Sergio Francisco Flores Garcia

Expediente 1067/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1067/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
02/03/2016

Partes del expediente

  • Sergio Francisco Flores Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Por recibido el oficio que remite el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Acámbaro, Guanajuato, por medio del cual remite copia certificada del auto de veintiséis de febrero del año en curso, por el cual el Juez responsable proveyó el escrito de contestación de demanda interpuesta contra el quejoso **********, dentro del juicio JOFAC/1341/2016; agréguese a sus autos únicamente para que conste, toda vez que dichas documentales ya obran en el presente sumario.

  2. Principal

    Único. Se sobresee en el presente juicio promovido por **********, contra los actos que reclamó de la autoridad señalada como responsable, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL REPRESENTANTE ESPECIAL DE LOS MENORES, LICENCIADO ROMEO RAMÓN VASCO REYES, LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS, POR MEDIO DE LISTA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN III Y 27, FRACCIÓN III, INCISO A) DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, SÍNTESIS QUE EN LO CONDUCENTE DICE: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1067/2015. R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el día diez de diciembre de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Oralidad Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, de cuyo análisis integral se desprende que reclama la negativa a emplazarlo en el procedimiento F-0420/2015, y la omisión de proveer respecto de su contestación de demanda y reconvención formulada a su contraria (fojas 1 a 11). Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales previstos en los numerales 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Por auto de once de diciembre de dos mil quince, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo (fojas 12 y 13), la que quedó registrada con número 1067/2015; otorgó la intervención que legalmente corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; por auto de once de enero de dos mil dieciséis, ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Luz del Carmen Guillén Ortíz, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Sergio Antonio y Mariana de apellidos Flores Guillén, el cual se verificó el veintiuno de enero del año en curso (foja 303), de igual forma, designó como representante especial de los menores a Romeo Ramón Vasco Reyes, asesor jurídico federal, quien aceptó el cargo conferido en diligencia de catorce de enero del año actual (foja 292). Finalmente, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que -previo diferimiento y cumplidos los requisitos de ley - tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, III. Por oficio JOFAA/041/2016 de veintiséis de febrero pasado, del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en Acámbaro, Guanajuato -recibido vía fax en esa misma fecha a las quince horas-, constatándose su contenido con Mariel Caracheo Ruiz, secretaria proyectista del citado órgano, el cual fue registrado con número 2811, se desprende que por acuerdo de esa data, no aprobó la diligencia de ejecución de medida de aseguramiento y emplazamiento del aquí quejoso, pero ordenó girar nuevo exhorto con los insertos necesarios a fin de dar legal cumplimiento a la citada encomienda y proveyó sobre la contestación de demanda formulada por el quejoso y su reconvención; lo que se ordena agregar para que surta sus efectos legales (fojas 308 a 319). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de garantías planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y con el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por reclamarse actos derivados de un procedimiento familiar tramitado dentro de la demarcación territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, de conformidad con las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XI y XIX, Abril de 2000 y 2004, consultables en las páginas 32 y 255, de rubros "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda y toda la información que obra en el expediente, se desprende que el quejoso reclama de la autoridad responsable: La negativa de emplazarlo al juicio oral ordinario familiar F-0420/2015; y, La omisión de proveer respecto de su escrito de contestación de demanda y reconvención presentado en el citado conflicto familiar. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez de Oralidad Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa de emplazar al quejoso al juicio oral ordinario familiar F-0420/2015 (foja 16); sin que dicho quejoso lo desvirtuara. Lo que además se corrobora, con las constancias que allegó la autoridad responsable como justificación de su informe, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte que mediante proveído de siete de agosto de dos mil quince, el Juez de Oralidad Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, admitió a trámite la demanda instaurada por la tercera interesada radicada bajo expediente F-0420/2015. En el citado acuerdo, fijó una pensión alimenticia a favor de la menor hija de los contendientes de dos mil cuarenta y ocho pesos con cuarenta centavos ($2,048.40) mensuales, así como una garantía de que ministrará la citada cantidad de manera periódica, por un monto de veinticuatro mil quinientos ochenta pesos con ocho centavos ($24,580.08), con el apercibimiento que de no hacerlo se le embarguen bienes de su propiedad, ordenando emplazar al demandado, aquí quejoso, previo el requerimiento de la citada garantía, y atendiendo a que su domicilio se ubica en esta ciudad, giró exhorto a su similar en esta ciudad, para que en auxilio de sus labores ejecute la medida provisional decretada y efectúe el emplazamiento (fojas 44 a 48). De lo anterior, queda claro que no existe la negativa que se le atribuye, pues como se precisó líneas precedentes, desde el siete de agosto de dos mil quince, el Juez responsable ordenó el emplazamiento del quejoso ********************, dentro del juicio oral ordinario familiar F-0420/2015, máxime que en el auto emitido el veintiséis de febrero del actual -remitido vía fax-, no aprobó tal diligencia ordenando girar nuevamente exhorto para tal efecto, lo que hace patente que está realizando las gestiones necesarias a efecto de que se practique esa diligencia con las formalidades de ley. Siendo aplicable a lo anterior el criterio sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 50, con registro electrónico 230,855, de contenido literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE TIENE EL CARACTER DE NEGATIVO. CARGA DE LA PRUEBA. NO CORRESPONDE AL QUEJOSO SINO A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE. No es exacta la consideración del Juez de Distrito en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados atribuidos a las responsables por haberlos negado ésta al rendir su informe justificado, consistentes en la falta de resolución a las peticiones del ahora quejoso, puesto que no por el hecho de que autoridad responsable niegue los actos reclamados, esta circunstancia baste para tenerlos por negados, ya que si se atiende a que el acto reclamado tiene la naturaleza de negativo, es a la autoridad responsable a quien corresponde acreditar que no incurrió en la omisión apuntada, motivo por el cual no es suficiente su afirmación en el sentido de que no son ciertos los actos reclamados, si no demuestra haber dictado el acuerdo respectivo y haberlo hecho del conocimiento del peticionario." En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado consistente en la negativa de emplazar al quejoso al juicio oral ordinario familiar F-0420/2015, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo por lo que hace al acto aquí señalado, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Juez de Oralidad Familiar con sede en Acámbaro, Guanajuato, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto del escrito de contestación de demanda y reconvención formulado por el quejoso dentro del expediente de origen (foja 16). Sin embargo, su negativa se desvirtúa con el contenido del referido informe ya que hace diversas manifestaciones que ponen en relieve la existencia del acto reclamado, pues refiere que reservó pronunciarse respecto al escrito de contestación de la demanda y reconvención hasta en tanto obraran las constancias de emplazamiento del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que la contienen, la tesis sustentadas por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, Julio de 1994, página 391, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Improcedencia. Resulta innecesario analizar los conceptos de violación hechos valer, virtud a que se advierte que opera una causal de improcedencia, cuyo análisis se aborda de oficio, por ser una cuestión de orden público y análisis preferente, en términos de lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la materia que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Debe destacarse que el accionante del amparo reclamó la omisión por parte del Juez de Oralidad Familiar de Acámbaro, Guanajuato, de pronunciarse respecto a la contestación de la demanda instaurada en su contra, así como de la reconvención promovida contra su contraria dentro del procedimiento F-420/2015, en la cual solicitó la convivencia con sus menores hijos. Por su parte, el Juez responsable con su oficio JOFAA/0431/2016, registrado con el número 2811 de veintiséis de febrero pasado -recibido vía fax en esa misma fecha-, remitió el acuerdo emitido en esa data, a lo que se le concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desprendiéndose que proveyó la contestación de demanda y reconvención presentado por el quejoso en el juicio oral ordinario familiar F-0420/2015, ordenando emplazar a la parte demandada reconvencional (fojas 308 a 319), cuya omisión reclamó en esta instancia. Por tanto, al pronunciarse respecto de su ocurso de contestación de demanda y reconvención, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, puesto que sus efectos han sido destruidos en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional. Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley Amparo y conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, procede sobreseer en el mismo. Sirve de apoyo en lo conducente la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, de junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, del siguiente rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que obste a lo anterior, que al celebrarse la audiencia constitucional no se hubiera expedido el oficio F0420/2015, de veintiséis de febrero pasado, suscrito por el Juez de Oralidad Familiar, con sede en Acámbaro, Guanajuato, y anexos que acompaña, toda vez que el mismo guarda relación directa e inmediata con una causal de improcedencia, por tanto, debe ser analizado de oficio, sin que esto signifique una violación al artículo 124 de la propia ley reglamentaria. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J.25/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Materia Común, visible a página 681, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 119, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se Sobresee en el presente juicio promovido por ********************, contra los actos que reclamó de la autoridad señala como responsable, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo.

  4. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta que remite la autoridad responsable Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de once de enero del año en curso, anexa constancia de notificación electrónica, de la que se advierte que el veintiuno del mismo mes y año, notificó a la tercera interesada ***********, por propio derecho y en representación de sus menores hijos *************ariana, ambos de apellidos ************, la radicación del presente juicio de amparo.

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