Sergio Guadalupe Medina Palacios
Expediente 437/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 437/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 03/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Sergio Guadalupe Medina Palacios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, tres de enero de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se provee: toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y tercera interesada interpusieran el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de once de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO el mismo, para todos los efectos legales. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. No obsta a lo anterior, el hecho de que este juzgado desconozca si ya transcurrió el término a las autoridades responsables, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la Ley de la Materia, pues aún no se cuenta con la constancia de notificación correspondiente, lo anterior, en atención a que se determinó sobreseer el presente juicio; por tanto, dicha resolución no les irroga perjuicio alguno. Ahora bien, tomando en consideración el sentido de la determinación final dictada en autos del juicio de amparo en que se actúa, en cumplimiento al punto vigésimo primero fracciones I, II y III del acuerdo en cita, se estima que el expediente en que se actúa es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Por otro lado, como en los autos del incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se declaró sin materia dicha incidencia; el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN. Por lo que ve al duplicado del incidente de suspensión es DESTRUIBLE en términos de la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, los cuales deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumpla el plazo de cinco años; o en caso de resultar procedente, en el de tres (transferencia provisional). Por otra parte, devuélvase al Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz, San Luis Potosí, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado consistentes en el duplicado autorizado de la averiguación judicial número 15/2018, en un tomo; solicitando el acuse respectivo. Finalmente, devuélvase al Encargado de la Subprocuraduría Especializada para la Atención de los Pueblos Indígenas, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, las constancias que se sirvió acompañar a su informe justificado; solicitando el acuse respectivo. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, a once de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí, mediante el cual, remite copia certificada de la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del proceso penal 17/2018, que se sigue en contra de Sergio Guadalupe Medina Palacios, aquí quejoso, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de despojo, cometido en agravio de Bernardina Guerrero Martínez, en la que resuelve la situación jurídica del aquí quejoso y decreta dentro de la duplicidad del término constitucional auto de formal prisión, por su probable responsabilidad en la comisión del ilícito señalado. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, en específico de la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que el acto que reclama el quejoso Sergio Guadalupe Medina Palacios es: La orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución. En estas condiciones, del examen íntegro de las actuaciones del presente sumario constitucional, así como del oficio y anexo de cuenta, evidencian una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este sumario constitucional; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2a./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Luego, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Asimismo, resulta improcedente la ampliación de la demanda de amparo en contra del auto de formal prisión porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando procede el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por la obligación que la ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca una causal de improcedencia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 1a./J. 45/2008, integrada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 103, del Tomo XXVII, julio de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN CUANDO EN LA DEMANDA INICIAL SE SEÑALÓ COMO ACTO RECLAMADO LA ORDEN DE APREHENSIÓN. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 129/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/2008, estableció que por cambio de situación jurídica procede decretar el sobreseimiento, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión si del informe justificado de la autoridad responsable aparece que se sustituyó al haberse dictado el auto de formal prisión. Por tanto, es improcedente la ampliación de la demanda de amparo indirecto interpuesta contra el auto de formal prisión, cuando en la demanda inicial se señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, en tanto que la emisión de aquel auto provoca el cambio del estatus jurídico del quejoso. Lo anterior es así, porque no podría estudiarse el acto originalmente reclamado sin afectar la nueva situación jurídica del procesado, generada por el inicio de la etapa de instrucción. Además, sería ocioso admitir dicha ampliación, cuando irremediablemente procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, por la obligación que la Ley impone al juzgador de decretarlo inmediatamente que aparezca la causa de improcedencia mencionada." En ese tenor, se tiene que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." La interpretación del mencionado dispositivo, muestra que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. En efecto, en el caso que nos ocupa, la hipótesis anterior se actualiza plenamente, en razón de que el quejoso reclamó la orden de aprehensión girada en su contra, así como su ejecución; sin embargo, de las constancias de cuenta que remite el juez responsable, consistentes en copia certificada de la resolución de seis de diciembre de dos mil dieciocho, se advierte que en la citada fecha, se resolvió la situación jurídica del inculpado -aquí quejoso-, decretándose auto de formal prisión en su contra, como probable responsable en la comisión del delito de despojo, cometido en agravio de Bernardina Guerrero Martínez, dentro de la causa penal número 17/2018 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Tancanhuitz, San Luis Potosí. Por consiguiente, es obvio que la situación jurídica del quejoso Sergio Guadalupe Medina Palacios ha cambiado, en virtud de que la detención motivada por la orden de aprehensión aquí reclamada se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto de plazo constitucional; provocándose con dicho cambio de situación jurídica que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de formal prisión, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso; consecuentemente, debe estimarse plenamente actualizada la causa de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número 1a./J. 17/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, Tomo XXVII, junio de 2008, página 270, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto, siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto." En razón de lo anteriormente expuesto, de acuerdo a lo establecido por el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo por operar de manera notoria, plena e indubitable el cambio de situación jurídica del acto reclamado, que no podría ser desvirtuada ni aun en la audiencia de ley. Debe señalarse que lo anterior no impide que la parte quejosa, si así lo considera conducente, promueva demanda de amparo contra el nuevo acto, cumpliendo con las formalidades que la ley de la materia señala para tal efecto. En tales condiciones, déjese sin efectos la fecha señalada para celebrar la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente.
- Incidental
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el telegrama de cuenta, remitido por el Coordinador de apoyo legal de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado, en suplencia del Director General, mediante el cual, rinde su informe previo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. De igual manera, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Tancanhuitz San Luis Potosí, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que le fue notificado el acuerdo de cinco de diciembre del presente año. Por otra parte, visto el acuerdo dictado en esta misma fecha en el cuaderno principal de donde emana el presente incidente, en el cual se dejó de tener como autoridad responsable al Director Operativo de la Policía Ministerial del Estado Zona Huasteca. Por tal motivo, se levanta la reserva decretada en el auto dictado el veintisiete de noviembre del año en curso, en el presente incidente de suspensión, en relación con la razón actuarial, mediante la cual la actuaria de la adscripción manifiesta su imposibilidad para notificar a dicha autoridad, pues ha dejado de tener la calidad de autoridad responsable en el juicio principal de donde deriva el presente incidente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, diez de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el término de tres días concedido al quejoso Sergio Guadalupe Medina Palacios, mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho (foja ********************1), para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto a los motivos de imposibilidad para notificar a la autoridad responsable que denominó Director Operativo de la Policía Ministerial del Estado Zona Huasteca; sin que hubiese realizado manifestación alguna; en esas condiciones, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de referencia y por ende, se dejan de tener como responsable en el presente sumario constitucional a la citada autoridad. Con lo anterior, dese cuenta en los autos que integran el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa, a efecto de que se provea lo conducente. Notifíquese.
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