Sergio Ignacio Martínez Flores

Expediente 1747/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1747/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
25/10/2018

Partes del expediente

  • Sergio Ignacio Martínez Flores

Actuaciones

  1. Principal

    El veinticinco octubre de dos mil dieciocho la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del dieciocho al veinticuatro de octubre del año en curso, con exclusión de los días veinte y veintiuno por ser inhábiles; contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conste. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, en su oportunidad y con fundamento en el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, al no ser de relevancia documental, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase el citado expediente por conducto de la Administración Regional a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo de referencia, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza y da fe. Regina.

  2. Principal

    CUENTA. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Sergio Ignacio Martínez Flores, registrada con el folio 20476, con cinco copias y anexo que se adjunta. La circunstancia de que los licenciados José de Jesús Llamas Rodríguez (2865054) y Patricia Martínez Escobedo (9821599) tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Sergio Ignacio Martínez Flores, contra actos de Karla Guadalupe Hernández, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta de la Fiscalía General de Justicia en el estado, con sede en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1747/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que las quejosas señalan como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad ordenadora: Karla Guadalupe Hernández, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta de la Fiscalía General de Justicia del estado, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: Los actos de integración de la carpeta de investigación número 7135/2015, así como el oficio número 6325 de catorce de septiembre del año en curso. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del anterior artículo, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 77, número 68, agosto de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por ello, es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, como en el caso acontece. Ahora bien, respecto del acto reclamado, consistente en los actos de integración de la carpeta de investigación número 7135/2015, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." [.] De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En ese sentido, si bien es cierto que, aun cuando el Ministerio Público al integrar alguna indagatoria actúa como autoridad, no menos cierto resulta que, el desahogo de las diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara la privación de la libertad, de posesiones o derechos, lo que, en todo caso, sería lo que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; motivo por el cual, resulta improcedente el juicio de amparo por lo que respecta al acto resaltado. Cobra puntual aplicación a lo dicho la jurisprudencia I.2º.P.J/11, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 689, Tomo V, Segunda Parte-2, enero-junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Así como la diversa tesis XIII.P.A.32 P (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, visible a página 2987, Tomo III, Libro 57, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en los actos de integración de la carpeta de investigación número 7135/2015. Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en el oficio 3625 de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se requiere a Sergio Ignacio Martínez Flores como gerente y/o representante legal de CONSORCIO JURÍDICO PROFESIONAL Y MIRACSE CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que en un término de tres días informe lo ahí pedido, bajo amonestación que al hacer caso omiso, se procederá en su contra con una multa que puede ir de los veinte a mil días de salario mínimo; ahora bien, a juicio de quien aquí resuelve se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 5 y 6, aplicados a contrariu sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la persona moral o física que le afecte el acto reclamado y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A contrariu sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, lo que sucede en la especie, y por lo cual se actualiza la causa de improcedencia citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Al respecto, cabe decir que, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 3490, del Volumen LXXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo a la persona física o moral. En efecto, el quejoso señala como acto reclamado el oficio 3625 de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se requiere a Sergio Ignacio Martínez Flores como gerente y/o representante legal de CONSORCIO JURÍDICO PROFESIONAL Y MIRACSE CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que en un término de tres días informe lo ahí pedido, bajo amonestación que al hacer caso omiso, se procederá en su contra con una multa que puede ir de los veinte a mil días de salario mínimo, por tanto, se advierte que el actos reclamados no produce una afectación actual, real y directa al quejoso, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierta la imposición de la multa ya que la misma está condicionada a que el inconforme cumpla o no con lo ordenado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tienen como autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a José de Jesús Llamas Rodríguez (2865054) y Patricia Martínez Escobedo (9821599), toda vez que tienen registrada su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Uno, número doscientos veintitrés (223), Altos Fraccionamiento Boulevares en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTRO DE 09 D EOCTUBRE DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCOIÓN I, INCISO B) D ELA LEY DE AMPARO. "CUENTA. El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Sergio Ignacio Martínez Flores, registrada con el folio 20476, con cinco copias y anexo que se adjunta. La circunstancia de que los licenciados José de Jesús Llamas Rodríguez (2865054) y Patricia Martínez Escobedo (9821599) tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, nueve de octubre de dos mil dieciocho. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Sergio Ignacio Martínez Flores, contra actos de Karla Guadalupe Hernández, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta de la Fiscalía General de Justicia en el estado, con sede en esta ciudad; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1747/2018 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que las quejosas señalan como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridad ordenadora: Karla Guadalupe Hernández, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta de la Fiscalía General de Justicia del estado, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: Los actos de integración de la carpeta de investigación número 7135/2015, así como el oficio número 6325 de catorce de septiembre del año en curso. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del anterior artículo, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 77, número 68, agosto de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por ello, es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, como en el caso acontece. Ahora bien, respecto del acto reclamado, consistente en los actos de integración de la carpeta de investigación número 7135/2015, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, que en lo que interesa establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [...] "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." [.] De la interpretación armónica de dichos preceptos, se tiene que el juicio de amparo resulta procedente cuando alguna responsable emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder de la responsable, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto u omisión de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En ese sentido, si bien es cierto que, aun cuando el Ministerio Público al integrar alguna indagatoria actúa como autoridad, no menos cierto resulta que, el desahogo de las diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara la privación de la libertad, de posesiones o derechos, lo que, en todo caso, sería lo que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; motivo por el cual, resulta improcedente el juicio de amparo por lo que respecta al acto resaltado. Cobra puntual aplicación a lo dicho la jurisprudencia I.2º.P.J/11, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 689, Tomo V, Segunda Parte-2, enero-junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso". Así como la diversa tesis XIII.P.A.32 P (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Penal, visible a página 2987, Tomo III, Libro 57, Agosto de 2018, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en los actos de integración de la carpeta de investigación número 7135/2015. Por otra parte, en relación al acto reclamado consistente en el oficio 3625 de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se requiere a Sergio Ignacio Martínez Flores como gerente y/o representante legal de CONSORCIO JURÍDICO PROFESIONAL Y MIRACSE CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que en un término de tres días informe lo ahí pedido, bajo amonestación que al hacer caso omiso, se procederá en su contra con una multa que puede ir de los veinte a mil días de salario mínimo; ahora bien, a juicio de quien aquí resuelve se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los preceptos 5 y 6, aplicados a contrariu sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de los preceptos transcritos, se advierte, entre otras cuestiones, que el juicio de amparo únicamente lo puede promover la persona moral o física que le afecte el acto reclamado y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A contrariu sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación real y actual a la esfera jurídica del quejoso, lo que sucede en la especie, y por lo cual se actualiza la causa de improcedencia citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, sustenta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 1827, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Al respecto, cabe decir que, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 3490, del Volumen LXXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo a la persona física o moral. En efecto, el quejoso señala como acto reclamado el oficio 3625 de catorce de septiembre de dos mil dieciocho, a través del cual se requiere a Sergio Ignacio Martínez Flores como gerente y/o representante legal de CONSORCIO JURÍDICO PROFESIONAL Y MIRACSE CONSULTORES FINANCIEROS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, para que en un término de tres días informe lo ahí pedido, bajo amonestación que al hacer caso omiso, se procederá en su contra con una multa que puede ir de los veinte a mil días de salario mínimo, por tanto, se advierte que el actos reclamados no produce una afectación actual, real y directa al quejoso, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierta la imposición de la multa ya que la misma está condicionada a que el inconforme cumpla o no con lo ordenado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación Mixta. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley". En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia señalada, con apoyo en el numeral 113 de la ley en cita, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el promovente se tienen como autorizados con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo a José de Jesús Llamas Rodríguez (2865054) y Patricia Martínez Escobedo (9821599), toda vez que tienen registrada su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y como domicilio para tal fin el ubicado en Calle Uno, número doscientos veintitrés (223), Altos Fraccionamiento Boulevares en esta ciudad. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria que autoriza. Doy fe.

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