Sergio Antonio Romero

Expediente 328/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
328/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
26/03/2015

Partes del expediente

  • Sergio Antonio Romero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de nueve de marzo de la presente anualidad (fojas 5 a 7), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso SERGIO ANTONIO ROMERO; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    MESA III B Con fundamento en el artículo 104 de la anterior Ley de Amparo, agréguese el oficio 1177/2015 signado por el Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, Encargado de la Presidencia por ministerio de ley, por el que en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia con firmas autógrafas de la certificación de dos de marzo del año en curso de la que se desprende que la diligencia señalada de esa propia fecha en el expediente laboral 1457/2012 (2), no fue posible desahogarla, toda vez que el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, no devolvió el exhorto número 368/2014 de dieciséis de diciembre de dos mil catorce, por lo que dicha junta ordenó girar nuevamente exhorto para que sea emplazada la empresa demandada Grupo PROASA, Sociedad Anónima de Capital Variable; Seguros Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Compañía Administradora de Servicios en Telefonía Hubble; por lo que señaló las DIEZ HORAS DEL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, en el aludido expediente laboral. Ahora, habida cuenta que la imposibilidad para el desahogo de la multicitada audiencia trifásica en el expediente de origen, se debe a que no ha sido posible realizar el emplazamiento a juicio de las demandadas Grupo PROASA, Sociedad Anónima de Capital Variable; Seguros Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, y Compañía Administradora de Servicios en Telefonía Hubble, pues el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, no devolvió el exhorto número 368/2014 de treinta de enero de dos mil quince, razón por la cual la Junta Local con sede en esta ciudad ordenó girar uno nuevo; por tales circunstancias, toda vez que la mencionada autoridad laboral, residente en México, Distrito Federal, se encuentra estrechamente vinculada con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se tiene a la misma como autoridad responsable en el presente asunto, lo que la obliga no únicamente a realizar actos eficaces tendentes a su cumplimiento sino a acatar la misma de manera inmediata, pues la esencia del amparo en el presente asunto lo constituye el retraso en el trámite del expediente laboral de origen, y que se traduce en falta de administración de justicia, circunstancia que vulnera el derecho de la parte impetrante, contenido en el ordinal 17 Constitucional. En tales condiciones, con fundamento en el aludido ordinal 104 de la Ley de Amparo aplicable, requiérase al mencionado Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, a fin de que proceda al desahogo de las diligencias que se le encomiendan en el exhorto 8/02015 de dos de marzo de dos mil quince, que le dirigió el Auxiliar de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mismo que según la impresión de rastreo en el servicio de mensajería express Fedex, fue recepcionado el cuatro de marzo de dos mil quince a las quince horas con ocho minutos; y una vez atendidas las diligencias de mérito las devuelva a su lugar de origen, pues la dilación en que, ha incurrido, vulnera los derechos humanos de la quejosa, al no poder darle continuidad en los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo al procedimiento laboral de mérito; debiendo informar lo antes solicitado dentro de los tres días siguientes al en que quede notificado de este proveído, el cual a fin de darle celeridad se ordena remitirlo por la vía telegráfica. Apercíbasele que de no acatar lo que se le ordena, se procederá en términos del numeral 105 de la Ley de Amparo, esto es, se remitirán las actuaciones al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimotercer Circuito, con residencia en esta ciudad, con arreglo al Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que, en su caso, sea separada de su cargo y consignada al juez de Distrito que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Finalmente, agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio C.S.I.OAXACA.OAX.20044/2015/88, signado por el Jefe de la Oficina Telegráfica, en esta ciudad, por el que informa que el oficio telegráfico 3964.lll-B, dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en México, Distrito Federal, fue depositado el diecisiete de febrero del año en curso.

  3. Principal

    Notificación personal por lista. (Quejoso). MESA VI B Vista la demanda de amparo signada por SERGIO ANTONIO ROMERO, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Segunda Agencia Investigadora de la Procuraduría General de la República, Delegación Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 328/2015. Antes de admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo y documental anexa a la misma, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público de la Segunda Agencia Investigadora de la Procuraduría General de la República, Delegación Oaxaca, la falta de acuerdo y notificación a su escrito de veintiocho de enero de esta anualidad, presentado el veintinueve siguiente ante la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República, el que esencialmente solicitó se le tuviera revocando a su defensor particular dentro de la averiguación previa A.P/PGR/OAX/OAX/II/886/2014, que se instruye contra el quejoso. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que en contra del precisado acto reclamado a la citada autoridad se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). El dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima que la falta de acuerdo y notificación al escrito de veintiocho de enero de dos mil quince, presentado el veintinueve siguiente ante la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República, dentro de la averiguación previa A.P/PGR/OAX/OAX/II/886/2014, del que se duele la parte quejosa, se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a la petición realizada. En el caso, en términos de los artículos 11, fracción II, inciso d) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y 79, fracción XI, del Reglamento Interior de dicha dependencia, corresponde a la Delegada Estatal, en su carácter de superior jerárquico, la obligación de instruir al Agente del Ministerio Público de mérito para que dé cumplimiento a su deber de constitucional de contestar el escrito del que se duele en esta instancia. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, aprobada en sesión de fecha dieciocho de febrero de dos mil quince (pendiente de publicación), de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra la falta de acuerdo y notificación al escrito de veintiocho de enero de dos mil quince, presentado dentro de la averiguación previa A.P/PGR/OAX/OAX/II/886/2014 es improcedente, puesto que no es de naturaleza irreparable. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en la demanda de amparo y por autorizados para tales efectos a las personas que señala, sin las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por así haberlo manifestado expresamente el promovente del amparo. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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