Sergio Joaquin Rangel Revilla
Expediente 292/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 33 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 01/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sergio Joaquin Rangel Revilla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a uno de julio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la pieza postal devuelta de cuenta, que contiene el oficio números 8136/2021, del índice de este Juzgado Federal, dirigido a la autoridad responsable "ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO CIVIL Y FAMILIAR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO"; de dicho comunicado se advierte que se encuentra mal dirigido en la pieza postal, pues lo correcto es dirigirlo al Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil y Familiar, con residencia en la ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo; en consecuencia, a fin de no producir mayor dilación en la remisión de dicho oficio, reenvíese el mismo con la denominación correcta vía correo ordinario. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Tamazunchale, mediante el cual acusa recibo del oficio derivado del proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, por el que se le remitieron las constancias que acompañó a su informe justificado. En razón de lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que no existe trámite pendiente, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a diez de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la pieza postal devuelta de cuenta, que contiene el oficio números 6827/2021, del índice de este Juzgado Federal, que se dirigió a la autoridad responsable "ACTUARIO ADSCRITO AL MISMO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE HUEJUTLA DE REYES, HIDALGO"; siendo lo correcto Actuario adscrito al Juzgado Segundo Civil y Familiar, con residencia en la ciudad de Huejutla de Reyes, Hidalgo; en consecuencia, a fin de no producir mayor dilación en la remisión de dicho oficio, reenvíese el mismo con la denominación correcta vía correo ordinario. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Luis Ignacio Arredondo Veytia, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de seis de abril de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de veinte días compareciera a este Juzgado Federal a recoger los edictos correspondientes y dentro del mismo plazo acreditara haberlos entregado para su publicación; no obstante de haber quedado enterado de tal circunstancia, como se acredita con la notificación respectiva; en tales condiciones, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento inserto en dicho proveído, y con fundamento en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se SOBRESEE en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 4/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2006232, visible en la página 729, Materia Constitucional, Común, Tomo I, Libro 5, Abril 2014, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento. Ahora bien, cabe destacar que durante el plazo concedido para recoger los edictos de mérito y tramitar su publicación, el quejoso Sergio Joaqui´n Rangel Revilla, por sí, o bien, por conducto de sus autorizados, no manifestó su imposibilidad para sufragar el gasto de los edictos para emplazar a la tercera interesada Karen Sa´nchez Arguelles y su menor hija de identidad reservada, identificada con las iniciales G.R.S., y así los edictos de referencia sean cubiertos, previo procedimiento de investigación para determinar su situación patrimonial, a cargo del presupuesto del Consejo de la Judicatura Federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164074, visible en la página 416, Materia Común, Tomo XXXII, Agosto 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Lo anterior con apoyo en la tesis de jurisprudencia II.2o.C. J/27, con registro digital 164213, visible en la página 1868, Materia Común, Tomo XXXII, Julio de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece. "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados". En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (catorce horas del veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de David Jorge Siu Huerta, Secretario que autoriza y da fe.
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