Sergio Vega Villagomez

Expediente 555/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
555/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Sergio Vega Villagomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el escrito signado por Jesús Aguilar Albor, en cuanto autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable cumpla con los efectos del amparo concedido, toda vez que ha transcurrido el término que disponían las partes para inconformarse contra la sentencia dictada dentro del juicio en que se actúa. Ahora bien, en atención a lo anterior y vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia, por la que por una parte se sobreseyó y por otra parte se concedió la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, sin que lo hayan realizado, toda vez que a la fecha no se ha recibido recurso alguno. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Agente del Ministerio Público Federal, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "9" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencia de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para que realice lo siguiente: "Entregue a la parte quejosa las copias solicitadas, esto es, la totalidad de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIFFMICH/0001012/2021." Con el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida de actualización de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado competente o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación del puesto del titular de la autoridad responsable y su consignación ante la autoridad judicial. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés se emitió la sentencia correspondiente al juicio de amparo en que se actúa, en la que se concedió la protección constitucional solicitada por el quejoso Sergio Vega Villagómez, para los efectos de que la autoridad responsable realice lo siguiente: "Entregue a la parte quejosa las copias solicitadas, esto es, la totalidad de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación FED/FECOC/UEIFFMICH/0001012/2021." Pese a lo anterior, del último párrafo que corresponde a la foja 12 de dicha decisión judicial, se aprecia que se invocó como parámetro legal la fracción IV, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando lo correcto es que en dicho párrafo estableciera la fracción VI de dicha porción normativa. Por tanto, con fundamento en los artículos 223 y 225 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se hace la aclaración de la misma para los efectos legales conducentes, en el sentido que dicho párrafo, el cual actualmente dice: "(.) Del numeral transcrito deriva, en su fracción IV, la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.(.)" Deberá en lo subsecuente regir como se anota: "(.) Del numeral transcrito deriva, en su fracción VI, la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.(.)" Al respecto resulta aplicable por analogía la jurisprudencia P./J. 2/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia común, de rubro y texto siguientes: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO PROCEDA DE OFICIO, NO IMPIDE QUE PUEDAN PROPONERLA LAS PARTES. Conforme al párrafo último del artículo 74 de la Ley de Amparo, la aclaración de sentencias sólo procede de oficio y respecto de ejecutorias, ya que no constituye un recurso o medio de defensa a través del cual se pueda modificar, revocar o anular la decisión correspondiente, sino que es un mecanismo para aclarar conceptos ambiguos, oscuros o contradictorios, subsanar alguna omisión, o corregir el error o defecto material de la ejecutoria, para hacerla coincidente como acto jurídico y como documento. Sin embargo, esa circunstancia no impide que las partes puedan proponerla, pues si bien es cierto que no están legitimadas para ello, también lo es que el órgano jurisdiccional emisor puede hacer suya la petición respectiva cuando lo estime procedente; esto es, la posibilidad de que las partes propongan una aclaración de sentencia permite al órgano jurisdiccional conocer los posibles errores o imprecisiones materiales cometidos en aquélla para, en su caso, aclararla oficiosamente, a fin de lograr su debida ejecución y garantizar el derecho fundamental a una impartición de justicia completa, sin que ello implique que necesariamente deba pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la aclaración, pues el Presidente del órgano jurisdiccional válidamente puede desechar la solicitud por falta de legitimación del promovente si, una vez que el secretario de acuerdos dio cuenta con ella ante el órgano, ninguno de sus integrantes estima pertinente hacerla suya." Notifíquese personalmente a las partes y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 555/2022, promovido por ********************, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veinte de mayo de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Agente del Ministerio Público Federal, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "9" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencia de la Fiscalía General de la República y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14, 16, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró con el número 555/2022 y en proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós (foja 75) se tuvo a ********************, en su carácter de Agente del Ministerio Público Federal, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "9" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencia de la Fiscalía General de la República, interponiendo recurso en contra del auto de veintiséis de septiembre del año pasado, en el que se le requirió que remitiera copia certificada, íntegra y perfectamente legible de la carpeta de investigación ******************** . Recurso que mediante ejecutoria pronunciada el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés dentro de la queja ********************, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, se declaró fundada, bajo el argumento esencial que, la naturaleza del acto reclamado no requería que se remitieran la totalidad de las constancias que integran la carpeta de investigación, ya que la pretensión primaria de la promoción del juicio de amparo en que se actúa, es precisamente tener acceso a las constancias que integran esa indagatoria y que de ser remitidas, entonces este juicio constitucional se dejaría sin materia. Por lo anterior, dicha ejecutoria se tuvo por recibida en este juzgado el quince de junio del año en curso (foja 171) y en auto de diecinueve de junio siguiente, se ordenó reanudar el procedimiento y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, el seis de septiembre del año que transcurre, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional, con el resultado consignado en el acta que antecede, se dejaron los autos a la vista del suscrito para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes: C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y sus modificaciones, dado que los actos reclamados se fueron emitidos por una autoridad que reside en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se entrará al estudio de la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, el acto reclamado y las autoridades responsables precisados en el escrito de demanda son: Autoridades responsables: 1. Agente del Ministerio Público Federal, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "9" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencia de la Fiscalía General de la República; y 2. Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: *La negativa a entregar copias de la carpeta de investigación ******************** que se sigue en contra del quejoso, por el delito fiscal previsto en el artículo 113, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados). Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por así manifestarlo al rendir su informe justificado (foja 20). No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable de referencia, aun cuando se le dio la vista respectiva con el informe justificado rendido por ésta, a pesar que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por consiguiente, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. El Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Séptima Investigadora adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencia, con sede en la Ciudad de México, aceptó implícitamente la existencia del acto reclamado, en la medida que señaló que esa autoridad ministerial no se ha negado a entregar copias de la carpeta de investigación ******************** al quejoso; primeramente, porque éste no ha comparecido a solicitarlas, ya que jamás ha acudido ni por escrito ni personalmente ante esa representación social. Adicionalmente señaló, que esas copias ya fueron entregadas a la defensora de oficio que le fue designada en la causa penal ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, formada con motivo de la judicialización de la carpeta de investigación ******************** en la cual ya se le han realizado diversas citas al quejoso para su comparecencia a la audiencia inicial; asimismo, indicó que esa representación ha tratado de localizar al quejoso a efecto de que se apersone en esa indagatoria y se imponga de los registros de investigación que la integran. De esta forma, pese a que dicha autoridad manifieste que el acto que se le atribuye es inexistente, porque no tiene antecedente de escrito a través del cual el peticionario de amparo haya solicitado copias de la aludida carpeta de investigación; lo cierto es que dicha manifestación sólo es congruente con lo manifestado por el propio quejoso en su escrito inicial de demanda, en el sentido que, acudió a la Fiscalía General de la República, para obtener copia de esas actuaciones ministeriales y le dijeron que no podía ingresar a la Agencia Séptima, ya que esa carpeta estaba en la Delegación de Morelia, porque sería ante el Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en donde se verificaría la litigación; y que cuando acudió a la Fiscalía General de la República en Morelia, fue informado que dichas constancias no estaban a su disposición, porque tenían secrecía y debería esperar a una fecha para audiencia inicial, sin que le quisieran recibir su escrito de solicitud de copias. Por ello, quien esto resuelve considera que, de decretar el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, invocado por el fiscal responsable actualizaría la falacia denominada "petición de principio", que se configura cuando se toma como principio de demostración la conclusión que en todo caso es el objeto o materia de estudio en el asunto; esto porque desde que presentó su demanda, el propio quejoso reconoció que la autoridad responsable no le recibió su escrito de solicitud de copias. Entonces, se decretaría el sobreseimiento por inexistencia sin analizar la cuestión de fondo efectivamente planteada, que es precisamente la relativa a si el accionante del amparo cuenta con el derecho constitucional de obtener esas copias como parte de su derecho a la defensa adecuada. Por lo anterior, procede el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, conforme a la jurisprudencia P./J. 135/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Enero de 2002, Página: 5, Novena Época, registro 187973, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse. Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por Contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." En suplencia de la queja deficiente, de conformidad con el artículo 79, fracción VI de la ley de Amparo, este juzgador advierte que la negativa de la autoridad responsable, infringe en perjuicio del peticionario del amparo, sus derechos fundamentales contenidos en el artículo 20, fracción, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para determinar lo anterior, resulta conveniente traer a glosa el contenido del artículo 20, fracción, apartado B, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (...) B. De los derechos de toda persona imputada: (...) VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante Juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; (...) VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera." Del numeral transcrito deriva, en su fracción IV, la obligación irrestricta de facilitar al imputado o a su defensor, todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. Asimismo, en su fracción VIII, prevé y regula el derecho del imputado de contar con una defensa adecuada, lo cual implica que se le faciliten los datos que consten en el proceso y requiera para su defensa. A su vez el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala lo siguiente: "Artículo 113. Derechos del imputado El imputado tendrá los siguientes derechos: [.] VIII. A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código." "Artículo 218. Reserva de los actos de investigación Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme." "Artículo 219. Acceso a los registros y la audiencia inicial Una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su Defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En caso que el Ministerio Público se niegue a permitir el acceso a los registros o a la obtención de las copias, podrán acudir ante el Juez de control para que resuelva lo conducente." Del marco constitucional y legal establecido, se advierte la obligación que tiene la autoridad ministerial de dar acceso al imputado y a su defensor a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copias de éstos con la oportunidad debida para preparar su defensa. Sin que impida estimar lo anterior, el hecho de que el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias. Primero, porque de la propia redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación. De tal manera, que no prohíbe que las copias certificadas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado, cuente con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido. En segundo y más importante, porque jurisprudencialmente la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el aludido artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó que el derecho del indiciado y su defensor a obtener copias o reproducciones fotográficas de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación, se configura cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el referido artículo 218, esto es: 1. Cuando se encuentre detenido; 2. Cuando sea citado para comparecer como imputado; y, 3. Cuando sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista en términos del artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 72/2019 (10a.), con registro digital 2020891, Décima Época, , localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 994, que dispone: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido." Precisado lo anterior, debe señalarse que, al margen de que en autos esté o no demostrado en autos que el quejoso compareció a la sede ministerial a solicitar copia de los aludidos registros de investigación, lo cierto es que, en el asunto que nos ocupa se encuentra configurado su derecho constitucional a obtener copias o reproducciones fotográficas de los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Se realiza dicha afirmación, en la medida que el propio agente del ministerio público responsable, reconoció que actualmente ya judicializó la carpeta de investigación ******************** y solicitó la audiencia inicial correspondiente, a la cual le correspondió la causa penal ********************, del índice del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de Michoacán, en la cual ya se le han realizado diversas citas al quejoso para lograr su comparecencia a la audiencia inicial. Por tanto, es claro que si en la especie el accionante del amparo ya fue notificado para comparecer como indiciado dentro de la causa penal ********************, se le debe permitir obtener copias de los registros de investigación, porque de esta manera, se le garantiza una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer datos de prueba en apoyo a sus pretensiones en esa etapa procesal. Sólo haciendo así, las partes tienen una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer datos de pruebas en apoyo a sus pretensiones en esa etapa procesal, conforme al principio de igualdad de armas o igualdad de medios, el cual supone que conforme al principio de contradicción, se equipare la participación en el proceso penal del indiciado con la del órgano investigador, optimizando en lo más posible las garantías para su defensa. Además, debe considerarse que sólo entregando los registros que obran en la carpeta de investigación, se garantiza en favor del imputado, el derecho fundamental a la defensa adecuada, así como el principio de igualdad procesal, lo cual es acorde con lo establecido en el artículo 8, punto 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bajo la óptica jurídica anterior, el acto atribuido a la autoridad responsable, contraviene las disposiciones constitucionales antes citadas, y transgrede el derecho de defensa adecuada que le asiste a la parte quejosa. En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación formulados por la parte inconforme, en suplencia de la queja deficiente, procede conceder el amparo y protección de la justicia de la unión para que la autoridad responsable de cumplimiento a lo siguiente: Entregue a la parte quejosa las copias solicitadas, esto es, la totalidad de las actuaciones que obran en la carpeta de investigación ******************** Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por su propio derecho, contra el acto y la autoridad precisados en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por su propio derecho, en contra del acto reclamado al Agente del Ministerio Público Federal, Titular de la Unidad de Investigación y Litigación "9" de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Competencia de la Fiscalía General de la República, por los motivos expuestos y para los efectos señalados en el considerando sexto del propio fallo. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del seis de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 555/2022. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con la exhibida por el Agente del Ministerio Público de la Federación, en auxilio del Titular de la Agencia Séptima Investigadora, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, con residencia en la Ciudad de México. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formuló el autorizado de la parte quejosa. El juez acuerda: Se tienen por reproducidos los mismos y por precluído el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán Maestro en Amparo José Ramón Rocha González.

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