Sergio Garcia Hernandez

Expediente 160/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
160/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
12/08/2021

Partes del expediente

  • Sergio Garcia Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de tres días, concedido a la parte quejosa mediante proveído de nueve de julio del año en curso, para que manifestara lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento a la ejecutoria de amparo informado por la Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, en cumplimiento al fallo protector; sin que haya realizado manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000. "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, conviene destacar que mediante sentencia emitida por este órgano jurisdiccional el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió la protección federal a la parte quejosa a efecto de que el Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente la interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***. 2. En su lugar, emita otra, en la que, a la luz de lo aquí determinado, declare inoperantes los argumentos que hizo valer el demandado incidentista y, con libertad de jurisdicción, se pronuncie fundada y motivadamente sobre el incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por el aquí quejoso (actor incidentista), tomando como base lo determinado en la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***, de su índice." En consecuencia, en acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la sentencia de amparo. Luego, por misiva registrada con el progresivo 6300/2021, el Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, remitió copia certificada de la resolución pronunciada el cinco de julio de dos mil veintiuno, en la que dejó insubsistente la diversa de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, y dictó otra en su lugar, donde resolvió con libertad de jurisdicción y se pronunció fundada y motivada sobre el incidente de liquidación de intereses, decretando inoperantes los argumentos hechos valer por la parte demandada José Gustavo Martínez Mendoza. Por ende, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, HA QUEDADO DEBIDAMENTE CUMPLIDA. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. ES DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. No obran documentos aportados por las partes quejosa y tercero interesada. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado del sello pertinente en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, se requiere a la autoridad responsable de mérito para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este juzgado le remite, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Notifíquese y por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    ...Téngase por recibido el oficio signado por la Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, a través del cual, remite copia certificada de la resolución de cinco de julio de dos mil veintiuno, dictada en autos del juicio ejecutivo mercantil *** de su índice; constancias con las que asegura, da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se deja a disposición de la parte quejosa, en la Secretaría de este juzgado federal, copia de la promoción de cuenta y su anexo; para que dentro del término de tres días, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, respecto del cumplimiento que informa la responsable, apercibiéndole que en caso de omisión, en su oportunidad este órgano jurisdiccional dictará la resolución correspondiente con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia" [Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, jurisprudencia 2ª. J.26/2000, consultable en la página 243, registro 917781] ...

  3. Principal

    ...Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia definitiva que concedió el amparo y protección de la justicia federal, sin que las partes lo hicieran valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales. En ese tenor, este órgano de control constitucional procede a precisar los alcances del fallo protector y determinar qué autoridad se encuentra vinculada y en qué medida para cumplirla; ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 a 198 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 47/98, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." Al respecto, es de precisarse que el fallo protector se concedió a efecto de que la autoridad responsable Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, realice lo siguiente: "1. Deje insubsistente la interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** 2. En su lugar, emita otra, en la que a la luz de lo aquí determinado, declare inoperantes los argumentos que hizo valer el demandado incidentista y, con libertad de jurisdicción, se pronuncie fundada y motivadamente sobre el incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por el aquí quejoso (actor incidentista) tomando como base lo determinado en la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** de su índice" En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, para que dentro del término que impone el precepto legal en cita, es decir, tres días, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que, de no cumplir en los términos antes indicados, se le impondrá una multa equivalente a cien veces de la Unidad de Medida y Actualización diaria al día que se imponga; ello, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Federal de este país, con apoyo en el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimosexto Circuito en Materia Civil en turno, con residencia en la capital, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación de su puesto y su consignación. Ahora bien, no obstante que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 192, párrafo tercero, obliga a este juzgado federal a notificar y requerir al superior jerárquico de la autoridad directamente vinculada para que la constriña a dar cumplimiento al fallo protector, en el presente caso, el Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato, al constituirse como autoridad formal y materialmente jurisdiccional dotada de autonomía e independencia para dictar y hacer cumplir sus resoluciones, carece de superior jerárquico en los términos que se establecen en la ley de la materia. Ilustra sobre el tópico expuesto la tesis P. LVIII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, número de registro 165779, página 12, de rubro y texto: "JUECES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. NO EXISTE SUBORDINACIÓN CON LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA ENTIDAD, AL REVISAR ÉSTOS SUS DETERMINACIONES. El hecho de que en el aspecto jurisdiccional los Jueces, al dictar sus sentencias, queden sujetos a las decisiones y criterios de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, no implica que haya subordinación, en la medida de que si bien ello significa depender o sujetarse a otro servidor público en las órdenes que dé, no puede configurarse tal situación cuando por ejemplo, al resolverse los recursos ordinarios el tribunal de alzada ordene admitir una prueba, analizar en otro sentido la pretensión del actor o reponer el procedimiento, ya que el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite recurrir las resoluciones de primera instancia, pero tanto al dictarse la relativa a esta última como la de segundo grado los Jueces y Magistrados, respectivamente, gozan de autonomía, en términos del artículo 17, párrafo tercero, constitucional. En este tenor, no es posible considerar que en materia jurisdiccional exista dependencia o subordinación por el hecho de que en revisión puedan modificarse las decisiones de los Jueces, porque en el ejercicio de sus funciones conservan íntegras las facultades propias de interpretación y decisión al emitir sus fallos. Estimar lo contrario llevaría al extremo de considerar que existe dependencia con los órganos del Poder Judicial de la Federación al conceder el amparo contra sus determinaciones, lo cual resulta inconcebible conforme al principio de división funcional de poderes y de los niveles de gobierno, en virtud de que en cada ámbito los juzgadores cualquiera que sea su tipo llevan a cabo una tarea jurisdiccional disímbola" Asimismo, devuélvanse al Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato las constancias consistentes en copias certificadas del expediente M999/2016, en un tomo de pruebas, que exhibió como sustento para su informe justificado. Se requiere a la autoridad responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este juzgado le remita, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional. Finalmente, téngase por recibido el escrito de cuenta, suscrito por la parte quejosa; en atención a su contenido, deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, donde se declaró que la sentencia dictada en el presente sumario causó ejecutoria y se requirió el cumplimiento correspondiente a la autoridad responsable...

  4. Principal

    ...TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado5. Además, la existencia del acto reclamado se corrobora con las constancias que la juez responsable acompañó en apoyo a su informe de ley, las cuales consisten en copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil *** en un tomo, a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, no se hicieron valer causas de improcedencia, y no se advierte de oficio la actualización de alguna de ellas, por ende, se procede a entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, procede relatar los principales antecedentes del acto reclamado: ... SEXTO. Estudio de fondo. No se transcribirán los conceptos de violación esgrimidos, por no exigirlo el artículo 74 de la legislación aplicable6. En sus motivos de disenso, la parte quejosa aduce, sustancialmente, que la resolución reclamada transgrede el contenido de los artículos 14, 16 y 17 constitucional, ya que la juez del conocimiento no tiene jurisdicción sobre resoluciones que ya alcanzaron la categoría de cosa juzgada, puesto que la sentencia definitiva de diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, ya resolvió la litis planteada sobre el pago de pesos, resultando favorable al actor, aunado a que no fue recurrida por los demandados. Son fundados los conceptos de violación, en su causa de pedir. En principio, resulta conveniente precisar algunas cuestiones en torno a la figura de la cosa juzgada, que tiene fundamento en los artículos 14, segundo párrafo, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al dotar a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Asimismo, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. Así se determinó en la jurisprudencia P./J. 85/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 168959 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 85/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 589 Tipo: Jurisprudencia COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Acción de inconstitucionalidad 11/2004 y su acumulada 12/2004. Diputados Integrantes de la Tercera Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y Procurador General de la República. 25 de septiembre de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Rómulo Amadeo Figueroa Salmorán y Makawi Staines Díaz. El Tribunal Pleno, el dieciocho de agosto en curso, aprobó, con el número 85/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de agosto de dos mil ocho. En ese tenor, la cosa juzgada representa un derecho de seguridad jurídica, porque tiene que llegar un momento en que las determinaciones judiciales necesariamente sean inimpugnables y jurídicamente indiscutibles o inmutables, ya que las decisiones del órgano jurisdiccional se erigen como verdad legal y ya no pueden estar a discusión, ni mucho menos reexaminarse, ya que ello equivaldría a vulnerar la inmutabilidad de los efectos de una sentencia firme cuya observancia es de orden público. Por otra parte, conviene destacar que los incidentes de liquidación tienen como objetivo primordial determinar con precisión la cuantía de ciertas prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio y que no se pudieron dilucidar en la sentencia definitiva o convenio elevado a esa categoría, ya que son indispensables para exigir su cumplimiento y efectuar su ejecución, tal como lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que dice: Registro digital: 167486 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. XXXVIII/2009 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 580 Tipo: Aislada INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. AUNQUE FORMALMENTE SEA UN PROCEDIMIENTO AJENO AL JUICIO PRINCIPAL, MATERIALMENTE ES UNA EXTENSIÓN DEL MISMO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE COMERCIO). El procedimiento que tiene por objeto cuantificar la condena ilíquida decretada en la sentencia definitiva que puso fin al juicio principal, que en la legislación analizada se tramita por la vía incidental, constituye un procedimiento contencioso, en tanto que tiene por objeto determinar si el cálculo contenido en la planilla de liquidación, fue realizado de conformidad con los lineamientos jurídicos aplicables. Dicho procedimiento es autónomo respecto del juicio principal, porque su resolución no afecta la cosa juzgada derivada de la sentencia definitiva dictada en éste, y su tramitación constituye un procedimiento independiente del juicio principal, con una estructura procesal equiparable a la de éste, por partir de una acción incidental que contiene una pretensión jurídica, a la que pueden oponerse defensas procesales, y por contener una etapa procesal de pruebas, alegatos y sentencia, siendo ésta impugnable en la apelación; sin embargo, este procedimiento es al mismo tiempo un accesorio del juicio principal, porque la procedencia de la acción incidental depende de la previa existencia de una condena ilíquida, y su tramitación, aunque es facultativa, es jurídicamente necesaria porque obedece al interés público de cuantificar dicha condena. El aparente antagonismo se explica porque para hacer efectivo un derecho de crédito, no basta con que se decrete su existencia, sino que además debe determinarse su contenido y alcance, pues un derecho de crédito es inerte si no puede cobrarse, y para ello es necesaria su liquidación. Por lo tanto, aunque a veces no es posible o conveniente que en el juicio principal se determine tanto la existencia como la cuantía del derecho de crédito, y por ende deba tramitarse otro procedimiento que desde el punto de vista adjetivo, es autónomo e independiente, ello no resta a tal liquidación del crédito su naturaleza sustantiva, pues su objeto versa sobre un aspecto esencial de la litis principal, que es la determinación del contenido y alcance del derecho cuya existencia fue previamente decretada como cosa juzgada en la sentencia definitiva. Por consiguiente, debe considerarse que el incidente de liquidación es, materialmente, una extensión del juicio principal, aunque formalmente sea ajeno al mismo, pues al resolverse en el mismo un aspecto esencial de la misma pretensión jurídica que fue materia del juicio principal, tal resolución obedece al principio de la justa composición de la litis, que en términos del artículo 17 constitucional, ordena que la justicia sea administrada de manera completa. De lo anterior se deriva que la sentencia interlocutoria dictada en un incidente de liquidación, participa de la misma naturaleza jurídica de la sentencia definitiva, ya que no puede considerarse que el proceso contencioso ha terminado materialmente, sino hasta que se apliquen en pago al acreedor los bienes necesarios. Contradicción de tesis 39/2008-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Séptimo y Noveno, todos en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rodrigo de la Peza López Figueroa. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de fondo de la contradicción planteada. Entonces, los incidentes de liquidación determinan concretamente la cantidad por la cual debe despacharse ejecución, misma que es realizada por el juez del proceso, quien, como rector del mismo, es al que corresponde precisarla de acuerdo a lo condenado en sentencia firme o a lo pactado por las partes en el convenio elevado a esa categoría. Asimismo, los incidentes de liquidación tienen como fin primordial determinar con precisión la cuantía de las prestaciones a las que quedaron obligadas las partes en el juicio, con el propósito de perfeccionar la sentencia en detalles relativos a esas prestaciones, que no se pudieron cuantificar líquidamente en el fallo y que son indispensables para exigir su cumplimiento y llevar a cabo su ejecución. Empero, tales incidentes no pueden modificar, anular o rebasar lo decidido en la sentencia definitiva, sin atentar contra los principios fundamentales del proceso, como el de la invariabilidad de la litis y el de congruencia o hacer nugatorias instituciones procesales tan esenciales como la de la cosa juzgada; de ahí que no puedan tener como finalidad desconocer un derecho ya decidido en la sentencia definitiva, sino en su caso, regula la liquidación respectiva de lo que fue materia del juicio. Sobre el punto, se comparte la tesis I.3o.C.20 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Primer Circuito, del texto siguiente: Registro digital: 2003295 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Civil, Común Tesis: I.3o.C.20 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 2167 Tipo: Aislada INTERLOCUTORIA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. NO GENERA DERECHOS DIFERENTES A LOS DECLARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA, PORQUE ELLO EQUIVALDRÍA A INOBSERVAR EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA. El respeto a las consecuencias de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, según lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 85/2008, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Ahora bien, el Máximo Tribunal desde la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación ha sostenido que existe un principio esencial en el estudio de toda sentencia, consistente en que los considerandos rigen a los resolutivos y sirven para interpretarlos. De lo anterior se desprende que la cosa juzgada en una sentencia es lo razonado en sus considerandos, los cuales deben servir para interpretar el sentido de sus resolutivos. Lo anterior encuentra sustento en la doctrina procesal moderna, la cual reconoce que la parte resolutiva del fallo es producto de un análisis cuya trayectoria queda expuesta en las consideraciones o motivaciones que la anteceden. Esto último cobra especial relevancia al resolver el incidente de liquidación, porque dicho procedimiento tiene como finalidad que el Juez cuantifique la condena decretada en sentencia firme. Luego, debe entenderse que la actividad del Juez no puede ir más allá de lo establecido en la parte considerativa del fallo definitivo, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta. Por tanto, la interlocutoria de liquidación de sentencia no genera derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 269/2012. Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 25 de octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro. Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 85/2008 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 589. Por ende, la interlocutoria que decide el incidente de liquidación que deriva de la condena al pago de los intereses pactados, no es la instancia ni el momento procesal en donde debía plantear el juzgador, oficiosamente, la calidad de lesivos o usurarios y la reducción de los intereses pactados, porque ello debió ser analizado en la sentencia definitiva, y si no se hizo, acorde al principio de cosa juzgada, no puede hacerse con posterioridad. Precisado lo anterior, como se adelantó, son fundados los conceptos de violación del quejoso. Ello, toda vez que la autoridad responsable a través del incidente de liquidación de sentencia materia de reclamo, cuantificó el monto de los intereses, en términos diversos a los estipulados en sentencia definitiva, misma que causó ejecutoria por ministerio de ley. Es importante resaltar, que el criterio que aquí se adopta, se sustenta en la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2014920 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Civil Tesis: 1a./J. 28/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 657 Tipo: Jurisprudencia USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal. Contradicción de tesis 284/2015. Suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, Tercer, Décimo Segundo y Décimo Tercer Tribunales Colegiados, todos en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México. 22 de febrero de 2017. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Criterios contendientes: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 33/2015, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 72/2015, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 310/2014 y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 85/2015, esencialmente determinaron que la finalidad de la figura jurídica de cosa juzgada, la que prevalece en todo fallo, consiste en que exista certeza respecto de las cuestiones resueltas en los litigios, mediante la invariabilidad de lo fallado en una sentencia ejecutoriada y que se garantice el cumplimiento por las autoridades competentes de toda decisión judicial, lo cual constituye un derecho humano consistente en la seguridad jurídica, cuenta habida que los órganos jurisdiccionales nacionales se encuentran obligados a observar los diversos principios constitucionales y legales, ante ello, no es legalmente procedente que en un incidente de liquidación de intereses moratorios, se analice lo relativo a la legalidad, constitucionalidad y convencionalidad de dichos intereses (usura), ya que en el fallo definitivo emitido en el juicio de origen quedaron precisadas las bases para la cuantificación del pago de los intereses respectivos, decisión que resulta inalterable, dado que la sentencia de fondo causó estado y, por ende, constituye cosa juzgada; similar criterio sostuvieron: el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, al resolver los amparos en revisión 366/2014 y 84/2015, así como el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 389/2014 y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 173/2015. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 57/2015 y el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, al resolver el amparo en revisión 42/2015, resolvieron amparar y proteger al quejoso recurrente para el efecto de que la autoridad responsable dejara sin efectos la resolución emitida en una sentencia interlocutoria relativa a un incidente de liquidación de intereses, al considerar que los intereses moratorios que fueron convenidos por las partes tuvieron la voluntad de pactar una ganancia en favor del acreedor; por ello y no obstante que el monto resultara usurario, lo justo y equitativo era reducir la tasa de intereses, de donde se advierte el criterio implícito consistente en que en el amparo en revisión es posible analizar lo relativo a la usura respecto de los intereses pactados por las partes en el juicio de origen, aun cuando dichos intereses moratorios se fijaron en una sentencia definitiva que ya causó estado. Tesis de jurisprudencia 28/2017 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete. Nota: De la sentencia que recayó al amparo en revisión 57/2015, resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, derivaron las tesis de jurisprudencia I.3o.C. J/13 (10a.), I.3o.C. J/18 (10a.) y I.3o.C. J/17 (10a.), de títulos y subtítulos: "TASAS DE INTERÉS. ES VÁLIDO ACUDIR A LAS FIJADAS POR EL BANCO DE MÉXICO, PARA ESTABLECER SI LAS PACTADAS POR LAS PARTES SON DESPROPORCIONADAS O NO.", "USURA. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SÍ PERMITE ANULAR LOS INTERESES USURARIOS GENERADOS DESPUÉS DE ÉSTA, PARA REDUCIRLOS A UNA TASA EQUITATIVA Y ASÍ LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE EL CITADO PRINCIPIO, LOS DE COSA JUZGADA Y DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA, DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA." y "USURA. EN LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA, CABE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA.", publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas y del viernes 27 de enero de 2017 a las 10:28 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 20, Tomo II, julio de 2015, página 1619; y 38, Tomo IV, enero de 2017, páginas 2413 y 2415, respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 18 de agosto de 2017 a las 10:26 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 21 de agosto de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. De la anterior jurisprudencia, se observa que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el análisis oficioso sobre la posible existencia de usura que deben realizar las autoridades jurisdiccionales corresponde a un tema de índole sustantiva que, al encontrarse íntimamente relacionado con las pretensiones de la demanda, encuentra un límite en la cosa juzgada; es decir, una vez dictada sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio, por ejemplo, en el incidente de liquidación de sentencia. Igualmente apoya lo anterior, la tesis 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.), también de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: Registro digital: 2013219 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Civil Tesis: 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I, página 382 Tipo: Aislada USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE. Las jurisprudencias registradas con los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.) (1), emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva. Contradicción de tesis 91/2015. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 24 de agosto de 2016. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Cecilia Armengol Alonso, Mario Gerardo Avante Juárez, Mónica Cacho Maldonado, Mireya Meléndez Almaraz, Luis Mauricio Rangel Argüelles y Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia pues no contiene el tema de fondo que se resolvió en la contradicción de tesis de la cual deriva. 1. Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.) citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 27 de junio de 2014 a las 9:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, páginas 400 y 402, registros digitales: 2006794 y 2006795, con los títulos y subtítulos: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a) Y DE LA TESIS AISLADA CCLXIV/2012 (10a]" y "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASA DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE" respectivamente. Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, de las actuaciones del juicio de origen que obran en el presente expediente, se advierte que el fallo emitido el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, no fue recurrido por las partes, tan es así que, en las diversas resoluciones incidentales de intereses moratorios que contiene incluyendo a la aquí reclamada, se desprende que dicha sentencia causó ejecutoria por ministerio de ley. Luego, en dicho fallo se determinó que el pago de los intereses moratorios sería a razón del Costo Porcentual Promedio emitido por BANXICO cada mes, más 5% (cinco por ciento) mensual, bajo las directrices señaladas por el Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato. De esta manera, no era factible que la responsable redujera la tasa de interés en beneficio de la parte demandada, pues al haber quedado firme la sentencia respectiva, esa decisión era inmutable y debía ejecutarse en sus términos, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva. Sin que sea óbice a lo anterior, que la juez natural efectuara el estudio en la forma que lo hizo, como una manera de protección al derecho de propiedad, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, ya que como se vio, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada, por lo que si el demandado *** pretendió en la etapa de ejecución de sentencia, de manera específica, en el incidente de liquidación de sentencia, que se determinara que los intereses son excesivos y debían reducirse, la juzgadora ya no podía introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de la usura respecto de puntos o elementos que ya habían sido determinados en la sentencia, y que por ende, constituyen cosa juzgada, al haber tenido a su alcance los medios de impugnación correspondientes para combatir su fijación. En consecuencia, procede conceder el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia de amparo (vicios de fondo). Con fundamento en los artículos 74, fracción V, y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debe señalarse que en virtud de lo relatado en el considerando que antecede, procede precisar que la protección constitucional concedida a *** es para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia de amparo, la autoridad responsable Juez Segundo Menor Mixto de Salamanca, Guanajuato: 1. Deje insubsistente la interlocutoria de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** 2. En su lugar, emita otra, en la que a la luz de lo aquí determinado, declare inoperantes los argumentos que hizo valer el demandado incidentista y, con libertad de jurisdicción, se pronuncie fundada y motivadamente sobre el incidente de liquidación de intereses moratorios promovido por el aquí quejoso (actor incidentista), tomando como base lo determinado en la sentencia definitiva dictada en el juicio ejecutivo mercantil *** de su índice. Finalmente, en cuanto a los alegatos hechos valer por el tercero interesado *** dígasele que deberá estarse a lo aquí resuelto, dado el estudio efectuado. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra el acto que reclama de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo y para los efectos precisados en el séptimo subsecuente de la presente resolución...

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