M.L.T.D., y que esa actividad la llevaron a cabo dos personas, quienes fueron o se ubicaron, precisamente, en el sitio donde se encontraba la víctima, la extrajeron del mismo y posteriormente la condujeron hasta el domicilio ubicado en el número número 323 de la calle Convento de Tlaxcala, de la Colonia Misión del Valle; que a esta persona con la cual determinó privar de la libertad a la víctima, la conoce como Sergio o checo, que éste tiene una carnicería en la calle Teniente Alemán, la cual atiende su esposa, y que además para esa actividad les proporcionó un vehículo de color rojo, de modelo atrasado, con la facia trasera en color negro, tipo Passat, de la marca Volkswagen. Min. 01:14:33 (.) Esta atribución que María del Socorro Magaña Ramírez, realiza en contra del imputado de nombre Sergio Sánchez Onofre, como bien lo ha referido la fiscalía no constituye un indicio con persistencia incriminatoria aislado, por el contrario, igual como lo ha referido la fiscalía, lo advierto justificado hasta este momento con el resto de la información que existe y que ha proporcionado el Ministerio Público, no solamente porque los sitios donde la fiscalía afirma se planeó el hecho delictivo y aquel en que se ejecutó y donde posteriormente fue localizada la víctima, existen, sino porque además existe información que permite identificar en primer término que la persona que se le conoce como Sergio o Checo, corresponde precisamente al señor Sergio Sánchez Onofre, y que los lugares donde se llevó a cabo la planeación del hecho delictivo y aquel donde se localizó con posterioridad a la víctima, están relacionados con el mismo. Min. 01:15:42 (.) Ello es así, porque para ese efecto existe precisamente el oficio que fue remitido por el Director de Catastro, el trece de junio de dos mil dieciocho, en el cual indicó que el inmueble que se localiza en el número 323 de la calle Convento de Tlaxcala, de la Colonia Misión del Valle, se encuentra registrado a nombre de Sergio Sánchez Onofre; igualmente también el oficio remitido por la Dirección de Antecedentes Vehiculares en la cual se estableció la existencia de una licencia de manejo, donde precisamente el domicilio del señor Sergio Sánchez Onofre se identifica como el localizado en el número 323, de la Colonia Misión del Valle, de la calle Convento de Tlaxcala, y precisamente en ese documento, en ese medio de identificación denominado licencia de manejo, se advierte la referencia a Verónica Alejandra Vélez Guzmán como su esposa; también el oficio remitido por José Luis Frutis Solís, quien remitió este documento, la licencia de manejo y en la cual se reitera no solamente el nombre de la esposa de la persona a cuyo nombre se identifica en ese documento Sergio Sánchez Onofre, sino también el domicilio ubicado en la calle Convento de Tlaxcala número 323, de la colonia Misión del Valle; igualmente, también el oficio girado por el departamento de anotaciones y trámites procesales del Registro Público, en el cual se estableció que existe una escritura respecto de la casa ubicada en la calle Convento de Tlaxcala número 323, lote 25, manzana 9, de la colonia Misión del Valle, primera etapa, y que ésta se encuentra precisamente a nombre de Sergio Sánchez Onofre, al igual que lo informado por Ignacio Ortiz López, quien refirió que la carnicería ubicada en la calle Teniente Alemán corresponde al padre de la señora Verónica Alejandra Vélez Guzmán, que cuando éste murió, fue ésta quien se dedicó a atender dicha carnicería y que en ese lugar incluso percibió la presencia del esposo de la persona Verónica Alejandra Vélez Guzmán, a quien identifica como el señor Sergio Sánchez Onofre y que éste se encontraba incluso en una de esas ocasiones a bordo de un vehículo Mercedes Benz de color negro. Min. 01:18:12 (.) Igualmente también se pudo corroborar la existencia de un local comercial ubicado en el centro de la localidad de Álvaro Obregón, donde se ubicaba una farmacia denominada "San Charbel", que este local por información que recabó Guillermo Limón de los Santos a María Guadalupe Torres Serrato, había sido arrendado a Verónica Alejandra Vélez Guzmán y que ésta junto con su marido, a quien sabe se llama Sergio habían puesto una farmacia en ese lugar a la que se le denominaba "San Charbel", este local y aquel que corresponde al domicilio que fue proporcionado por el imputado, también fueron inspeccionados tanto por elementos policiacos como por expertos oficiales, quienes determinaron la existencia, características y conformación de los mismos. Min. 01:19:00 (.) Todo esto tiene eventual trascendencia porque precisamente en ese sitio Convento de Tlaxcala número 323 de la colonia Misión del Valle, es donde indica María del Socorro Magaña Ramírez se había previamente determinado y acordado llevar a la víctima una vez que fuera privada de la libertad y este lugar corresponde precisamente a una persona que se llama Sergio Sánchez Onofre, a quien identifican en esos términos, con el pseudónimo de "checo" y de las afirmaciones que exteriorizó el esposo de la víctima, así como también su abogado Ignacio Mendoza, se pudo establecer que en primer término que el señor Juan Carlos Arreygue, proporcionó esta información a su hija María de Lourdes Arreygue, en el sentido de que una persona al que el identifica como "checo" y que sabe se llama Sergio Sánchez, tenía una farmacia que se denominaba "San Charbel" que esta se ubicaba en el centro de la localidad de Álvaro Obregón, y que esta persona le había mandado un audio reclamándole propiedades y otros valores derivado de otras actividades que el desconocía y que además, sabe que esta persona es la misma a quien se le había clausurado una farmacia por irregularidades precisamente en la localidad de Álvaro Obregón, esta información no solamente fue corroborada con la entrevista de Ignacio Mendoza Jiménez y de Juan Carlos Arreygue sino también en esos mismos términos lo refirió María de Lourdes Arreygue, quien no solamente denunció los eventos sino además informó a la fiscalía respecto de lo que su padre le había señalado en una de las audiencias a las que acudía, derivado de otro proceso en el cual estaba siendo procesado o enjuiciado y esta información fue precisamente la que sirvió de base para investigar no solamente la ubicación o la propiedad del inmueble ubicado en la calle Convento de Tlaxcala número 323 de la colonia Misión del Valle, sino la correlación que tiene ésta con el señor Sergio Sánchez Onofre con su esposa Verónica Alejandra Vélez Guzmán y la carnicería ubicada en la calle Teniente Alemán de la colonia Chapultepec, en esta ciudad de Morelia, Michoacán, y estos lugares son aquellos precisamente a los que se refiere María del Socorro Magaña Ramírez. Así, de acuerdo al cuadro fáctico que se desprende de la narración antes inserta, quien resuelve estima correcta la vinculación a proceso del quejoso Sergio Sánchez Onofre, por su probable intervención en el delito de secuestro, en términos de lo que dispone el artículo 9, fracción I, inciso b); así como el artículo 10, fracción I, incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, sencillamente, porque como lo refirió el juez responsable, en el caso se actualiza la hipótesis normativa que señala que ese delito se ejecuta al detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje de realizar un acto cualquiera. Asimismo, se considera legal la subsunción de la conducta delictiva que se atribuye al accionante del amparo, en la de secuestro, porque el caudal probatorio revela que la finalidad de la privación de la libertad de la víctima, ejecutada al parecer por el quejoso en participación con otras personas, fue con el propósito de solicitar un rescate. De la misma forma, son correctas para el suscrito las agravantes que estimó actualizadas, previstas en los incisos b), c) y d), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en la medida que, existen indicios que evidencian que el hecho delictivo, se realizó por un grupo de dos o más personas, con ejecución violenta y además, se allanó el domicilio de la víctima. Ello es así, porque está acreditado que el grupo de por lo menos de dos personas ejecutó materialmente la privación de la libertad de la víctima, se trasladó hasta las oficinas del Partido del Trabajo y Morena en el Centro de la localidad de Álvaro Obregón, donde ingresaron con armas de fuego y sometieron a las personas que trabajaban en esa oficina, esto es, a Laura Reyes Álvarez, Pedro Díaz Moreno, María Goreti Medina Padilla, Rogelio Manuel Salvador Alejo y Rogelio Salvador Melchor, a quienes lo inmovilizaron con los cinchos e incluso, con el arma de fuego amenazaron a Marbella Zavala Hueramo. Por tanto, debe concluirse que los requisitos y las consecuencias jurídicas para el dictado de un auto de vinculación a proceso se encuentran legal y debidamente satisfechos en términos de los artículos 316, 317 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto, porque como se precisó en párrafos precedentes, para el dictado del auto de vinculación a proceso, es suficiente que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que la imputada lo cometió o participó en su comisión, sin establecer con un grado de certeza la existencia de ese hecho y la participación del imputado, ya que dichos datos se obtendrán, en su caso, al concluir la investigación complementaria -se otorgaron cuatro meses en la audiencia inicial- e influirá para que el fiscal dentro de la etapa intermedia o de preparación a juicio formule o no su acusación. Por tanto, fue legal la determinación del juez responsable en el sentido de dictar auto de vinculación, aunado a que dio contestación a los argumentos y objeciones hechas valer por la defensa y fundó y motivó su determinación. Más porque -como se estableció en párrafos anteriores- el auto de vinculación a proceso no implica de manera alguna que se encuentre acreditada su responsabilidad en los hechos que se le imputaron, sino sólo tiene como consecuencia hacer del conocimiento del imputado los motivos por los que se sigue la investigación en su contra aunado a que todavía tiene cuatro meses para presentar pruebas que desvirtúen los hechos que se le atribuyeron. Y como también se estableció en los párrafos que preceden, de acuerdo con la reforma, en el auto de vinculación a proceso, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; extremos que quedan acreditados en la especie, al tenor de los datos de prueba referidos anteriormente. Rebasado el aspecto anterior, en este apartado corresponde que el suscrito juzgador establezca las razones por las que calificó de infundados en una parte e inatendibles en otra, los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso. Así, se dice que no asiste razón al accionante del amparo, cuando aduce que la resolución reclamada es ilegal porque se le vinculó a proceso por el delito de secuestro agravado, a pesar que todos los datos de prueba y argumentos de las fiscalía revelan que se trata del diverso de privación de la libertad, ya que en ningún momento del actuar que se refuta antijurídico, se pidió o entregó un rescate. Ello, porque como lo señaló el juez responsable en la audiencia de vinculación a proceso (Min. 01:06:46 ) la finalidad de la privación de la libertad de la víctima del delito, queda probada, al menos indiciariamente, con lo señalado por la coparticipe María del Socorro Magaña Ramírez, así como de lo señalado por Juan Carlos Arreygue, esposo de la víctima, quienes hicieron patente que la finalidad de la privación de la libertad era obtener un beneficio o un rescate con motivo de la privación de la libertad; de suerte que, con independencia que como lo aduce el quejoso, en ningún momento se pidió o entregó un rescate (lo cual no está acreditado hasta este momento procesal), basta que el o los activos lleven al cabo la acción de privación de la libertad con esa finalidad, para que se surta el tipo, aun cuando éstos no hayan cobrado o recibido el numerario solicitado, pues dicha circunstancia es irrelevante, ya que para la configuración plena del delito basta que esté demostrada la intención de obtener un beneficio económico a costa de la detención ilegal. Se cita como sustento a lo anterior, la tesis aislada VI.1o.P.187 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Abril de 2002, Materia Penal, Página 1309, Novena Época, Registro 187151, que dice: "PLAGIO O SECUESTRO, DELITO DE. PARA SU CONFIGURACIÓN NO ES NECESARIO ACREDITAR QUE SE OBTUVO UN RESCATE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El delito de secuestro previsto en la fracción I del artículo 302 del Código de Defensa Social del Estado, no exige para su configuración que el sujeto activo obtenga el rescate por el plagiado, al tratarse de un tipo de resultado cortado o anticipado, en el que se colman las exigencias del cuerpo del delito, sin que verdaderamente se obtenga la finalidad propuesta, en razón de que el legislador estableció la consumación de este delito con la sola privación de la libertad de una persona en forma ilícita y la punibilidad que le corresponda a cada conducta dependerá de la o las diversas acciones que realicen los activos después de tener privado de la libertad al pasivo, incluyendo, desde luego, la idea criminal; así tenemos que la disposición penal, en lo que interesa, señala: "... cuando la detención arbitraria tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguientes: I. Cuando se trate de obtener rescate ..."; por lo que para actualizarse este supuesto es suficiente que se demuestre que el fin ideado por el sujeto activo haya sido el de obtener un rescate y que haya procurado alcanzarlo, siendo irrelevante que lo hubiera obtenido." Por otra parte, es inatendible el concepto de violación en el que el accionante de tutela constitucional señala que al decretarse la prisión preventiva oficiosa en su contra, se viola la presunción de inocencia establecida a su favor, dado que se le priva de su libertad personal a pesar que no existe sentencia que determine su culpabilidad en la comisión de los hechos atípicos que se le atribuyen. Lo anterior, ya que en relación con ese aspecto (si la prisión preventiva viola la presunción de inocencia), existen criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que la prisión preventiva no es conculcatoria del principio de presunción de inocencia mientras no se ejecute con exceso al plazo razonable que se ha establecido de dos años, de ahí que, al existir tales criterios resulta innecesario su análisis. Dichos criterios son la tesis aislada 1a. CXXXV/2012 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, Penal, Página 493, Décima Época, Registro, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Conforme al artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, no pueden suprimirse el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la propia convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella. Ahora bien, la privación de la libertad de una persona en forma preventiva con arreglo a la ley y al procedimiento fijado para ello no constituye una transgresión al principio de presunción de inocencia, toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, permite que se restrinja la libertad de una persona como medida cautelar, mediante un auto de formal prisión dictado por un delito que merezca pena de prisión; lo que es acorde con el artículo 7.2 de la referida Convención que dispone que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, máxime que el detenido preventivamente no purga una pena anticipada." Y el diverso de tesis aislada 1a. XXXIX/2017 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Penal, Página 448, Décima Época, registro 2014013, que dice: "PRISIÓN PREVENTIVA. DIFERENCIAS ENTRE SU JUSTIFICACIÓN INICIAL Y LA AUTORIZACIÓN DE SEGUIR EL PROCESO EN LIBERTAD POR LA IRRAZONABILIDAD DEL TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL JUICIO SIN QUE SE HUBIERE DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA. Los artículos 16, 18, 19 y 20, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el texto vigente antes de su modificación el 18 de junio de 2008, prevén que una vez que una persona es puesta a disposición ante la autoridad judicial como consecuencia de una orden de aprehensión, el juez deberá dictar auto de plazo constitucional en el que decrete la libertad del inculpado, la sujeción a proceso o bien, la formal prisión. Ante tal situación, se establece que un inculpado "será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa". En ese contexto, ante la interrelación material de las normas constitucionales y convencionales, los citados preceptos deben analizarse armónicamente con los artículos 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XXV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De la interpretación sistemática de estas normas, se desprende que si bien el ordenamiento constitucional autoriza la prisión preventiva en ciertos supuestos, también mandata que el proceso penal en contra de una persona a la que se sometió a esta medida cautelar se lleve a cabo en un plazo razonable pues, si ello no se cumple, en realidad se estaría imponiendo una pena anticipada en franca vulneración al principio de presunción de inocencia. Así, aunque son conceptos interrelacionados, no debe confundirse la prisión preventiva y su justificación, con el alcance del derecho a la libertad personal consistente en que se autorice a una persona a seguir el proceso en libertad por la irrazonabilidad del tiempo transcurrido en su juicio sin dictársele sentencia definitiva, que equivaldría a la justificación de su prolongación. Mientras que en la justificación inicial de la prisión preventiva, el juez no tiene mayores elementos que los aportados por el Ministerio Público; en la justificación de la prolongación de la prisión preventiva por la actualización de un plazo razonable en el juicio, el juzgador cuenta con otros elementos que le permiten valorar si es necesario o no continuar con dicha medida cautelar." En consecuencia, ante lo infundado e inatendible de los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que proceda suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva respecto de los actos atribuidos al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1, con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán, pues éstos no fueron reclamados por vicios propios. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expuestas en el considerando Cuarto, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Sánchez Onofre, contra el auto de vinculación a proceso dictado en su contra dentro de la causa 347/2018, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro en agravio de M.L.T.D., que reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Morelia, así como de la ejecución del mismo que atribuyó al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto No.1, con residencia en Zurumbeneo, Municipio de Charo, Michoacán. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de julio de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, téngase a la tercera interesada María de Lourdes Torres Díaz, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad el que indica y designando como su autorizados para tal efecto a las personas que precisa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Se comisiona al actuario tome nota de lo anterior, para realizar las notificaciones subsecuentes. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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