Sergio Eduardo Ruíz Hernández

Expediente 64/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
64/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
21/07/2021

Partes del expediente

  • Sergio Eduardo Ruíz Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ejecutoria. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, en la que este Juzgado sobreseyó en el juicio y negó el amparo y protección de la justicia federal, no fue recurrida en el plazo legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18 fracción I, inciso a), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración; mientras que en términos del numeral 21 inciso c) del propio acuerdo, el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción; ambos supuestos una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó y negó la protección federal, así también, se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; debiéndose conservar, en su caso, la demanda, la sentencia que puso fin al asunto, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, así como de este proveído que ordena el archivo del presente asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a devolver documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes.

  2. Principal

    Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa respecto del proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, cuyo punto resolutivo a la letra dice: Por lo expuesto y fundado se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido *****, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el considerando quinto de este fallo. Segundo. La justicia federal no ampara ni protege a ****, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando sexto de esta sentencia; por los motivos ahí expuestos.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 64/2021; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito depositado en el buzón judicial, recibido el cuatro de marzo dos mil veintiuno, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado al día hábil siguiente a este Juzgado, ****, con el carácter de quejoso, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la juez Tercero Menor Civil con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV.- NORMA, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. A. Auto de fecha 20 de noviembre de 2020, donde se desaprueba la diligencia de ejecución de sentencia notificada por lista el día 23 de noviembre del 2021. B. RESOLUCIÓN de fecha 14 de diciembre del 2020, misma de la cual tuve conocimiento el día 4 de enero del 2021 misma que resuelve el recurso de revocación interpuesto, sobre la desaprobación de la diligencia de embargo en ejecución de sentencia realizada el día 20 de noviembre del 2020" En ese ocurso el quejoso narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimo pertinentes, señaló como tercera interesada a ****, así como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de ocho de marzo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 64/2021; además, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, se tuvo como tercera interesada a ****, quien fue emplazada a juicio el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues se reclaman actos de una autoridad judicial residente en esta ciudad, esto es, dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En primer término se destaca que **** acude al presente juicio constitucional en su carácter de quejoso; sin embargo, de las actuaciones que obran en el sumario, relativas al juicio de origen ****, se desprende que ****, tiene reconocida la calidad de endosatario en procuración de ****, y con ese carácter impugnó mediante el recurso de revocación, el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, que desaprueba la diligencia de trece de noviembre de dos mil veinte, donde se señaló para embargo el salario de la demandada ****, cuya resolución constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. En consecuencia, en atención a lo establecido en el artículo 76 de la Ley de Amparo, que autoriza a este órgano jurisdiccional para corregir los errores que advierta a fin de resolver las cuestiones efectivamente planteadas, y al contenido íntegro de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil número ****, de las que se puede advertir el carácter del promovente del amparo en el juicio de origen; en el caso se determina que la parte quejosa es ****; siendo que el amparo fue promovido en su favor por su endosatario en procuración Sergio ****. Considerar lo contrario dejaría a la quejosa en estado de indefensión, en clara contravención a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sentado lo anterior, se establece que en el presente juicio los actos reclamados lo constituyen: Auto de veinte de noviembre de dos mil veinte que se desaprueba la diligencia de trece de noviembre de dos mil veinte, donde la parte actora señaló para embargo el salario de la demandada ****, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ****. Resolución de fecha catorce de diciembre de dos mil veinte que resuelve el recurso de revocación interpuesto en contra del anterior acuerdo, confirmándolo. Actos que se atribuyen a la autoridad responsable: 1. Juez Tercero Menor Civil con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La juez Tercero Menor Civil con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, al rendir su informe justificado manifestó que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitió el juez responsable, consistentes en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil número ****; documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el seis de julio de dos mi dieciocho, ***, en su carácter de endosatario en procuración de ****, demandó en la vía ejecutiva mercantil a ****, como deudora principal, *** y ***, como avales, de quienes reclamó el pago de la cantidad de $5,600.00 (cinco mil seiscientos pesos), el pago de intereses moratorios y el pago de gastos y costas (fojas 19 a 24). 2. Por razón de turno correspondió conocer a la juez Tercero Menor Civil de esta ciudad, quien por auto de diez de julio de dos mil dieciocho, admitió la demanda, la cual registró con el número *** y giró auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en contra de las demandadas. 3. El uno de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento, pago, embargo y emplazamiento de la codemandada Susana Gómez Álvarez, quien no señaló bienes para embargo (fojas 51 y 52 ídem). 4. Por acuerdo de tres de octubre de dos mil dieciocho, se aprobó la anterior diligencia. 5. Seguida la secuela procesal, el seis de febrero de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó sentencia en el juicio, en el sentido de condenar a las demandadas el pago de las prestaciones reclamadas, modificando la tasa de interés moratorio y sin hacer condenación de costas. 6. Inconforme, el aquí quejoso con la personalidad reconocida, promovió amparo directo, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, bajo el amparo directo civil ****; en el que por resolución de dos de octubre de dos mil diecinueve, se negó el amparo y protección constitucional. 7. Mediante interlocutoria de fecha dos de diciembre de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente de liquidación de intereses promovido por el aquí quejoso, en su carácter de endosatario en procuración de ***, donde se aprobó la planilla de liquidación por la cantidad de $2,520.00 (dos mil quinientos veinte), por concepto de intereses moratorios a razón del 5% mensual generados hasta el seis de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 206 y 207 ídem). 8. En ejecución de sentencia, por auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, a petición de la parte actora, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de las demandadas, con el uso de la fuerza pública en caso de ser necesario. 9. Mediante acuerdo de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se tuvo a la parte actora proporcionando un nuevo domicilio de Susana Gómez Álvarez, aquí tercera interesada, y se ordenó la cumplimentación del auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve. 10. En razón de lo anterior, el trece de noviembre de dos mil veinte, el actuario adscrito a la oficina central de actuarios del partido judicial de Celaya, Guanajuato, levantó constancia en la que asentó que se constituyó en avenida México-Japón número 116 ciudad industrial en Celaya, Guanajuato y/o Capistrano Alimentari, domicilio proporcionado como la fuente de trabajo de la demandada ***; cerciorado de la veracidad del domicilio, entendió la diligencia con quien dijo llamarse *** y manifestó que la persona buscada sí labora en ese lugar, y al requerirle la presencia de la demandada, manifestó que no se encuentra; por lo cual, el actuario requirió a la persona con quien entendió la diligencia para que hiciera el pago de la cantidad adeudada, quien dijo que no realiza ningún pago y no señala bienes para embargo; en uso de voz **** señaló para embargo: "Salario que le corresponda a la demandada ****, siendo todo lo que señala". 11. Por auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, la juez responsable, determinó no aprobar el señalamiento de embargo indicado en la diligencia de trece de noviembre de igual año, consistente en el salario de la demandada *****, aquí tercera interesada, ya que no es susceptible de embargo el salario, citando como fundamento los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1077 del Código de Comercio y 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil. Determinación que constituye uno de los actos reclamados. 12. Inconforme con la anterior determinación, el aquí quejoso promovió recurso de revocación, el cual se admitió a trámite en auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, ordenando dar vista a la parte demandada para que en el plazo de tres días, manifestara lo que a su interés legal conviniera. 13. Substanciado que fue el recurso de revocación, por interlocutoria de catorce de diciembre de dos mil veinte, se confirmó el auto impugnado. Lo anterior constituye el segundo acto reclamado. QUINTO. Causal de improcedencia fundada. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar de oficio si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En esa línea de pensamiento, este juzgado federal estima que respecto del acto reclamado consistente en el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, donde se desaprueba la diligencia de trece de noviembre de dos mil veinte, a través de la cual la parte quejosa señaló para embargo el salario de la demandada ****, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto combatido. Previo a señalar, los motivos por los cuales se actualiza la referida causa de improcedencia, el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La hipótesis legal contiene la cesación de efectos del acto reclamado. De manera abstracta consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por la autoridad responsable, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición total e inmediata de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; por ende, la razón que justifica la improcedencia de que se trata, no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la cesación de efectos del acto reclamado en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: Por revocación; y Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, la cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino lo innecesario de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá, y que no dejó huella en la esfera jurídica del quejoso. El segundo supuesto se materializa por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el acto ulterior por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda hipótesis en mención, es decir, la cesación de efectos por sustitución procesal. Como quedó asentado, en primer término, el quejoso reclama el auto que negó aprobar el señalamiento de embargo del salario de la demandada ****, aquí tercera interesada. En ese orden de ideas, de las constancias que obran en el procedimiento de origen, se advierte que en contra de dicha determinación el aquí quejoso interpuso recurso de revocación, resuelto el catorce de diciembre de dos mil veinte, confirmándolo. Lo anterior pone de manifiesto que la emisión de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte sustituyó procesalmente al auto emitido el veinte de noviembre de igual año, en el cual se negó aprobar el señalamiento para embargo del salario de la demandada ****, en la diligencia de trece de noviembre de dos mil veinte. Lo anterior es así, ya que es la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, la que lo confirmó; de ahí que se estime que ha operado la cesación de los efectos de los actos reclamados a la juez en cita por sustitución procesal. Por tanto, el referido acto reclamado ha dejado de tener efectos jurídicos propios, pues fue sustituido procesalmente. Apoya a lo anterior, la tesis I.3o.C.769 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de texto y rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos." En consecuencia, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia invocada, contemplada en el numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por el diverso artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, por lo que al citado acto concierne. En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide a este órgano jurisdiccional estudiar los conceptos de violación, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Estudio del fondo del asunto. Cabe precisar que el presente asunto se resolverá conforme a los planteamientos formulados por la parte quejosa, en razón de que en el caso no se ubica en alguno de los supuestos que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, para que opere en su favor la suplencia de la deficiencia de la queja; por tanto, en el particular será resuelto en estricto derecho. En los motivos de disentimiento, en esencia, la parte quejosa aduce que: 1. Que el acto reclamado, constituye un acto de imposible reparación, porque afecta materialmente derechos sustantivos, ya que deja insubsistente el embargo al salario de la demandada, en la etapa de ejecución de sentencia, con lo cual se ve afectada la tutela judicial efectiva, pues debió aprobar el embargo al salario en términos de la jurisprudencia con registro digital 2006672, intitulada: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE". Esto es, que debió aprobar el embargo por el excedente del salario de la citada demandada y al no hacerlo, transgrede en su perjuicio la citada jurisprudencia que le resulta obligatoria, así como. 2. Que se aplicó inexactamente el artículo 17 constitucional, y 8, numeral 1 y 25, 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, ya que su interpretación implica obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos e interpretaciones no razonables que impidan o dificulten la ejecución de las sentencias y sus propias determinaciones, así como los numerales 1346, 1347 y 1328 del Código de Comercio. Son inoperantes por insuficientes los anteriores planteamientos. Se afirma lo anterior, en virtud que la parte quejosa sostiene que la resolución reclamada, es un acto de imposible reparación; argumento relativo a la procedencia del juicio de amparo y respecto del cual no existe controversia, pues al efecto la demanda de amparo se admitió y en esta sentencia no se ha estimado actualizada la causal de improcedencia relativa; de ahí que tal concepto de violación se estime ineficaz. De igual forma, con los citados argumentos, la parte quejosa no combate de manera toral la totalidad de las consideraciones sustentadas por la juez responsable para confirmar el proveído impugnado y con ello desaprobar la diligencia de trece de noviembre de dos mil veinte, donde la parte actora señaló para embargo el salario de la demandada ****, emitido dentro del juicio ejecutivo mercantil ****. Para corroborar este aserto, conviene reiterar que de la resolución reclamada se advierte que la responsable, para calificar de inoperantes e insuficientes los agravios y con ello confirmar el auto recurrido, esgrimió, en lo que ahora interesa, lo siguiente: a) Estimó inoperantes e insuficientes los agravios de la recurrente; para ello, señaló que el inconforme se concretó a realizar manifestaciones subjetivas por las cuales a su decir se debería revocar el auto impugnado, al referir que la ley sí permite el embargo del salario de la deudora. b) Señaló que resulta importante precisar que el señalamiento que el actor hace expresamente en la diligencia de trece de noviembre de dos mil veinte ante el actuario en turno, fue: "el salario que le corresponda a la demandada ****, siendo todo lo que señala". Que de la citada manifestación se desprende que el actor pretende señalar para embargo el salario íntegro o total que percibe la demandada **** como trabajadora de la persona moral denominada ***** el cual resulta contrario a la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.), de rubro: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE". (La transcribe). c) Que el acuerdo impugnado se fundamentó en la aludida jurisprudencia, la cual aprueba, regula e incluso limita el señalamiento y embargo salarial, pues determina que la autoridad jurisdiccional lo pueda ordenar solamente por el 30% treinta por ciento del excedente del salario mínimo general vigente en el caso de aseguramiento de deudas de carácter civil o mercantil. Que tal cuestión no aconteció en la diligencia que se acordó mediante proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte, en el cual ese juzgado no aprobó dicho señalamiento por no ser susceptible de embargo el salario en los términos solicitados por el actor, ya que señaló el salario íntegro o total, para embargo. d) Que ese tribunal se encuentra obligado a atender el principio procesal de que toda solicitud debe ser a petición o instancia de parte y en la medida de su petición se acuerda lo correspondiente conforme a derecho. Que en razón de ello, ese juzgado no se encontraba obligado a conceder la retención salarial de acuerdo a la proporción señalada en la citada jurisprudencia, como lo pretende hacer valer en la parte final del escrito de agravios; ya que no existe petición o solicitud por parte del actor en el desahogo de la propia diligencia. e) Que ese tribunal se encuentra imposibilitado en subsanar a su favor cuestiones de fondo, en respeto además al principio de igualdad y equidad entre las partes que debe regir todo procedimiento jurisdiccional en atención a lo establecido en los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales. f) Que por lo tanto, sus manifestaciones no pueden considerarse en estricto, como verdaderos agravios ya que no impugnó a través de razonamientos de carácter lógico jurídicos las consideraciones o motivos asumidos en los que se apoyó esa potestad dentro del auto recurrido para desaprobar el señalamiento en la diligencia de mérito, así como tampoco los fundamentos legales invocados en el proveído recurrido. Que los conceptos de violación de acuerdo a la doctrina y diversos criterios de los tribunales federales, deben consistir en razonamientos de carácter lógico jurídico, tendentes a poner de manifiesto que las consideraciones que rigen en una sentencia auto o decreto reclamada, son contrarias a la ley o a su interpretación jurídica, por lo que los afectados tienen el deber de combatir los argumentos en que la autoridad responsable que emitió la resolución judicial se apoyó para fallar en determinado sentido y que en el caso concreto el recurrente ningún argumento jurídico señala con relación a lo expuesto por esa resolutora para desaprobar el señalamiento en la diligencia de mérito. Que por tanto, en atención al derecho humano de seguridad jurídica estatuido en los artículos 14 y 16 constitucionales, se estipuló en el proveído que es materia del recurso, dadas las facultades que tiene todo juzgador como director del proceso de revisar de oficio las violaciones o irregularidades procesales en el defectuoso señalamiento y por tal razón no puede pronunciarse ningún fallo adverso al reo. Cita como apoyo, las tesis de jurisprudencia de rubros: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON SI NO CONTIENEN DE MANERA INDISPENSABLE, LOS ARGUMENTOS NECESARIOS QUE JUSTIFIQUEN LAS TRANSGRESIONES DEL ACTO RECLAMADO"; "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA", y "AGRAVIOS INOPERANTES". Ahora bien, del análisis de los motivos de disenso en trato, se desprende que la parte quejosa no combate las consideraciones antes sintetizadas, pues se limita a señalar que la resolución reclamada constituye un acto de imposible reparación, porque afecta materialmente derechos sustantivos, ya que deja insubsistente el embargo al salario de la demandada, en la etapa de ejecución de sentencia; que con ello se ve afectada la tutela judicial efectiva, pues debió aprobar el embargo al salario en términos de la jurisprudencia con registro digital 2006672, de rubro: "SALARIO MÍNIMO. LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL PUEDE ORDENAR EL EMBARGO SOBRE EL EXCEDENTE DE SU MONTO, PARA EL ASEGURAMIENTO DE OBLIGACIONES DE CARÁCTER CIVIL O MERCANTIL CONTRAÍDAS POR EL TRABAJADOR, EN PRINCIPIO, SÓLO RESPECTO DEL 30% DE ESE EXCEDENTE"; y que se aplicó inexactamente el artículo 17 constitucional, y 8, numeral 1 y 25, 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, así como los numerales 1346, 1347 y 1328 del Código de Comercio. Manifestaciones que se estiman ineficaces para controvertir los argumentos torales en que se sostiene la resolución reclamada, tocante a que: - En la diligencia de requerimiento de pago y embargo aprobada en el acuerdo impugnado en el recurso de revocación, el actor pretende señalar para embargo el salario íntegro o total que percibe la demandada **** como trabajadora de la persona moral denominada **** el cual resulta contrario a la jurisprudencia 2a./J. 42/2014 (10a.). - Que el acuerdo impugnado se fundamentó en la aludida jurisprudencia, la cual aprueba, regula e incluso limita el señalamiento y embargo salarial, pues determina que la autoridad jurisdiccional lo pueda ordenar solamente por el 30% treinta por ciento del excedente del salario mínimo general vigente en el caso de aseguramiento de deudas de carácter civil o mercantil. - Que tal cuestión no aconteció en la diligencia que se acordó mediante proveído de veinte de noviembre de dos mil veinte, en el cual ese juzgado no aprobó dicho señalamiento por no ser susceptible de embargo el salario en los términos solicitados por el actor, ya que señaló el salario íntegro o total, para embargo. - Que ese tribunal se encuentra obligado a atender el principio procesal de que toda solicitud debe ser a petición o instancia de parte y en la medida de su petición se acuerda lo correspondiente conforme a derecho. - Que en razón de ello, ese juzgado no se encontraba obligado a conceder la retención salarial de acuerdo a la proporción señalada en la citada jurisprudencia, como lo pretende hacer valer en la parte final del escrito de agravios; ya que no existe petición o solicitud por parte del actor en el desahogo de la propia diligencia. - Que ese tribunal se encuentra imposibilitado en subsanar a su favor cuestiones de fondo, en respeto además al principio de igualdad y equidad entre las partes que debe regir todo procedimiento jurisdiccional en atención a lo establecido en los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales. Sin que la quejosa exponga argumento alguno para controvertir lo antes señalado, en todo caso, debió combatir los aludidos razonamientos señalando: Porque no se debieron calificar sus agravios como insuficientes e inoperantes; Porque existía obligación de la juez responsable de tener por señalado el embargo del salario de la demandada en el porcentaje estipulado en la jurisprudencia invocada con registro digital 2006672; ello aun cuando en la diligencia correspondiente, no señaló para embargo el salario de la demandada en los términos de la aludida jurisprudencia; Porque resulta inexacto que la juez responsable se encuentre imposibilitada en subsanar a su favor cuestiones de fondo, en respeto además al principio de igualdad y equidad entre las partes que debe regir todo procedimiento jurisdiccional en atención a lo establecido en los artículos 1º, 14, 16 y 17 constitucionales. En qué forma tales consideraciones violentan sus derechos humanos previstos en los numerales 1º, 14, 16 y 17 constitucionales. Porque se aplicaron en forma inexacta los artículos 17 constitucional, 8, numeral 1 y 25, 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como los numerales 1346, 1347 y 1328 del Código de Comercio. En efecto, corresponde a la parte quejosa expresar los argumentos mínimos que expliquen por qué los argumentos y motivos invocados por la responsable para confirmar el proveído impugnado, son incorrectos, o en su caso contrarios a la ley o a su interpretación jurídica, habida cuenta que todo motivo de inconformidad, no por rigorismo o formalismo, sino por exigencia indispensable, debe contener los argumentos necesarios, tendientes a justificar las transgresiones que se aleguen; de tal manera que si los argumentos de inconformidad no evidencian la ilegalidad de las consideraciones que sustenta la resolución reclamada, deben calificarse como ineficaces para lo pretendido por la parte agraviada. De ahí la inoperancia de los argumentos en estudio, pues la parte agraviada no controvirtió las consideraciones esenciales del fallo reclamado, por lo que al no haberse impugnado y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, esta continúa rigiendo el sentido de la resolución combatida en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR INCOMPLETOS. Cuando hay consideraciones esenciales que rigen el sentido del fallo rebatido que no se atacan en los conceptos de violación, resultan inoperantes los mismos, porque aun en el caso de que fueran fundados, no bastarían para determinar el otorgamiento del amparo". De esta manera, queda claro que los motivos de inconformidad formulados no se dirigen a desestimar los argumentos lógico- jurídicos en los que descansa la resolución de la que se duele en esta vía, sino que se limitan a fijar una postura antagónica respecto a esas razones y fundamentos. Aunado a lo anterior, resulta inexacto que la determinación aquí reclamada le impida el acceso a la justicia, en su vertiente de recurso judicial efectivo, tutelado por el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de explicitar esa postura, resulta pertinente establecer las siguientes consideraciones. El artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, establece lo siguiente: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)." De la transcripción preinserta se desprenden los derechos de acceso a la justicia y de efectiva tutela jurisdiccional, los cuales se integran por los siguientes principios: a) De justicia pronta, que es la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. b) De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos. c) De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y d) De justicia gratuita, que implica que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no deben percibir de las partes ninguna clase de remuneración o percepción económica, fijándose así la prohibición constitucional de las costas judiciales. Es ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." Además, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas, a las que a su vez corresponden tres derechos, a saber: (I) una previa al juicio, cuyo correlativo derecho humano es el acceso efectivo a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una vertiente del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (II) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, (III) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Derechos los anteriores que contrario a lo que sostiene la parte quejosa, no se ven afectados con la resolución que en esta vía controvierte, pues el actuar de la responsable al confirmar la determinación asumida en el acuerdo impugnado, de manera alguna le impide el acceso efectivo a la justicia, dado resolvió conforme a los agravios que le fueron expresados y con las constancias que obran en el sumario del juicio subyacente. De lo que se sigue que la resolución reclamada se ajusta a las formalidades que exige la normatividad que la regula, contenidas en el Código de Comercio; máxime que la resolución reclamada, no desconoce el derecho de la parte actora a ejecutar la sentencia firme que tiene a su favor, ya que solo determinó que el señalamiento para embargo del salario íntegro de la demandada es improcedente por las razones expuestas en la resolución reclamada, ni tampoco entraña alguna omisión en torno al mecanismo para lograr la efectividad de la citada garantía en la etapa de ejecución de sentencia, conforme a lo previsto por el legislador con ese fin. Ello es así dado que tiene expedito su derecho a ejecutar el fallo dictado a favor de la actora y solicitar el embargo sobre el excedente del monto del salario mínimo de la demandada, en el entendido de que esa medida sólo procede respecto del 30% de dicho excedente, salvo el caso de una orden derivada del pago de pensiones alimenticias decretadas por autoridad competente, supuesto en el cual podrá llevarse a cabo respecto de la totalidad del excedente del salario mínimo, tal como lo dispone la tesis invocada por la propia parte quejosa en su demanda de amparo; de ahí que no se vulnere el derecho fundamental a la tutela efectiva en su vertiente de la eficacia de las resoluciones emitidas. Lo anterior, dado que la autoridad responsable no se encontraba en condiciones de subsanar la petición de embargo sobre el salario de la demandada, pues su resolución dependía de los argumentos, hechos y circunstancias que se hicieran valer en el recurso de revocación. En consecuencia, ante lo ineficaces e inoperantes de los conceptos de violación, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal que se solicita, en contra de la resolución de catorce de diciembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil **** de la estadística del Juzgado Tercero Menor Civil con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. Por lo expuesto y fundado se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido *****, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable precisado en el considerando quinto de este fallo. Segundo. La justicia federal no ampara ni protege a ****, en contra del acto de la autoridad que se precisó en el considerando sexto de esta sentencia; por los motivos ahí expuestos.

  4. Principal

    Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio signado por la jueza Tercero Menor Civil de esta ciudad de Celaya, Guanajuato, mediante el cual rinde informe justificado, en el que niega el acto que se le atribuye; de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, y relaciónese en la audiencia constitucional. De igual, remite copia certificada del expediente número **, para justificar sus actos; por tanto, con fundamento en el artículo 119 se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza jurídica; dese vista a las partes y hágase relación en la audiencia constitucional.

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