Sergio Efrain Hernandez Hernandez
Expediente 140/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sergio Efrain Hernandez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
...Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se aprecia que la sentencia que sobreseyó el presente asunto, no fue recurrida dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Es aplicable la Jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2013630 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 6/2017 (10a.) Página: 556 "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. DOCUMENTOS: Que no obran documentos exhibidos por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15 interpretado en sentido contrario, 20 párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, incisos a) y c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, se ordena devolver al Agente del Ministerio Publico Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales Región "A", con residencia en León, Guanajuato, la documental que remitió en apoyo a su informe justificado, consistente en copia autenticada de la carpeta de investigación *** de su índice, en un tomo de pruebas, por ser innecesaria su conservación Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en el que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
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TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Región A, con residencia en León, Guanajuato, así como al Registro Público de la Propiedad de Irapuato, Guanajuato, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 27 a 28, 68 y 101 a 102de autos). Certeza que se corrobora con las copias autenticadas de la carpeta de investigación que obran en tomo de pruebas por separado, así como con las copias certificadas del apéndice de la solicitud ***, de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, derivado del oficio ** suscrito el trece de marzo de ese mismo año, por la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de León, Guanajuato, por el cual ordenó la inmovilización de los bienes inmuebles descritos, entre otros, del folio electrónico ***; solicitud ***, de cuatro de diciembre de dos mil quince, derivada del oficio ***, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil ***, ordenada por el Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad y convenio de veinticinco de noviembre de dos mil quince, en el cual se otorga como garantía el bien inmueble que en este juicio se defiende, mismas que remitió con su informe justificado el Registrador Público de la Propiedad y del Comercio, y a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este Juzgado Federal advierte, de oficio, que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en virtud que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico. Para demostrar tal aserto, conviene traer a colación el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (...)." De igual manera, es necesario citar el precepto 5º, fracción I, de la misma legislación. "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta ley." De conformidad con los artículos preinsertos, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quienes resienten un perjuicio jurídicamente relevante con motivo de un acto de autoridad, es decir, una afectación directa o indirecta en un derecho que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese; sobre lo cual, se distinguen tres notas diferentes: I. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que sea afectado de manera personal o directa. Es decir, tratándose de la procedencia del amparo directo y del amparo indirecto cuando se combatan actos de dichas autoridades jurisdiccionales, es necesario que el quejoso aduzca un interés jurídico, esto es, una afectación directa e inmediata en su esfera jurídica, situación que surge a partir de su titularidad de un derecho subjetivo. II. Tratándose de actos o resoluciones que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo reclamables a través del amparo indirecto, la parte agraviada puede ser titular de un derecho subjetivo que se identifica con el interés jurídico o, en su defecto, titular de un interés legítimo individual o colectivo, ya sea que se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. III. En todo caso, el interés simple no es suficiente para sostener la procedencia del juicio de amparo. En el entendido que de no contar con un interés sobre el acto reclamado (jurídico o legítimo, no simple), el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa reclama la orden de inmovilización del bien inmueble inscrito en el folio electrónico ***, identificado como ****, realizada por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Región A, con residencia en León, Guanajuato dentro de la carpeta de investigación *** de su índice. Es preciso señalar que la citada carpeta de investigación se inició por la querella presentada por *** por el delito de usurpación de identidad, motivo por el cual mediante oficio de trece de marzo de dos mil dieciocho la Agente investigadora ordenó la inmovilización entre otros del folio real ***. Por lo que el interés de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, se analizará a partir del interés jurídico. Para cumplir con el fin anunciado, debe tenerse presente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 , sostuvo que la parte quejosa que acudía al amparo aduciendo interés jurídico debía resentir un perjuicio directo sobre sus intereses con motivo de un acto de autoridad, lo que tradujo en: I. Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos en una persona o en su patrimonio; II. Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; III. Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, IV. Que los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando la parte quejosa acredita una afectación en su persona o en sus bienes, situación que debe acreditar en forma fehaciente. Precisado lo anterior, la parte quejosa que no exhibió documental alguna para acreditar su interés jurídico. No obstante lo anterior, de constancias de autos se observa copia certificada del oficio ***suscrito por la Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, dirigido al Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Irapuato, Guanajuato, en el que solicita la inscripción del convenio celebrado el veinticinco de noviembre de dos mil quince, entre *** y *** en el juicio ejecutivo mercantil 99/15-M, acuerdo de voluntades en el que la parte demandada señaló como garantía para el cumplimiento de dicho convenio el inmueble que inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad con el folio real ***. Asimismo obra la solicitud *** de cuatro de diciembre de dos mil quince, en la que se advierte la inscripción antes mencionada. Al respecto, este Juzgado Federal determina que la probanza enunciada no es suficiente para acreditar algún interés jurídico de la parte quejosa respecto del inmueble que se encuentra registrado con el folio real *** identificado como ***, folio real que fue objeto la orden de inmovilización en la carpeta de investigación *** del índice de la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Región A, con residencia en León, Guanajuato. Es así, ya que si bien de dichas constancias se observa la existencia de un registro de gravamen en el registro público de la propiedad y del comercio de esta ciudad, en relación con el quejoso, lo cierto es que el mismo deriva de la solicitud que realizó el Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad, dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, en el que se señaló dicho inmueble como garantía de pago en el convenio celebrado entre *** y ***, el cual de ninguna forma otorga la titularidad, propiedad al aquí quejoso, ni el derecho a que no se realicen diversas anotaciones de gravámenes en el folio real mencionado. Ello es así, pues dicha anotación se realizó atendiendo a la voluntad de las partes expresadas en el convenio de pago de veinticinco de noviembre de dos mil quince, llevado a cabo en el juicio ejecutivo mercantil *** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. Es decir la citada anotación que existe por parte del aquí quejoso, tiene únicamente como finalidad que terceras personas se enteren de la voluntad de celebrar determinado acto jurídico sobre él y que el bien registrado se encuentra en litigio y, por ende, si pese a dicho conocimiento algún tercero se interesa en realizar determinado acto jurídico en relación con tal bien, debe estarse a las resultas del pleito cuya demanda se anotó preventivamente. Motivo por lo cual como se dijo con dichas documentales no se acredita de ninguna forma que el aquí quejosa detente la titularidad del bien que pretende defender en esta instancia constitucional, por lo que este órgano de control constitucional colige que la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar la orden de inmovilización del bien inmueble inscrito en el folio electrónico ***, identificado como el ***, realizada por la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, Región A, con residencia en León, Guanajuato dentro de la carpeta de investigación ***, y su ejecución, en virtud que no demostró tener algún título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad del inmueble en mención, máxime que el propio quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó que pretende defender en esta instancia constitucional el derecho que como acreedor tiene sobre dicho inmueble. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo datos de localización, rubro y texto son: "Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos." En consecuencia, al no quedar acreditado el interés jurídico de la parte quejosa para la promoción del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede decretar el SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Situación que por sí misma imposibilita a esta potestad federal para ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados . Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Registrador Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios, ya que su inconstitucionalidad deriva del acto reclamado que se le atribuye al juez ordenador. Finalmente, es preciso señalar que en acuerdo de quince de diciembre de dos mil veinte, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Héctor Javier Mendoza Araiza, por medio de exhorto, en el que se le requirió para que dentro del plazo de tres días posteriores a que tuviera conocimiento de dicho acuerdo, señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harían por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm?page Name=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en el área de ingreso al edificio en que se localiza este juzgado, que fue el espacio designado por la Administración para facilitar su consulta a quienes acudan sin contar con cita, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. Plazo que a la presente fecha ha transcurrido en exceso, sin que haya señalado domicilio, motivo por el cual, se hace efectivo el apercibimiento y se ordena la notificación de la presente resolución por medio de lista electrónica. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo. SEGUNDO. Notifíquese por lista la presente resolución al tercero interesado ***.
- Principal
...Audiencia constitucional
- Principal
... Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre, así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En ese orden, no pudo llevarse a cabo la audiencia constitucional del presente juicio, al encontrarse programada dentro de ese período. REANUDACIÓN DEL TRÁMITE Ahora bien, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales referidos, por lo que se reactiva el trámite del presente asunto, en el entendido que la reanudación de plazos operará hasta que se notifique el presente proveído. FECHA DE AUDIENCIA En consecuencia, se fijan las QUINCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. SE ACUERDA OFICIO Por otra parte, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el estado de Guanajuato, con sede en León, encargada del despacho, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 184/2020 (1328/2020), del índice de este juzgado, que se envió a efecto de emplazar al tercero interesado ***, por conducto de su asesora; lo que aconteció el veintiocho de diciembre del año pasado. Dese de baja del Libro de Gobierno correspondiente la referida comunicación, previas las anotaciones respectivas. Por tanto, se levanta la reserva decretada en auto de quince de diciembre de dos mil veinte, y al efecto, se tiene por emplazado en el presente sumario al tercero interesado, con su nombre correcto ***. Realícese las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto al nombre correcto del citado tercero interesado....
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