Sergio Contreras García
Expediente 118/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/03/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Actuario Que Realiza Diligencia
- Sergio Contreras García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el ocho de marzo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por --- no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que únicamente se desechó la demanda de garantías.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
CONSTANCIA. En cumplimiento al AVISO de nueve de marzo de dos mil dieciséis, por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído dictado el ocho del citado mes y año, en atención a que no compareció los días diez u once de los actuales para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Vista la comparecencia de siete de marzo de dieciséis; se tiene al quejoso ratificando en todas y cada una de sus partes el escrito que presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veintinueve de febrero de la presente anualidad; en consecuencia, téngasele cumpliendo con el requerimiento formulado en auto de dos de los actuales. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medido de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que el solicitante del amparo no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Ciertamente, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada en agotar, previamente a la interposición de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia referida, conviene establecer que de la lectura del acto reclamado, antecedentes y conceptos de violación, así como del escrito cumpliendo con la prevención efectuada, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el ilegal emplazamiento, realizado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil *** del índice del Juzgado Tercero Menor Civil, con residencia en esta ciudad. Puntualizado lo anterior, se considera que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que contra el acto mencionado, el aquí quejoso previo a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa, como lo es el incidente de nulidad de notificaciones, en virtud de que el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. En efecto, el mencionado medio de defensa encuentra su sustento legal en lo establecido en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece: "ARTICULO 319.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida. Este incidente no suspenderá el curso del procedimiento, y, si la nulidad fuere declarada, el tribunal determinará, en su resolución, las actuaciones que son nulas, por estimarse que las ignoró el que promovió el incidente de nulidad, o por no poder subsistir, ni haber podido legalmente practicarse sin la existencia previa y la validez de otras. Sin embargo, si el negocio llegare a ponerse en estado de fallarse, sin haberse pronunciado resolución firme que decida el incidente, se suspenderá hasta que éste sea resuelto." De la lectura del anterior precepto legal, se desprende que la legislación en comento otorga al gobernado un medio de impugnación ordinario para revocar las actuaciones practicadas por el actuario que las practicó, siendo este el incidente de nulidad de notificaciones; lo anterior es así, toda vez que, el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, establece que son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en la ley mencionada, y los litigantes podrán impugnarlas, en vía incidental. Entonces, si en el caso concreto la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional el ilegal emplazamiento, realizado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil *** del índice del Juzgado Tercero Menor Civil, con residencia en esta ciudad; y si como se aprecia de las propias manifestaciones y anexos que allegó a su escrito desahogando la prevención efectuada en el referido juicio, aún no se ha dictado sentencia definitiva, y al haberse hecho sabedor de la existencia del mismo, el quejoso debió haberse apersonado a efecto de combatir dicho emplazamiento con el medio ordinario de defensa que la ley prevé; por lo que es inconcuso que el promovente no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, Tomo 2, Febrero de 2012, página 1627, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." En ese mismo sentido, sirve de apoyo la Jurisprudencia III.1o.C. J/34, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la Novena Época, Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1041, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Además, que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, ya que: a. El acto reclamado no es de los que importan peligro de privación de la vida o ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; b. No consiste en órdenes de aprehensión reaprehensión o autos de vinculación a proceso; y, c. La parte quejosa no es persona extraña al procedimiento del que emana el acto reclamado, puesto que, como el mismo lo relata bajo protesta de decir verdad, ha tenido, conocimiento del procedimiento natural, antes del dictado de la sentencia definitiva, consecuentemente, el amparo indirecto que pretende es improcedente porque el acto reclamado (el ilegal emplazamiento), no puede ubicarlo en la hipótesis de desconocimiento que le impidiera imponerse de los autos, y defender sus intereses dentro del mismo; de ahí que se encontraba en aptitud de agotar los recursos ordinarios de defensa y por ello, no se actualiza la procedencia del biinstancial, previsto en el numeral 107, fracción VI, de la Ley de Amparo. Por lo que, evidente resulta que el solicitante del amparo debió promover el señalado medio de defensa -incidente de nulidad de notificaciones-, para cumplir con el principio de definitividad, rector de la instancia constitucional. Resulta aplicable la tesis emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada a foja 1100, Tomo VIII de Octubre de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMUN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Igualmente la jurisprudencia VI.2o.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1816, Tomo XXIII, Marzo de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE"
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