Sergio Hernandez Morales
Expediente 503/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 503/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Hernandez Morales
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Por recibido el oficio que firma la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual remite los autos del juicio de amparo 503/2021 del índice de este juzgado federal, así como testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja laboral 50/2021 de veinte de enero de dos mil veintidós, que en su parte resolutiva determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja. Notifíquese." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y acúsese recibo vía electrónica a la superioridad. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo-, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que firma la actuaria judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto en contra del auto de diez de agosto del actual año, pronunciado en el juicio de amparo en que se actúa, y que se registró como recurso de queja número ****.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito presentado electrónicamente por *********, autorizado en términos amplios del quejoso ********, mediante el cual interpone recurso de queja en contra de la determinación de diez de agosto del actual año, en la que se desechó la demanda de amparo; de conformidad con lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, se ordena glosar al sumario el escrito de expresión de agravios presentado en línea, para que obre como legalmente corresponda. Atento a lo anterior, con apoyo en el numeral 101 de la Ley de Amparo, ríndase por separado el informe justificado y remítase al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, en turno, el escrito de expresión de agravios, así como copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, para la substanciación del recurso interpuesto. Finalmente, con relación a su diversa solicitud formulada, relativa a que a través del usuario electrónico "*******", se autorice al ocursante para realizar las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, entre ellas, ofrecer pruebas, presentar recursos y promociones, lo anterior conforme a lo señalado en el artículo 3 párrafo IV de la Ley de Amparo; 62 y 79 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; así como el artículo 14 del Acuerdo General 12/20 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; dígasele que mediante proveído de veintisiete de julio del año en curso, se le tuvo como autorizado en términos amplios del quejoso, lo que implica contar con las facultades a que alude, máxime que a través del usuario aludido puede allegar las promociones que a su representación estime convenientes.
- Principal
Vista el acta de comparecencia de cuenta, mediante la cual el quejoso ****** cumple con lo prevenido en auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, pues ratificó en diligencia formal el contenido y firma de sus escritos de demanda y de aclaración de esta. Asimismo, del segundo de los ocursos en cita, se advierte que aclara el escrito inicial de demanda. Desechamiento de la demanda Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En ese sentido, del análisis que se efectúa al escrito de demanda de cuenta, se desecha de plano dicho ocurso constitucional. Como cuestión previa, conviene señalar que en términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, la parte quejosa reclama: i) El oficio sin número de siete de junio de dos mil veintiuno, signado por la directora del hospital HGZ número 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta localidad, por el que denunció ante la oficina de investigaciones laborales del referido instituto, algunas irregularidades que se atribuyen, entre otros trabajadores, al quejoso ************ en su calidad jefe de SERVICIO UMH 80; ii) La resolución de uno de julio de dos mil veintiuno que dirimió el subyacente procedimiento No.*********del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, Oficina de Investigaciones Laborales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por la que se determinó la pérdida de la confianza del trabajador ahora quejoso y, por ende, la pérdida del nombramiento definitivo N51 JEFE DE SERVICIO UMH; y, iii) Las consecuencias que deriven de la resolución indicada en el punto que precede. Los anteriores actos se atribuyen a las siguientes entidades: a. La directora del hospital HGZ número 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad; y, b. ************* quien firmó en ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, Oficina de Investigaciones Laborales, del instituto de seguridad social de referencia, la resolución reclamada de uno de julio de dos mil veintiuno. Ahora, de las manifestaciones de la parte quejosa que bajo protesta de decir verdad expuso en su escrito de demanda y aclaratorio, así como de los anexos; con eficacia probatoria plena conforme lo dispuesto por los numerales 129 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados. 1. El quejoso ********** recibió el dieciséis de noviembre de dos mil uno, nombramiento definitivo para desempeñarse como trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente, como jefe de SERVICIO UMH 80 en el hospital HGZ número 04 de dicho instituto, con sede en esta ciudad de Celaya. Que el puesto de trabajo en cita es catalogado como "DE CONFIANZA". 2. Que la directora del hospital HGZ número 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad, mediante oficio sin número de siete de junio de dos mil veintiuno, denunció ante la oficina de investigaciones laborales del aludido instituto, algunas irregularidades derivadas de los hechos ocurridos con el ingreso de un paciente al hospital de referencia, que se atribuyen, entre otros trabajadores, al quejoso *********** en su calidad jefe de SERVICIO UMH 80. 3. La referida denuncia propició el expediente ******** incoado al quejoso y otros, relativo a la investigación administrativa del índice del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, Oficina de Investigaciones Laborales, del Instituto Mexicano del Seguro Social. 4. Que luego de ser citado, se apersonó a declarar a dicho procedimiento, el veintiuno de junio de dos mil veintiuno, a las doce horas. 5. Que por resolución de uno de julio de dos mil veintiuno se dirimió el subyacente procedimiento No. ************ del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, Oficina de Investigaciones Laborales, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se determinó que la pérdida de la confianza del trabajador ahora quejoso y, por ende, la pérdida del nombramiento definitivo N51 JEFE DE SERVICIO UMH. 6. Con motivo de lo anterior, el jefe de Departamento de Relaciones Laborales del mencionado instituto, libró el oficio de siete de junio de dos mil veintiuno, dirigido al quejoso, a través del cual le comunicó que derivado de la pérdida de confianza en el puesto que desempeñaba como N51 JEFE DE SERVICIO UMH, ahora ocupará la plaza de base como médico familiar en el mismo hospital de referencia. Precisado lo que anterior, se determina que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que deriva del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De la interpretación sistemática de los preceptos trascritos deriva que el juicio de amparo es improcedente contra actos de alguna dependencia que no tenga el carácter de autoridad para efectos del amparo. Lo anterior, porque el artículo 5° del ordenamiento citado prevé que es autoridad para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o en su caso omita un acto que de realizarse produciría estas situaciones. Como se advierte de este precepto, el legislador enumeró descriptivamente los actos que puede realizar una autoridad, pero no precisó las características que deben reunir para que sean susceptibles de un control de la constitucionalidad a través del juicio de amparo. Esta situación, que se advirtió durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, originó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación -como máximo intérprete de la Carta Magna y de los demás ordenamientos de nuestro sistema jurídico- delimitara el concepto de autoridad. En un principio y hasta la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, el Alto Tribunal del país sostuvo que los actos de autoridad para efectos del amparo son aquellos que provienen de entidades de la administración pública y que les revisten las características de inoperatividad, unilateralidad, coercitividad y el uso de la fuerza pública. A partir de la Novena Época, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterio consultable en la jurisprudencia 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , Visible en la Novena Época Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea, se concluye que los actos reclamados a la directora del hospital HGZ número 04 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad; y a ************* quien firmó en ausencia del titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Guanajuato, Oficina de Investigaciones Laborales, del instituto de seguridad social de referencia, la resolución reclamada de uno de julio de dos mil veintiuno por la que se determinó la pérdida de la confianza del trabajador ahora quejoso y, por ende, la pérdida del nombramiento definitivo N51 JEFE DE SERVICIO UMH, no son actos de autoridad. Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral. Pues la materia del reclamo, en esencia, son los actos que conforman el procedimiento de investigaciones labores que se instruye para disciplinar y en su caso rescindir las relaciones laborales entre el instituto y sus trabajadores, acorde a lo establecido en el numeral 158 y demás relativos del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social; en relación con las cláusulas 1, 55 y 55 bis del Contrato Colectivo de Trabajo en vigor, celebrado entre el sindicato de trabajadores de dicho instituto y este. Lo que evidentemente, no conforman actos de autoridad, sino en todo caso, actuaciones propias de la relación privada que vincula al patrón con el quejoso. Es orientador de lo que precede, la tesis con registro digital 204528, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. FACULTADES DE LA COMISION MIXTA DISCIPLINARIA DEL. De conformidad con el artículo 85 del reglamento interior de trabajo del contrato colectivo celebrado entre el instituto y su sindicato, la citada comisión disciplinaria tiene reservadas facultades para imponer medidas correctivas como la amonestación, sanciones económicas, notas de demérito, etcétera. Pero de acuerdo con el artículo 66 del propio reglamento, cuando el patrón decide ejercer su derecho al despido, aquella comisión no puede actuar, aun cuando la conducta atribuible al trabajador no sólo constituya causa de rescisión, sino también objeto de medida disciplinaria. De igual forma es ilustrativo, por identidad de razón jurídica y en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 187/2008, de rubro y texto: "SEGURO SOCIAL. CORRESPONDE A LA SUBCOMISIÓN DISCIPLINARIA RESPECTIVA LA APLICACIÓN DE LA MEDIDA PREVISTA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA CLÁUSULA 43 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (BIENIOS 2003-2005 Y 2005-2007). Conforme a esa porción normativa, cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de quince años, el Instituto sólo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en la Ley Federal del Trabajo, particularmente grave o que haga imposible su continuación, y en su lugar se le impondrán al trabajador las medidas disciplinarias que correspondan. Ahora bien, del análisis sistemático de las cláusulas 40, 55, 55 Bis y 121 del Contrato Colectivo de Trabajo correspondiente a los citados bienios, de contenido semejante; de los artículos 66, 67, 69, 72 a 77 y 81 a 85 del Reglamento Interior de Trabajo, se llega a la conclusión de que la aplicación de las medidas disciplinarias previstas en la cláusula 43 no corresponde al delegado sino a la subcomisión disciplinaria, atento al sistema disciplinario pactado por el Instituto y el sindicato, por virtud del cual se transfirió la facultad disciplinaria, que no rescisoria, a tal órgano." Luego, como lo reclamado es una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por tanto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Así, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en trato, se desecha la demanda de amparo de cuenta presentada por **************.
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