Sergio Alejandro Cab Gomez

Expediente 1106/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1106/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Sergio Alejandro Cab Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintiséis de febrero del presente año, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos las tarjetas de acuse de recibo relativas a los oficios con los que se notificó la sentencia de que se trata a las autoridades terceros interesadas, ya que la misma sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad señalada como responsable. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, la copia certificada del expediente 793/2012, que el Tribunal responsable acompañó como apoyo a su informe justificado; por tanto, devuélvasele, sin necesidad de solicitarle el acuse de recibo correspondiente, ya que se trata de copia certificada. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos para resolver el juicio de amparo 1106/2020-VII-B, promovido por Sergio Alejandro Cab Gómez, contra el acto que reclama del Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado; y ANTECEDENTES PRIMERO. Mediante oficio 59/2020-VI-A, de diez de noviembre dos mil veinte, derivado del juicio de amparo 1508/2019-VI-A del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, presentado el doce de noviembre del citado año, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta Entidad, se turnó al día siguiente a este órgano jurisdiccional, las copias certificadas del citado juicio de amparo con motivo de la ampliación de demanda ahí realizada por el quejoso Sergio Alejandro Cab Gómez, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclamó del Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado -que por lo que respecta a esta demanda-, lo hizo consistir en: La omisión de resolver sobre la declaración de imposibilidad jurídica y material alegada en el oficio SAF/DJ/1254/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, así como para resolver sobre el oficio LXII-CEY- 538/2019, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, y Congreso del Estado de Yucatán, respectivamente. SEGUNDO. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto, por lo que previa su aclaración, se admitió a trámite la demanda de amparo el veintisiete siguiente, respecto del acto ya señalado, registrando la demanda bajo el número 1106/2020-VII-B; se solicitó de la autoridad responsable su informe con justificación, el cual rindió oportunamente; se otorgó al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional la intervención que legalmente le compete; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. En fecha día veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, partiendo de las mejores prácticas sanitarias frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, emitió la Circular CAP/3/2020, en la que adoptó diversas medidas preventivas, entre ellas, la suspensión de la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, determinando el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; lo que también implicó que no corrieran plazos procesales. CUARTO. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo establecido en el punto 17 de la citada Circular, en relación con la diversa número SECNO/1/2021, de fecha ocho de enero del año en curso, dictada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, punto II, y los artículos 2°, fracción I, y 20 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDA. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, conforme a las manifestaciones contenidas en el informe justificado rendido por la responsable y analizando integralmente el escrito demanda, se tiene como acto reclamado por la parte quejosa: La omisión de resolver sobre la declaración de imposibilidad jurídica y material alegada en el oficio SAF/DJ/1254/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, así como para resolver sobre el oficio LXII-CEY- 538/2019, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, pronunciados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, y Congreso del Estado de Yucatán, respectivamente. TERCERA. Es cierto el acto reclamado al Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, al que anexó copia certificada de las actuaciones conducentes del juicio natural 793/2012, que lo apoya. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTA. Previo a analizar el fondo de la litis, se debe verificar la procedencia del juicio constitucional, cuyo estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" A consideración del suscrito, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado: - La omisión de resolver sobre la declaración de imposibilidad jurídica y material alegada en el oficio SAF/DJ/1254/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. - La abstención para resolver respecto del oficio LXII-CEY- 538/2019, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, del Congreso del Estado de Yucatán. Ahora bien, previo al pronunciamiento de los motivos por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada, resulta conveniente llevar a cabo un desglose de los antecedentes del presente asunto, los cuales habrán de centrarse al acto de queja. Así, de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, deducidas del expediente 793/2012, las cuales obran al resguardo de la secretaría de este Juzgado, las cuales tienen eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se tiene lo siguiente: 1. Oficio SAF/DJ/1254/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, del Director Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado. En dicha misiva, se plasmó lo siguiente: ".Me refiero al acuerdo de fecha 11 de noviembre de 2019, notificado mediante oficio número TTSEM/MP/SRÍA-1755/2019, en el expediente 793/2012, por virtud del cual este H. Tribunal tuvo a bien requerir a mi representada informar y acreditar haber dado cumplimiento a lo solicitado por la parte actora, o el impedimento que tanga para ello en el sentido de que: . Es necesario señalar en primer término, que esta autoridad no ha recibido solicitud alguna de la parte actora ni requerimiento de la autoridad laboral respecto a lo señalado en el acuerdo que se contesta. Consecuentemente, no es posible acreditar el cumplimiento de lo anterior. No obstante lo expuesto, y a manera de reserva, me permito hacer del conocimiento de este H. Tribunal la imposibilidad material y jurídica de dar estricto cumplimiento a los dos primeros puntos del oficio que se contesta, puesto que implicaría la inobservancia por parte de mi representada, al principio de legalidad contemplado en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Es decir, atendiendo a la naturaleza de los actos de autoridad y considerando lo establecido en la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, todo acto administrativo debe reunir los elementos sine qua non para ser válidos y exigibles, en caso contrario, los actos estarán viciados de origen y provocarán su anulabilidad o nulidad. Consecuentemente, para que mi representada pueda dar cumplimiento a lo requerido por este H. Tribunal debe analizar si dichas actuaciones se encuentran dentro de su ámbito competencial, ya que el principio de legalidad limita la actuación de las autoridades a realizar única y exclusivamente lo que se encuentra legalmente facultadas, tal como lo ha resuelto el Poder Judicial de la Federación. Así, respecto a la solicitud de realizar los mecanismos y actos necesario para lograr el cumplimiento del laudo de referencia adoptando todas las medidas que estén al alcance de mi representada a fin de auxiliar a este tribunal y al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para el cumplimiento del mismo, manifiesto expresamente a este H. Tribunal que mi representada no cuenta con la facultad para cumplir con lo ordenado, en atención y estricta observancia al principio constitucional de libertad y autonomía en la administración de la Hacienda Municipal, consagrado en las fracciones II y IV del artículo 115 de la Constitución Federal que establecen lo siguiente: (Transcribe artículo y fracciones) Aunado a lo anterior, el constituyente local incluyó y reiteró la autonomía y libertad de la administración de la Hacienda Municipal por parte de los ayuntamientos al consagrar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, lo siguiente: (Transcribe artículo 77, apartados cuarto y noveno) Más aún, el proceso administrativo y legislativo mediante el cual se consolida el presupuesto Municipal para los ejercicios fiscales, es ajeno e independiente a la esfera competencial de mí representada, ya que en ningún momento de estos participa. Como es de explorado derecho, el presupuesto público de los Ayuntamientos es producto de tres grandes momentos o fases de la actividad financiera del estado: (i) la obtención, (ii) el manejo y (iii) la erogación de los recursos. Por ello, el presupuesto incluye una previsión de ingresos que obtendrá el Ayuntamiento a través de participaciones Federales y/o estatales derivadas de convenios de coordinación fiscal y otros ingresos propios, y también incluye una previsión de egresos, ya sean etiquetados (destinados a un in específico), o no etiquetados. Ahora bien, la previsión de estos dos componentes corresponde realizarla única y exclusivamente a los Ayuntamientos y una vez hecho lo anterior, estos lo pondrán a disposición del H. Congreso del Estado de Yucatán, para que apruebe el proyecto. Es por ello que mi representada se encuentra material y jurídicamente imposibilitada a realizar los actos requeridos, ya que el proceso corresponde única y exclusivamente al mismo Ayuntamiento y al H. Congreso del Estado, tal como lo dispone el artículo 82 de la Constitución Política del Estado de Yucatán: (Transcribe artículo y fracciones II y III) Lo anterior evidencia claramente a este H. Tribunal la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a lo ordenado, puesto que ello equivaldría a violentar no solo el principio de legalidad (al emitir actos debidamente fundados y motivados), sino además, vulneraría el principio constitucional de la libertad y autonomía en la administración hacendaria de los Municipios, la cual corresponde a los Ayuntamientos. Ahora bien, es menester señalar que para realizar trámites para dotar de recursos presupuestales al municipio para el pago del laudo, así como las autoridades municipales gestoras y las estatales a quienes debe dirigirse se encuentran señalados en la LEY DE DEUDA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN, en sus artículos del 1 al 5, 8, 1, 12, 14, y del 16 al 22. Para la modificación del Presupuesto de Egresos del Ayuntamiento, debe ajustarse a lo señalado en el artículo 189 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán, mismo que a la letra expresa: (Transcribe artículo) No pasa desapercibido para esta representación, lo ya interpretado y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tratar asuntos relacionados con el principio constitucional de libertad y autonomía en la administración de la hacienda de los Municipios, de donde derivó la expedición de diversas tesis y jurisprudencias de rubros: (Transcribe rubros de cuatro tesis) Finalmente, respecto al tercer punto del acuerdo que se contesta, en relación a cuáles son los montos de los meses de julio a diciembre de 2019 para el Rubro del Fondo General de Participaciones y/o Fondo de Participaciones Estatales y Federales, para el municipio de Kanasín, Yucatán, le informo lo siguiente: JULIO 2019 $9,913,967.81 AGOSTO 2019 $10,389,876.08 SEPTIEMBRE 2019 $9,709,387.44 OCTUBRE 2019 $9,885,094.10 NOVIEMBRE 2019 $7,561,572.97 DICIEMBRE 2019 $8,339,479.75 En cuanto al proceso y fechas de entrega y recepción de dichos fondos, y quienes son los funcionarios o entidades públicas municipales y estatales involucrados en esa entrega recepción de fondos, este se lleva a cabo en términos de lo previsto en la Ley de Coordinación Fiscal Federal y Ley de Coordinación Fiscal del Estado. Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a este H. Tribunal se sirva: ÚNICO.- Tener por presentada a la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán, haciendo las manifestaciones que anteceden, y en mérito de las mismas, proveer conforme a Derecho.". 2. Oficio LXII-CEY-538/2019 de diez de diciembre de dos mil diecinueve, del Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Yucatán, el cual en lo conducente asentó: ".En atención a su oficio TTSEM/MP/SRÍA-1754/2019, por medio del cual solicita a mi representado el auxilio para que informe y acredite con las constancias respectivas lo siguiente: . En auxilio a lo solicitado a esta Autoridad, me permito hacer de su conocimiento: Con relación al primer punto, se adjunta copia certificada de la Gaceta Municipal Número 04, de fecha 19 de diciembre de 2018, que contiene en su página 4, el Acuerdo por el cual el ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, aprueba el Presupuesto de egresos y los Programas operativos anuales para el ejercicio fiscal 2019. De igual forma, se adjunta copia certificada de la Gaceta Municipal Númerom03, de fecha 30 de noviembre de 2018, que contiene en su página 4, el Acuerdo por el cual el ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, y copia certificada de la mina donde se aprueba la Ley de Ingresos del Municipio de Kanasín, Yucatán. Por otro lado, en cuanto a los últimos tres puntos, es importate señalar lo siguiente: Es del conocimiento general que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Municipios tiene autonomía municipal, por tal motivo ejercen funciones que le son propias y prestan los servicios públicos de su competencia. En ese mismo sentido, no hay que perder de vista que una atribución de los Cabildos es establecer su presupuesto anual de egresos, de conformidad con el inciso C), fracción II del artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. El Presupuesto de Egresos debe estar conforma a la proyección de Ingresos y al Plan Municipal de Desarrollo del Ayuntamiento; por consiguiente, corresponde exclusivamente al Ayuntamiento incluir en el Presupuesto de Ingresos del ejercicio fiscal que corresponda, las partidas necesarias para solventar las obligaciones adquiridas en ejercicios fiscales anteriores, precisando que dicha aprobación no concierne al Congreso del Estado. Con relación a lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, ésta soberanía solamente tiene como facultad aprobar las Leyes de Ing4wsos de los municipios, es decir, los municipios remiten a este H. Congreso su iniciativa de Ley de Ingresos en las que ya se comprende la estimación de obligaciones o financiamientos destinados a inversiones públicas productivas, así como los ingresos que percibirá le Ayuntamiento durante su vigencia anual, esto de conformidad con lo establecido en el inciso C9 fracción XI del artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Por lo anterior, respecto a la solicitud de auxiliar tanto al Tribunal como al Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, a fin de que se implementen y realicen todos los mecanismos y actos necesarios que tengan a su alcance para lograr el cumplimiento del laudo de referencia, esta representación hace del conocimiento de ese H. Tribunal que el Congreso del Estado, se encuentra en la mejor disposición de auxiliar tanto al Tribunal como al Ayuntamiento, siempre y cuando el auxilio brindado se encuentre entre las facultades conferidas a esta autoridad por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Yucatán y las demás leyes de la materia. Lo anterior, considerando lo prescrito por el párrafo primero del artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal y 41 inciso C) fracción I de la ley de Gobierno de los Municipios, ambos ordenamientos del Estado de Yucatán, qie establece lo siguiente: LEY DE COORDINACIÓN FISCAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. (Transcribe artículo) LEY DE GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN. (Transcribe artículo) En tal virtud, es claro que las partidas presupuestarias tienen carácter de inembargables, no pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, es por ello que el Congreso del Estado no puede disponer a cuenta del presupuesto del ejercicio 2019 del municipio de Kanasín, Yucatán, una partida especial del mismo, que tenga como finalidad específica cumplir con sentencias o pagos similares, al existir impedimento legal expreso para ello. Por lo expuesto, a Usted C. Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, atenta y respetuosamente solicito se sirva: ÚNICO: Tenerme por presentado con este memorial, con el que doy respuesta a la solicitud antes mencionada.". Al respecto, el Tribunal responsable en fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, acordó lo siguiente: "V I S T O S: Tiénese por presentado al Dip. Martín Enrique Castillo Ruz, en su carácter de Diputado del Poder Legislativo del Estado y Presidente de la mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, con su oficio número LXII-CEY-538/2019, de fecha diez de diciembre de 2019, y documentación anexa al mismo, mediante el cual, manifiesta dar cumplimiento a lo que se le ordenó mediante oficio número TTSEM/MP/SRÍA.-548/2019; asimismo, tiénese por recibido de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, su oficio número SAF/DJ/1254/2019, de fecha 27 de noviembre de 2019, mediante el cual, manifiesta dar respuesta a lo solicitado por este Tribunal, mediante oficio número TTSEM/MP/SRÍA.-793/2019, de fecha, en tal virtud agréguese a los presentes autos los oficios de mérito, y hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales que correspondan; en primer lugar, es preciso señalar lo manifestado por l SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS en su oficio número SAF/DJ/1254/2019, en el cual se aprecia lo siguiente: (TRANSCRIBE LO ASENTADO EN ESE OFICIO SAF/DJ/1254/2019) Por otro lado, es preciso señalar lo expresado por el CONGRESO DEL ESTADO, en su oficio número LXII-CEY-538/2019, en el cual se aprecia lo siguiente: (TRANSCRIBE LO ASENTADO EN ESE OFICIO lxii-cey-538/2019) En ese orden de ideas, no pasa desapercibido para esta Autoridad, lo manifestado por la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, que dicha autoridad no cuenta con la facultad para cumplir con lo ordenado, en atención y estricta observancia al principio constitucional de libertad y autonomía en la administración de la Hacienda Municipal, consagrado en las fracciones II y IV del artículo 115 de la constitución Federal, aunado a lo anterior el constituyente local incluyó y reiteró la autonomía y libertad de administración de la Hacienda Municipal por parte de los Ayuntamientos al consagrar en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Yucatán, que los ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, conforme lo disponga la ley respectiva y que la Hacienda pública Municipal se regirá por los principios de autonomía administrativa, libre ejercicio, transparencia y legalidad; y se formará con los rendimientos de los bienes que le pertenezcan; así como con las contribuciones y otros ingresos que la legislatura establezca a su favor; más aún, el proceso administrativo y legislativo mediante el cual se consolida el presupuesto municipal para los ejercicios fiscales, es ajeno e independiente a la esfera competencial de esta Secretaría, ya que en ningún momento de su elaboración participa, sino que corresponde realizarla única y exclusivamente a los Ayuntamientos y una vez hecho lo anterior, estos los pondrá a disposición del H. Congreso del Estado de Yucatán, para que apruebe el proyecto, es por ello que queda evidentemente clara la imposibilidad material y jurídica de dar cumplimiento a lo ordenado por parte de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, puesto que ello equivaldría a violentar no solo el principio de legalidad al emitir actos indebidamente fundados y motivados, sino además, vulneraría el principio constitucional de la libertad y autonomía en la administración hacendaria de los municipios, la cual corresponde a los Ayuntamientos. Por otra parte, también es importante entra al estudio de lo señalado por parte del CONGRESO DEL ESTADO, el cual señaló que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los municipios tienen autonomía municipal, por tal motivo ejercen funciones que les son propias, asimismo, no hay que perder de vista que una atribución de los Cabildos es establecer su presupuesto anual de egresos, de conformidad con el inciso c), fracción II del artículo 41 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 30 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el Congreso del Estado solamente tiene como facultad aprobar las Leyes de Ingresos de los municipios, es decir, los municipios remiten a este H. Congreso su iniciativa de Ley de Ingresos en las que ya se comprende la estimación de obligaciones o financiamientos destinados a inversiones públicas productivas, así como los ingresos que percibirá el Ayuntamiento durante su vigencia anual, esto de conformidad con lo establecido en el inciso c) fracción XI del artículo 41 de la ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, por lo que, señala que esa autoridad no está facultada para ajustar, ampliar, modificar o dotar de partidas extraordinarias a los Ayuntamientos, por lo que respecto a lo que se le ordenó y de acuerdo a lo establecido por el párrafo primero del artículo 8 de la Ley de Coordinación Fiscal y 41, inciso c), fracción I, de la Ley de Gobierno del Estado, no puede disponer a cuenta del presupuesto del ejercicio 2019 del municipio de Kanasín, Yucatán, una partida especial del mismo, que tena como finalidad específica cumplir con sentencias o pagos similares, al existir impedimento legal expreso para ello; es por todo lo anteriormente señalado que este Tribunal llega a la conclusión de que sí existe una imposibilidad jurídica y material por parte de la SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO y del CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN, para auxiliar a este Tribunal así como al AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN, para que se pueda dar total cumplimiento al Laudo de mérito, ya que como ha quedado sentado, es obligación única y exclusiva del AYUNTAMIENTO DE KANASÍN, YUCATÁN. Notifíquese y cúmplase.". De lo anteriormente plasmado se advierte que el Tribunal responsable ya se pronunció acerca de lo alegado por ambas autoridades Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado y Congreso del Estado de Yucatán, en sus oficios SAF/DJ/1254/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve y LXII-CEY- 538/2019, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, en los que esencialmente le hicieron saber a dicho tribunal las razones y marco legal por los que se encontraban imposibilitadas para intervenir en cuestiones inherentes al presupuesto de egresos con que cuenta el ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, a fin de que se destine una partida al cumplimiento de laudo en la que figuró como parte demandada. Esto es, le recalcaron que es el propio municipio el único a quien compete incluir en su presupuesto de egresos del ejercicio fiscal correspondiente, las partidas necesarias para solventar esa obligación, y que en modo alguno podían intervenir en esa decisión ni aún menos en disponer de su erario, pues de hacerlo actuarían contra derecho. Concluyendo por tanto, el Tribunal responsable, que existe una imposibilidad jurídica y material por parte de dichas autoridades para auxiliarlo a él como al Ayuntamiento demandado en lograr el total cumplimiento del laudo. Bajo dichas premisas, se evidencia que con fecha posterior a la promoción de la demanda de amparo que se analiza, el Tribunal cesó su conducta omisiva de no emitir pronunciamiento alguno respecto a la imposibilidad expresada tanto por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, como por el Congreso del Estado de Yucatán, en sus oficios SAF/DJ/1254/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve y LXII-CEY- 538/2019, de diez de diciembre de dos mil diecinueve, respectivamente, para coadyuvar en el cumplimiento de laudo de origen, pues al caso, con la emisión del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, concluyó que sí existe tal imposibilidad jurídica y material. Motivo por el cual se actualiza una causa de sobreseimiento conforme a le ley. En tales condiciones, es inconcuso que esta nueva situación destruye la que dio motivo al juicio de amparo instaurado en contra la autoridad responsable, ya que dicha actuación fue emitida con posterioridad a la promoción de la demanda de amparo, circunstancia que repone a la parte quejosa en el derecho violado -omisión de proveer sobre la declaración de imposibilidad jurídica y material alegada en los oficios SAF/DJ/1254/2019 y LXII-CEY- 538/2019- como si no hubiera acontecido, en términos del artículo 77, fracción I de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley, sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMA. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse una reimpresión de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios; por los motivos expuestos en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la sexta consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de febrero de dos mil veintiuno. En atención a lo informado por el Secretario en la cuenta que antecede, esto es, que aún no se han recibido los acuses de recibo correspondientes a los oficios 19080/2020-VII-B, 19081/2020-VII-B, 19082/2020-VII-B y 19083/2020-VII-B, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dirigidos respectivamente, a los terceros interesados Alcalde, Síndico, Tesorero y Cabildo del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, con los que se les mandó emplazar al presente juicio; por tal motivo, SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener lugar este día, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, como nuevas hora y fecha para su celebración. Por otra parte, requiérase a la encargada de la Oficina de Servicios Directos del Poder Judicial, dependiente del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que reciba la notificación del presente acuerdo, devuelva a este Juzgado Federal las tarjetas de acuse de recibo de los oficios 19080/2020-VII-B, 19081/2020-VII-B, 19082/2020-VII-B y 19083/2020-VII-B, de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dirigidos respectivamente, a los terceros interesados Alcalde, Síndico, Tesorero y Cabildo del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán. Tarjetas que fueron depositadas en dicha Oficina el catorce de diciembre de dos mil veinte, con los números de guía MA001086966MX, MA001086970MX, MA001086983MX y MA001086997MX, para lo cual se le remite copia simple de la lista de once del citado mes y año, relativa al control de la correspondencia con acuse de recibo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $8,962.00 (ocho mil, novecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del Apartado B, del Articulo 26 de la Constitución Federal. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil veinte. Agréguese el informe justificado de cuenta rendido por el Secretario de acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, por ministerio de ley, en ausencia del titular; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Ahora bien, por lo que hace al anexo remitido por la responsable, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del expediente 793/2012; déjese al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, pero formando parte a la vez de estos autos, a fin de que las partes puedan imponerse de su contenido en caso de que así lo deseen. Notifíquese y cúmplase.

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