Sergio Estevez Gonzalez
Expediente 600/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 600/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sergio Estevez Gonzalez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio III-468/2021, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, devuelve el expediente de amparo 600/2020 en que se actúa y un tomo de pruebas, y remite testimonio de la ejecutoria pronunciada por dicho tribunal colegiado el once de febrero del año en curso, en el amparo en revisión R-134/2020 de su índice, relativo al recurso de revisión interpuesto en el presente juicio de garantías, misma que en sus puntos resolutivos señala: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Sergio Esteves González, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al tribunal de revisión; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA...; POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO A ESTE JUZGADO, A LA AUTORIDAD TERCERO INTERESADA Y A LA SUPERIORIDAD...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta presentado vía interconexión por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual informa que por acuerdo de doce de noviembre pasado, el Presidente de dicho Tribunal admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso Sergio Esteves González, en contra de la sentencia dictada el dos de octubre de dos mil veinte, en el juicio de amparo al rubro indicado, y que lo radicó con el número de toca R-134/2020 de su índice administrativo; de lo anterior queda enterado este órgano jurisdiccional, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Visto, agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Sergio Esteves González, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dos de octubre de dos mil veinte, en los autos del juicio de amparo 600/2020-C; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias exhibidas a las partes y previa constancia de esto último, remítanse dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, el original del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con el juicio de amparo en que se provee, para los efectos legales a que haya lugar. Así mismo, con diversa copia del escrito de expresión de agravios, fórmese el cuaderno de memoria relativo al presente asunto; y, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese por lista al quejoso, por oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (corriéndoles traslado con copia autorizada del escrito de expresión de agravios).
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 600/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula Puebla, promovido por Sergio Esteves González; por derecho propio; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, mediante buzón judicial, remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en archivo digital a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el rubro "Recursos o Demandas OCC", y recibida en forma física en este juzgado el dos de septiembre siguiente (fojas 2 a 5), Sergio Esteves González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos precisados en su demanda (fojas 2 y 3): ".III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A).- COMO AUTORIDADES ORDENADORA (sic) SEÑALO: AL JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ITINERANTE EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN PUEBLA, PUEBLA. B).- COMO AUTORIDAD EJECUTORA SEÑALO AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, GRUPO HUEJOTZINGO, PUEBLA, COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, GRUPO SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA; TODOS ELLOS CON DOMICILIOS OFICIALES BIEN CONOCIDOS EN SUS DISTINTAS CIUDADES. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO LA ILEGAL ORDEN DE REAPREHENSIÓN DECRETADA EN MI CONTRA POR EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ITINERANTE EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN PUEBLA, PUEBLA; DICTADA DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 444/2018/JESI/E RADICADO EN EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ITINERANTE EN EL ESTADO DE PUEBLA. B).- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMO EL CUMLPLIMIENTO Y EJECUCIÓN QUE EN SU CASO REALICEN CON MOTIVO DE LA ILEGAL ORDEN DE REAPREHENSIÓN DECRETADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA." La parre quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del asunto. En acuerdo de dos de septiembre de dos mil veinte (fojas 7 a 11), se registró la demanda de garantías con el número de juicio de amparo indirecto 600/2020 de este índice y se admitió a trámite, con incidente de suspensión, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables y se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal adscrito (fojas 20). TERCERO. Parte tercera interesada. El cuatro de septiembre de dos mil veinte, fue emplazado a juicio el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante en el Estado de Puebla, a quien le reviste el carácter de autoridad tercera interesada (foja 22). CUARTO. Cita para sentencia. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil veinte, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (foja 115 vuelta), la cual, en sus dos primeras etapas, se desarrolló al tenor del acta que antecede. SEC O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades que residen dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Sergio Esteves González, reclama lo siguiente: -La orden de reaprehensión dictada en su contra el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la carpeta de ejecución 444/2018/JESI/E, del índice de la 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, así como su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, la parte quejosa atribuye los actos reclamados destacados a las autoridades responsables siguientes: Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, Rosa Gisela Barrancos Baños Aceptó 23 2 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación. Aceptó 16 3 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Huejotzingo. No obra informe --- 4 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Martín Texmelucan No obra informe --- Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, Rosa Gisela Barrancos Baños y 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación. Al rendir sus informes, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman, respectivamente, por lo que se tiene plena certeza de su existencia. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la documental que la 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, Rosa Gisela Barrancos Baños, remitió como apoyo a su informe, consistente en copia certificada de diversas constancias que obran en la carpeta de ejecución 444/2018/JESI/E de su índice, a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte que el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se dictó la orden de recaptura reclamada (fojas 58 y 59). Por otra parte, no obran en autos los informes de las autoridades responsables 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Huejotzingo y 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Martín Texmelucan; no obstante, al resultar cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora, es inminente la ejecución que pretende darse a dicha orden, por lo que se establece la certeza del acto de ejecución que se les reclama. CUARTO. Causales de improcedencia. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Ahora, respecto del acto reclamado consistente en la orden de reaprehensión dictada en su contra el cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, en la carpeta de ejecución 444/2018/JESI/E, del índice de la 1. Juez de Ejecución de Sanciones Penales Itinerante del Estado de Puebla, Rosa Gisela Barrancos Baños, esta autoridad advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que: a) Haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación de éste al quejoso; b) El quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; o c) El quejoso se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: -Se reclame una norma general auto aplicativa o un procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda de amparo en su contra será de treinta días. -Se controvierta la sentencia definitiva en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años. -Los actos reclamados priven total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el que el plazo será de siete años. -Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzosa a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En el caso, el plazo para promover la demanda de amparo es de quince días, toda vez que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la ley de la materia. Plazo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, en este caso debe computarse a partir de que surtió efectos la notificación al quejoso. Ahora, para explicar la actualización de la causal de improcedencia, es necesario invocar los antecedentes que se aprecia del diverso juicio de amparo 994/2019 de este índice, el cual se tiene a la vista, en cumplimiento a lo ordenado en audiencia constitucional; de dicho sumario se advierten las siguientes actuaciones: 1. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Sergio Esteves González, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: A).- COMO AUTORIDADES ORDENADORA (sic) SEÑALO: AL C. JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ITINERANTE EN EL ESTADO DE PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN PUEBLA. PUEBLA. B) COMO AUTORIDAD EJECUTORA SEÑALO AL DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA, COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, GRUPO HUEJOTZINGO, PUEBLA, COMANDANTE DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, GRUPO SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA; TODOS ELLOS CON DOMICILIOS OFICIALES BIEN CONOCIDOS EN SUS DISTINTAS CIUDADES. IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA RECLAMO LA ILEGAL ORDEN DE REAPREHENSIÓN DECRETADA EN MI CONTRA POR EL JUEZ DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ITINERANTE EN EL ESTADO DE PUEBLA. PUEBLA, CON DOMICILIO OFICIAL BIEN CONOCIDO EN PUEBLA. PUEBLA; DICTADA DENTRO DE LOS AUTOS DEL EXPEDIENTE NÚMERO 444/2018/JESI/E RADICADO EN EL JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA ITINERANTE EN EL ESTADO DE PUEBLA. B).- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS RECLAMO EL CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN QUE EN SU CASO REALICEN CON MOTIVO DE LA ILEGAL ORDEN DE REAPREHENSIÓN DECRETADA EN MI CONTRA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA." 2. En acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve, se registró la demanda de garantías citada con el número de juicio de amparo indirecto 994/2019-B de este índice y se admitió a trámite. 3. Previa sustanciación del expediente, a las nueve horas con diez minutos del cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se celebró audiencia constitucional, y en la misma fecha se dictó sentencia, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal para los siguientes efectos: ".NOVENO. Efectos de la protección constitucional En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Sergio Esteves González, para el efecto de que la 1. Juez de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, en la carpeta de ejecución 444/2018/JESI/E de su índice, una vez que adquiera firmeza esta sentencia y se requiera su cumplimiento, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la orden de reaprehensión de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. b) En caso de que estime procedente ordenar la reaprehensión del quejoso, deberá purgar los vicios destacados en esta sentencia, esto es: señalar con precisión la o las disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal que resulten exactamente aplicables al caso; en la inteligencia que deberá existir adecuación entre los motivos expresados y las disposiciones legales invocadas. c) Remita a este juzgado las constancias conducentes." 4. En acuerdo de dos de diciembre de dos mil diecinueve, la sentencia de mérito causó ejecutoria y se requirió su cumplimiento. 5. Mediante oficio JESI/00486/2019-I, la 1. Jueza de Ejecución de Sentencias Itinerante del Estado de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, dictada en la carpeta de ejecución 444/2018/JESI/E de su índice, en la que dejó insubsistente la orden de reaprehensión reclamada en ese controvertido, y dictó nuevamente orden de reaprehensión contra el peticionario de amparo (fojas 137 a 154 del expediente 994/2019-B de este índice), la cual constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. 6. En acuerdo de seis de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de amparo 994/2019-B de este índice, se ordenó dar vista al quejoso Sergio Esteves González, con las constancias referidas en el punto que antecede, para que dentro del término de tres días, manifestara lo que estimara pertinente en relación con el cumplimiento de la sentencia de amparo. 7. El once de diciembre de dos mil diecinueve, Sostenes Teyssier Damián, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, compareció en las instalaciones de este juzgado, quien se identificó con cédula profesional número 4143949, y la actuaria judicial de la adscripción, hizo constar que en esa fecha notificó el citado auto de seis de diciembre a la parte quejosa, y que le entregó copia autorizada del auto, y copia simple de las constancias con las que se le dio vista, indicadas en el referido auto; y tanto la fedataria judicial como el profesionista de mérito, firmaron para constancia de su entrega. En esa tesitura, resulta incuestionable que el quejoso tuvo conocimiento íntegro de la resolución reclamada, desde el once de diciembre de dos mil diecinueve, pues su autorizado en términos amplios, recibió copia de la misma, por lo que pudo imponerse de su contenido completo. Debe destacarse que Sostenes Teyssier Damián, también fue autorizado por el quejoso dentro del presente juicio de amparo indirecto, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo e, incluso, en la demanda de garantías que originó el presente expediente, también indicó que su cédula profesional es la 4143949, que coincide con aquella con la que se identificó en la diligencia aludida. De ese modo, si el quejoso tuvo conocimiento (por conducto de su autorizado) del contenido íntegro de la resolución de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, aquí reclamada, desde el once de ese mes y año, el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del doce de diciembre de dos mil diecinueve, al seis de enero de dos mil veinte. De ahí que, si el quejoso presentó su demanda de amparo hasta el uno de septiembre de dos mil veinte, es evidente que se presentó fuera del plazo legal concedido para ello. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Material del Trabajo del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. OPORTUNIDAD PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO SE SUBSUME AL DE LA NOTIFICACIÓN QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PRACTICÓ AL QUEJOSO DEL AUTO POR EL QUE LE DIO VISTA CON EL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda relativa se computa a partir del día siguiente a aquel en que surte efectos, conforme a la ley del acto, su notificación al quejoso o a aquel en que lo haya conocido o se ostente sabedor del acto o de su ejecución, salvo el caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En este sentido, en los casos en los que por virtud de la notificación que el Tribunal Colegiado de Circuito practica al quejoso del auto por el que se le da vista con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, cuando en la diligencia respectiva se le corre traslado con la copia de la resolución, se estima que ese conocimiento material del acto reclamado, aunque se subsume en la diligencia de la notificación, no permite esperar para que inicie el cómputo del término de 15 días para la presentación de una nueva demanda de amparo, hasta el día siguiente al en que surta efectos dicha notificación, conforme a la ley del acto, ni en términos de la Ley de Amparo, sino que, por el contrario, obliga a que dicho cómputo inicie inmediatamente a partir del día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento pleno de la resolución reclamada, esto es, en que materialmente recibe copia íntegra de la sentencia con la que se le hubiere corrido traslado." Por tanto, es incuestionable que la promoción de la demanda fue inoportuna, ya que se ejerció fuera del plazo de quince días previsto en el numeral 17 de la Ley de Amparo, en concordancia con el artículo Quinto Transitorio del mismo ordenamiento; de ahí que su presentación extemporánea trae la consecuencia de que el acto mencionado sea considerado consentido tácitamente por el quejoso de mérito. Es aplicable al caso la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En mérito de lo anterior, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la ley citada; por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto de dicho acto. Esta autoridad no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, en todo caso, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Por ello, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno. Por tanto, aun cuando la peticionaria de amparo tiene el derecho a un recurso efectivo, no la exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." El sobreseimiento decretado en esta sentencia, se hace extensivo a los actos de ejecución, reclamados de las autoridades responsables 2. Director de la Agencia Estatal de Investigación, 3. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo Huejotzingo y 4. Comandante de la Agencia Estatal de Investigación, Grupo San Martín Texmelucan, ya que no se reclama por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución de imposición de medida cautelar materia del sobreseimiento. Al respecto es aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el quejoso, no obstante ser existente el acto reclamado, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." QUINTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Federal, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo indirecto, promovido por Sergio Esteves González, respecto de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta resolución. Notifíquese por lista al quejoso; mediante oficio a las autoridades responsables, a la autoridad tercera interesada y a la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado.
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