Sergio Salvador Gutierrez Pacheco

Expediente 233/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 21 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
233/2019
Año
2019
Actuaciones
21
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Sergio Salvador Gutierrez Pacheco
  • María de Lourdes Pacheco Silva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve. Vista el estado que guardan los presentes autos, específicamente la certificación precedente, de lo que se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia, en la que por un lado sobreseyó y el juicio por otro negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se sobreseyó y negó el amparo en el mismo. Asimismo, con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, décimo primero y vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Respecto al incidente de suspensión relativo a este juico, el original es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, segundo párrafo, del mencionado acuerdo, ya que se concedió la suspensión solicitada. Por lo que se refiere al duplicado destrúyase en este juzgado en seis meses de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del referido acuerdo. Transfiérase el presente expediente y el original del incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en línea el uno de marzo de dos mil diecinueve (fojas 3-7), María de Lourdes Pacheco Silva en representación de su hijo Sergio Salvador Gutiérrez Pacheco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, región Uruapan y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito; se registró con el número 233/2019 y se admitió mediante proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; y, se señaló fecha para el verificativo de la audiencia constitucional. En auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve (foja 78) se reconoció el carácter de tercero interesado a E.M.E.; asimismo, se ordenó emplazar a Mario Alejandro Elizondo Sánchez y a Jorge Luis Mejía Molina, agentes del ministerio público que fungieron como fiscales en la audiencia de formulación de imputación. En proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, se asentó que dentro del cuaderno de suspensión, el Fiscal Regional de Zamora, Michoacán informó que la autoridad que el quejoso señaló como Director de Aprehensiones de dicha ciudad no existe; por lo que dada su inexistencia, se ordenó suspender toda comunicación con la misma (foja 169). Seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción y dentro del cual se pretenden ejecutar. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 37/2004, emitida por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 148/2003-PS [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito], publicada en la página 90 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Junio de 2004, Materia Penal, Novena Época, registro 181369, de rubro y texto: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere de ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida". Segundo. Precisión del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Asimismo, la tesis P.VI/2004, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, la cual es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención a los criterios transcritos, los actos reclamados por el quejoso, son: Del Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, la orden de aprehensión emitida el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 25/2018. Del Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno, la incomunicación así como la ejecución de la orden de aprehensión. Del Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, [denominación correcta, toda vez que el quejoso la señaló como "Unidad Especializada de Combate al Secuestro, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán], la ejecución de la orden de aprehensión. Tercero. Inexistencia del acto reclamado consistente en la incomunicación y en la ejecución de la orden de aprehensión. El Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno, al rendir su informe justificado (foja 51) negó la existencia de la incomunicación que le fue atribuida. Asimismo, el Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno y el Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, negaron los actos que se les atribuyeron (fojas 51 y 109), consistentes en la ejecución de la orden de aprehensión. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado, así como su ejecución, son de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por la autoridad responsable, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados atribuidos al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno, al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno y al Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estadose actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan (foja 74), ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó el Juez responsable a su informe justificado, consistentes el registro de audio y video en formato DVD, que contiene la audiencia de orden de aprehensión de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 25/2018 así como el índice cronológico del mismo. Probanza que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Y la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Quinto. Procedencia del juicio de amparo. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, toda vez que las partes no hicieron valer causal de improcedencia alguna ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio de los motivos de inconformidad hechos valer por el quejoso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso -por las razones que se precisarán más adelante- sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, además que el acto reclamado, no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 263 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Décima Época, registro 2014703, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". En ese contexto, este Órgano Constitucional sólo se avocará al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, los cuales son infundados. Asimismo, debe precisarse que en la audiencia que contiene el acto reclamado la representación social, solicitó orden de aprehensión, derivada de la causa penal 25/2018, seguida a Sergio Salvador Gutiérrez Pacheco por el hecho ilícito de delito de secuestro, en agravio de E.M.E. Ahora bien, para evidenciar lo infundado de los motivos de inconformidad, se estima necesario traer a glosa el contenido del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su orden disponen. "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código Nacional de Procedimientos Penales. "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente; Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; c) Que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión; d) La necesidad de cautela; y, e) Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. Así, analizados los antecedentes y datos proporcionados por el Ministerio Público al solicitar la orden de aprehensión materia del presente sumario constitucional y lo resuelto por el juez penal, se llega a la conclusión de que el mandamiento de captura reclamado, reúne los requisitos previstos en el artículo 16 de la Constitución General de la República; a saber: El requisito identificado con el inciso a), relativo a que la orden sea dictada por autoridad competente se cumple en el caso, ya que la orden de aprehensión reclamada fue emitida por una autoridad judicial competente, esto es, el Juez de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Región Uruapan, Michoacán. Se estima lo anterior, porque la autoridad responsable tiene competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada, de conformidad con los artículos 20, 133 fracción I, 134, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el 37, 38, 44 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán; de los que se desprende, en esencia, que los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; que el Juez de control, con competencia para ejercer las atribuciones que ese Código le reconoce desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que son atribuciones del Juez de Control: resolver sobre la aplicación, suspensión, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; presidir las audiencias que legalmente le corresponda y asumir las decisiones atinentes al caso, entre otros. Ello además, tomando en consideración que el hecho delictivo aconteció en Uruapan, Michoacán, lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que el Juez de Control de la Región Uruapan, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. Lo que mencionó el juez responsable en la audiencia de veintidós de febrero de dos mil dieciocho [minuto 7:52:07]. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, toda vez que el dos de febrero de dos mil dieciocho el comandante Héctor Cortes Aguilar adscrito a la unidad especializada en combate al secuestro recibió la noticia criminal por parte de la ciudadana Ivón Torres Vázquez respecto del secuestro de su esposo E.M.E., por lo que teniendo conocimiento de estos hechos la representación social dio inicio a la carpeta de investigación [5:21:24]. Asimismo, porque la carpeta de investigación integrada contra el quejoso Sergio Salvador Gutiérrez Pacheco y otros, fue por el hecho que la ley señala como delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 9°, fracción I, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, en agravio de E.M.E., el cual es sancionado con pena privativa de libertad de cuarenta a ochenta años de prisión. El requisito relativo a que los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión, también se cumplen. En efecto, los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, en relación a los cuales el juez manifestó que le producían convicción para sostener el hecho considerado como delito de secuestro así como la probable comisión por parte del quejoso, son los siguientes: Tarjeta informativa de dos de febrero de dos mil dieciocho [5:34:46] suscrita por el comandante de la unidad especializada en combate al secuestro Héctor Cortés Aguilar en el cual da cuenta de que la representación social de Uruapan hizo de su conocimiento que Ivón Torres Vázquez estaba denunciando el secuestro de su marido E.M.E. y que una vez que se entrevistó con ella le refirió que el uno de febrero de dos mil dieciocho, se percató que su esposo no llegaba a su domicilio por lo que empezó a buscarlo con familiares sin tener resultados, que aproximadamente a las veintidós horas con doce minutos de ese mismo día recibió una llamada a su celular [452 191 21 77] del número 44 34 80 01 95, al contestar una voz del sexo masculino le refirió que tenía a su esposo que le dijera a su cuñada Martha que juntara una buena lana pero que tuviera en cuenta que no iban a ser miles sino millones. Acta de entrevista de Ivón Torres Vázquez [5:36:13] de dos de febrero de dos mil dieciocho, en la refirió que una vez que el agente de Investigación Raúl Hernández Colin le explicó la manera en que podían ser apoyados por parte de la autoridad de la unidad de combate al secuestro, por lo que solicitó la asesoría de un agente de investigación para reducir los montos de las exigencias, que la primer llamada la recibió el primero de febrero de la citada anualidad, que su esposo contaba con tres líneas telefónicas en tres aparatos distintos al momento de su privación, dio la información de esas líneas, los números y los equipos telefónicos que fueron recuperados; que ella tiene como tope para negociar con los activos la cantidad de ochenta mil pesos pero que en ese momento sólo cuenta con cincuenta mil pesos por lo que solicitó una asesoría y que en caso de que rebajaran las exigencias a lo que ella puede conseguir es que autorizaría una intervención directa por parte del personal operativo de la unidad especializada de combate al secuestro. Informe policial de [5:38:04] dos de febrero de dos mil dieciocho suscrito por el agente de investigación Raúl Hernández Colín, en el cual manifestó que el dos de febrero aproximadamente a las diecisiete horas con veinticuatro minutos la esposa de la víctima recibió una nueva llamada por parte de los activos del mismo número del que le habían llamado anteriormente [44 3 4 80 01 95], en la cual el activo le preguntaba que cómo iba, que cuánto dinero llevaba a lo que ella respondió que sólo tenía dieciocho mil cien pesos y el activó se negó el activo a recibirlos porque era muy poco, que la esposa de la víctima solicitó le comunicaran a su esposo pero el activo le respondió que no, hasta que le diera una suma que le gustara a él. De igual modo, que ese mismo día recibió otra llamada siendo las diecinueve horas con treinta y siete minutos, en la que básicamente el activo le preguntaba que cuánto dinero más llevaba por lo que la esposa de la víctima le refirió que hasta ese momento había conseguido veintidós mil trescientos pesos, cantidad que no aceptó el activo y le dijo que se comunicara con un compadre de su esposo de nombre Sergio para que le empeñara una camioneta que es propiedad de la víctima. Datos remitidos por el apoderado legal de Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. [5:40:07] respecto de la línea telefónica 44 34 80 01 95 de la cual se estaban comunicando los activos, del periodo del quince al dos de febrero de dos mil dieciocho. Datos conservados que se mandaron analizar por parte del personal de inteligencia con que cuenta la unidad especializada en combate al secuestro, de los cuales se logró establecer que esa línea telefónica estaba siendo operada por tres aparatos de celular, siendo uno con números imei 863 356 037 962 290, 359 552065151010 y el 014 166 009 410 040. Por lo que una vez que se tuvo esa información se solicitó a la empresa Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. los datos conservados referentes a estos números de imei mismos que fueron remitidos el tres de febrero de dos mil dieciocho. De esos datos conservados se logró establecer que el número de imei con terminación 2290 estaba siendo operado por otras cuatro líneas telefónicas siendo estas las 4432656242, 4433797419, 4434800525 y 452 2183662; que las llamadas realizadas por el activo estaban bajo el servicio de las antenas de radiocomunicación con que cuenta Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. ubicadas en las inmediaciones de los centro de reinserción social "David Franco Rodríguez" y del "Centro de Reinserción Social para delitos de alto impacto número 1" en Charo, Michoacán. También se logró establecer que el número 4433797419 utilizaba uno de los aparatos de telefonía móvil que estaban operando la línea de los activos y tenía una basta comunicación con el 452 108 3642 así como con el 4433450563 que también estaba siendo operado por estos aparatos, mismo que se encontraba registrado a nombre de José Alberto González Calvillo. Informe policial [5:45:14] suscrito por el Agente de Investigación Raúl Hernández Colín, de tres de febrero de dos mil dieciocho en el cual dio cuenta de cuatro llamadas telefónicas que recibió la esposa de la víctima ese mismo día, en las cuales el activo seguía haciendo la exigencia de del rescate, cuestionándole cuánto dinero tenía, por lo que la esposa de víctima pidió una muestra de vida consistente a que le preguntara a su esposo cuál era el nombre su perro, el activo le refirió que se llama spy, que ya había pactado con su esposo que para el día siguiente le tendría que entregar cien mil pesos y que por eso lo iban a liberar que le moviera a juntar ese dinero cortando la comunicación. Actualización de datos conservados de cuatro de febrero de dos mil dieciocho, remitidos por el apoderado legal de Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. [5:46:35] referente a la línea con terminación 0195 de la cual se comunicaban los activos. Ratificación de datos conservados de cuatro de febrero de dos mil dieciocho [5:47:03] realizada por la Juez Quinta de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializada en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones con competencia en toda le república y residencia en la ciudad de México. Informe policial de cuatro de febrero de dos mil dieciocho [5:47:48], suscrito por Raúl Hernández Colín, agente de investigación en el cual da cuenta de tres llamadas que recibió la esposa de la víctima en las que le seguían exigiendo el rescate, los activos redujeron la cantidad a setenta y dos mil cuatrocientos pesos, pago que fue enviado ese mismo día por conducto de un amigo de la víctima Luis Jurado Kierri, a quien por indicaciones de los activos se le entregó el teléfono de la esposa de la víctima para seguir las indicaciones de aquellos, le dijeron que se dirigiera a la tienda Soriana que se ubica por la salida a Pátzcuaro de Uruapan, Michoacán; que el pagador se dirigió hacia ese lugar, en el trayecto se percató que era seguido por un vehículo de la marca Volkswagen, tipo jetta clásico, color arena con vidrios polarizados, luego le ordenaron se condujera a la colonia arroyo colorado y cuando llegó a un caseta de vigilancia de de un fraccionamiento con acceso controlado denominado arroyo colorado le indicaron que en esa caseta dejara el rescate, posterior a ello se retiró dándose cuenta que lo estaban siguiendo dos motocicletas tripuladas por dos sujetos cada una pero no podía dar mayor referencia de ellos ya que usaban cascos; asimismo, informó que E.M.E. siendo aproximadamente las veinte horas con cuarenta minutos de ese mismo día cuatro regresó a su domicilio; que E.M.E. refirió la forma en que lo privaron de la libertad, que fue en la calle Yucatán esquina con la avenida Benito Juárez de la colonia Francisco J. Mújica, esto a las veinte horas con quince minutos o veinte horas con treinta minutos del día primero de febrero de dos mil dieciocho, cerró su negocio y cuando estaba a punto de abordar su vehículo vio que llegó hasta él un vehículo cirrus, stratus o jetta color dorado con vidrios polarizados tripulado por cuatro personas que uno lo amagó con una pistola, por lo que pensó que se trataba de un robo y les entregó el dinero de la venta del día que eran dieciséis mil pesos, que le dijeron que lo iban a llevar por lo que lo obligaron a subir al carro arena, lo trasladaron hasta una casa que él cree está en la colonia zumpimito, cerca de una empresa de LTH, momentos antes de su liberación lo comunicaron vía telefónica con una persona denominada "El patrón" quien le dijo que una vez liberado debía entregar trescientos mil pesos, que no se fuera a deshacer del teléfono de su esposa porque ahí se iban a seguir comunicando con él y de lo contrario le iban a causar un daño a él o a su familia. Informe sobre red técnica de líneas telefónicas [5:52:34], suscrito por el agente de investigación Gustavo Meza Gaona en el cual una vez que corrobora la información remitida por el apoderado legal de Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. afirmó que hubo un tránsito de llamadas entre la línea de la esposa de la víctima y la de los activos, que la ubicación de la antena que le da servicio al teléfono de los activos se encuentra en las inmediaciones de los centros de reinserción social "David Franco Rodríguez" y del "Centro de Reinserción Social para delitos de alto impacto número 1" en Charo, Michoacán, incluso de las coordenadas geográficas que proporcionó Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. obtuvo unas placas fotográficas de la aplicación google maps, informó que los teléfonos de los activos eran operados por los números de los aparatos telefónicos con los número de imei terminación 2290, 1010 y 0040, que estos aparatos han utilizado a las otras líneas telefónicas de terminación 2260, 6242, 6323 se encuentra registrada a nombre de Rafael Gómez Farías, la 7419 a nombre de Carlos Sánchez Sánchez y la 0195 a nombre de Rigoberto Rodríguez López y de Darío Martínez; el número de imei con terminación 0040 ha operado una línea con terminación 0563 registrada a nombre de José Alberto González Calvillo, la línea con terminación 3362 está registrada a nombre de José Omar García Téllez y una línea telefónica con terminación 0195 a nombre de Rigoberto Rodríguez López y de Darío Martínez, que una de estas líneas de terminación 0563 se encuentra vinculada a una red social de Facebook a nombre de José González y la línea con terminación 1640 se encuentra vinculada a una cuenta de Facebook a nombre de Sergio Robles. Que la persona de nombre José Alberto González Calvillo está recluido en el Centro de Reinserción Social para delitos de Alto impacto. "Red técnica" [5:59:12] o telefónica de la cual se advierte que el número telefónico 33 346018 33 está registrado a nombre de Víctor Manuel Ortega Albergano al quien se localizó, es un abogado, se le preguntó por qué su línea telefónica tenía comunicación con los activos, en específico con la de la persona que exigía el rescate por lo que rindió una entrevista ante el agente de investigación Julio Pérez Vivanco. Entrevista de Víctor Manuel Ortega Albergano ante el agente de investigación Julio Pérez Vivanco [6:00:02], en la que manifestó que la línea 33 346018 33 es suya, que si ha tenido comunicación con estas líneas telefónicas, en específico con la línea problema, es porque se comunica con él un cliente de nombre Irineo Rodríguez Moreno quien se encuentra recluido en el centro de alta seguridad siendo uno de los número con el que se comunica el 4434450563, que es su abogado y por el secreto profesional no puede decir más que él lo está representando en el proceso penal 221/2013-2 y exhibe un nombramiento mediante el cual Irineo Rodríguez Moreno lo designa como su defensor, invocando el artículo 362 que se proporciona ese dato en atención a que le resulta relacionado en la línea telefónica involucrada en los hechos y no provee mayor información. Informe policial suscrito por Raúl Hernández Colín [6:02:28], de siete de febrero de dos mil dieciocho, en el que da cuenta de tres llamadas que recibió la víctima directa de la línea 4434 800625, en la que el activo le exigió el pago de los trescientos mil pesos que se habían pactado para su liberación cuando él estaba en cautiverio, que la víctima decía que estaba consiguiendo el dinero pero que no había logrado juntarlo. Datos conservados [6:03:41] respecto de la línea 4434 800625, remitidos el siete de febrero de dos mil dieciocho, de los que se desprende que esta línea telefónica estaba siendo operada por tres números de imei tres aparatos celulares siendo estos el 358 102061 163 540, el 014 16609410040 y el 352 226076670960, uno de estos aparatos de terminación 040 es coincidente con el número con el que estaban realizando las exigencias para el pago de rescate cuando la víctima estaba en cautiverio, esto es, comparten el mismo aparato, estas llamadas de originaron de las antenas de transmisión de Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. que se encuentran en las inmediaciones de los centros de reinserción social "David Franco Rodríguez" y del "Centro de Reinserción Social para delitos de alto impacto número 1" en Charo, Michoacán. Informes de redes técnicas de estos datos conservados [6:05:40] de ocho de febrero de dos mil dieciocho suscrito por el agente de investigación Gustavo Meza Gaona quien manifestó que esta línea telefónica [no dice cual] es operada por estos imeis [no dice cuales] y las llamadas salen de las inmediaciones del centro de reinserción social. Datos conservados de la línea 452 108 36 42 [6:06:25], remitidos por Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. el nueve de febrero de dos mil dieciocho, respecto de dos líneas telefónicas, la 4432285220 y 45210836. Actualización de datos conservados [6:07:07] respecto de los números de imei con terminación 2290 y 0040 de nueve de febrero de dos mil dieciocho, remitidos por Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. del periodo que comprende del tres al ocho de febrero del citado año. Actualización de datos conservados [6:07:44] respecto de los números de imei con terminación 3540, 0040 y 0960 de nueve de febrero de dos mil dieciocho, remitidos por Radio móvil Dipsa S.A. de C.V. del periodo que comprende del uno al ocho de febrero del citado año. Informe policial suscrito por Raúl Hernández Colín [6:08:15], de nueve de febrero de dos mil dieciocho, en el que da cuenta de una llamada que recibió la víctima directa de la línea 4434 800195 de la que le llamaron a su esposa cuando estaba en cautiverio, en la que el activo le exigió el pago de los trescientos mil pesos y les vuelve a decir que no cuenta con esa cantidad, que lo estaba consiguiendo. Ratificación de datos conservados [6:09:10] realizada por el Juez Tercero de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializada en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones con competencia en toda la república y residencia en la ciudad de México, respecto a los números con terminación 06 2536 42 5220 y los números de imei 3540, 0960 y 2290. Autorización de nueve de febrero de dos mil dieciocho sobre intervención de comunicaciónes en tiempo real [06:13:07], respecto de las líneas telefónicas 4434 800195, 4432 656242, 4521 0183642, 4434 800625, 4522183662, obsequiada por la Juez Tercero de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializada en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. Acta de entrevista de diez de febrero de dos mil dieciocho [6:11:28], rendida por Ivón Torres Vázquez esposa de la víctima en la cual aportó un disco compacto con los audios de las llamadas que recibió de los activos cuando su esposo se encontraba en cautiverio así como otros de la nueva negociación que estaba llevando su esposo respecto de los trescientos mil pesos. Informe policial de doce de febrero de dos mil dieciocho [6:12:39], suscrito por Raúl Hernández Colín, en el que da cuenta de una nueva llamada de los activos del número con terminación 0195 en la que seguían con la exigencia de los trescientos mil pesos. Informe policial de trece de febrero de dos mil dieciocho [6:13:160] de una nueva llamada que se originaba del número con terminación 0195 en la que volvió a requerir el dinero. Informes suscritos por Gustavo Meza Gaona [6:14:18], Agente de investigación responsable técnico de las escuchas mediante los cual informa de las llamadas e intervenciones de las comunicaciones ambas de fecha catorce de febrero de las cuales se logra desprender que el activo mantiene una comunicación con un sujeto al que le apodan "la niña" quien le da instrucciones e incluso planean nuevos ilícitos, se advierte que esta persona se encuentra recluida ya que incluso planea fugarse del penal cuando lo trasladen a un hospital pues cuando ingresó se encontraba lesionado de una pierna, lo que podía aprovechar para que un comando lo liberara ya que aunque los custodios van armados estaba seguro que no accionarían las armas al momento de enfrentarse a un comando que los superaría en número. Autorización de entrega de datos conservados de diecisiete de febrero de la presente anualidad [6:16:17], respecto de la línea telefónica 4521083642 siendo ésta una de las líneas intervenidas y la finalidad de la autorización fue para obtener más datos conservados, permitida por la juez Quinto de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializada en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, con competencia en toda la república y residencia en la Ciudad de México Informe de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho [6:17:74] de escuchas, suscrito por Gustavo Meza Gaona, en el que se establece que la persona con la que mantiene comunicación el usuario de la línea intervenida 4521083642 responde al nombre de Sergio Salvador Gutiérrez Pacheco, conocido como "la niña" o "el güero", que su fecha de nacimiento es el veintidós de febrero de mil novecientos noventa y ocho, quien fue detenido el veinticinco de febrero de dos mil diecisiete, se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para delitos de alto impacto por instruirse en su contra la investigación con número de caso único 1004/2017-06481 de la carpeta de investigación U/1002/002018/2017 por el delito de secuestro en agravio de Aida Araceli Manzo Chávez. Informe de las llamadas del número con terminación [6:19:39] 0195 en donde exigen a la víctima los trescientos mil pesos. Datos conservados de la línea con terminación 3642 [6:19:53], autorizados por la juez Quinto de Control adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializada en control de técnicas de investigación, arraigo e intervención de comunicaciones, con competencia en toda la república y residencia en la Ciudad de México. Informes de escuchas de diecisiete, dieciocho de febrero de dos mil dieciocho [6:20:21], rendidos por Gustavo Meza Gaona, en los que establece que dentro de las comunicaciones que tienen los activos identifica que a uno le apodan "el tetis" siendo éste el de la línea intervenida con terminación 3642 el cual responde al nombre de Jorge Luis Pacheco Ortiz, que tiene comunicación con diversos coimputados como es Fernando Navarrete Jaimes a quien se refieren como "el guacho", así como con "la niña" quien resulta ser Sergio Salvador Gutiérrez Pacheco, que aparte de hacer la planeación de diversos ilícitos, éstos son desarrollados y ordenados desde el interior del Centro de Reinserción Social por estas personas así como un sujeto que es pariente de Fernando Navarrete Jaimes que también está recluido de apodo "el piolo" de nombre Leonel así como la persona de apodo "el yanqui" o el "hummer" que responde al nombre de Magdiel Adrián García Amador. Se aprecia que la planeación para cometer diversos ilícitos, y refieren que las personas que se encuentran en el interior del cereso le preguntan a Jorge Luis Pacheco Ortiz qué ha pasado con el dinero que se habían comprometido a dar la víctima, éste le refiere que ya no le habían llamado pero que no quieren entregar el dinero y curiosamente en los días siguientes a esas comunicaciones le vuelven a llamar a la víctima volviéndole a requerir el dinero Acta de entrevista de veinte de febrero de dos mil dieciocho [6:24:13] rendida por la víctima directa E.M.E., en la cual da cuenta de la forma en que fue secuestrado, refirió que fue el primero de febrero de ese año, aduce cómo lo privaron de la libertad, cuatro sujetos, uno de ellos estaba armado, lo obligaron a subir al vehículo color arena, marca Volkswagen, no estaba seguro de si se trataba de un cirrus, un stratus o un jetta, durante su cautiverio nunca lo golpearon y refiere que una vez liberado le hacían las exigencias del dinero, incluso aporta en la entrevista los discos compactos con las grabaciones de los audios que él ha recibido. Entrevista de cuatro de febrero de dos mil dieciocho, [6:25:51] de Luis Jurado Kierri, amigo de la víctima que realizó el pago, él refiere que voluntariamente se ofreció a realizar el pago del rescate de su amigo, que el cuatro de febrero la esposa de la víctima le entregó una bolsa con la cantidad de setenta y dos mil cuatrocientos pesos así como su teléfono celular, que le proporcionaron los familiares de la víctima un vehículo marca Chevrolet, Buick, color gris, modelo mil novecientos noventa y tres, legalizado; a partir de las diecisiete veinte horas empieza a recibir instrucciones por parte de los activos vía telefónica, lo fueron conduciendo hasta el lugar en donde le obligaron a dejar el dinero que fue en acceso controlado del fraccionamiento Arroyo Colorado, en la caseta de vigilancia, que primero lo condujeron hacia el Soriana que se encuentra en la salida a Pátzcuaro de esta ciudad, que para esto se dio cuenta que lo iban siguiendo un carro de la marca Volkswagen tipo jetta clásico, color arena, que lo condujeron hacia la colonia arroyo colorado y que en el acceso controlado al fraccionamiento que lleva el mismo nombre dejó el dinero en la caseta abandonada, que posteriormente su amigo siendo aproximadamente las veinte horas con cuarenta minutos de ese mismo día regresó a su casa en compañía de un cuñado de nombre Jorge Torres Vázquez. Acta de entrevista de la víctima E.M.E. [6:28:28], en la que refiere la forma en que fue secuestrado, como entregó los dieciséis mil pesos que portaba en sus bolsas en el momento en que fue privado de la libertad y la forma en que continuó recibiendo llamadas una vez liberado, que posteriormente pactó con los activos el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, la entrega de doscientos sesenta y cinco mil pesos, primeramente le habían indicado los dejara en una colonia específica de la ciudad de Uruapan pero los activos no acudieron a recogerlo ya que cuando llegaron a las inmediaciones notaron la presencia de varias personas y vehículos sospechosos por lo que se retiraron; posteriormente recibió nueva comunicación por parte de los activos los cuales le indicaron recogiera el dinero ya que la entrega no se haría en la ciudad de Uruapan sino en Morelia, en un monumento que está a la entrada de un fraccionamiento denominado San Pedro que está sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, que una vez que dejó ahí el dinero se retiró, por indicación de los agentes que lo estaban asesorando realizaron un pago simulado, que después de que lo dejó se percató que hubo una detención de personas que se aproximaron a este lugar a recoger el dinero. Informe policial homologado [6:31:37] donde especifican que en efecto fueron detenidas dos personas de nombre Fernando Navarrete Jaimes y Jorge Luis Pacheco Ortiz toda vez que recogieron el paquete extorsivo, les fueron leídos sus derechos y fueron puestos a disposición de la representación social donde se llevó a cabo la presentación a las veintitrés treinta horas, se decretó la legalidad de la detención, esto del veinte de febrero de dos mil dieciocho. Entrevista de Ivón Torres Vázquez [6:32:42] de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, en la que presentó su teléfono celular a efecto de que se haga el vaciado del contenido de las llamadas que estuvo recibiendo por parte de los presuntos por la exigencia de la liberación de su esposo E.M.E.. Dictamen de textualización de llamadas de audio [6:33:23], suscrito por el perito Cuauhtémoc González Suárez, perito designado de la institución, en el que concluye la transcripción, determina la participación de cuatro voces, tres masculinas y una más del sexo femenino, que se trata de diversas conversaciones entre las que destacan que la voz masculina identificada como número 1 le exige una cantidad de dinero a la voz de sexo femenino a cambio de la libertad de un familiar, además la voz masculina identificada como número dos dice llamarse Luis Jurado y que esta persona realizó la entrega del pago que negoció la voz uno con la voz femenina. Que hay otras conversaciones de los mismos audios, en las que se identifica a la voz número uno que le realiza la exigencia de la entrega de trescientos mil pesos a la voz masculina identificada como tres a cambio de su seguridad. Testimonio del imputado Fernando Navarrete Jaimes [6:35:35] quien refiere que estaba viviendo en la ciudad de Apatzingán y como se quedó sin empleo, un primo de su esposa apodado "el piolo" le ofreció que se fuera a la ciudad de Uruapan, el cual se encuentra recluido en el centro de alto impacto y que no tiene la certeza de si es Leonel García o Leonel Magaña, que le ofreció un trabajo limpio por lo que accedió a irse, llegó el primero de febrero a la ciudad de Uruapan, con su familia, que tiene tres niños menores y su esposa; llegaron a la casa de la esposa de "el piolo" quien se llama Jessica pero previo a ello recibió una llamada por parte de "piolo" quien le dice que lo va a estar esperando un vehículo Tsuru en el exterior de la central y que él lo llevaría a su casa. Una vez que llega a la central aproximadamente a las cuatro de la tarde, efectivamente al salir encuentra el vehículo, el cual lo aborda, lo traslada a la casa del Jessica que incluso ésta le llama a piolo y le dice por qué la urgencia de que se quedé en su domicilio y se sale a discutir sola el tema, en ese mismo momento se queda la esposa de Fernando en el domicilio al cual lo llevaron y le indican los sujetos que lo habían llevado que abordara el vehículo, ahí es donde le dan un arma, que no servía porque el martillo estaba roto, posteriormente pasaron por Jorge Luis, ya por la noche es que privan de la libertad a la persona de la refaccionaria "Neto" que es de la víctima. Refiere que apoyó a Jorge Luis para subirlo al vehículo, que la persona que conducía es la apodada "el vocho" que es moreno, gordo, de barba incluso lo identifica como "el tetis", que una vez que privaron de la libertad a Ernesto lo llevaron a una casa abandonada, una vez ahí le indicó el "el vocho" que se retiraran del lugar, entregándole cuatro mil pesos a él y cuatro mil pesos a Jorge Luis, que una vez abajo los estaría esperando un Volkswagen rojo, lo que así aconteció ya que en ese vehículo estaba esperando un muchacho joven, lo llevan primero a él a su casa y luego a Jorge Luis. Que pasaron aproximadamente cuatro días cuando llegó Jorge Luis con el pago de cinco mil pesos con motivo del mismo evento. Entrevista de Jorge Luis de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho [6:38:28], en la que corrobora lo manifestado por Fernando, la única diferencia es que dice que él y la persona apodada "vocho" son los que suben a la víctima al vehículo lo trasladan, que efectivamente, es llevado a una casa abandonada, que no volvió a ver hasta cinco días posteriores en que le hablaron y le dijeron que le mandaban ese dinero para pañales y gastos que él tenía, incluso refiere Jorge Luis que la persona apodada "la niña" es su primo que fue él quien primeramente lo contactó y que sabe que la privación de la libertad en un inicio era porque la víctima tenía una deuda. Aunado a ello refiere que estuvo en contacto que incluso la persona apodada el "yanqui" le daba instrucciones sobre otras actividades ilícitas pero que él trataba de evadirlo para no ejercitar tales acciones, tan es así que estaban planeando la privación de la libertad de una persona en la ciudad de Apatzingán quien era un cremero, que incluso les mandó una foto donde aparecía dinero sobre una cama y les dijo que ese dinero lo tenía en una caja fuerte, que era una cantidad grande por lo que requería que fueran esa tarde que no iba a haber ningún problema, incluso hablan de privar de libertad a otras personas en Uruapan. Refiere que Fernando es mejor conocido con el apodo de "Guache", que así se distinguen entre ellos, su primo es "la niña", "el Yanki o Hummer" es uno de los que participaron en la planeación junto con Irineo Rodríguez Moreno, que los tres le daban instrucciones pero que incluso a él le informaron que quien iba a llevar la batuta en los hechos era "Cotis", que incluso cuando para que fueran a recoger el pago del rescate le llamó a él que porque no localizaba a "Cotis", estuvo recibiendo instrucciones sobre cómo iban a llevar a cabo la recepción de ese dinero, que fijaron un lugar pero como vieron varios vehículos decidieron trasladarse a la ciudad de Morelia en donde al ir llegando vieron el acceso al fraccionamiento denominado "San Pedro" y optaron porque ese fuera el lugar del pago y que una vez ya en el lugar empezaron a mensajearle al señor Ernesto para decirle las condiciones en que querían el pago, una vez efectuado éste fue que los detuvieron Dictamen de fecha veinte de febrero [6:44:40] sobre textualización de audio de diversas conversaciones, respecto a la negociación que se efectuó para el pago, realizado por el perito designado Cuahtemoc Gómez Suárez. Entrevista de Víctor Manuel Ortega Altamirano [6:45:17], en donde se establece que la identidad de la persona que porta uno de los teléfonos donde se estaba llevando a cabo la negociación lo es Irineo Rodríguez Moreno. Actas de reconocimiento de [6:45:41] veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, las cuales fueron realizadas por el Agente del Ministerio Público José Luis Torres Delgado, adscrito a la unidad especializada en combate al secuestro, en la que participa como reconocible el ciudadano Fernando Navarrete Jaimes y Ernesto Moreno Espinoza, una vez que Fernando es enfilado junto con dos personas más siendo estas Edgar Jiménez Ramos y Tomás Chacón Asia, los cuales tienen características físicas semejantes al reconocible y fueron vestidos de manera similar, overol de color blanco de los que ocupan los equipos de bioseguridad, fueron enfilados en el interior de la cámara de Gessel y a la vista de la víctima, en un primer movimiento la víctima identifica a la persona que porta el número dos, siendo éste Fernando Navarrete Jaimes y lo identifica como el sujeto que portaba el arma de fuego con la fue amagado; en un segundo movimiento vuelve a identificar al señor Fernando Navarrete Jaimes en este nuevo movimiento portaba el número uno, manifestando que es el mismo sujeto que lo amagó con el arma de fuego, que es uno de los cuatro sujetos que lo privaron de la libertad. Acta de reconocimento de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho [6:48:13] en el cual participa como reconocible Jorge Luis Pacheco Ortiz [asistido de su asesor] y como reconocente la víctima E.M.E., en un primer movimiento dentro de la cámara de Gessel al lado de personas con características y vestimentas similares, participan David Hernández Pérez y Erick Edwin Quiroz Rivas, una vez enfilados, la víctima identifica al sujeto que porta el número tres que corresponde a Jorge Luis Pacheco Ortiz y manifiesta que es uno de los sujetos que lo privaron de la libertad siendo el sujeto que iba en el asiento posterior y que le agacho la cabeza cuando lo obligó a subir el sujeto armado; en un segundo movimiento, lo vuelve a identificar, ahora portaba el número uno. Informe pericial signado por el perito Iván Francisco Gaytán Moreno de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho [6:50:17], en el cual realiza la fijación fotográfica del acto de reconocimiento realizado respecto de Jorge Luis Pacheco Ortiz en el que concluye que como resultado del reconocimiento, la víctima identificó plenamente a Jorge Luis Pacheco Ortiz como una de las personas que participó en los hechos que se investigan. Opinión pericial signado por el perito Iván Francisco Gaytán Moreno [6:51:10], respecto del acto de investigación de reconocimiento en el cual realiza la fijación fotográfica del acto de reconocimiento en el cual la víctima identifica al imputado Fernando Navarrete Jaimes como una de las personas que participó en los hechos investigados. Ahora bien, en relación al requisito en estudio el juez adujo legalmente [7:54:56] que hechos narrados por el Ministerio Público constituían el hecho con apariencia de delito de secuestro establecido en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de secuestro, en la hipótesis jurídica que indicó relativa al precepto 9 fracción I inciso a) en relación con las agravantes del 10 incisos a), b) y c) de la citada ley, porque se llevó a cabo la privación de la libertad de E.M.E a cambio de exigir un rescate, en el caso el pago de una cantidad de dinero que se negoció, se utilizó un arma de fuego, participaron más de dos personas y se ejecutó con violencia, lo cual reúne las exigencias establecidas en dicha norma en los preceptos invocados. Aunado a ello "la sugerencia" de que hayan intervenido cuatro personas en la privación de la libertad efectivamente constituye una probabilidad de intervención de coautoría, como establece el artículo 13 del Código Penal Federal. También manifestó la responsable que la "probabilidad de intervención" [7:56:07] se advertía de la información propuesta por el agente del ministerio público, la cual resultaba razonable, creíble y coherente para este estadio procesal, además atendiendo a la calidad de la investigación, a la información que derivó del "posicionamiento axiológico" de los números telefónicos que se advierten habían intervenido en los hechos, dando como resultado, en principio, que algunos celulares se encuentran ubicados en el centro de reclusión para delitos de alto impacto donde se encuentran los recluidos algunos de los activos, vinculado con el reconocimiento propio de las entrevistas de Jorge Luis Pacheco Ortiz y Fernando Navarrete Jaimes quienes fueron detenidos cuando recogían un paquete extorsivo con motivo de la exigencia de pago que se realizaba a la víctima E.M.E. después de su liberación y de esta circunstancia advirtió -según le fue informado por los fiscales de la audiencia- que existía una comunicación entre estas líneas telefónicas así como también de las intervenciones de comunicación entre ellos, permitía inferir que las personas que habían intervenido eran las tres que se encuentran recluidas en el centro de reinserción para delitos de alto impacto y ellos lo dejaron ver también en su entrevista al reconocer que eran de ellos tres de quienes recibían poderes de dirección o de mando sobre actividades ilícitas a quienes se referían a través de los apodos que han sido precisados entre ellos "la niña" a Sergio Salvador Gutiérrez Pacheco así como también a Magdiel García Amador alias "el yanqui" y el "Hummer" así como también de Irineo Rodríguez Moreno en atención a la información que propuso su abogado defensor según se advierte correspondía a la línea de teléfono de él del señor Irineo y que lo hacía a ese teléfono en calidad de defensor. Bajo esas circunstancias -precisó el juez- aunado a los reconocimientos que se practicaron a Jorge Luis Pacheco Ortiz y Fernando Navarrete Jaimes por parte de un agente del ministerio público investigador diverso al que sigue esta investigación con la intervención de E.M.E quien los identificó como las personas que intervinieron en su secuestro, que efectivamente el primero de ellos fue quien utilizando el arma de fuego lo encañonó para subirlo al otro vehículo y el otro lo mantuvo ahí ejerciendo colaboración para que no se saliera del mismo y desplazarlo al lugar donde lo mantuvieron en cautiverio. Finalmente, precisó que en apariencia esa información era razonable para inferirse una participación de ellos y la información que derivó de la intervención de comunicaciones telefónicas así como de la obtención de datos conservados que se realizó mediante una autorización por parte de la autoridad federal competente de ahí que sea factible tomarla en consideración al no advertirse ninguna vulneración a algún derecho humano en este caso a la intervención de comunicaciones. La necesidad de cautela. En relación a dicho requisito [8:01:32] el juez señalado como responsable determinó que se trata de un delito que amerita prisión preventiva oficiosa lo que quiere decir que es más que suficiente para que se justifique la necesidad de la cautela y si bien no precisó los artículo ello de manera alguna afecta al quejoso. Máxime lo manifestado por el juez se encuentra contemplado en los artículos 29 párrafo segundo y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, que deberá señalar el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito que se atribuye al imputado. En relación a ello, adujo el juez [7:52:27] que de la información proporcionada por el agente del ministerio público se podía establecer lo siguiente: ".el día primero de febrero del año dos mil dieciocho, en las horas aproximadamente entre las veinte quince y veinte treinta horas de ese día cuando la víctima circulaba por ese lugar cerca de su negociación fue abordado por cuatro sujetos y uno de ellos con arma de fuego lo amagó y le dijo que se subiera a otro vehículo [el cual no se describió de forma precisa] color arena sin precisar bien la víctima si se trataba de un jetta o de diverso, lo subieron amagándolo con un arma y en un principio él pensó que se trataba de la exigencia de una entrega de dinero y les ofreció dieciséis mil pesos, se los dio, pero sin embargo lo llevaron subieron al otro vehículo donde ellos viajaban, lo colocaron en la parte posterior del asiento, en medio, al lado de él iban dos personas y adelante dos más, una de piloto y la otra de copiloto, lo llevaron al lugar conocido como zumpimito en donde en una casa lo mantuvieron en cautiverio y posteriormente se realizó la exigencia del pago de una cantidad de dinero a su esposa de nombre Ivón, reduciendo esta hasta la cantidad de setenta y dos mil cuatrocientos, pago que se hizo el catorce de febrero [no, fue el 4] a través de un amigo del señor Ernesto cuando le indicaron vía telefónica utilizando el teléfono de la señora Ivon que lo llevaran a la colonia zumpimito y ya cerca de una caseta de vigilancia de la colonia arroyo colorado de esta ciudad se dejó el pago y en horas posteriores el señor Ernesto fue liberado y regresado a su domicilio juntamente con otro familiar.". Por lo antes expuesto, se estima que contrario a lo referido por el quejoso la orden de aprehensión reclamada cumple con los lineamientos establecidos en los artículos 16 constitucional y 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, es infundado el motivo de inconformidad en el que señala que fue privado de su libertad sin que se hubiere cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento; sin tener una defensa adecuada y violando el debido proceso. Lo anterior es así, porque la obligación de observar las formalidades esenciales del procedimiento es requisito previo para dictar actos privativos de aquellos a los que se contrae el artículo 14 constitucional, entre los que no se encuentran comprendidas las órdenes de captura, dado que las mismas constituyen actos de molestia a los que se refiere el 16 del mismo ordenamiento y éste numeral no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión. Es aplicable al caso la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 1375 del Semanario Judicial de la Federación Quinta época, con registro 302153, tomo XCVI, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, NO SE NECESITA DE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA PARA DICTARLA. El artículo 16 de la Constitución Federal, no exige la audiencia previa del acusado ni la comprobación del cuerpo del delito, para que pueda dictarse orden de aprehensión, sino sólo la acusación o querella, apoyada por declaración de persona digna de fe o por otros actos que hagan probable la responsabilidad del acusado en el delito que se le impute; y si en el caso existió la querella y acusación del Ministerio Público, apoyadas con documentos, es claro que el Juez de primera instancia tuvo facultades y base suficiente para dictar esa orden; no siendo cierto que no se hubiera practicado una averiguación previa por el Ministerio Público, ya que ante él ocurrió el querellante y dicha institución consignó el caso al Juez, con solicitud de la orden de aprehensión, que fue dictada legalmente." Respecto del argumento en relación de la defensa adecuada, también es infundado. Para evidenciar lo anterior, debe precisarse que la tutela del derecho de defensa técnica adecuada del imputado en un proceso penal acusatorio, está previsto en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado armónicamente con los artículos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, e implica analizar su contenido formal y material, a la luz de los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, inmersos en el artículo 1o. de la Constitución Federal, lo que impone a las autoridades la obligación de verificar que toda sentencia condenatoria derive de un procedimiento justo, en igualdad de condiciones para el imputado, respecto del órgano acusador, por lo que el órgano de control debe estar al tanto de que no exista en el defensor una actitud pasiva del tal magnitud que sea tan evidente que prive de contenido material a este derecho fundamental, siendo que debe repararse esa violación, cuando ésta haya trascendido al sentido del fallo reclamado. Establecido lo anterior y como se adelantó, el motivo de disenso es carente de razón, en primer lugar porque el quejoso hace derivar la violación a su derecho de defensa adecuada de la supuesta incomunicación por parte de las autoridades; sin embargo, como se determinó en el considerando tercero de este fallo dicho acto es inexistente. En segundo lugar, porque al tratarse de una orden de aprehensión, será hasta que el quejoso se presente ante el juez correspondiente cuando éste debe empezar a vigilar tal derecho, que implica, entre otras cuestiones que el imputado debe contar con defensor y que el procedimiento sea justo. No pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso citó el criterio contenido en la jurisprudencia 1ª./J.31/2003, publicada en la página 49 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XVII, Junio de 2003, Materia Constitucional, Penal, Novena Época, registro 184164; sin embargo, el mismo no es aplicable ya que no se refiere al nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia al no estar demostrada alguna violación a los derechos fundamentales del quejoso y sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en su favor, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se niega el amparo y protección de la Justicia Federal. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Sergio Salvador Gutiérrez Pacheco, por lo que respecta a los actos reclamados al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno, al Director del Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto Número Uno y al Titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Salvador Gutiérrez Pacheco, contra el acto reclamado al Juez de Control y Enjuiciamiento de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, Región Uruapan, por las razones expresadas en el considerando sexto. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración de esta sentencia. Notifíquese personalmente, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy doce de agosto de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte Quejosa por lista que se fija en un lugar visible del propio órgano jurisdiccional y en el sistema SISE, la sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción ii, y 29 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en autos, informa que no cuenta con más constancias relacionadas con el acto reclamado; asimismo hace del conocimiento que se encuentra pendiente de cumplimentar la orden de aprehensión dictada en contra del quejoso Sergio Salvador Gutiérrez Pachec******************** Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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