Sergio Ochoa Salazar

Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
670/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
30/12/2021

Partes del expediente

  • Sergio Ochoa Salazar
  • Lorenzo Godínez Zapien

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.******************** ********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General.****************************************Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención.****************************************Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos.****************************************Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa si exhibió documentos originales y mediante oficio a la autoridad responsable. ****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 670/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales allegadas por la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente presentó alegatos la parte tercera interesada. Con relación a lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos del tercero interesado y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Sergio Ochoa Salazar y/o Sergio Eduardo Ochoa Salazar, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Actos que estimó violatorios de los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, órgano jurisdiccional que la registró en el libro de gobierno con el número 670/2021 y previo cumplimiento a requerimiento, la admitió en auto de doce de agosto de dos mil veintiuno; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se reconoció el carácter de tercero interesado a Lorenzo Arroyo Oseguera y se ordenó su emplazamiento; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y en atención además a los criterios transcritos, el acto reclamado por el quejoso a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, es: La sentencia interlocutoria dictada el ocho de julio de dos mil veintiuno, dentro del juicio ejecutivo mercantil 219/2019 que en ejercicio de la acción cambiaria directa promovió Lorenzo Godínez Zapien frente a Eduardo Sergio Ochoa Salazar y/o Sergio Eduardo Ochoa Salazar. En dicha interlocutoria se determinó aprobar el incidente hasta por la cantidad de $376,387.64 (trescientos setenta y seis mil trescientos ochenta y siete pesos 64/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios erogados del 2 dos de marzo de 2018 dos mil dieciocho, al 14 catorce de junio del 2021 dos mil veintiuno. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la prueba documental que acompañó al referido informe, consistente en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 219/2019 [un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte la sentencia interlocutoria de ocho de junio de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga debidamente probado el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer ninguna causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; por lo que procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. Lo anterior es así porque la juez responsable no viola en su perjuicio los artículos 1°, 14, 16 y 17 constitucionales así como los diversos 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1327, 1330 y 1348 del Código de Comercio, ya que en el acto reclamado no adujo que la autorizada del aquí quejoso no se inconformó con la planilla de liquidación formulada por Luis Arroyo Oseguera, en cuanto endosatario en procuración de Lorenzo Godínez Zapien; por el contrario, expresó que sus manifestaciones eran improcedentes y plasmó las razones por las cuales las calificó así. Tal como se advierte de la correspondiente parte del acto reclamado, la cual se trae a glosa: "[.] La licenciada Ydalia Yanely Negrete Ambriz en cuanto autorizada de la parte demandada Sergio Eduardo Ochoa Salazar, en términos del tercer párrafo del artículo 1069 del Código de Comercio, aduce en su escrito de contestación a la planilla de liquidación que nos ocupa, que el PRIMERO y SEGUNDO de los hechos del incidente no son ciertos, remitiéndose a las constancias judiciales que integran el juicio ejecutivo mercantil, y que el TERCERO de los hechos del incidente no es cierto, arrojándole la carga de la prueba a la parte incidentista. Niega la aplicabilidad de las disposiciones invocadas por el incidentista. Al efecto debemos decir, que resultan improcedentes las manifestaciones que aduce tener la incidentada virtud a que [.]". En otra parte de su "único" motivo de inconformidad señala el quejoso que conforme al artículo 1348 del Código de Comercio la juzgadora debió describir el procedimiento y realizar las operaciones aritméticas que le permitieran llegar al resultado legal de lo reclamado y no simplemente aprobar lo solicitado por la parte actora; que la sentencia interlocutoria debe dictarse de acuerdo con los documentos fundatorios y la sentencia definitiva; también debe señalar y explicar el método aritmético por el cual llegó al resultado de aprobar la planilla de liquidación y no simplemente aprobarla lisa y llanamente. Argumento que también es infundado. Es infundado, porque contrario a lo precisado por el quejoso, la juez emitió la sentencia interlocutoria reclamada de acuerdo con los documentos fundatorios y la sentencia definitiva, ya que para aprobar el incidente planteado por el aquí tercero interesado tomó en cuenta lo alegado por el aquí quejoso al contestarlo -como quedó asentado el líneas anteriores-; asimismo, adujo que era acorde con lo determinado en la sentencia definitiva de veintitrés de enero de dos mil veinte, en donde se hizo condena de pago a cargo del demandado por la cantidad de $318,419.96 (trescientos dieciocho mil cuatrocientos diecinueve pesos 96/100 M.N.), por concepto de suerte principal, así como al pago de los intereses moratorios a razón del 3% tres por ciento mensual, desde su constitución en mora (dos de marzo de dos mil dieciocho)], más lo que se sigan generando hasta el pago total del adeudo. También precisó que, en el caso, el incidentista en la planilla de liquidación materia de controversia exigió el pago de $376,387.64 (trescientos setenta y seis mil trescientos ochenta y siete pesos 64/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios, y que son treinta y nueve meses con 12 días, por el periodo comprendido del dos de marzo de dos mil dieciocho al catorce de junio de dos mil veintiuno [data en que presentó la planilla]. Aunado a lo anterior, contrario a lo señalado por el quejoso la Juez no debía señalar y explicar el método aritmético por el cual llegó al resultado de aprobar la planilla de liquidación. Ello es así, porque la información que proporcionó la juez en el acto reclamado era suficiente para que [concepto de suerte principal, la data en que se constituyó en mora, el periodo reclamado por el aquí tercero interesado], en caso de que el quejoso considerara que el monto aprobado por el juez era incorrecto lo pudiera impugnar, esto es, sin necesidad del auxilio de un perito, ya que se lograría con simples operaciones aritméticas. En ese contexto, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el quejoso. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Sergio Ochoa Salazar y/o Servio Eduardo Ochoa Salazar, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el quinto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de ocho días que contempla el artículo 117 de la Ley de Amparo, toda vez que en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad. Por tanto, para dar lugar a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, para su verificativo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Civil de esta ciudad, rindiendo su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales que remite en apoyo de su informe justificado, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 219/2019. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva y con las documentales referidas fórmese un tomo de prueba. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF

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