Sergio Alberto Santana Piña

Expediente 2716/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2716/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • Sergio Alberto Santana Piña

Actuaciones

  1. Principal

    NOT ELECT Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a este cuaderno de antecedentes el oficio remitido por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Mediante el cual comunica que se dio entrada al recurso de revisión, interpuesto en contra de la sentencia dictada el trece de junio del año en curso, dictado en el presente juicio. Circunstancia de la cual este Juzgado Federal queda enterado para todos los efectos legales correspondientes. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1749/2022-II-A, promovido por ********************; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la Suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, solicitó la suspensión definitiva en contra de los actos reclamados a las autoridades siguientes: Como autoridades ordenadoras: 1.- Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral, con sede en Valladolid, Yucatán (correcta denominación). 2.- Fiscalía General del Estado de Yucatán, agencia décimo quinta de investigación, con sede en Tizimín, Yucatán. 3.- Fiscalía General del Estado de Campeche, Unidad de Atención Inmediata, agencia de guardia inicial de Ciudad del Carmen, Campeche. Como autoridades ejecutoras: 4.- Policía Estatal de Investigación, con sede en Tizimín, Yucatán (señalada como "Policía Estatal Investigadora de la ciudad de Tizimín, Yucatán adscrita a la Fiscalía General del Estado de Yucatán con sede en la ciudad de Tizimín, Yucatán"; y "Policía Estatal con sede en la ciudad de Tizimín, Yucatán, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado") 5.- Policía Estatal de Investigación, con sede en Ciudad del Carmen, Campeche (señalada como "Policía Estatal investigadora (de guardia inicial) de Ciudad del Carmen, Campeche, adscritos a la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en la Ciudad de Carmen, Campeche"; y "Policía Estatal de Ciudad del Carmen, Campeche, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche"). 6.- Policía Municipal de Ciudad del Carmen, Campeche. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el veinticinco de julio de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, el cual hizo consistir en: ACTO RECLAMADO. La orden de aprehensión y/o detención y/o retención dictada en su contra y su ejecución. SEGUNDO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Comandante de la Policía Estatal de Investigación del Estado, con sede en Tizimín, Yucatán (20215); Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Tizimín, Yucatán (20339); Jueza Primero de Control del Quinto Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en Valladolid, Yucatán (20654); Subdirectora de la Agencia Estatal de Investigación de la Vicefiscalía General Regional de Ciudad del Carmen, Campeche (24745), pues así se manifestó en sus correspondientes informes previos, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba alguna para desvirtuar dichas negativas. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Certeza de actos. Respecto a la autoridad señalada como responsable Fiscalía General del Estado de Campeche, Unidad de Atención Inmediata, agencia de guardia inicial de Ciudad del Carmen, Campeche, al momento de resolver la presente, no se tiene conocimiento de que haya rendido su informe previo, a pesar de haber sido debidamente notificada, según se desprende de la información que aparece en el sitio de internet, de la empresa de mensajería privada "Estafeta Mexicana", Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de la entrega del oficio correspondiente; por lo que debe tenerse como cierto el acto que se le atribuye, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." Asimismo, en cuanto a la diversa autoridad Director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, del municipio de Carmen, Campeche (correcta denominación); toda vez que por auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio DSPVYTM/UJ/3030/2022 (25907), que remitió esencialmente en respuesta a la solicitud de informe previo, sin embargo omitió señalar si son ciertos o no los actos reclamados; en consecuencia, se impone también tener como cierto el acto que se le atribuye, solamente para los efectos de la suspensión definitiva solicitada. CUARTO. Análisis de la suspensión definitiva. Ahora bien, en cuanto a la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados por la parte quejosa, se advierte que su naturaleza es de carácter positivo, ya que se trata de una actuación de la autoridad que incide en su persona, pues son actos restrictivos de la libertad; respecto de los cuales, es procedente conceder la medida cautelar instada bajo los siguientes términos, toda vez que se reúnen los requisitos previstos por el artículo 128 de la citada ley de la materia, que son los siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó la suspensión provisional y a la postre la definitiva, y que de concederse la suspensión provisional no se afectaría el interés social ni se infringirían disposiciones de orden público. Adicionalmente, toda vez que el acto reclamado afecta la libertad personal, deben considerarse también las disposiciones contenidas en el artículo 163 de la citada Ley de Amparo. Por tanto, procede conceder la suspensión definitiva solicitada en este incidente, respecto de la orden de detención y/o retención y su ejecución que se reclaman, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la parte quejosa no sea privada de su libertad personal con motivo de ese mandamiento, quedando a disposición de este Juzgado en cuanto a su libertad se refiere, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el expediente principal del que derivan estos autos; quedando supeditados los efectos de la suspensión otorgada, a la circunstancia de que sea sorprendida en flagrante delito. Siendo que, si se encuentra ya a disposición del Ministerio Público, dicha autoridad investigadora dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sea puesta en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro: 188725, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 66/2001, Página: 434, que indica: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO SE RECLAMAN ÓRDENES DE DETENCIÓN GIRADAS POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y EL QUEJOSO AÚN NO HA SIDO PRIVADO DE SU LIBERTAD, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXIGIR GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS AQUÉLLA. Si se toma en consideración que las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía Judicial realizadas durante la etapa de averiguación previa, forman parte del procedimiento penal y son fundamentalmente de investigación, aunque existen dos supuestos (flagrancia y urgencia), autorizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales dichas autoridades pueden ordenar o proceder a la detención de una persona, mientras que aquellas que practica la autoridad judicial conforman el proceso penal, cuando se promueve juicio de amparo en contra de una orden de detención girada por autoridades administrativas dentro del procedimiento penal y el quejoso aún se encuentra en libertad, el juzgador deberá conceder la suspensión provisional, cuyo efecto consistirá en que no se le prive de dicha libertad hasta en tanto se le notifique a la autoridad responsable la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, siendo indispensable, para que surta efectos la provisional, el que el juzgador exija una garantía. Ello es así, porque de no fijarse ésta se corre el riesgo de que el quejoso se sustraiga de la acción de la justicia y se entorpezca el procedimiento penal, en franca violación a los principios contenidos en los artículos 124, 124 bis, 130, 136, 138 y 139 de la ley de la materia, así como en la exposición de motivos y en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora relativos a la adición del artículo 124 bis al citado ordenamiento legal, pues en ellos se ha establecido que la suspensión no puede constituir un medio que permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos y, por tanto, el Juez de Distrito puede tomar las medidas que estime pertinentes para asegurar al quejoso aun cuando se trate de actos derivados de un procedimiento penal, y el quejoso tiene el deber de comparecer ante el Ministerio Público dentro de los tres días siguientes para que continúe surtiendo efectos la suspensión; de tal suerte que cuando el artículo 124 bis de la mencionada ley prevé que "Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el Juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes.", indudablemente establece para el juzgador la obligación de fijar una garantía cuando los actos privativos de la libertad provengan de autoridades administrativas y el presunto responsable aún no haya sido privado de ella, pues con tal medida de aseguramiento se pretende salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad." FIJACIÓN DE LA GARANTÍA De conformidad con los artículos 136, 166, penúltimo párrafo y 168 de la Ley de Amparo aplicable, esta medida suspensional surte sus efectos de inmediato, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no cumple con las siguientes medidas de aseguramiento: a) Si dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación de este proveído, no constituye garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100, moneda nacional), en billete de depósito expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. o en cualquier otra forma permitida por la Ley. Cantidad que se fija discrecionalmente en términos de lo dispuesto en el numeral 132 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores datos al respecto y a fin de asegurar su presencia en el juicio que pudiera existir en contra de la parte quejosa. En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si se exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre de los quejosos (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. b) Que no se ausente del lugar de su residencia sin permiso de este Juzgado; c) Tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante la autoridad ministerial que corresponda, de conformidad con los artículos 166, fracción II, de la Ley de Amparo aplicable y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; y, d) Cumplir con las obligaciones derivadas del procedimiento penal de origen. En el entendido que los plazos aludidos empezarán a correr y contarse para la parte quejosa, a partir de la notificación de la presente interlocutoria. Se hace saber a la parte quejosa que la suspensión concedida en estos términos será revocada si incumple con las anteriores medidas de aseguramiento de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 166 de la ley de la materia aplicable. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA la suspensión definitiva a ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas en la consideración segunda de esta interlocutoria, por los motivos expuestos en la misma. SEGUNDO. SE CONCEDE la suspensión definitiva a ********************, en contra de los actos reclamados a las autoridades señaladas en la consideración tercera de esta resolución, en los términos de la consideración cuarta. Notifíquese y regístrese.

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