Sergio Iván López Ordoñez
Expediente 720/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 720/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 02/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sergio Iván López Ordoñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
El dos de febrero de dos mil dieciocho, el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diecisiete al treinta de enero de este año, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la resolución de doce de enero de dos mil dieciocho (fojas 49 a la 59), dictada por este Juzgado dentro del juicio de amparo número 720/2017. Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Que sí existen pruebas por devolver a la autoridad responsable juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad. De igual forma, se hace constar que se aperturó incidente de suspensión, en el que por una parte se negó y por otra, se concedió la suspensión definitiva solicitada. Que se exhibió el billete de depósito N 811508, para que surtiera efectos la suspensión definitiva decretada en el incidente de suspensión. Lo que se asienta para los efectos legales correspondientes. CONSTE. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede y con la promoción con folio 2126. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, dos de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por el secretario adscrito a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el doce de enero de dos mil dieciocho, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva, tomando en consideración de que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por tanto, devuélvanse a la autoridad responsable Juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, las documentales que remitió como justificación de sus actos, consistentes en dos tomos de copias certificadas del proceso penal 25/2016. De igual forma, téngase recibido el oficio de cuenta mediante el cual el juez Segundo de Distrito en el estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad informa que el quejoso Sergio Iván López Ordóñez no se presentó a firmar en el libro de registro de procesados en libertad provisional bajo caución, el treinta y uno de enero de este año; sin que se acuerde en cuanto a su contenido, en razón de que en líneas que preceden causó ejecutoria la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo, y en el caso, del juez de origen, es a quien le corresponde la continuación del procedimiento y todos aquellos actos, relacionados con la libertad del quejoso, incluido lo relativo a las obligaciones inherentes a la liberta provisional que le fue concedida. Por otro lado, tomando en consideración que el quejoso Sergio Iván López Ordónez exhibió el billete de depósito N 811508 por la cantidad de diez mil pesos, a efecto de que surtiera efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados y que, como quedó precisado, en esta data quedó firme la sentencia en la que se decretó el sobreseimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 156 de la Ley de Amparo, se ordena poner a disposición de la parte quejosa el certificado de depósito a que se alude para su devolución y entrega material, en el entendido que deberá ser endosado en favor del impetrante del amparo. Por tanto, hágase saber al quejoso que cuenta con un lapso de dos años, contado a partir del día siguiente al en que quede debidamente enterado del presente proveído, para que comparezca ante este órgano jurisdiccional a reclamar su devolución; apercibido que de no hacerlo, operará la prescripción de su importe en favor del Erario Federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. En el entendido de que deberá identificarse con documento idóneo de carácter oficial, previamente a la entrega que se le haga de dicho documento mercantil y constancia de recibo correspondiente. Notifíquese; y personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. María del Carmen.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 720/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diez de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, ********************demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: .la resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente, infundado en parte y fundado en otra, el recurso de revocación interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en contra del auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, y por ende revocó los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del auto impugnado por lo que ordenó que NO SURTE EFECTOS EL BENEFICIO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL bajo caución concedido en auto de seis de julio de dos mil diecisiete al quejoso ********************, en el que se consideró que estaba garantizado el pago de los impuestos omitidos relativos al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1,14, 16, 19, 20, apartado B, fracciones I y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7.2, 7.3, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, por lo que en proveído de catorce de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite, se ordenó su registro bajo el expediente 720/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos asentados en el acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Juez Segundo de Distrito en el Estado, con sede en Zacatecas, Zacatecas. Resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la que declaró procedente, infundado en parte y fundado en otra, el recurso de revocación interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado responsable, contra el auto de dieciocho de julio anterior y por ende revocó los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del auto impugnado, por lo que determinó que no surte efectos el beneficio de la libertad provisional bajo caución concedido en auto de seis de julio citado al aquí quejoso, en el que se consideró que estaba garantizado el pago de los impuestos omitidos relativos al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Juez Segundo de Distrito en el Estado con sede en esta Capital, pues así lo manifestó en forma expresa en su informe justificado (foja 18). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por el mencionado Juez Federal, en apoyo a su informe de ley consistentes en dos legajos de copias certificadas relativas a la causa penal ********************, de las que se advierte que el cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la resolución combatida en esta instancia constitucional (fojas 1069 a 1075 del segundo de los legajos). Documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito. En ese contexto, procede sobreseer en el juicio, en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo y fracción citados disponen: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La fracción transcrita establece que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado, asimismo, dicha causal se actualiza en dos supuestos: a) por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, b) por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado; firmeza que se da por el acto posterior. Ahora bien, como quedó precisado, en el presente juicio se reclama la resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la que el Juez Federal responsable declaró procedente, infundado en parte y fundado en otra, el recurso de revocación interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho juzgado, contra el auto de dieciocho de julio anterior y por ende revocó los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del auto impugnado, por lo cual, determinó que no surtía efectos el beneficio de la libertad provisional bajo caución concedido al aquí quejoso en acuerdo de seis del propio mes de julio, en el que se había considerado que estaba garantizado el pago de los impuestos omitidos relativos al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Por otra parte, de las constancias que integran los legajos de copias certificadas derivadas de la causa penal ********************, remitidas por la autoridad responsable, se desprende lo siguiente: 1. Por escrito presentado el seis de julio de dos mil diecisiete, en la oficialía de partes del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, el aquí quejoso solicitó la concesión de la libertad provisional bajo caución, por lo que pidió de igual forma, se le fijara la cuantía que se tuviera a bien determinar (foja 982 del segundo de los legajos de copias certificadas) 2. Al mencionado escrito recayó acuerdo de seis de julio citado (foja 985 a 988 del mencionado legajo), por el que le fue concedido el aludido beneficio, el cual se emitió en los siguientes términos: Visto; agréguese a sus autos, para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, firmado por el procesado ********************; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República, y 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, se concede al referido procesado el beneficio de la libertad provisional bajo caución solicitado, en atención a que el delito por el que se le atribuye la causa penal, de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, cometido en términos del artículo 95, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no está considerado como grave, por lo que en términos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se le concede dicho beneficio. Se hace la aclaración de que el beneficio que se le concede es única y exclusivamente por el delito mencionado, por el que se le instruye la causa penal ********************, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, sin perjuicio de los diversos procesos que se le instruyan por diverso delito y a disposición de otra autoridad judicial. Ahora bien, para fijar el monto de la garantía que deberá exhibir ********************, se toma en consideración lo siguiente: En cuanto a la garantía del pago del perjuicio causado al Fisco Federal, tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 92, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, es que mediante dictamen técnico contable de veintiséis de noviembre de dos mil trece, emitido por C.P. ******************** peritos adscritos a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se concluyó que el importe del Impuesto Sobre la Renta relativo al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no pagado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el contribuyente ********************, ascendió a la cantidad de $541,266.47 (quinientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y seis pesos cuarenta y siete centavos). En tales condiciones, se fija la cantidad de $541,266.47 (quinientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y seis pesos cuarenta y siete centavos), para garantizar el perjuicio ocasionado al Fisco Federal, respecto del delito de defraudación fiscal. Por no prever pena pecuniaria el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, que es el que sanciona dicha conducta, no se fija cantidad alguna sobre esa en particular. Por otra parte, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso, con base en los numerales 399, fracción III y 402, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, se fija a ********************, la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional); caución que se determina en proporción a la capacidad económica referida por el inculpado, ya que dice se encuentra desempleado; y hasta este momento procesal no aparece que cuente con antecedentes penales; y las circunstancias objetivas de los hechos atribuidos, revelan que el bien jurídico tutelado no se expuso a un peligro de gran magnitud; tampoco existen datos que racionalmente conduzcan a la presunción que el procesado invariablemente tiene un razonable interés de sustraerse a la acción de la justicia; antes bien, se observa sólo el interés de continuar el proceso en libertad. En el mismo aspecto, se ponderan las circunstancias especiales del caso y aparte se estima que el aludido monto sirve para evitar que el encausado se sustraiga de la acción de la justicia. En esas condiciones, el monto total que ********************, deberá exhibir en este juzgado para poder gozar del beneficio concedido es de $551,266.47 (quinientos cincuenta y un mil doscientos sesenta y seis pesos cuarenta y siete centavos), Sin perjuicio de que en términos del artículo 92, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación, el cual establece que para conceder la libertad provisional bajo caución, tratándose de los delitos fiscales en que sea necesaria querella, y que no sean considerados como graves en términos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caución que la autoridad judicial fije, debe comprender, en su caso, la suma de la cuantificación del perjuicio o daño en menoscabo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las contribuciones adecuadas, incluyendo la actualización y recargos que determina la autoridad Fiscal a la fecha en que se promueve la solicitud de la libertad provisional, es decir, al día de hoy treinta de septiembre de dos mil quince; ello, merced a que la autoridad hacendaria no ha presentado hasta este momento, la cuantificación del perjuicio que se le causó, incluyendo la actualización y recargos correspondientes. Así, debe mencionarse que los montos fijados pueden ser garantizados por medio de cualesquiera de las formas permitidas por la ley, esto es, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca, prenda o fideicomiso formalmente constituido, tal como lo establece el párrafo último del numeral 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, aparte de que la ocupación del inculpado relativa a la compra y venta de maquinaria que se desprende de las constancias de autos, permite sostener esa asequibilidad reconocida por la Ley, en la inteligencia que tratándose de billetes de depósito o pólizas de fianza, deberá exhibirse un documento por cada uno de los conceptos que se han establecido. No obsta a lo antes acordado, el contenido de la Jurisprudencia número 1ª./J.37/2006, tomo: XXIII, Junio de 2006, Novena época, sustentada pro la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 422, que dice: LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 92, PÁRRAFO CUARTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRANSGREDÍ (sic) EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL AL CONDICIONAR ESE BENEFICIO AL PAGO DE UNA GARANTÍA POR EL MONTO ESTIMADO DEL DAÑO A PERJUICIO FISCAL, INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS, ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS. El mencionado precepto legal establece que para conceder el beneficio de la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación del daño o perjuicio determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las contribuciones adeudadas, además de la actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva dicho beneficio, entendiendo estos conceptos, en su conjunto, como el menoscabo patrimonial que trae como consecuencia el delito de defraudación fiscal. Por otro lado, debe considerarse que como el referido artículo 92 se ubica en el capitulo II, de los delitos Fiscales del título IV, de las fracciones y delitos fiscales, su análisis no puede hacerse de manera aislada, sino inmersa en el sistema que integra, por lo que resulta dable su interrelación con el artículo 94 del propio Código, que prevé que en los delitos fiscales está prohibido a la autoridad judicial imponer sanción pecuniaria, así como que las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal, y si además el artículo 29 del Código Penal Federal, establece que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño, se concluye que la prohibición de que se trata incluye ambas modalidades, por tanto el mencionado artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, transgredió la garantía establecida en beneficio del procesado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal, pues si el monto estimado de la reparación del daño no va a ser materia de la condena que, en su caso, pudiera decretarse, resulta indebido el requisito de que se garantice ese concepto para efectos de la libertad provisional. Lo anterior, toda vez que dicha jurisprudencia ya no resulta aplicable al caso, ya que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, se derogó el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, precepto legal que fue analizado para la emisión de la jurisprudencia transcrita. Se requiere al procesado ********************, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, se acoja al beneficio de libertad provisional bajo caución o se interne voluntariamente en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, bajo los efectos del auto de formal prisión que le fue decretado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete; prevenido que de no hacerlo así, este Juzgado ordenará su reaprehensión, con motivo del auto de formal prisión que le fue decretado. Respecto a la manifestación que hace el procesado en el sentido de que se tome en consideración que el Servicio de Administración Tributaria ha ejecutado en su contra una orden de embargo en relación a los hechos que se le atribuyen y exhibe copia simple del certificado 025232, expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público, Secretaria de Finanzas, Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que se asienta que el bien inmueble propiedad del procesado contiene un gravamen a favor del SAT; en consecuencia, con transcripción de este auto, requiérase al Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro de los tres días siguientes al en que reciba el oficio respectivo informe si el embargo decretado a bienes de ********************, a que se refiere el citado gravamen es en relación a los impuestos omitidos relativos al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, relacionado con la causa penal en que se actúa, para lo cual remítasele copia del anexo que exhibe el promovente, apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, a quien incumpla, multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales. Sin perjuicio de ello, quedan expeditos los derechos del procesado y de su defensa para que alleguen dicha información a fin de ser tomada en su caso, antes de que se le tenga por acogido a dicho beneficio. Notifíquese personalmente y cúmplase. 3. Luego, en auto de trece de julio citado (fojas 1015 a 1016 del legajo), se tuvo al agente del Ministerio Público Federal adscrito al juzgado responsable, interponiendo recurso de apelación contra el acuerdo antes mencionado, ordenándose remitir copia certificada de la causa penal de referencia, al Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito con residencia en esta ciudad de Zacatecas, en turno, para la substanciación de dicho recurso. De igual forma, se ordenó agregar a los autos de la causa escrito del procesado, aquí quejoso, y se le tuvo por exhibido billete de depósito por la cantidad de diez mil pesos, para garantizar las obligaciones procesales derivadas del aludido beneficio. Además, se otorgó al quejoso un plazo de cinco días hábiles a fin de que exhibiera la documentación relativa al embargo decretado en bienes de su propiedad, respecto a los impuestos omitidos, a fin de estar en posibilidad la responsable, de determinar si lo tenía o no por acogido al beneficio otorgado. 4. El dieciocho de julio en cita (fojas 1024 a 1025), luego de acordar en relación con el acuse de recibo remitido por del secretario del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, del duplicado de la causa penal ********************, que se había remitido para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto contra el auto de formal prisión dictado en contra del impetrante del amparo, se ordenó agregar oficio de la Administradora Desconcentrada de Recaudación de Rentas de Zacatecas 1, por el que dio cumplimiento al requerimiento que el juzgado responsable le había realizado a efecto de que informara respecto del embargo trabado en bienes propiedad del amparista, del cual se realizó la transcripción correspondiente. Y al respecto, en los párrafos del cuarto al octavo, la responsable determinó: Atento a lo anterior, toda vez que, del citado informe se advierte que se encuentra garantizado el pago de los impuestos omitidos relativos al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, relacionado con la causa penal en que se actúa, conforme al crédito fiscal ********************, de fecha 27 de febrero de 2013, terminado en autos; por tanto, advirtiéndose además que en proveído de trece de julio de dos mil diecisiete, se tuvo por exhibido el billete de depósito ********************, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros SNC, para garantizar las obligaciones procesales derivadas del beneficio de libertad provisional bajo caución que le fue concedido al procesado ********************; en consecuencia surte efectos el beneficio de libertad provisional bajo caución concedido al referido encausado ********************, mediante auto de seis de julio del presente año. Háganse saber a ********************, las causas de revocación de la libertad provisional que se le ha concedido y a que se refiere el artículo 412 del Código Federal de Procedimientos Penales, por haberse garantizado su libertad provisional bajo caución, e igualmente hágasele saber que de conformidad con el artículo 411 del citado código procesal, contrae las siguientes obligaciones: presentarse ante este juzgado el siguiente día hábil a la notificación del presente acuerdo, a fin de que registre su firma en el libro que al efecto existe y el día último de cada mes, en el horario de labores, que comprende de las nueve a las quince horas, o al día siguiente si el último fuere inhábil, en la inteligencia que una vez que se presente ante este juzgado, deberá procederse a la digitalización, codificación y almacenamiento de las características físicas únicas del inculpado en el módulo denominado S.I.S.E. Control Biométrico, sistema conforme al cual deberá ser identificado el día fijo que para su presentación ha quedado establecido; así como cuantas veces sea citado y requerido legalmente para ello a comparecer ante este órgano jurisdiccional; comunicar todos los cambios de domicilio que tuviere; y, no ausentarse del lugar de residencia sin el permiso de este juzgado; apercibido que de no cumplir cualquiera de las obligaciones señaladas, se revocará el beneficio concedido. Hágase lo anterior del conocimiento de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Zacatecas 1, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a girar boleta de libertad, toda vez que de autos se desprende que el referido procesado se encuentra en libertad por virtud de la concesión que en su momento oportuno le fue concedido en relación al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado. Mediante oficio notifique (sic) el presente auto al Director General de Delitos Fiscales de la subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con domicilio en ., en su carácter de ofendida y parte civil coadyuvante del agente del Ministerio público Federal adscrito, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Notifíquese. 5. El veintiuno del citado mes de julio, se tuvo por recibido el acuse de recibo suscrito por la secretaria del Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito, del oficio por el que se remitió en dos tomos copia certificada de la causa penal aludida, para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal, contra el auto de seis del mes en cita, asimismo, el escrito del peticionario del amparo, por el que designó defensor en segunda instancia y señaló domicilio para oír notificaciones (foja 1034). 6. El veintiocho de julio de dos mil diecisiete (foja 1055), se admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el agente del Ministerio Público Federal adscrito, contra el auto de dieciocho anterior, el que se ordenó notificar al procesado, aquí quejoso y el dos de agosto siguiente (foja1060), se señaló fecha y hora para la audiencia relativa, la que se celebró el cuatro siguiente, conforme al acta que obra a fojas de la 1066 a la 1068 del legajo en mención. 7. En la fecha antes mencionada, se dictó la resolución correspondiente, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: Primero. Es procedente, infundado en parte y fundado en otra, el recurso de revocación interpuesto por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, contra el proveído de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, dictado en la presente causa penal ********************. Segundo. Por las razones y fundamentos citados en esta determinación, se revocan los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, del auto impugnado; consecuentemente no surte efectos el beneficio de la libertad provisional bajo caución concedido en auto de seis de julio de dos mil diecisiete al procesado ********************, en que se consideró que estaba garantizado el pago de los impuestos omitidos relativos al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez. Tercero. Deberán prevalecer los párrafos primero, segundo y tercero del acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, así como el acuerdo emitido en la parte final de la presente determinación, en sustitución a los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo del citado acuerdo, para todos los efectos legales a que haya lugar. 8. Finalmente, mediante oficio que se tuvo por recibido en este juzgado el uno de septiembre de dos mil diecisiete el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, informó que el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito en resolución de veintiocho de agosto del año en curso, emitida en el toca penal ********************, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio de la Federación de su adscripción, contra su auto de seis de julio de dos mil diecisiete, modificó dicho acuerdo. Al efecto acompañó copia certificada de esa resolución, de la que se desprende que el auto de que se trata fue modificado, específicamente, respecto a la cantidad fijada para garantizar el perjuicio ocasionado al Fisco, para quedar en la forma siguiente: Zacatecas, Zacatecas, seis de julio de dos mil diecisiete. Visto; agréguese a sus autos, para que obre como corresponda, el escrito de cuenta, firmado por el procesado ********************; atento a su contenido, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución General de la República, y 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, se concede al referido procesado el beneficio de la libertad provisional bajo caución solicitado, en atención a que el delito por el que se le atribuye la causa penal, de defraudación fiscal equiparable, previsto en el artículo 109, fracción V, y sancionado en el artículo 108, párrafo cuarto, fracción I, ambos del Código Fiscal de la Federación, cometido en términos del artículo 95, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, no está considerado como grave, por lo que en términos del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, se le concede dicho beneficio. Se hace la aclaración de que el beneficio que se le concede es única y exclusivamente por el delito mencionado, por el que se le instruye la causa penal ********************, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, sin perjuicio de los diversos procesos que se le instruyan por diverso delito y a disposición de otra autoridad judicial. Ahora bien, para fijar el monto de la garantía que deberá exhibir ********************, se considera lo siguiente: En cuanto a la garantía del pago del perjuicio causado al Fisco Federal, tomando en cuenta lo dispuesto en el artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación, obra en autos el dictamen técnico contable de veintiséis de noviembre de dos mil trece, emitido por C.P. ******************** expertas adscritas a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, dependiente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el que concluyeron que el importe del Impuesto Sobre la Renta relativo al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, no pagado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el contribuyente ********************, ascendió a la cantidad de $541,266.47 (quinientos cuarenta y un mil doscientos sesenta y seis pesos cuarenta y siete centavos). Asimismo, obra el diverso oficio 500 02 2017-16652 de doce de mayo de dos mil diecisiete suscrito por ********************, Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en el que se advierte que el perjuicio ocasionado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, asciende a la cantidad de $1´137,486.19 (un millón ciento treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con diecinueve centavos, moneda nacional), que corresponde a la omisión de pago del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diez, más la actualización y recargos. En tales condiciones, se fija la cantidad de $1´137,486.19 (un millón ciento treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con diecinueve centavos, moneda nacional), para garantizar el perjuicio ocasionado al Fisco Federal, respecto del delito de defraudación fiscal. Sustenta lo anterior, la tesis 1a. V/2010 de la Primera Sala del alto tribunal de la Nación, publicada en la página 258, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. ES POSIBLE INCLUIR COMO PARTE DE LA GARANTÍA RESPECTIVA LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MÁS LA ACTUALIZACIÓN Y LOS RECARGOS CORRESPONDIENTES, AL HABERSE DEROGADO EL ARTÍCULO 94 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE PROHIBÍA A LA AUTORIDAD JUDICIAL IMPONER UNA SANCIÓN PECUNIARIA TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES. El artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación establece que para conceder el beneficio de la libertad provisional bajo caución de delitos fiscales no graves, el monto de la garantía que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación del daño o perjuicio determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las contribuciones adeudadas más la actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva dicho beneficio. Ahora bien, esa norma se declaró inconstitucional, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 37/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, junio de 2006, página 44, con el rubro LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 92, PÁRRAFO CUARTO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRANSGREDE EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL AL CONDICIONAR ESE BENEFICIO AL PAGO DE UNA GARANTÍA POR EL MONTO ESTIMADO DEL DAÑO O PERJUICIO FISCAL, INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS, ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS., toda vez que el artículo 94 del indicado código fiscal prohibía a la autoridad fiscal imponer sanciones pecuniarias en los delitos fiscales. En términos de la referida jurisprudencia, las contribuciones, actualizaciones y recargos forman parte de la reparación del daño y, por ende, de las vedadas sanciones de tipo pecuniario. Sin embargo, dado que el aludido artículo 94 fue derogado mediante decreto publicado el 28 de junio de 2006 en el Diario Oficial de la Federación, se concluye a través de un argumento a contrario sensu que ha desaparecido la condición de inconstitucionalidad. Aunado al razonamiento anterior, se considera que el artículo 92, párrafo cuarto, del Código Fiscal de la Federación respeta el orden constitucional, pues el hecho de incluir como parte del monto de la caución los referidos elementos no transgrede el contenido del artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (texto anterior a la reforma publicada en el citado medio de difusión oficial el 18 de junio de 2008), el cual establece que la reparación del daño es uno de los requisitos que debe tomar en cuenta el juez para resolver la forma y el monto de la caución. En los delitos de índole fiscal, como el contrabando, el daño o menoscabo patrimonial derivado de la conducta delictiva se traduce precisamente en la omisión de pago de las contribuciones correspondientes que habría recibido la Secretaria de Hacienda si la mercancía se hubiera introducido al país contando con el permiso respectivo. Por no prever pena pecuniaria el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, vigente en la época de los hechos, que es el que sanciona dicha conducta, no se fija cantidad alguna sobre esa en particular. Por otra parte, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley establece en razón del proceso, con base en los numerales 399, fracción III y 402, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, se fija a ********************, la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, cero centavos, moneda nacional); caución que se determina en proporción a la capacidad económica referida por el inculpado, ya que dice se encuentra desempleado; y hasta este momento procesal no aparece que cuente con antecedentes penales; y las circunstancias objetivas de los hechos atribuidos, revelan que el bien jurídico tutelado no se expuso a un peligro de gran magnitud; tampoco existen datos que racionalmente conduzcan a la presunción que el procesado invariablemente tiene un razonable interés de sustraerse a la acción de la justicia; antes bien, se observa sólo el interés de continuar el proceso en libertad. En el mismo aspecto, se ponderan las circunstancias especiales del caso y aparte se estima que el aludido monto sirve para evitar que el encausado se sustraiga de la acción de la justicia. En esas condiciones, el monto total que ********************, deberá exhibir en este juzgado para poder gozar del beneficio concedido es de $1´147,486.19 (un millón ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con diecinueve centavos, moneda nacional). Los montos fijados pueden ser garantizados en cualesquiera de las formas permitidas por la ley; esto es, mediante depósito en efectivo, fianza, hipoteca, prenda o fideicomiso formalmente constituido, tal como lo establece el párrafo último del numeral 399 del Código Federal de Procedimientos Penales, aparte de que la ocupación del inculpado relativa a la "compra y venta de maquinaria" que se desprende de las constancias de autos, permite sostener esa asequibilidad reconocida por la Ley, en la inteligencia que tratándose de billetes de depósito o pólizas de fianza, deberá exhibirse un documento por cada uno de los conceptos que se han establecido. Requiérase al procesado ********************, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación del presente auto, se acoja al beneficio de libertad provisional bajo caución o se interne voluntariamente en el Centro Regional de Reinserción Social Varonil, con sede en Cieneguillas, Zacatecas, bajo los efectos del auto de formal prisión que le fue decretado el cuatro de mayo de dos mil diecisiete; prevenido que de no hacerlo así, este Juzgado ordenará su reaprehensión, con motivo del auto de formal prisión que le fue decretado. Respecto a la manifestación que hace el procesado en el sentido de que se tome en consideración que el Servicio de Administración Tributaria ha ejecutado en su contra una orden de embargo en relación a los hechos que se le atribuyen y exhibe copia simple del certificado 025232, expedido por la Dirección de Catastro y Registro Público, Secretaría de Finanzas, Gobierno del Estado de Zacatecas, en el que se asienta que el bien inmueble propiedad del procesado contiene un gravamen a favor del SAT; en consecuencia, con transcripción de este auto, requiérase al Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que dentro de los tres días siguientes al en que reciba el oficio respectivo informe si el embargo decretado a bienes de ********************, a que se refiere el citado gravamen es en relación a los impuestos omitidos relativos al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, relacionado con la causa penal en que se actúa, para lo cual remítasele copia del anexo que exhibe el promovente, apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá, a quien incumpla, multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales. Sin perjuicio de ello, quedan expeditos los derechos del procesado y de su defensa para que alleguen dicha información a fin de ser tomada en su caso, antes de que se le tenga por acogido a dicho beneficio. Notifíquese personalmente y cúmplase. La resolución mencionada en el número siete anterior, es la que impugna el quejoso en el presente juicio de derechos. Pues bien, de lo anterior se desprende, que el acto reclamado lo constituye la parte de la resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, en la que se revocan los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, del auto de dieciocho de julio anterior, y como consecuencia se determina que no surte efectos el beneficio de la libertad provisional bajo caución concedido en auto de seis de julio citado, al ahora quejoso. Además, de la relación de constancias que antecede también se aprecia, que en los párrafos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, del auto de dieciocho de julio de dos mil diecisiete, se consideró, en el primero de ellos, es decir el cuarto, que estaba garantizado el pago de los impuestos omitidos relativos al ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, asimismo, que atendiendo a que también se había exhibido billete de depósito para garantizar las obligaciones procesales derivadas del beneficio de libertad provisional bajo caución que le fue concedido al impetrante del amparo, surtía efectos dicho beneficio; en el quinto, se hicieron saber a ********************, las causas de revocación de la libertad de que se trata, así como las obligaciones que contrajo, y que de no cumplir cualquiera de ellas, se revocaría el beneficio concedido; y en los tres restantes, que se hiciera del conocimiento la concesión de mérito a las dependencias que ahí se mencionaron, así como que no había lugar a girar boleta de libertad, por encontrarse en libertad el procesado. Y, de la resolución dictada en el recurso de apelación interpuesto contra el auto de seis de julio de dos mil diecisiete, por el que se fijaron las garantías que habría de exhibir el ahora quejoso para garantizar el beneficio de su libertad provisional bajo caución, se modificó dicho auto, particularmente en lo relativo a la cantidad fijada para garantizar el perjuicio ocasionado al fisco federal con motivo de la comisión del delito de defraudación fiscal que se le atribuye, lo que significa que, lo determinado en esta última resolución en lo referente al señalamiento de garantías para que surta efectos el beneficio de la libertad provisional otorgado al impetrante del amparo, concretamente la antes mencionada, vino a sustituir lo resuelto en la interlocutoria reclamada, dado que tácitamente se determina que no surte efectos el beneficio de que se trata, ello por estar sujeto a que el ahora quejoso exhiba la cantidad que garantice el perjuicio ocasionado al fisco. En razón de lo anterior, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos que establece la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, al haber cesado los efectos de la determinación impugnada debido a que quedó sustituida procesalmente por la resolución emitida por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Tercer Circuito el acto reclamado, la cual incide en la vigencia y ejecutividad de la reclamada, cuya firmeza se da por la resolución posterior. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número I.2o.P.4 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2546, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, DE LA, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia. Luego, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, procede sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el diverso 63, fracción V, de la propia ley. Finalmente, el sobreseimiento indicado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 57, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 70, octubre de 1993, correspondiente a la octava época, cuyo rubro texto dicen: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido por los artículos 74, 76, y 124 de la Ley de Ampao, se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 720/2017, formado con la demanda promovida por ********************, contra el acto reclamado del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, consistente en la resolución de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, por las razones asentadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante José de Jesús Martínez Torres, secretario de juzgado, quien autoriza, hoy doce de enero dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
En dos de octubre de dos mil diecisiete, la Secretaria del Juzgado licenciada María Concepción García Jacobo doy cuenta al Juez con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dos de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, informó que la Comisión de Adscripción en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado Iván Ojeda Romo, como Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, a partir del uno de octubre del año en curso; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia, 2ª./J.104/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, resultado de la contradicción de tesis 119/2010 entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo del Décimo Primer Circuito, actualmente Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo circuito, y Segundo del Quinto Circuito, ahora Primero en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito, consultable en la página 312 del Tomo XXXII, Julio de 2010, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- DOY FE. Megm
- Principal
En uno de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el folio 11793 y anexo que se adjunta. Conste. Zacatecas, Zacatecas, uno de septiembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Juez Segundo de distrito en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad por el cual informa que el Segundo Tribunal Unitario del vigésimo Tercer Circuito en resolución de veintiocho de agosto del año en curso, en el toca penal 42/2017-III, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio de la Federación de su adscripción, contra su auto de seis de julio del presente año, modificando el citado proveído. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia en consulta, ténganse como pruebas de la mencionada autoridad las documentales que exhibe junto con el libelo de cuenta, mismas que dada su propia y especial naturaleza, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza. Doy fe. Ajc.
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