Sergio Hernández Rivera
Expediente 562/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 7 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 562/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 07/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Sergio Hernández Rivera
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 2146/2015, promovido por Martha Idalia Vaquera Delgado, contra un acto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas, que considera violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Martha Idalia Vaquera Delgado, formuló demanda de amparo indirecto, contra la autoridad y acto que a continuación se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas. ACTO RECLAMADO La omisión de impartir en forma rápida, pronta y expedita la justicia administrativa que como tribunal tiene la obligación constitucional de hacerlo a favor de la ahora quejosa, dentro del procedimiento ordinario de nulidad número 132/II/2011, promovido por MARTHA IDALIA VAQUERA DELGADO, en contra del Presidente municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas y otro. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto del veintisiete de noviembre de dos mil quince la registró y admitió a trámite bajo el número 2146/2015; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada el catorce de marzo de dos mil dieciséis. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 53/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce; además, por reclamarse una omisión de una autoridad administrativa residente dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. El análisis integral de la demanda de amparo, en armonía con la totalidad de la información allegada a este expediente, revela que la quejosa Martha Idalia Vaquera Delgado comparece a esta instancia federal, en su carácter de parte actora en los autos del procedimiento ordinario de nulidad número 132/II/2011, a reclamar particularmente de la autoridad responsable: La omisión de ejecutar la sentencia de cinco de octubre de dos mil doce, dictada en el procedimiento administrativo de nulidad 132/II/2011. TERCERO. Existencia, certeza o presunción del acto reclamado. Una vez determinado cuál es el acto reclamado, por cuestión de técnica, a continuación se analizará su inexistencia, presunción o certeza, como lo estableció una anterior integración del Máximo Tribunal de la Nación en la tesis del rubro y texto siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACION LOGICA DE SUS CONSIDERANDOS. La autoridad responsable negó por una parte y reconoció por otra el acto que se le atribuye (fojas diez y once de autos), sin embargo, expuso razones por las cuales negaba y reconocía el mismo, adoptando para ello, argumentos a manera de justificación de la dilación en la ejecución; de ahí que su negativa deba ser desvirtuada y tenerse como cierta la omisión de ejecutar la sentencia de cinco de octubre de dos mil doce. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis que dice: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. Lo que además se corrobora con las constancias certificadas del procedimiento ordinario de nulidad número 132/II/2011, a las que se asigna valor probatorio pleno conforme con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, lo que basta para demostrar la certeza de tales reclamos. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión de orden público y preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado dijo que se debe decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías en virtud de que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la quejosa no señaló cuales son los actos que le afectan sus intereses jurídicos y legítimos. Es infundada dicha causal. Se estima de esa forma, virtud a que contrario a lo que menciona el tribunal responsable, la quejosa señala en su demanda de garantías que el acto que le afecta es la omisión de ejecutar la sentencia de cinco de octubre de dos mil doce; pues, efectivamente, el hecho de que el procedimiento administrativo de nulidad se prolongue en su ejecución es violatorio del artículo 17 constitucional, ya que establece el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial; así como la existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; el requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; el desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. Y respecto a las diversas causales de improcedencia que refiere el tribunal responsable previstas en el artículo 61, fracciones XVI y XVIII, de la Ley de Amparo, resultan inatendibles, toda vez que la sola invocación de las fracciones de mérito, no basta para que esta juzgadora estudie la improcedencia que sobre el presente juicio se plantea, ya que las mismas no son de obvia y objetiva constatación; máxime que la suscrita Juez Federal no advierte de oficio la actualización de causal de improcedencia alguna, dado que como quedó asentado, en la especie se está es presencia de un acto omisivo. Tiene aplicación, en lo referente a la determinación de no realizar el análisis de las aludidas causales, la jurisprudencia de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. QUINTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir los conceptos de violación, al no ser un requisito exigido por el artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme lo dispone la tesis cuyo rubro y texto son: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X De las sentencias, del título primero Reglas generales, del libro primero Del amparo en general, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Análisis del concepto de violación planteado. Son fundadas las manifestaciones de inconformidad formuladas por la quejosa respecto de la omisión de la responsable de ejecutar la sentencia de cinco de octubre de dos mil doce en el procedimiento ordinario de nulidad número 132/II/2011. El numeral 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Este dispositivo protege el derecho sustantivo a la jurisdicción, mediante el cual se puede exigir a los órganos jurisdiccionales del Estado la tramitación y resolución de los conflictos jurídicos en los términos fijados por la ley. Por su parte, los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas disponen: CAPÍTULO XI DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA Artículo 79. Las sentencias pronunciadas por el Tribunal causan ejecutoria en los siguientes casos: Fracción I. Las sentencias no impugnadas o consentidas expresamente por las partes, sus representantes o por sus mandatarios con poder bastante; Fracción II. Las que siendo impugnadas, se haya declarado desierto o improcedente el medio de impugnación; Fracción III. Cuando se haya desistido el recurrente. Artículo 80. En el caso de que la sentencia que haya causado ejecutoria sea favorable al particular, en el oficio por el cual se notifique a la autoridad demandada, se le prevendrá para que dentro del término de quince días informe sobre su cumplimiento. Artículo 81. Si de autos constare que no ha quedado cumplimentada la sentencia, de oficio o a petición de parte, el Tribunal, requerirá a la autoridad para que la cumpla, concediéndole para ello tres días más, apercibiéndola de que en caso de rebeldía se le impondrá una multa por la cantidad de hasta doscientos días de salario mínimo vigente en la ciudad de Zacatecas. Artículo 82. Si la autoridad persistiere en su rebeldía, el Tribunal solicitará al superior jerárquico de la responsable, la obligue a que dé cumplimiento a la sentencia en un término de veinticuatro horas, sin perjuicio de que se reitere la sanción pecuniaria cuantas veces sea necesario, a criterio del Tribunal. Las sanciones mencionadas serán procedentes asimismo cuando no se cumplimente en sus términos la suspensión que se decretó respecto del acto impugnado en juicio. Artículo 83. Si no obstante los requerimientos a que se refieren las disposiciones anteriores no se da cumplimiento a la resolución, se procederá en contra del servidor público responsable en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. De estos preceptos se obtienen como principios fundamentales del proceso administrativo y de lo contencioso, que cuando la sentencia haya causado ejecutoria y sea favorable al particular, deberá prevenirse a la autoridad demandada, para que dentro del término de quince días informe sobre su cumplimiento, si dentro del procedimiento consta que no ha quedado cumplimentada la sentencia, de oficio o a petición de parte, el Tribunal requerirá a la autoridad para que la cumpla, concediéndole para ello tres días más, bajo el apercibimiento que en caso de rebeldía se le impondrá una multa de hasta doscientos días de salario mínimo vigente en la ciudad de Zacatecas; De igual manera, se señala que si la autoridad persistiere en su rebeldía, el Tribunal solicitará al superior jerárquico de la responsable, la obligue a dar cumplimiento a la sentencia en un término de veinticuatro horas, sin perjuicio de que se reitere la sanción pecuniaria cuantas veces sea necesario, a criterio del Tribunal; no obstante a los citados requerimientos, si no se cumplimenta la resolución, se procederá en contra del servidor público responsable en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas. Pues bien, de las constancias del procedimiento ordinario de nulidad número 132/II/2011, anteriormente relacionadas, se advierten los siguientes antecedentes relevantes. Que el cinco de octubre de dos mil doce, se dictó resolución definitiva en el procedimiento administrativo de nulidad 132/II/2011, en la que se ordenó requerir al Presidente Municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, para que en el término de quince días contados a partir de la notificación de esa resolución, informara al Tribunal responsable que realizó el pago íntegro de los salarios que debió percibir la actora como si efectivamente hubiere laborado dentro de la Dirección de Seguridad Pública de esa municipalidad, desde la fecha en que sus percepciones fueron suspendidas por la baja de que fue objeto, hasta en tanto se cumplimentara la sentencia en comento, además de las prestaciones legales que recibiría como si efectivamente hubiere laborado; de igual forma, se le obligó a enterar a la institución correspondiente -Instituto Mexicano del Seguro Social- las aportaciones de seguridad social que procedieran por el mismo lapso de tiempo (foja doscientos cuarenta y uno del tomo de prueba). Luego, por acuerdo veinticuatro de abril de dos mil trece causó ejecutoria la referida resolución, en el que también se requirió a la Presidencia municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas para que en un término de quince días siguientes informara sobre el cumplimiento que debió dar a la sentencia recaída en el procedimiento de nulidad, bajo apercibimiento que de no hacerlo le serían aplicados los medios de apremio que la ley de lo contencioso establece (foja doscientos cuarenta y seis Idem) La quejosa por conducto de su autorizado realizó varias solicitudes de requerimientos, y fue hasta el cinco de mayo de dos mil catorce en que se entregó a Martha Idalia Vaquera Delgado el cheque número 223, que ampara la cantidad de doscientos veintitrés mil quinientos setenta y seis pesos con cincuenta y tres centavos, por concepto de la condena de las prestaciones demandadas al municipio de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas (foja trescientos veintiocho Idem). Posteriormente, el veintiséis de junio de dos mil catorce, a petición de la parte demandante, el tribunal responsable requirió a la Presidencia municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, por conducto de su superior jerárquico, Ayuntamiento del citado municipio, para que en el término de veinticuatro horas informara sobre la cabal cumplimentación que debió realizar de la sentencia de cinco de octubre de dos mil doce, esto es, de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones correspondientes de seguridad social a nombre de Martha Idalia Vaquera Delgado, que proceden a partir del catorce de mayo de dos mil once hasta la fecha en que se cumpla cabalmente la sentencia emitida en el mencionado procedimiento de nulidad (foja trescientos treinta y cinco Idem). Asimismo, el siete de enero de dos mil quince, la responsable giró oficio al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que informara sobre la cotización de los pagos de cuotas obrero patronales que debió pagar el presidente municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, como si efectivamente hubiera trabajado Martha Idalia Vaquera Delgado, a partir del catorce de mayo de dos mil once al veintitrés de abril de dos mil catorce (foja trescientas cuarenta y ocho Idem). De igual manera, el treinta de abril y quince de julio de dos mil quince, la responsable de cuenta giró atento recordatorio al Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social para los mismos efectos, a lo cual dio cumplimiento nueve de septiembre de dos mil quince (foja trescientos cincuenta y ocho Idem). Motivo por el cual mediante proveídos de diez de septiembre, dieciséis de octubre y veinticuatro de noviembre del año próximo pasado, respectivamente, el tribunal responsable requirió a la Presidencia municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, por conducto de su superior jerárquico para que en veinticuatro horas siguientes diera cumplimiento e informara sobre la cumplimentación que debió hacer de la sentencia de cinco de octubre de dos mil doce, en el sentido de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social las aportaciones correspondientes de seguridad social a nombre de Martha Idalia Vaquera Delgado que proceden del catorce de mayo de dos mil once al veintitrés de abril de dos mil catorce, bajo apercibimiento, en caso de omisión, de girar oficio a la Secretaría de Finanzas para que en uso de sus facultades afecte de las participaciones que al municipio demandado le correspondan, la parte proporcional de las aportaciones de seguridad social (foja trescientos setenta y cinco Idem). Lo anterior permite concluir que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y municipios de Zacatecas ha omitido dar cumplimiento al procedimiento de ejecución establecido en la ley de la materia, pues desde el veinticuatro de noviembre de dos mil quince, que se emitió auto en el que requirió a la Presidencia municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, por conducto de su superior jerárquico para que en veinticuatro horas siguientes informara sobre la cumplimentación que debió hacer de la sentencia de cinco de octubre de dos mil doce, en el sentido de enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social las aportaciones correspondientes de seguridad social a nombre de Martha Idalia Vaquera Delgado que proceden del catorce de mayo de dos mil once al veintitrés de abril de dos mil catorce, bajo apercibimiento en caso de omisión de girar oficio a la Secretaría de Finanzas para que en uso de sus facultades, afecte de las participaciones que al municipio demandado le correspondan, la parte proporcional de las aportaciones de seguridad social; no ha sido posible su materialización. En efecto, la autoridad responsable ha sido omisa en respetar los plazos previstos en la ley para la ejecución de la sentencia en la que se requirió al Presidente Municipal de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas, para que en el término de quince días contados a partir de la notificación de esa resolución, informara al Tribunal responsable que realizó el pago íntegro de los salarios que debió percibir la actora como si efectivamente hubiere laborado dentro de la Dirección de Seguridad Pública de esa municipalidad, desde la fecha en que sus percepciones fueron suspendidas por la baja de que fue objeto, hasta en tanto cumplimentar la sentencia en comento; además de las prestaciones legales que recibiría como si efectivamente hubiere laborado; de igual forma, a enterar a la institución correspondiente las aportaciones de seguridad social que proceden por el mismo lapso de tiempo. Pues no obstante que la quejosa ha solicitado en diversas ocasiones el cumplimiento de la misma, el tribunal no ha podido obtener de la demandada su cumplimiento, pudiendo hacerlo a través del uso de cualquiera de los medios de apremio establecidos en la ley, entre los que destaca proceder en contra del servidor público responsable en los términos de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, cuando actúen en cumplimiento a una determinación del tribunal. Se dice lo anterior, pues no escapa que el cinco de mayo de dos mil catorce se entregó a Martha Idalia Vaquera Delgado el cheque número 223, que ampara la cantidad de doscientos veintitrés mil quinientos setenta y seis pesos con cincuenta y tres centavos, por concepto de la condena de las prestaciones demandadas al municipio de Florencia de Benito Juárez, Zacatecas; sin embargo, falta por enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, las aportaciones de seguridad social que proceden por el mismo lapso de tiempo, lo que se traduce en una omisión de su parte en el actuar que le encomienda la ley. Por tanto, es evidente que la abstención en que ha incurrido la autoridad administrativa responsable vulnera en perjuicio de la quejosa el derecho elemental de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, lo que conlleva a concederle el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que la citada autoridad Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas, en el término de tres días, contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, haga lo legal y estrictamente necesario para que se ejecute el apercibimiento del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, a fin de que el Presidente municipal de Florencia de Benito Juárez entere al Instituto Mexicano del Seguro Social las aportaciones correspondientes de seguridad social a nombre de Martha Idalia Vaquera Delgado que proceden del catorce de mayo de dos mil once al veintitrés de abril de dos mil catorce, como está contemplado en la sentencia de cinco de octubre de dos mil doce, pues sólo de esta manera podrá restituirse el orden constitucional quebrantado, como lo manda el dispositivo 77 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Martha Idalia Vaquera Delgado, contra el acto reclamado de la autoridad responsable Tribunal de lo Contencioso Administrativo del estado y municipios de Zacatecas, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese vía oficio a las autoridades responsables y personalmente a las demás partes."
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