Sergio Manuel Sanchez Tirado
Expediente 825/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 825/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Manuel Sanchez Tirado
Actuaciones
- Principal
A sus autos el oficio suscrito por el juez Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que acepta la competencia planteada por este juzgado y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ****. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, en cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo donde este órgano determinó carecer de competencia para conocer del presente asunto. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no obran en autos.
- Principal
A sus autos el oficio que suscribe el juez Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a través del cual acusa recibo del juicio de amparo 825/2021, que le fue remitido al considerar que debía conocer del presente asunto, por conocimiento previo e informa que lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común, previo a realizar el pronunciamiento correspondiente, de lo que se toma registro para los efectos a que haya lugar, quedando en espera de que informe lo que tenga a bien determinar.
- Principal
Recepción de la demanda y registro. Vista demanda de amparo promovido por **, en contra de los actos del juez de control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente de amparo físico y digital, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 825/2021-II. Incompetencia por conocimiento previo. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoria a la Ley de la Materia y de la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que constituye un hecho notorio para esta autoridad jurisdiccional, el hecho que el quejoso promovió diverso juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión, detención o presentación, mismo que se tramita bajo el número ** de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato. Ahora, de dicha manifestación se desprende que no corresponde a este juzgado conocer del presente asunto, en razón del turno, motivo por el cual se declina el conocimiento del mismo en favor del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en este municipio, al existir en tal órgano un antecedente que hace procedente su vinculación, ello acorde con los artículos 45 y 46, fracción II, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común; porciones normativas que en lo conducente, disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; [.]" Con lo anterior, se determina que un juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, entre otros casos, cuando se advierta que provienen de un mismo expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal y, por ello, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido en contra de actos derivados de esos mismos asuntos. Ahora, de las constancias que anexó a su demanda la parte quejosa consistente en copia de la sentencia interlocutoria del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ** de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato; documental con eficacia probatorio acorde a lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2º, segundo párrafo, se desprende lo siguiente: Ante el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta localidad, se tramita el juicio constitucional **. Ese asunto fue radicado con motivo de la demanda presentada por Sergio Manuel Sánchez Tirado en contra de actos del juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra y otras autoridades responsables. Los actos reclamados en el juicio de amparo citado, es la orden de aprehensión, detención o presentación librada en contra del quejoso. El referido juicio de amparo ** se encuentra actualmente en trámite, pues están señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para celebrar la audiencia constitucional, pronunciada en el referido juicio de amparo, tal como se advierte de las constancias que se invocan como hecho notorio en párrafos precedentes. Por otra parte, de las constancias de referencia se desprende que en el presente juicio de amparo 825/2021, promovido por ** el acto reclamado consiste en la imposición de la prisión preventiva oficiosa, dentro del auto de vinculación a proceso emitida en su contra en la causa penal ** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato, que se sigue en contra del quejoso, misma que fue dictada cuando dio cumplimiento a la concesión provisional del juicio de amparo ** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato. Lo expuesto permite concluir que corresponde conocer del presente juicio de derechos fundamentales al Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. Es así, en razón de que tanto los actos reclamados en el juicio de amparo ** del juzgado federal en comento, y los actos cuestionados en este asunto constitucional derivan del mismo expediente judicial, a saber, la causa penal ** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato, que se sigue en contra del quejoso En ese orden de ideas, y en cumplimiento con lo establecido en los últimos dos párrafos del artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Remitir el juicio de amparo en que se actúa al Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, para que de acuerdo con la circunstancias del caso, determine si acepta o no el conocimiento de mismo; 2. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; y, 3. Háganse las anotaciones pertinentes tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se solicita a la autoridad federal que, de no tener inconveniente, comunique lo procedente. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **, en esta ciudad. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que ** y **, tienen registrada su cedula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por lo que a fin de privilegiar el acceso a la tutela jurisdiccional del directo quejoso que se encuentra detenido, se reconoce a los citados profesionistas como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para este juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2020495, Décima Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, que a la letra dice: ecepción de la demanda y registro. Vista demanda de amparo promovido por **, en contra de los actos del juez de control del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Fórmese expediente de amparo físico y digital, el cual se encuentra registrado en el libro de gobierno con el número 825/2021-II. Incompetencia por conocimiento previo. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoria a la Ley de la Materia y de la jurisprudencia número P./J. 16/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que constituye un hecho notorio para esta autoridad jurisdiccional, el hecho que el quejoso promovió diverso juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión, detención o presentación, mismo que se tramita bajo el número ** de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato. Ahora, de dicha manifestación se desprende que no corresponde a este juzgado conocer del presente asunto, en razón del turno, motivo por el cual se declina el conocimiento del mismo en favor del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en este municipio, al existir en tal órgano un antecedente que hace procedente su vinculación, ello acorde con los artículos 45 y 46, fracción II, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común; porciones normativas que en lo conducente, disponen: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [.] II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; [.]" Con lo anterior, se determina que un juicio de amparo tiene relación con otro resuelto o en trámite, entre otros casos, cuando se advierta que provienen de un mismo expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal y, por ello, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido en contra de actos derivados de esos mismos asuntos. Ahora, de las constancias que anexó a su demanda la parte quejosa consistente en copia de la sentencia interlocutoria del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo ** de la estadística del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato; documental con eficacia probatorio acorde a lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2º, segundo párrafo, se desprende lo siguiente: Ante el Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en esta localidad, se tramita el juicio constitucional **. Ese asunto fue radicado con motivo de la demanda presentada por Sergio Manuel Sánchez Tirado en contra de actos del juez de control de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Salvatierra y otras autoridades responsables. Los actos reclamados en el juicio de amparo citado, es la orden de aprehensión, detención o presentación librada en contra del quejoso. El referido juicio de amparo ** se encuentra actualmente en trámite, pues están señaladas las nueve horas con cincuenta minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, para celebrar la audiencia constitucional, pronunciada en el referido juicio de amparo, tal como se advierte de las constancias que se invocan como hecho notorio en párrafos precedentes. Por otra parte, de las constancias de referencia se desprende que en el presente juicio de amparo 825/2021, promovido por ** el acto reclamado consiste en la imposición de la prisión preventiva oficiosa, dentro del auto de vinculación a proceso emitida en su contra en la causa penal ** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato, que se sigue en contra del quejoso, misma que fue dictada cuando dio cumplimiento a la concesión provisional del juicio de amparo ** del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato. Lo expuesto permite concluir que corresponde conocer del presente juicio de derechos fundamentales al Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad. Es así, en razón de que tanto los actos reclamados en el juicio de amparo ** del juzgado federal en comento, y los actos cuestionados en este asunto constitucional derivan del mismo expediente judicial, a saber, la causa penal ** del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, con sede en Celaya, Guanajuato, que se sigue en contra del quejoso En ese orden de ideas, y en cumplimiento con lo establecido en los últimos dos párrafos del artículo 46, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Remitir el juicio de amparo en que se actúa al Juzgado Sexto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, para que de acuerdo con la circunstancias del caso, determine si acepta o no el conocimiento de mismo; 2. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo; y, 3. Háganse las anotaciones pertinentes tanto en el libro de gobierno correspondiente, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se solicita a la autoridad federal que, de no tener inconveniente, comunique lo procedente. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en **, en esta ciudad. Ahora bien, vista la certificación de cuenta, se advierte que ** y **, tienen registrada su cedula en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, por lo que a fin de privilegiar el acceso a la tutela jurisdiccional del directo quejoso que se encuentra detenido, se reconoce a los citados profesionistas como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente para este juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2020495, Décima Época, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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