Sergio Alejandro Cab Gomez
Expediente 1104/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1104/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Sergio Alejandro Cab Gomez
- Secretaria de Administracion Y Finanzas del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de Ligia Linda Martín Várguez, autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita a este Juzgado Federal, se autorice el acceso al expediente electrónico de este asunto, con el objeto de consultar el sentido de la sentencia dictada en este juicio, manifestando que se le ha negado o limitado el acceso a la misma, pues aduce que ha solicitado su acceso al expediente electrónico sin que se le diera una respuesta congruente. Al respecto, dígasele que, desde el trece de abril pasado, se acordó de conformidad su solicitud, siendo desde tal fecha que fue autorizado su acceso al expediente electrónico; por otra parte, en proveído de catorce de mayo pasado, en atención a su solicitud en el mismo sentido, se le informó que desde el trece de abril pasado se autorizó su acceso al expediente electrónico, por tanto, se le informa que se le ha dado respuesta congruente a sus escritos. No obstante lo anterior, en atención a su solicitud, de una revisión al expediente electrónico se advierte que a la sentencia de veintidós de abril pasado, por error, se le asignó el rubro de acuerdo, cuando debió ser el de sentencia, empero, dicha circunstancia no impidió consultarla, pues se insiste, desde el momento en el que se autorizó su acceso al expediente electrónico, estuvo en posibilidad de consultarlo y verificar todos y cada uno de los acuerdos contenidos en el mismo, de ahí que de ninguna manera se le hubiese coartado el derecho a la información que refiere. Resulta pertinente asentar, que su autorización al presente expediente fue para que tenga acceso a la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo, así como para presentar promociones por esta misma vía y no así para recibir notificaciones. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de Ligia Linda Martín Várguez, autorizada de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita a este Juzgado Federal, se autorice el acceso al expediente electrónico de este asunto, con el objeto de consultar el sentido de la sentencia dictada en este juicio. Al respecto, hágase de su conocimiento que desde el trece de abril del año en curso, se proveyó lo conducente respecto al acceso al expediente electrónico en este juicio y se ordenó la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el veintidós de abril de dos mil veintiuno, se realizó a las partes por medio de lista autorizada que se fijó en los estrados de este Juzgado Federal, el día veintitrés de abril siguiente; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con nueve minutos del veintidós de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, mismo que se puso a la vista con conocimiento de las partes. Así mismo, da cuenta con el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, en autos del juicio reclamatorio laboral 793/2012, mismo que obra en autos del juicio de amparo 1106/2020-VII del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, cuya copia se ordena glosar a este expediente como hecho notorio. Seguidamente, el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial y por rendido en tiempo y forma el aludido informe justificado de la responsable. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, ofrecidas por la responsable, así como las que adjuntó a su diverso oficio SAF/DJ/0319/2021. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara CERRADO ESTE PERÍODO. A continuación, abierto el período de alegatos la Secretaria certifica: que las partes no hicieron uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la certificación secretarial. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1104/2020-V-A, promovido por Sergio Alejandro Cab Gómez; en contra del acto que reclama de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán y; R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día veintiséis siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Sergio Alejandro Cab Gómez, al juicio de amparo 1508/2019-VI-A a ampliar su demanda, en contra de los actos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, Congreso del Estado de Yucatán y Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Yucatán. SEGUNDO. Es el caso, que mediante acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 1508/2019-VI-A, se desechó la ampliación de demanda, al considerar que los nuevos actos no se encontraban estrechamente vinculados con los reclamados inicialmente, por lo que se ordenó sea remitida a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito para su turno correspondiente. TERCERO. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido en este Juzgado Segundo de Distrito, el oficio con el que se desechó la ampliación de demanda, por lo que se avocó el conocimiento del asunto, el cual quedó registrado con el número de juicio 1104/2020-V-A, seguidamente, se admitió a trámite la demanda únicamente por el acto reclamado a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán. Se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Reanudación de términos. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en la Circular CAP/3/2020 de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron los términos en el presente procedimiento y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: El oficio SAF/DJ/1254/2019, de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en el que se declara imposibilitada material y legalmente como autoridad auxiliar vinculada al cumplimiento del laudo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia del juicio constitucional, prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y." Se destaca que la hipótesis de improcedencia hace referencia a la presencia de un hecho que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe surtir sus consecuencias legales o materiales ha desaparecido, sin que exista posibilidad de que sus efectos se realicen o se continúen realizando en la esfera de derechos de la parte quejosa al ya no existir su objeto, por lo que no es factible que dicho acto afecte al peticionario de amparo, lo cual puede deberse incluso a causas ajenas a la voluntad de la autoridad responsable, y en ese contexto, la protección constitucional que en su caso se concediera carecería de efectos al no poder cumplir con su finalidad. En este orden, para fijar el alcance de la causa de improcedencia que se analiza, conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la inconstitucionalidad del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Federal. En ese sentido, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido y la jurisprudencia ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que la condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse en cuanto a sus efectos y alcance y así trascender en una efectiva salvaguarda a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII anteriormente transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado. O bien, no tendría efecto jurídico alguno la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se modificó sin dejar huella alguna susceptible de reparación en la esfera de derechos del gobernado, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En ese sentido, como ya se dijo, el acto reclamado se hace consistir en el oficio SAF/DJ/1254/2019 de fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, donde la responsable alega una imposibilidad relativa para auxiliar al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado, en el cumplimiento del laudo dictado en autos del expediente laboral 793/2012, que le fuera solicitado en acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve de dicho expediente. Ahora bien, de la certificación de cuenta se advierte que al tener a la vista los autos del juicio de amparo 1106/2020-VII del índice de este órgano jurisdiccional, se desprende que mediante proveído de once de diciembre de dos mil veinte, se recibió el informe justificado signado por el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, al que anexó, entre otras cosas, el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictado en autos del juicio reclamatorio laboral 793/2012, en el que, en lo que interesa, determinó: "V I S T O S: Tiénese por presentado al Dip. Martín Enrique Castillo Ruz, en su carácter de Diputado del Poder Legislativo del Estado y Presidente de la mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, con su oficio número LXII-CEY-538/2019, de fecha diez de diciembre de 2019, y documentación anexa al mismo, mediante el cual, manifiesta dar cumplimiento a lo que se le ordenó mediante oficio número TTSEM/MP/SRÍA.-548/2019; asimismo, tiénese por recibido de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, su oficio número SAF/DJ/1254/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, mediante el cual, manifiesta dar respuesta a lo solicitado por este Tribunal, mediante oficio número TTSEM/MP/SRÍA.-793/2019, de fecha (sic), en tal virtud agréguese a los presentes autos los oficios de mérito, y hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales que correspondan; en primer lugar, es preciso señalar lo manifestado por l SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS en su oficio número SAF/DJ/1254/2019, en el cual se aprecia lo siguiente: (TRANSCRIBE LO ASENTADO EN ESE OFICIO SAF/DJ/1254/2019) Por otro lado, es preciso señalar lo expresado por el CONGRESO DEL ESTADO, en su oficio número LXII-CEY-538/2019, en el cual se aprecia lo siguiente: (TRANSCRIBE LO ASENTADO EN ESE OFICIO lxii-cey-538/2019) En ese orden de ideas, no pasa desapercibido para esta Autoridad, lo manifestado por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, que dicha autoridad no cuenta con la facultad para cumplir con lo ordenado, en atención y estricta observancia al principio constitucional de libertad y autonomía en la administración de la Hacienda Municipal, consagrado en las fracciones II y IV del artículo 115 de la constitución Federal, aunado a lo anterior el constituyente local incluyó y reiteró la autonomía y libertad de administración de la Hacienda Municipal por parte de los Ayuntamientos al consagrar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, que los ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, conforme lo disponga la ley respectiva y que la Hacienda pública Municipal se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre ejercicio, transparencia y legalidad; y se formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; así como con las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor; más aún, el proceso administrativo y legislativo mediante el cual se consolida el presupuesto municipal para los ejercicios fiscales, es ajeno e independiente a la esfera competencial de esta Secretaría, ya que en ningún momento de su elaboración participa, sino que corresponde realizarla única y exclusivamente a los Ayuntamientos y una vez hecho lo anterior, estos los pondrá a disposición del H. Congreso del Estado de Yucatán, para que apruebe el proyecto, es por ello que queda evidentemente clara la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a lo ordenado por parte de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, puesto que ello equivaldría a violentar no solo el principio de legalidad al emitir actos indebidamente fundados y motivados, sino además, vulneraría el principio constitucional de la libertad y autonomía en la administración hacendaria de los municipios, la cual corresponde a los Ayuntamientos. Por otra parte, también es importante entra al estudio de lo señalado por parte del CONGRESO DEL ESTADO, el cual señaló que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen autonomía municipal, por tal motivo ejercen funciones que les son propias, asimismo, no hay que perder de vista que una atribución de los Cabildos es establecer su presupuesto anual de egresos, de conformidad con el inciso c), fracción II del artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Congreso del Estado solamente tiene como facultad aprobar las Leyes de Ingresos de los municipios, es decir, los municipios remiten a este H. Congreso su iniciativa de Ley de Ingresos en las que ya se comprende la estimación de obligaciones o financiamientos destinados a inversiones públicas productivas, así como los ingresos que percibirá el Ayuntamiento durante su vigencia anual, esto de conformidad con lo establecido en el inciso c) fracción XI del artículo 41 de la ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que, señala que esa autoridad no está facultada para ajustar, ampliar, modificar o dotar de partidas extraordinarias a los Ayuntamientos, por lo que respecto a lo que se le ordenó y de acuerdo a lo establecido por el párrafo primero del artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal y 41, inciso c), fracción I, de la Ley de Gobierno del Estado, no puede disponer a cuenta del presupuesto del ejercicio 2019 del municipio de Kanasín, Yucatán, una partida especial del mismo, que tena como finalidad específica cumplir con sentencias o pagos similares, al existir impedimento legal expreso para ello; es por todo lo anteriormente señalado que este Tribunal llega a la conclusión de que sí existe una imposibilidad jurídica y material por parte de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO y del CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, para auxiliar a este Tribunal así como al AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN, para que se pueda dar total cumplimiento al Laudo de mérito, ya que como ha quedado sentado, es obligación única y exclusiva del AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN. Notifíquese y cúmplase.". Lo que constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia VI.1º.P. J/25, de los Tribunales Colegiado de Circuito, visible en la página 1199, del Tomo XV, Marzo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187526, del rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO". De lo anterior se desprende que si bien es verdad que el Tribunal responsable mediante oficio TTSEM/MP/SRIA 1754/2019 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, requirió el auxilio de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para el cumplimiento del laudo, y en respuesta a dicho oficio la ahora responsable emitió el oficio SAF/DJ/1254/2019 en el que adujo imposibilidad jurídica y material para prestar el auxilio solicitado (lo que constituye el acto reclamado); también lo es, que con el dictado del proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte en el que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios determinó que existía imposibilidad jurídica y material por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado para auxiliar a dicho tribunal con la ejecución del laudo, se modificó la situación jurídica que surgió con motivo de la determinación reclamada. Lo anterior pone de manifiesto que aun subsistiendo el acto reclamado, los efectos del mismo no se han concretado en la esfera jurídica de la parte quejosa, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, pues se reitera, aun cuando existe el oficio SAF/DJ/1254/2019 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, en el que adujo imposibilidad jurídica y material para prestar el auxilio solicitado en oficio de veintiuno de noviembre dos mil diecinueve; lo cierto es, que ello, se vio superado con la determinación emitida por el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en el proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, que determinó que sí existía imposibilidad jurídica y material de la responsable para proporcionar el auxilio solicitado; lo que lleva implícito que ya no insista el tribunal laboral en el auxilio inicialmente peticionado. Luego, si la procedencia del juicio de amparo se condiciona, como se puntualizó en párrafos precedentes, a la circunstancia de que la sentencia concesora que en su caso se llegare a dictar pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional; es inconcuso, en las condiciones apuntadas, que aun cuando el oficio reclamado subsiste, el objeto o materia del mismo ha dejado de existir al determinar el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, que sí existe imposibilidad jurídica y material de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, para prestar el auxilio solicitado, en un acuerdo posterior y, por tanto, que ya no se requiere el mismo. En ese sentido, ningún efecto jurídico tendría el fallo protector que llegare a emitirse, pues no podría cumplir su finalidad, si durante la tramitación del presente juicio se determinó que sí existe imposibilidad jurídica y material de la señalada como responsable. Por lo que resulta inconcuso que el objeto o materia del proveído que por esta vía constitucional reclamó la parte quejosa desapareció del mundo jurídico, aun cuando de hecho subsista, pues a pesar de que se analizara la constitucionalidad de dicho acto reclamado; lo cierto es, que de considerarse que éste es contrario a derecho, de cualquier forma la concesión del amparo no podría materializarse, ya que el objeto del amparo era que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, considerara que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, sí se encuentra en posibilidad de brindar el auxilio que les fuera solicitado. De ahí que al haber decretado en el diverso proveído de nueve de noviembre de dos mil veinte, precisamente que la citada autoridad, se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para brindar el auxilio en términos del artículo 160 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Yucatán, deviene inconcuso que aun subsistiendo el oficio reclamado, sus efectos han desaparecido de la esfera jurídica de la parte actora, aquí quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXlV, Diciembre de 2006, página 189, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXII de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Sergio Alejandro Cab Gómez, en contra del acto reclamado a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; por las razones y para los efectos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe.
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