Serafín Herrera Torres
Expediente 812/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 812/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Serafín Herrera Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Incidental
MESA II A Agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio 12211 suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en esta ciudad, con el que remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el toca número 384/2015, así como el original del incidente de suspensión en que se actúa; por tanto, acúsese recibo y glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos para la substanciación de la alzada. Toda vez que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío del expediente, está conformado con copias certificadas cuyos originales ya obran en autos, resulta ocioso agregar las mismas a este juicio, por lo que únicamente glósense los acuerdos o constancias que obren después de la remisión del expediente. Hágase del conocimiento de las partes, que el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en esta ciudad, en ejecutoria dictada el quince de septiembre de dos mil quince, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria de diecisiete de junio del presente año, lo hizo en los siguientes términos: "ÚNICO.- Se declara sin materia el recurso de revisión interpuesta por SERAFÍN HERRERA TORRES, por su propio derecho contra la interlocutoria dictada por el Juez Primero de Distrito en el Estado, residente en esta ciudad, el diecisiete de junio de dos mil quince, en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 812/2015. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se provee lo relativo al destino del presente incidente de suspensión, que se tramitó en original y duplicado. De los autos se advierte que por interlocutoria de diecisiete de junio de dos mil quince (fojas 41 a 45), se negó la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, vigésimo, fracción III, y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surtió efectos la notificación de la citada interlocutoria, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados, en su oportunidad, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción en términos del punto vigésimo primero, fracción III, del acuerdo invocado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II A Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio número 535/2015, signado por la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, por el que devuelve diligenciado el despacho número 189/2015 del índice de este juzgado que se le giró para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional emplazara a este juicio a los terceros interesados Juana López Pérez, por su propio derecho y en representación de Iván Herrera López, así como a Edgardo, Miguel Ángel y Delia Soledad, todos de apellidos Herrera López; dése de baja la comunicación en cita en el libro respectivo. Sin hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el veintinueve de julio pasado, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo (fojas 58 a 62).
- Principal
MESA II A Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de veintiocho de mayo de dos mil quince (fojas 28 a 31), por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales correspondientes. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del año pasado, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Además, comuníquese este proveído al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, residente en esta ciudad, para que surta los efectos legales correspondientes dentro del incidente en revisión número 384/2015, de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la interlocutoria de diecisiete de junio pasado, emitida en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA MESA II A Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que mediante escrito recibido el ocho de junio de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, y turnado el nueve siguiente a este Juzgado Primero de Distrito, Serafín Herrera Torres, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, y Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de quienes reclamó lo siguiente: El contenido del auto de fecha seis de febrero de 2015 que ordena girar oficio al Delegadode Delegado (sic) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (I.S.S.S.T.E.), a efecto de que en forma inmediata proceda a descontar al suscrito el cuarenta por ciento de mis percepciones como empleado jubilado del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de los menores EDGARDO, MIGUEL ÁNGEL, DELIA SOLEDAD e IVÁN de apellidos HERRERA LÓPEZ y la cantidad resultante le pongan a disposición de la señora JUANA LÓPEZ PÉREZ en el lugar y época de pago acostumbrado, debiendo informar además la fecha en que el suscrito causó alta como pensionado del I.S.S.S.T.E. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez Mixto de Primera Instancia de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, convino en la existencia del acto reclamado, en virtud de que precisó que en ese Juzgado existe el expediente 99/1998 relativo al juicio de alimentos que en la vía de controversias del orden familiar promovió Juana López Pérez, en representación de Edgardo, Miguel Ángel y Delia Soledad de apellidos Herrera López, en contra de Serafín Herrera Torres, asunto en el que el seis de febrero de dos mil quince fue dictado el acuerdo que ahora constituye el acto reclamado, en el que esencialmente, fue girado oficio al Delegado de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que en forma inmediata procediera a descontar al demandado el cuarenta por ciento sobre sus percepciones que obtiene como empleado jubilado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijos y la cantidad resultante la ponga a disposición de la señora Juana López Pérez, en el lugar y época de pago acostumbrado; además, precisó que dicha determinación fue tomada habida cuenta que en diligencia de dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve las partes dieron por terminada su controversia suscribiendo un convenio en el que el demandado se obligó a pagar el cuarenta por ciento de su sueldo por concepto de pensión alimenticia para sus hijos. Circunstancia que se corrobora con las documentales que fueron remitidas por la autoridad responsable consistentes en copia certificada de constancias deducidas del expediente 99/1998. Documentales que adquieren valor probatorio pleno de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Por su parte, al rendir su informe justificado el Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, convino en la existencia del acto que se le reclama. Precisado lo anterior, a juicio del que ahora resuelve la acción de amparo es improcedente, en virtud de que contra el acto reclamado consistente en el proveído de seis de febrero de dos mil quince emitido en el expediente 99/1998; en el caso en concreto se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Ese numeral establece, lo que la jurisprudencia ha denominado principio de definitividad, consistente en que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que previo a su presentación debe agotarse la jurisdicción ordinaria, de lo contrario, es improcedente. Así, el citado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea para modificarlo o revocarlo, de tal suerte que cuando exista dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte impetrante, incontrovertiblemente el amparo es improcedente. En otras palabras, el principio de mérito se fundamenta en la naturaleza del amparo, es decir, es un medio extraordinario, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las jurisdicciones y competencias, como consecuencia del ejercicio de los recursos ordinarios, por ello el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado de agotar, previo al ejercicio de la acción constitucional, los recursos ordinarios o medios de defensas tendentes a revocar o modificar los actos que se estiman lesivos. Sentado lo anterior, tenemos que la causa de improcedencia invocada, prevé la obligatoriedad de agotar, previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación o medios de defensa que en su caso conceda la ley que rija el acto reclamado. Los elementos con los que se integra esa causa de improcedencia, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé' dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, según la propia fracción XVIII, del numeral 61, en cita, los siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En el presente caso, con relación al acto reclamado por la parte quejosa se estima debió agotar el recurso de revocación previsto en los artículos 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, que dispone que contra los autos emitidos por el Presidente de la Sala Civil procede la reposición, la cual tendrá el mismo trámite que el recurso de revocación. Tales dispositivos establecen: Artículo 666.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. Artículo 667.- La revocación puede pedirse verbalmente al notificarse la determinación respectiva, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes a dicha notificación; se substanciará con una audiencia en la que alegarán las partes, y la resolución la pronunciará el juez dentro de tercero día, concurran o no las partes a aquella audiencia. En ese orden de ideas, de un análisis realizado entre el precepto legal transcrito se aprecia que todos los autos y decretos emitidos por el Juzgado del conocimiento, serán recurribles mediante la revocación; motivo por el cual al ser considerados de esa forma resulta evidente que contra el acto reclamado al juez natural en el acuerdo de seis de febrero de dos mil quince emitido en el expediente 99/1998, el ahora quejoso estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación al cual hacen referencia los ordinales 666 y 667 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Oaxaca, porque es parte en el procedimiento natural, además, no se está en ningún caso de excepción a que se refiere la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia, aunado a que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, lo que implica la ineludible obligación de la afectada de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley que rige el acto reclamado. Resulta aplicable, la jurisprudencia número 37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902 del tomo XV, mayo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Asimismo, se precisa que la causa de improcedencia que se estima actualizada es, además, manifiesta, pues se advierte en forma patente de las constancias de autos; asimismo, es indudable, ya que se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata efectivamente se actualiza en el caso concreto. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por el referido acto reclamado, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, publicada en la página 386, Segunda Sala, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, materia común, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, que establece: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. Sin que obste lo anterior el hecho de que se encuentre pendiente el emplazamiento de la parte tercero interesada, en virtud de que el sentido de la presente determinación no le afecta de manera alguna sus derechos sustantivos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,210 expedientes
- Selene Alonso Muñoz y Otros.1637/2016
- SELENE ECHEVERRIA GÓMEZ y Otros.635/2017
- Senorina Hernández Hernández244/2023
- Serafín Castillo Sánchez y Otros.967/2015
- SERAFÍN HERREA TORRES y Otros.601/2017
- Serafin Herrera Torres y Otros.14/2017
- Serafin Jesús López Aquino o Jesús López Aquino y Otros.1425/2016
- SERAFINA MARTÍNEZ VÁSQUEZ y Otros.570/2019
- SERAFINA MARTÍNEZ VÁSQUEZ y Otros.755/2019
- Serena Morales Gutiérrez1827/2014
- Sereoli Hernández García y otros1911/2015
- SERGIO ALBERTO BARRADAS RAMÓN y Otros.1388/2022