Sergio Antonio Mayorga Cruz

Expediente 103/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 45 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
103/2018
Año
2018
Actuaciones
45
Última actuación
04/01/2019

Partes del expediente

  • Sergio Antonio Mayorga Cruz
  • Cesar Armando Garcia De León (Defensor)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de quince días, a fin de que la parte quejosa se inconformara en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, del auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 807 a 812), en el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en autos; por tanto, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 196 de la Ley de la Materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Cabe destacar que el presente expediente NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracción IV del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, el cual deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa, mediante proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (foja 783 y 784), para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto de las constancias aportadas por las responsables Director del Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad y Secretario de Salud del Estado de San Luis Potosí, sin que realizara manifestación dentro de dicho lapso; en consecuencia este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, emitió sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 327 a 344), misma que causó ejecutoria mediante proveído de once de julio del año en curso (fojas 383 a 387). En ese sentido, es de precisarse que el fallo protector se concedió para el efecto siguiente: ".lo que procede es conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso SERGIO ANTONIO MAYORGA CRUZ, por conducto de su defensor César Armando García de León, para los efectos de que las autoridades responsables en el ámbito de sus atribuciones tomando en consideración la dolencia en la vesícula, así como el dolor en la parte superior derecha de su abdomen que presume adolecer el quejoso realicen lo siguiente: Ordenar y ejecutar todas las medidas que resulten necesarias a efecto de practicar al quejoso la valoración correspondiente a su padecimiento, y con base en los resultados, se emita el diagnóstico relativo y determine el tratamiento médico eficaz, o bien, tomen las medidas necesarias para canalizar al impetrante a alguna institución del sector salud que pudiera auxiliar en el tratamiento necesario para su padecimiento. En el entendido de que dicha concesión de amparo tendrá como límite, lo establecido en los artículos 76 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el sentido de que los servicios médicos que deberá proporcionar el Centro de Reinserción Social en Ciudad Valles, San Luis Potosí, al quejoso se realizarán con acceso de médicos de instituciones públicas del sector salud y con los insumos con que cuenta la Secretaría de Salud." En acatamiento a lo anterior, mediante oficio de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho la autoridad responsable Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí por conducto de su apoderada legal (foja 421), informó que el veinticuatro de julio del año en curso acudió el médico Roberto Rolando Rivera Vázquez al Centro de Reinserción de esta ciudad, lugar en el que se encuentra interno el quejoso, y una vez realizada la valoración médica al peticionario de amparo diagnosticó colecistitis litiasica, por lo que era probable que requiriera manejo quirúrgico previa valoración por cirugía general en consulta externa y realización de estudios médicos correspondiente. Con motivo de lo anterior, dicha autoridad solicitó a este Juzgado de Distrito colaboración para requerir al Director del Centro de Reinserción de esta ciudad a efecto de que tomaran las medidas necesarias de seguridad y vigilancia permanente para ejecutar el traslado del detenido -aquí quejoso- al Hospital General de Ciudad Valles y viceversa, petición que fue acordada favorablemente por este órgano jurisdiccional mediante auto de veintisiete de julio del año en curso (fojas 427 y 428). Con motivo de lo anterior, el Director del Centro Penitenciario de esta ciudad mediante oficio CER-VALLES-1528/2018 acompañó tarjeta informativa y referencias médicas del día siete de agosto del año en curso, respecto al tratamiento y consultas médicas externas llevadas a cabo en el Hospital Regional de esta ciudad al quejoso Sergio Antonio Mayorga Cruz, en fecha veinticuatro de julio de la presente anualidad en donde se le diagnosticó colecistitis litiasica. Asimismo, fue enviado al servicio de cirugía general el día tres de agosto del año en curso, donde se ratifica el diagnostico citado con antelación y se añade colitis espástica, motivo por el cual se prescribió tratamiento y medidas higiénico dietéticas y se le agendó cita en cinco meses para evaluación quirúrgica (fojas 464 a 467). Del mismo modo mediante comunicación de fecha diez de agosto del año en curso (foja 504), la Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí por conducto de su apoderada legal, hizo del conocimiento a este juzgado que el tres de agosto del año en curso, fue trasladado para atención médica Sergio Antonio Mayorga Cruz -quejoso- del Centro Estatal de Reinserción Social de esta ciudad al Hospital General de esta ciudad, el cual al ser valorado por el servicio de cirugía, no se encontró urgencia quirúrgica de acuerdo a la revisión clínica y laboratorios del paciente. Motivo por el cual se le prescribió el medicamento necesario acorde a su padecimiento. De igual manera, mediante comunicación de fecha once de octubre del año en curso, la autoridad responsable Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí, informó que el veinte de agosto del año en curso se le realizó al quejoso estudio de ultrasonido en hígado y vías biliares. Motivo por el cual se le estarían dando los seis meses para manejo alimenticio que sugirió el cirujano que lo trató (foja 589). Ahora, mediante oficio SSA. 1001/2018 signado por la apoderada de la Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí, informó que a efecto de garantizar el derecho a la salud al quejoso, se programaba intervención quirúrgica en el Hospital General de esta ciudad el nueve de noviembre del año en curso, pero se requería que se internara el ocho del mismo mes y año a las ocho horas, en donde se realizaría el abordaje abierto consistente en vía incisión única debajo de costilla del lado derecho y retiro de vesícula bajo visualización y manipulación directa (foja 727 y 728). Atento a lo anterior, mediante oficio CPE-VALLES/2429/2018 y SSA 1005/2018, signados por el Director del Centro de Inserción Social de esta ciudad, así como por la apoderada de la Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí respectivamente, informaron que mediante tarjeta informativa el doctor Juan Manuel Hernández Valdés -coordinador médico del aludido Centro-, manifestó que a las ocho horas del ocho de noviembre de dos mil dieciocho acudió al Hospital Regional de esta ciudad, para recibir a Sergio Antonio Mayorga Cruz -quejoso-, quien tenía cita de internamiento a cirugía programada de Colecistectomía, haciendo mención que en el momento en que fue valorado e informado por el cirujano acerca del procedimiento a seguir, no fue deseo del quejoso que se le practicara la cirugía de Colecistectomía; así como a firmar su alta voluntaria. Asimismo, informaron que el Hospital General de esta ciudad no cuenta con laparoscopio (método que el quejoso desea que se le practique). Constancias que anexaron dichas responsables, que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. En consecuencia, si bien es cierto, no fue deseo del quejoso para aliviar su molestia a través de la citada cirugía, cierto es también que las autoridades responsables han realizado las gestiones conducentes a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, esto es, ordenar y ejecutar todas las medidas que resulten necesarias a fin de valorar su padecimiento, han emitido su diagnóstico y determinación del tratamiento médico eficaz, asimismo canalizaron al impetrante a una institución pública del sector salud que auxilio en el tratamiento en el padecimiento que aqueja el quejoso; sin embargo, como se dijo en párrafos que anteceden el quejoso bajo su responsabilidad no aceptó el procedimiento para la intervención quirúrgica programada manifestando requerir tratamiento laparoscópico (el cual no cuenta la institución pública del sector salud), y solicitó ser retirado de las instalaciones sin firmar el alta voluntaria. Siendo que el amparo concedido al quejoso fue en el entendido de que se tendría como límite, lo establecido en los artículo 76 y 80 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el sentido de que los servicios médicos que debería proporcionar al quejoso el Centro de Reinserción Social de esta ciudad, se realizaría con accesos médicos de instituciones públicas del sector salud y con los insumos que cuenta la Secretaría de Salud, haciendo mención que el Hospital General de esta ciudad no cuenta con laparoscopio, motivo por el cual no se está en posibilidad de llevar a cabo el procedimiento que el quejoso considera requiere para su padecimiento. Sin que pase inadvertido para este órgano jurisdiccional que mediante oficio CPE-2024/2018 signado por el Director del Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad, mediante el cual informó que se le estaba dando el seguimiento mensual al padecimiento al quejoso, el cual estaba evoluacionando de manera satisfactoria, acompañando ultrasonidos y nota médica (foja 567). Acorde con lo anterior, es procedente declarar que la autoridad responsable, acató en sus términos la ejecutoria de amparo, sin embargo, el quejoso no tiene la disposición de que sea cumplida cabalmente la ejecutoria de amparo; por lo que ha lugar a declarar que la ejecutoria emitida en el presente asunto, SE ENCUENTRA CUMPLIDA, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena dar vista al quejoso para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo, este tribunal de amparo ordenará el archivo del expediente, lo anterior de conformidad en el artículo 196 en relación con el primer párrafo del numeral 202 de la Ley de Amparo. Finalmente, téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por María Guadalupe Castillo Vidales apoderada legal de la Secretaria de Salud del Estado de San Luis Potosí, atento a su contenido, agréguese a los autos para que obre como corresponda, lo anterior, por los motivos expuestos en párrafos que antecede. Notifíquese, y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

  3. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Octavo del Ramo Penal del Estado de San Luis Potosí, por medio del cual, informa las gestiones efectuadas para cumplir la sentencia protectora de amparo. En ese tenor, dígasele que se esté a lo ordenado en proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 783 y 784), en el cual se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado por las diversas autoridades responsables. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Ténganse por recibidos los oficios y anexos de cuenta, signados por el Director del Centro Penitenciario Estatal de esta ciudad y María Guadalupe Castillo Vidales en representación del Secretario de Salud del Estado de San Luis Potosí, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, informan que mediante tarjeta informativa el doctor Juan Manuel Hernández Valdés -coordinador médico del aludido Centro-, manifestó que a las ocho horas del ocho de noviembre de dos mil dieciocho acudió al Hospital Regional de esta ciudad, para recibir a Sergio Antonio Mayorga Cruz -quejoso-, quien tenía cita de internamiento a cirugía programada de Colecistectomia, haciendo mención que en el momento en que fue valorado e informado por el cirujano acerca del procedimiento a seguir, el quejoso se negó a ser intervenido y a firmar su alta voluntaria. Asimismo, informan que el Hospital General de esta ciudad no cuenta con laparoscopio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se les haga, manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibido que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 54/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. (.) Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión.

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