Sergio Gallegos Flores

Expediente 207/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
207/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
01/07/2021

Partes del expediente

  • Sergio Gallegos Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de julio de dos mil veintiuno. RECEPCION OFICIO. Intégrese a los autos el oficio del Secretario de Acuerdos encargado del Despacho del Juzgado Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, por medio del cual acusa de recibo, el duplicado de la causa penal 452/2013 que le fue devuelto mediante oficio 60-C-1, de veinticinco de enero de dos mil veintiuno; sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, pues el veintidós de febrero del presente año se acordó lo conducente. Cúmplase...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el oficio 144, signado por el Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, por su representación, por medio del cual, acusa recibo del diverso por el cual se le devolvió el duplicado de la causa penal 452/2013 de su índice, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. I. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS PROCESALES. Mediante Circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial comunicó que en sesión celebrada de manera extraordinaria en la misma fecha, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", en el que, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se establecieron, entre otras medidas, el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 -en lo subsecuente AG 13/2020-. Tales medidas implican que se daría trámite a los escritos iniciales que se calificaran como "urgentes", ya sea que se presenten de manera física o electrónica, y se daría seguimiento a los asuntos ya radicados que tengan esa misma calidad; asimismo, que se recibirán los casos nuevos y los que puedan tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que sea necesaria la presencia física de las partes y que no puedan desahogarse mediante videoconferencia, o cuando resulte necesaria la práctica de notificaciones. De manera que para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales. Las medidas adoptadas en la citada sesión extraordinaria, tendrían vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. En atención a ello, en el presente asunto se suspendieron los plazos y términos a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte por la contingencia provocada por el fenómeno de salud pública derivado del virus SARS-COV2 y permanecieron suspendidos hasta el once de enero de dos mil veintiuno, ante la imposibilidad de proseguir su tramitación a través de medios electrónicos o a través del esquema de juicio "en línea". Ahora bien, mediante Circular SECNO/1/2021, dirigida al público en general, al personal jurisdiccional y de las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, a las y los titulares de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, signada electrónicamente por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se dio a conocer que en sesión de ocho de enero de dos mil veintiuno, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19"; y, en cumplimiento a lo instruido en la fracción II de dicha Circular, en relación a los Circuitos Judiciales no incluidos en la fracción I, se determinó: 1. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020; y, 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. En ese sentido, como el periodo de suspensión decretado ha fenecido, hágase saber a las partes que a partir de esta fecha queda levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, en el entendido de que el levantamiento de la suspensión implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. II. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el once de diciembre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Por otra parte, ya que resulta innecesario conservar las documentales consistente en el duplicado de la causa penal 452/2013 que remitió la autoridad responsable 1. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, se ordena su devolución; y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculada al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista al quejoso, por oficio a las autoridades responsables, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. RRL. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. S E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 207/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Sergio Gallegos Flores, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veinticinco de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla y, remitido por razón el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Sergio Gallegos Flores, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra de las autoridades y actos siguientes (fojas 3 y 4): "IV.-AUTORIDAD RESPONSABLE: A).- TIENE EL CARÁCTER COMO ORDENADORA: C. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla. B).- TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD EJECUTORA: Se Señala como Autoridad Responsable de Ejecutar el acto reclamado, el mismo Juez Penal Municipal De Tehuacán, Puebla. V.-ACTO O ACTOS RECLAMADOS: A) La ilegal cita de comparecencia dictada en mi contra, decretada por la autoridad responsable ordenadora y tratada de cumplirse o ejecutarse por la autoridad ejecutora tendiente a procurar mi detención y la consiguiente privación de mi libertad en ejecución del acto reclamado de las autoridades señaladas. B) De la autoridad señalada C. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla; además del acto señalado anteriormente, también se reclama la inexacta aplicación de las normas penales al acordar la petición del suscrito correspondiente al procedimiento que se indica más adelante. C) De la autoridad señalada C. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla; además de los actos señalados anteriormente, también reclama la ilegal imposición de la multa que la responsable pretende imponer al suscrito, que en líneas subsecuentes se detallara." En diverso escrito de desahogo de prevención el quejoso señaló como autoridad responsable a la siguiente (fojas 19 y 20): "(.)Jefe de la oficina Recaudadora de esta Ciudad" La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, y por auto de veintiséis de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 207/2020 y, previa prevención cumplida, por diverso proveído de once de marzo de dos mil veinte se admitió con incidente de suspensión (fojas 24 a 26), se requirió informe justificado a las autoridades responsables, y se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (fojas 46 a 48). TERCERO. Parte tercera interesada. En cumplimiento al auto admisorio de once de marzo de dos mil veinte (fojas 24 a 26), se emplazó al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Penal Municipal de Tehuacán, Puebla (foja 45). CUARTO. Se levanta suspensión de plazos y términos procesales. Por acuerdo de cinco de agosto de dos mil veinte (fojas 31 a 35), con fundamento en el artículo 2, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid 19, quedó levantada la suspensión de los plazos y términos procesales decretada del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, que operaría hasta que se notificara a las partes emplazadas la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional (veintiséis de agosto de dos mil veinte, señalada en el mismo proveído), lo que en el caso ya ocurrió En el entendido de que el levantamiento de la suspensión implicó la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. QUINTO. Cita para audiencia. En auto de trece de noviembre de dos mil veinte (foja 183), se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, y su ejecución atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo (fojas 3 a 13), como del escrito de desahogo de prevención de la misma (fojas 19 y 20), y de la revisión de los informes justificados (fojas 38, 39 y 49), se advierte que la parte quejosa esencialmente impugna los siguientes actos. Al 1. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, le atribuye: a) La cita de comparecencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte que emitió dicho juez penal en el proceso 452/2013, en contra del quejoso. b) La respuesta contenida en el auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, que recayó a la petición de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, respecto a la extinción de la pretensión punitiva dentro del proceso 452/2013, en el sentido de que se estuviera a lo acordado en auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; y, c) La multa impuesta al quejoso por dicho juez penal en auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte dentro del proceso 452/2013. Al 2. Titular de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla: d) La ejecución de la multa impuesta por el Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, al quejoso, el treinta y uno de enero de dos mil veinte dentro del proceso 452/2013. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto la autoridad responsable 1. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente (foja 49), refirió que son ciertos los actos reclamados que se le atribuyen. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Al respecto la autoridad responsable 2. Titular de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, negó el acto que se le atribuye; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa ya que la responsable ordenadora admitió, en lo que interesa, haber impuesto una multa al aquí quejoso, por lo que en cualquier momento, dicha ejecutora podrá iniciar el procedimiento administrativo de ejecución para hacerla efectiva, por lo que se tiene por cierto el acto reclamado. Existencia de los actos reclamados que se corrobora con las constancias que integran el duplicado del proceso 452/2013 (anexo I), que remitió el 1. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, al rendir el correspondiente informe justificado, que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos y de las que se advierte la existencia del auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte (fojas 134 vuelta y 135 del anexo I), donde: 1) decretó la orden de comparecencia en contra del quejoso (punto octavo); 2) dio respuesta a la petición del quejoso (punto sexto); y le 3) impuso una multa (punto séptimo). Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto combatido -auto emitido en un procedimiento penal- el juicio de amparo debe ser promovido, dentro del término de quince días que marca el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en el caso no se está en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral. Así, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término de los quince días para presentar la demanda de amparo se computa a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado, o aquél en que la parte quejosa haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Ahora, de las constancias que integran el duplicado de la causa penal 452/2013 que remitió la autoridad responsable ordenadora 1. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla (anexo I), ya valoradas, se advierte que el auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte que contiene los actos reclamados (fojas 134 vuelta y 135 del anexo I), se notificó al quejoso por cédula de notificación el diecinueve de febrero de dos mil veinte. Luego, el plazo de quince días para promover el amparo transcurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del veinte de febrero al doce de marzo de dos mil veinte, con descuento de los sábados y domingos, y del nueve de marzo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo vigente. Entonces, si la presente demanda de amparo se recibió el veinticinco de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla (fojas 1 y 3 del expediente de amparo), esto es, al cuarto día del término de los quince, es evidente que la misma fue presentada en tiempo. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia correspondientes a la décima época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor, y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. II. Normas aplicables. El proceso del que derivan los actos reclamados, se tramita conforme al anterior sistema de justicia penal, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el nuevo sistema penal acusatorio. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad del acto reclamado se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Estado, con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, y sus reformas. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de procesado en el procedimiento penal origen. SEXTO. Improcedencia del amparo indirecto respecto a los actos reclamados. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para que el suscrito juez Federal, pueda analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el suscrito juez Federal advierte de oficio, que respecto a los actos reclamados al 1. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, consistentes en: a) La cita de comparecencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte que emitió en el proceso 452/2013, en contra del quejoso; b) La respuesta contenida en el auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, que recayó a la petición del quejoso de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, respecto a la extinción de la pretensión punitiva dentro del proceso 452/2013, en el sentido de que se estuviera a lo acordado en auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; y, c) La multa impuesta al quejoso en auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte dentro del proceso 452/2013; así como d) la ejecución de esta última que se atribuyó al 2. Titular de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27 fracción III, inciso b), último párrafo del propio ordenamiento que señalan: "Artículo 63. El sobreseimiento del juicio de amparo procede cuando: ( .) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;". "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: (.) III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." De los artículos transcritos se advierte que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando habiéndose dispuesto el emplazamiento de un tercero interesado por medio de edictos, no se pueda realizar tal comunicación procesal ante la omisión de la parte quejosa de acreditar haberlos entregado para su publicación dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, lo que origina el impedimento constitucional de esta autoridad jurisdiccional para estudiar el fondo del asunto. Lo anterior, ya que tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, las determinaciones que en ésta se adopten, pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado en mención, al estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye el presupuesto procesal de mayor importancia, y que encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados. Ahora, de las constancias que integran el expediente de amparo se advierte que al no lograrse el emplazamiento de la tercera interesada Josefina Luna Cruz, en los domicilios proporcionados por la parte quejosa para tal efecto, ni en los indicados por diversas autoridades auxiliares del Estado, por auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte (fojas 179 y 180 de este expediente de amparo), se ordenó el emplazamiento de dicha tercera por edictos, a costa del quejoso, y se apercibió a este último que de no recogerlos, entregarlos para su publicación, y acreditar lo anterior ante este Juzgado de Distrito, se sobreseería el juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción III, inciso b), último párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 27/2015 cuyos datos de localización, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." En efecto, en el término de veinte días, el quejoso debió (i) recoger los edictos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); sin embargo, se tiene que no lo hizo, pues el auto de veintisiete de octubre de dos mil veinte, por el que se pusieron a su disposición, se le notificó por lista el veintiocho del mismo mes, surtió efectos el veintinueve y el término transcurrió del treinta de octubre al uno de diciembre, ambos de dos mil veinte; sin que realizara la primera de las gestiones, por lo que menos pudo efectuar ni acreditar las subsecuentes. Lo anterior, evidencia la contumacia en que incurrió el peticionario de garantías, impidiendo con ello cumplir con un presupuesto procesal que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional, pues la administración de justicia pronta no puede quedar supeditada a la intención de las partes de que se dicte sentencia, lo que es imposible sin el emplazamiento del tercero interesado, siendo que no se puede sobreponer el interés de la parte quejosa al interés público de la sociedad la cual está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley, lo que hace que el suscrito juez de Distrito esté imposibilitado legalmente para pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en este juicio de amparo. En consecuencia, se actualizó la hipótesis de sobreseimiento a que alude el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA OMISIÓN INJUSTIFICADA DEL QUEJOSO DE DILIGENCIARLOS NO CONSTITUYE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SINO UNA HIPÓTESIS AUTÓNOMA DE SOBRESEIMIENTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En la ejecutoria de la que se derivó la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 416, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la omisión del quejoso de recoger los edictos para el emplazamiento del tercero perjudicado, pagar su publicación y exhibirla podría configurar la causa de improcedencia del amparo prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 30, fracción II, y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, este criterio no puede aplicarse analógicamente a los asuntos regidos por la ley de la materia vigente a partir del 3 de abril de 2013, para integrar una causa de improcedencia y sobreseer con base en ésta en términos del artículo 63, fracción V, de dicha ley. Ello es así, porque la fracción II de ese mismo precepto incorporó expresamente como una causa autónoma de sobreseimiento la omisión injustificada del quejoso de acreditar la entrega de los edictos para su publicación, cuando deba emplazarse por ese medio al tercero interesado." No obsta a lo anterior, que el quejoso por escrito presentado ante este Juzgado de Distrito el trece de noviembre de dos mil veinte (fojas 185 y 186 del expediente de amparo), haya manifestado su imposibilidad económica para la publicación de los edictos, ya que al no existir en autos prueba alguna respecto a la existencia de indicios que confirmaran la situación de precariedad relevante del quejoso, entonces, éste, por ser quien instó al órgano constitucional de amparo, debió cumplir con el requerimiento que se le dirigió en el sentido de sufragar la publicación de los edictos, pues ello no transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia expedita. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso." También es aplicable, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o posible para el fin que pretende enmendarse, así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción." En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27 fracción III, inciso b), último párrafo del propio ordenamiento, procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS, respecto de los actos que Sergio Gallegos Flores reclamó del 1. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, consistentes en: a) La cita de comparecencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte que emitió en el proceso 452/2013, en contra del quejoso; b) La respuesta contenida en el auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, que recayó a la petición de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, respecto a la extinción de la pretensión punitiva dentro del proceso 452/2013, en el sentido de que se estuviera a lo acordado en auto de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve; y, c) La multa impuesta al quejoso en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinte dentro del proceso 452/2013, así como d) la ejecución de esta última que se atribuyó al 2. Titular de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla. Atento a lo anterior, el suscrito Juez Federal se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en relación con dichos actos, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de garantías impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que ataña al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de garantías respecto de los actos que Sergio Gallegos Flores reclamó del 1. Juez Penal Municipal de Tehuacán, Puebla, y, la ejecución de uno de ellos que se atribuyó al 2. Titular de la Dirección de Recaudación de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla, precisados en el considerando segundo de esta resolución y en virtud de lo expuesto en el considerando sexto de la misma. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese la presente resolución: por lista al quejoso, y por oficio a las autoridades responsables, al agente del Ministerio Público adscrito a la responsable (autoridad tercera interesada), y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

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