Sergio Alejandro Cab Gomez

Expediente 1226/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1226/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Sergio Alejandro Cab Gomez
  • Tribunal de los Trabajadores Al Servicio del Estado Y de los Municipios del Poder Judicial del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, en contra del acuerdo de fecha veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo. En tal virtud, se declara que el referido proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; en consecuencia, previas las anotaciones relativas en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que en el presente asunto se desechó de plano la demanda que dio origen al presente expediente, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha en que se ordena su archivo, se deberá destruir el expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    ELECTRONICA Mérida, Yucatán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. SE RECIBE TESTIMONIO Ahora bien, visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que remite testimonio de la resolución de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, pronunciada por ese Tribunal en el toca 135/2021, relativo al recurso de queja interpuesto por Sergio Alejandro Cab Gómez, por conducto de su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, contra el proveído de cinco de diciembre de dos mil veinte, dictado en estos autos, testimonio del que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expone, declaró FUNDADO el aludido recurso de queja. Acúsese recibo. En ese sentido, en estricto acatamiento a lo ordenado, SE ACUERDA: Se tiene por presentado a Sergio Alejandro Cab Gómez, con su escrito de quince de diciembre de dos mil veinte, y en atención a su contenido, téngase por cumplido el requerimiento que se le formuló por auto de siete de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, vista la demanda y escrito aclaratorio se tiene al citado quejoso Sergio Alejandro Cab Gómez, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal que reclama de la autoridad responsable denominada del Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad y de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, que hace consistir en: ACTOS RECLAMADOS Por lo que se refiere al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado, el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, respecto a declarar la imposibilidad jurídica y material por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Congreso del Estado. Y a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, el oficio AAFY/DR/CDC/3089/2019 de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve y la dilación para realizar eficazmente todas las medidas tendientes para cumplir con el cobro de las multas solicitadas en los oficios TSEM/MP/SRIA-568/2019, TSEM/MP/SRIA-569/2019, TSEM/MP/SRIA-570/2019, TSEM/MP/SRIA-570/2019 y TSEM/MP/SRIA-555/2019 reiteradas en el oficio TSEM/MP/SRIA-1751/2019, así como los oficios TSEM/MP/SRIA-1753/2019, TSEM/MP/SRIA-1752/2019 y TSEM/MP/SRIA-1751/2019 reiteradas en el oficio TTSEM/MP/SRIA-895/2020 de diez de noviembre de dos mil veinte, así como las referentes a los oficios TSEM/MP/SRIA-890/2020, TTSEM/MP/SRIA-891/2020, TTSEM/SRIA-892/2020, TTSEM/MP/SRIA-893/2020 y TTSEM/MP/SRIA-894/2020. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que conlleva a su desechamiento de plano. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra imposibilitado para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no, es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal. Así, este órgano jurisdiccional federal, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a pronunciarse sobre dicha figura jurídica de conformidad con lo que dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y con apoyo en la Jurisprudencia número 814, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso, por lo que se refiere al acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, respecto a declarar la imposibilidad jurídica y material por parte de la Secretaria de Administración y Finanzas y el Congreso del Estado, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo tenor es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El supuesto que contempla el numeral se actualiza de dos maneras: (a) Por revocación, y (b) Por sustitución. La primera hipótesis se surte cuando la autoridad responsable deja insubsistente la conducta que se le atribuye, lo cual debe ser incondicionalmente y de inmediato; de modo que restablezca la situación que imperaba antes de la comisión del acto que a juicio del quejoso transgredió sus derechos fundamentales. Lo anterior tiene apoyo en la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Materia(s) Común, Tesis I.2o.P.4 K (10a.), en la página 2546, con número de registro 2013461, cuyo rubro y texto señalan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." El segundo supuesto se actualiza cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que extingue la vigencia y ejecutividad del reclamado en el juicio de amparo, lo que implica que este último ya no pueda sujetarse al análisis constitucional, con motivo de haber sido sustituido. Establecido lo anterior, debe destacarse que de las constancias que integran el diverso juicio de amparo 1508/2019-VI-A, del índice de este Juzgado, las cuales constituyen un hecho notorio para el suscrito, se advierte que en fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 98/2021, por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito. Ejecutoria de la que se desprende que la superioridad modificó la sentencia recurrida y otorgó la protección Constitucional al quejoso Sergio Alejandro Cab Gómez, para el efecto de que el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado, dejara sin efecto el acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, en donde se negó a vincular al Cabildo, Alcalde, Tesorero y Síndico del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, y emitiera otro acuerdo en el que los requiriera, así como al Congreso del Estado, Secretario de Gobierno, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán, Secretario de Administración y Finanzas y Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, en su carácter de superior jerárquico, para que todos, en el ámbito de sus facultades, auxiliaran al citado Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán, para brindarle los medios necesarios para la obtención de recursos, y así poder cumplir con el pago del laudo de nueve de mayo de dos mil dieciséis, en autos del juicio laboral 793/2012. Por lo que el Tribunal burocrático responsable, en cumplimiento a lo anterior, dictó el acuerdo de trece de agosto de dos mil veintiuno, en el que procedió a vincular a las autoridades antes señaladas, al cumplimiento del laudo en el juicio de origen. Así, lo anterior permite establecer que el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, en el que el tribunal responsable decretó la imposibilidad por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas y del Congreso del Estado, cesara en sus efectos por haberse sustituido procesalmente por la determinación adoptada el trece de agosto de dos mil veintiuno, dictada en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en revisión 98/2021; en consecuencia, no se puede analizar la legalidad del acto tildado de inconstitucional. De ahí que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en relación a los diversos actos reclamados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado, relativo a la omisión de vigilar que la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, realice eficazmente todas las medidas tendientes para cumplir con el cobro de las multas impuestas en el juicio de origen; y el oficio AAFY/DR/CDC/3089/2019 de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, de la propia Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, que también señala como acto reclamado el quejoso. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, esta última en relación con el 5, 6 y 107, fracción I de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo es necesario acreditar que el acto reclamado afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Ello es así, porque el agravio a que se refiere el artículo 6º de la Ley de Amparo para la procedencia del juicio de amparo, debe reunir las características de ser actual, inmediato y directo. Para sustentar lo anterior, es oportuno transcribir en la parte conducente el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República y los diversos 5, 6 y 61, fracciones XII y XXIII, de la Ley de la Materia. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." El referido artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el quejoso es parte en el juicio de amparo; que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de dicho ordenamiento legal, y con ello, se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es decir, que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos u omisiones de autoridad, y se sigue por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por su parte, la causa de improcedencia prevista en la fracción Xll del artículo 61, hace referencia, en lo que interesa al caso, al interés jurídico que debe acreditar la parte quejosa para poder ejercitar la acción en el juicio de amparo. Así, el interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. Por eso, se afirma que hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparo de un perjuicio causado por su actuar; todo lo cual debe ser materia de prueba fehaciente en el juicio constitucional relativo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés, jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." De esta forma, el quejoso se encuentra obligado a justificar que tiene interés jurídico, puesto que reclama actos provenientes de una autoridad judicial, como es el caso del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado, descartándose por lo tanto, el análisis del interés legítimo (individual o colectivo). Ahora bien, como se advierte de los antecedentes narrados por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, el Tribunal responsable ha impuesto diversas multas al Ayuntamiento demandado y condenado en el juicio de origen, por su contumacia para cumplir con el pago de lo laudado en dicho procedimiento. Por ende, las omisiones que reclama el quejoso a las autoridades señaladas como responsables en relación al cobro de esas multas, no le genera perjuicio, puesto que lo obtenido con dicha sanción en todo caso resultará en un aprovechamiento en beneficio del Estado. De ahí que se actualiza la causal de improcedencia relativa a la falta de interés jurídico, pues el acto reclamado no tiene una afectación directa en la esfera jurídica del quejoso, ya que no transgrede algún derecho subjetivo del que el éste sea titular. En las relatadas consideraciones, al actualizarse las causales de improcedencia antes indicadas, procede desechar de plano la demanda promovida por Sergio Alejandro Cab Gómez, en contra de los actos que reclamó del Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad y de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es el peticionario, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal. Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." También, apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio 5607/2021, derivado del toca 135/2021 de su índice, a través del cual informa que precluyó el derecho de la parte quejosa para impugnar el auto de presidencia de tres de agosto de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó el recurso de queja interpuesto por la autorizada de la parte promovente, en contra de los proveídos dictados por este Juzgado Federal, el siete y el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Licenciado Willy Fernando Pfennig Rodríguez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Para los efectos legales correspondientes, agréguese a estos autos el oficio 4546/2021 del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que esencialmente comunica que aceptó la competencia legal declinada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca de queja 9/2021, de su índice, que se formó con motivo del recurso interpuesto por Ligia Linda Martín Várguez, autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de SERGIO ALEJANDRO CAB GÓMEZ, contra el auto de cinco de enero de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo 1226/2020-II-A; registrándolo ahora con el número de toca 135/2021. Así como que desechó por improcedente el recurso de queja respecto de los autos de siete y dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictados en el presente juicio constitucional, y admitió a trámite el recurso de queja únicamente por lo que respecta al diverso proveído de cinco de enero de dos mil veintiuno. Circunstancias de las que este órgano jurisdiccional de se da por enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Jennifer Pérez González, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

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