Sergio Castillo Rea
Expediente 967/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Sergio Castillo Rea
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de abril de dos mil veintidós. FIRME CUMPLIMIENTO Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo1, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el once de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del dieciocho de marzo al ocho de abril de dos mil veintidós, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. EXPEDIENTE PRINCIPAL DEPURABLE. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido, en cumplimiento a los artículos 1 Toda vez que el acto reclamado analizado en el presente juicio de amparo no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, supuestos en los que el recurso de inconformidad podrá ser interpuesto en cualquier tiempo. 15 y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que, se resolvió conceder el amparo y protección de la justicia federal, al quejoso no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos tres años, debiéndose conservar la demanda, la sentencia, la ejecutoria y el presente proveído que ordena el archivo del asunto, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio II.3392/2021 signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el cinco de noviembre del actual, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Sergio Castillo Rea, en contra del auto dictado el ocho de octubre del año en curso, quedando registrado bajo el recurso de queja 148/2021, de lo que el suscrito, toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN. Agréguese a los presentes autos, el oficio 29349 signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por medio del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 142/2021 (orden 534/2021) del índice de este Juzgado de Distrito, mediante el cual se le encomendó que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara al quejoso Sergio Castillo Rea, el auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno; no obstante, de la lectura de las constancias que remite la autoridad oficiante, se advierte la constancia de notificación de veinte de octubre pasado, a través de la cual la actuaria adscrita al juzgado exhortado, se constituyó en el domicilio del citado quejoso y procedió a realizarle la notificación encomendada, por lo que sí se diligencio la comunicación oficial. Por tanto, dese de baja la comunicación oficial de mérito en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), sin que haya lugar a acusar de recibo el exhorto de referencia, dado que el sistema lo genera automáticamente. RECURSO DE QUEJA. Por otra parte, intégrese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por Sergio Castillo Rea, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el ocho de octubre de dos mil veintiuno, en el presente juicio de amparo, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Asimismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de octubre de dos mil veintiuno. PONDERACIONES PREVIAS, FORMACIÓN Y RADICACIÓN. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. -Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 09/2021; -Que el Acuerdo General 09/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del tres de agosto de dos mil veinte al treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria; Que la demanda, con la que se dio cuenta, fue presentada el siete de octubre de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitida en la misma fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 967/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado. DESECHAMIENTO. Ahora, debe precisarse que el promovente acude a esta contienda constitucional; y, reclama de la autoridad responsable: Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández), el acuerdo por el cual se declaró incompetente por razón de territorio, para conocer y resolver el medio impugnación promovido por el impetrante de amparo, en contra del no ejercicio de la acción penal. Acto respecto del cual, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada a contrario sentido, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: (.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) El artículo 107, fracción V, de la ley de la materia establece una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento, el juicio de derechos fundamentales sólo es procedente contra actos que afecten materialmente derechos sustantivos. Además, de su interpretación se deducen dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Asimismo, establece que los actos de imposible reparación se entienden por los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Y, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute del derecho humano de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, por identidad jurídica en lo substancial, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Además, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), determinó que una cuestión formal que no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo, resultaba incompatible con el nuevo texto de la Ley de Amparo, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión que resultaba antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva el propio Tribunal Pleno había calificado a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. La jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) es del tenor siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre la base expuesta, es evidente que el acto reclamado sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme; pues sus consecuencias no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos, ya que sólo se traducen, en su caso, en violaciones de carácter adjetivo, al versar el agravio que hace valer, sobre el auto que dictó el Juez de control en la causa penal 346/2021/CJF/PUEBLA donde se declaró incompetente para conocer el medio de impugnación hecho valer por el promovente, pues no se ha aceptado competencia por parte del órgano a favor del cual se declinó la misma (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando aceptó inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado, inclusive por no tratarse de un auto declarado firme o definitvo, que es la que causa una afectación de imposible reparación, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. De igual forma, la tesis aislada, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE RECAIGAN EN EL PROCEDIMIENTO DE INCOMPETENCIA, SI NO SE TRATA DE UNA QUE SEA FIRME Y DEFINITIVA, QUE CAUSE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Como en una cuestión de competencia participan diversas autoridades y cada una puede emitir resoluciones que determinen inhibirla o declinarla, o bien, aceptar o rechazar el conocimiento del asunto, aun cuando el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo indirecto procede "contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", no es factible que aquél proceda contra cada una de las resoluciones que recaigan mientras se decide dicho aspecto, sino sólo respecto de una que sea firme y definitiva, que es la que causa una afectación de imposible reparación, en términos de la fracción V del precepto referido, con la que ha de relacionarse aquella fracción VIII, dada la estrecha vinculación existente entre ambas; de modo que la determinación de la autoridad en la cual declina conocer del asunto no pueda considerarse definitiva hasta en tanto la otra lo acepte, al constituir solamente un aspecto dentro de un procedimiento que lesiona, en todo caso, derechos adjetivos y no afecta directamente los de carácter sustantivo, pues, incluso, de no aceptar esta última esa competencia, podría suscitarse un conflicto que tendría que resolverse, según el ordenamiento aplicable, por una autoridad diversa. Por tanto, es incuestionable que el acto reclamado, en esas porciones, no es de los denominados de imposible reparación; pues como se indicó, la actuación del juez del proceso, al haberse declaro incompetente por razón de territorio; y, al no tratarse de un auto declarado firme o definitivo, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues no afecta derecho sustantivo alguno y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, POR SER NOTORIA E INDUDABLE SU IMPROCEDENCIA, AL SER UN ACTO, EL RECLAMADO, QUE NO ES DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DOMICILIO Y NOTIFICACIÓN AL PROMOVENTE. Ahora, toda vez que el promovente señala como domicilio para oír notificaciones, el ubicado en "calle Morelos 503, Barrio San Juanito, Municipio de Texcoco, Estado de México, CP. 56170", con fundamento en los artículos 27, fracción II y 116, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 144, 145 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los numerales 298, 300 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, líbrese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que realice lo siguiente: a) Notifique al promovente Sergio Castillo Rea, el presente auto, en el domicilio ubicado en "calle Morelos 503, Barrio San Juanito, Municipio de Texcoco, Estado de México, CP. 56170"; b) Le corra traslado con copia autorizada del presente acuerdo; y, c) Le haga saber que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad, en la ciudad de Puebla o zona conurbada; apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes, se le harán por medio de lista de acuerdos, inclusive, las de carácter personal; tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Así, de conformidad al Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, envíese de inmediato vía electrónica el exhorto de referencia, y se autoriza al licenciado Rafael Torres Campos, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal para que sea el encargado del envío de dicha comunicación oficial. Queda a cargo del secretario encargado de este asunto, cerciorarse de que la comunicación de mérito sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación. Asimismo, no ha lugar a tener como medio de comunicación procesal los correos electrónicos personales y los números telefónicos que proporciona para tal efecto; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 21/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse dichos medios, únicamente para establecer contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que puedan presentar promociones ni notificarse por ese medio. AUTORIZADO(S). Se hace constar que el promovente no señaló autorizados para oír y recibir notificaciones SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO "EN LÍNEA". Con fundamento en los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes para que: De estimarlo pertinente y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para lo anterior, deberán solicitar el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones y autos que este Juzgado de Distrito emita. En el entendido de que la actuación por ese medio requiere de la utilización de un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrará y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa la certificación correspondiente. Considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, comparezcan a las audiencias a partir de escritos presentados física o electrónicamente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE...
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- Sergio Brayan Ramirez Tellez245/2022
- Sergio Carril Calderon342/2023
- Sergio Castañeda Juarez1175/2022
- Sergio Cerezo Laguna219/2019
- Sergio de Jesus Patjane Ceja440/2021
- Sergio Esteves Gonzalez994/2019
- Sergio Estevez Gonzalez600/2020
- Sergio Fernandez Lezama79/2018
- Sergio Galindo Martinez1368/2017