SERGIO ALBERTO BARRADAS RAMÓN y Otros.
Expediente 1388/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1388/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sergio Alberto Barradas Ramón
- SERGIO ALBERTO BARRADAS RAMÓN y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de octubre de dos mil veintitrés. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y anexo que acompaña, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta y diverso glosado en auto de diecisiete de agosto pasado, córrase traslado y dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II ASan Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por la responsable Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que, en vías de cumplimiento a la sentencia de autos, remite copias certificadas deducidas del expediente ****** de su índice, de las que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: En auto de diez de agosto pasado, tuvo por recibido el exhorto a través del cual se recabó el estudio socioeconómico del actor incidentista, aquí quejoso, ******. Dejó sin efectos la resolución de cuatro de julio del año en curso, y señaló las nueve horas con treinta minutos del quince de agosto del actual, para llevar a cabo la audiencia incidental de alegatos. En la referida audiencia incidental de alegatos, se hizo constar la incomparecencia de las partes a la misma, por lo que se les citó para oír resolución y se ordenó turnar los autos para tal fin. Por tanto, téngase a la responsable de que se trata, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo señalando lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
MESA II A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el diez de febrero del año en curso, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que la autoridad responsable Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, realizara lo siguiente: Efectos del fallo protector. Por tanto, en términos del artículo 74, facción V, de la Ley de Amparo, se precisa que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la autoridad responsable Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca: Decrete de inmediato las medidas necesarias a efecto de que dentro de un plazo de treinta días hábiles lleve a cabo el estudio socioeconómico al aquí quejoso ******* ordenado en el juicio familiar **** con motivo del incidente de cancelación y reducción de pensión alimenticia. Una vez obtenido dicho estudio socioeconómico, previo el trámite correspondiente, emita conforme a los plazos legales, la resolución que en derecho corresponda. Actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, la precitada autoridad responsable mediante oficios 724/2023; 859/2023; 1788 y 2075, informó el cumplimiento dado a la sentencia de autos. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable no cumplió cabalmente con la misma, toda vez que realizó lo siguiente: Giró el oficio **** de su registro, al Juez Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tecámac, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, le informe lo relativo a la devolución del exhorto **** remitido mediante oficio ***** de cuatro de febrero de dos mil veintidós, apercibiéndolo que de no cumplir dentro del plazo otorgado, lo requerirá por conducto de su superior. Requirió al actor incidentista, para que dentro del plazo de tres días, manifieste si continúa habitando el domicilio que proporcionó en los autos del citado expediente, o en su caso, si ha variado el mismo, a efectos de proveer lo correspondiente. Libró nuevamente exhorto al Juez Familiar con competencia en Tecamac, Estado de México, por conducto de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, para que en su auxilio, ordene al trabajador social de su adscripción, se constituya en el domicilio del aquí quejoso ******, y realice el estudio económico ordenado, debiendo acompañar los documentos que sustenten el mismo. Indicó al Juez exhortado que de no contar en su planilla de personal con trabajador social, deberá apoyarse del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o de cualquiera otra dependencia publica hasta recabar dicha prueba, facultándolo para que acuerde promociones y dicte las medidas que considere necesarias para el cumplimiento de la encomienda. Requirió a la parte actora incidentista para que informara el trámite dado al oficio ******* por el que se libró el exhorto 70/2022 para recabar el estudio socioeconómico ordenado en los autos de su expediente. Hizo del conocimiento de la parte actora que de no informar lo requerido o el impedimento que tuviese para ello, el aludido expediente será turnado para emitir resolución y resolverá únicamente con los datos de prueba con los que cuente. Tuvo a la parte actora indicando que el citado oficio ******, fue entregado a la subdirección de correspondencia de Toluca, del gobierno del Estado de México, el uno de junio pasado, lo cual corroboró con la documental respectiva. Fue informado que el exhorto **** fue recibido el siete de junio del actual, el cual fue radicado con el número *** en el Juzgado Octavo de lo Familiar con residencia en Tecamac, Estado de México. La encargada del área de seguimiento de exhortos del Poder Judicial del Estado de México, dijo a la autoridad judicial que el ocho de junio pasado se ordenó la diligenciación de la citada comunicación; sin embargo, el autorizado de la parte actora le informó que dicha parte procesal se encuentra destacamentada en el Estado de Jalisco, motivo por el cual requería permiso de la Secretaria de la Defensa Nacional para poder trasladarse a su domicilio habitual, por lo que la autoridad exhortada daría cumplimiento a la encomienda hasta en tanto contara con la presencia del mismo en el lugar a visitar. Debido a la imposibilidad material para recabar de forma inmediata el estudio socioeconómico al actor incidentista, debido a su conducta omisiva, ordenó prescindir del referido estudio, concedió a las partes un plazo de doce horas para formular alegatos de manera escrita, apercibiéndolos que de no hacerlo, se les tendrá por perdido su derecho a alegar, y una vez transcurrido dicho plazo ordenó turnar los autos para el dictado de la resolución correspondiente. En auto de tres de julio del actual, tuvo por perdido el derecho de las partes de alegar con relación al incidente sobre cancelación y reducción de pensión alimenticia de que se trata; además, glosó el escrito del autorizado de la parte aquí quejosa, por el que le informó el tramite dado al citado exhorto 70/2022, indicándole que debía estarse a lo acordado en auto de treinta de junio del año en curso. El cuatro de julio del año en curso, dictó resolución en el incidente sobre cancelación y reducción de pensión alimenticia ordenado en el juicio familiar *****. Ahora, de lo antes expuesto se advierte que la citada responsable no cumplió cabalmente con la sentencia de autos, ya que el efecto de la misma es que tomara las medidas necesarias a efecto de que dentro de un plazo de treinta días hábiles se llevara a cabo el estudio socioeconómico al aquí quejoso ******, y una vez obtenido dicho estudio socioeconómico, previo el trámite correspondiente, emitiera conforme a los plazos legales, la resolución que en derecho corresponda. Sin embargo, de las acciones que emprendió para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia de autos se advierte que no obstante que se excedió en el plazo que le fue otorgado para ello, hizo depender de la parte actora incidentista el trámite dado al exhorto 70/2022 librado para recabar el estudio socioeconómico ordenado en los autos de su expediente, y la dilación de dicho trámite la atribuyó al mismo, siendo la responsable quien debe tomar las medidas necesarias para llevar a cabo del desahogo de la probanza de que se trata, no así el aquí quejoso, por lo que previo a emitir resolución en el aludido incidente es la responsable quien debe recabar el multicitado estudio socioeconómico y una vez hecho lo anterior, dictar la resolución correspondiente; además, antes de la emisión de dicha resolución, la responsable fue informada por el autorizado del actor incidentista que el veintiséis de junio del actual, ya se había logrado del desahogo de la aludida probanza, sin que tomara en consideración esa circunstancia. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, no se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos; por tanto, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la citada ley, en relación con la jurisprudencia 1a./J. 43/2022 (11a.), antes de imponer las multas correspondientes e iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito, y con la finalidad de otorgar un plazo razonable a la autoridad responsable para que voluntariamente cumpla con la ejecutoria de amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, César Elí Peralta Vásquez, -dato obtenido del informe justificado rendido en autos-, en su carácter de Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que en el plazo de diez días, cumpla cabalmente con la sentencia de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las constancias respectivas Apercíbase a la responsable que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos ($10,374.00), a razón de 103.74, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 54/2014 (10ª) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. [Décima Época, registro: 2007918, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, página: 19]. No se soslaya que el artículo 192 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral 194 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso, el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carece de superior jerárquico, puesto que no lo es el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es el Consejo de la Judicatura del Estado, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, dicho Juez carece de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a él. Sirve de apoyo, la jurisprudencia P./J. 63/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2008147, de rubro y texto: CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo. Manifestación parte quejosa Finalmente, en autos de seis y trece de julio del actual, se glosaron los escritos de ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través de los cuales realizó diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de autos, en el sentido de que no debe tenerse por cumplida la misma. En su atención, dígase a la parte quejosa que deberá estarse a lo acordado en los párrafos precedentes en los que se determinó no tener por cumplida la sentencia de autos, y se requirió a la responsable cumpla cabalmente con la misma. Notifíquese.
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