Serafin Herrera Torres y Otros.
Expediente 14/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Serafin Herrera Torres y Otros.
- Serafin Herrera Torres
- Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajao de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Actuaciones
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de enero de dos mil diecisiete. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil diecisiete. Con el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que adjunta el juicio de amparo 2/2017 de su índice, promovido por ... , y copias del escrito de la demanda de amparo, con motivo de que ese Juzgado estimó que a este órgano jurisdiccional corresponde conocer de ese asunto por contar con un antecedente con el cual tiene conocimiento previo del acto reclamado; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 14/2017. Este órgano de control constitucional comparte las consideraciones del Juzgado declinante por lo que acepta conocer de la demanda de amparo de que se trata; acúsese recibo. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que la parte quejosa, reclama del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente: "El descuento retroactivo que pretende efectuar sobre mis ingresos económicos como pensionado del ISSSTE, con número de pensión 1413207; es decir, la autoridad responsable pretende pagar en forma retroactiva al C.... el periodo del 24 de octubre de 2016 al 30 de diciembre del 2016 en 03 pagos mensuales por la cantidad de $841.90 en los meses de enero 2017 al mes de marzo del 2017, más el descuento del 10% de percepciones." Ahora bien, contra el citado acto reclamado, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el aludido acto no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a uno de ellos. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, se estima que el acto realmente reclamado por la quejosa, tiene naturaleza civil y subyace dentro de la relación jurídica derivada del juicio familiar 99/1998 del índice de Juzgado Mixto de Nochixtlan, Oaxaca, y la en materia del Trabajo (seguridad social) existente entre el peticionario del amparo como trabajador jubilado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como patrón subsidiario, en donde no obstante la calidad de ente público del instituto, el acto suscitado dentro de tal relación no puede considerarse como de autoridad. Lo anterior es así, pues de los anexos de la demanda se advierte que el Juez Mixto de Nochixtlan, Oaxaca, mediante oficio de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aplicar un descuento del 10% en las prestaciones laborales que el quejoso percibe, por concepto de pensión alimenticia decretada en favor de su hijo Iván Herrera López; por lo que cumplimiento a dicha determinación judicial, el Jefe de Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo señalado como responsable, le informó al juzgador familiar, que procedería hacer el descuento respectivo al periodo del veinticuatro de octubre al treinta de diciembre de dos mil dieciséis en tres parcialidades retroactivas durante los meses de enero a marzo de dos mil diecisiete, ya que en el sistema de nómina del ISSSTE los pagos se cualculan con dos meses de anticipación. Luego que sea evidente, notorio y manifiesto que el acto reclamado al Jefe de Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, no obstante de emitirse por un ente público no implica que pueda considerarse como de autoridad, pues su intervención en el juicio familiar a fin de lograr el pago de la pensión alimenticia se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En efecto, el descuento que se le pretende hacer al quejoso en su pensión, de manera retroactiva en tres parcialidades durante los meses de enero a marzo de dos mil siete (por lo que se refiere a la pensión alimenticia decretada a favor de su hijo, respecto del veinticuatro de octubre al treinta de diciembre de dos mil dieciséis), con motivo de la operación administrativa del sistema de nómina (los pagos se calculan con dos meses de anticipación), es derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte deudora alimentaria es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, la forma de realizar ese descuento, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. Sirve de apoyo, por las razones que las sustentan, las jurisprudencias siguientes: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. [Época: Décima Época, Registro: 2001236, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 25/2012 (10a.), Página: 145] AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. [Época: Novena Época, Registro: 168203, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: VII.2o.C. J/28, Página: 2360] Por tanto, no obstante que en cumplimiento al mandato judicial de referencia, el Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficio de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, le informó al Juez de que se trata, que pagaría la pensión alimenticia relativa al periodo del veinticuatro de octubre al treinta de diciembre del año pasado, en forma retroactiva en tres pagos mensuales, por la cantidad de $841.90, durante los meses de enero a marzo de esta anualidad, más el descuento del 10% correspondiente al mes en curso, y que el quejoso alegue que tal determinación la efectuó sin fundar ni motivar su determinación; lo cierto es que al no tratarse de un acto de autoridad sino de uno equiparable al de un particular (patron), en su caso, el quejoso lo debe controvertir ante el Juez que emitió la orden a fin de que tal autoridad judicial, de estimar inexacta la determinación tomada por el patrón subsidiario del quejoso, lo obligue a corregirla. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas a las personas que señala únicamente para recibir notificaciones, no así con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el sistema computarizado. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y posteriormente lo devuelva a este juzgado. Notifíquese personalmente.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA III B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de enero de dos mil diecisiete. Con el oficio signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, al que adjunta el juicio de amparo 2/2017 de su índice, promovido por ... , y copias del escrito de la demanda de amparo, con motivo de que ese Juzgado estimó que a este órgano jurisdiccional corresponde conocer de ese asunto por contar con un antecedente con el cual tiene conocimiento previo del acto reclamado; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 14/2017. Este órgano de control constitucional comparte las consideraciones del Juzgado declinante por lo que acepta conocer de la demanda de amparo de que se trata; acúsese recibo. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que la parte quejosa, reclama del Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo siguiente: "El descuento retroactivo que pretende efectuar sobre mis ingresos económicos como pensionado del ISSSTE, con número de pensión 1413207; es decir, la autoridad responsable pretende pagar en forma retroactiva al C.... el periodo del 24 de octubre de 2016 al 30 de diciembre del 2016 en 03 pagos mensuales por la cantidad de $841.90 en los meses de enero 2017 al mes de marzo del 2017, más el descuento del 10% de percepciones." Ahora bien, contra el citado acto reclamado, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 103, fracción I, de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, y 5°, fracción II, del primer ordenamiento legal invocado, en virtud de que el aludido acto no puede considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo ni equiparable a uno de ellos. De los preceptos normativos citados, así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, se estima que el acto realmente reclamado por la quejosa, tiene naturaleza civil y subyace dentro de la relación jurídica derivada del juicio familiar 99/1998 del índice de Juzgado Mixto de Nochixtlan, Oaxaca, y la en materia del Trabajo (seguridad social) existente entre el peticionario del amparo como trabajador jubilado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como patrón subsidiario, en donde no obstante la calidad de ente público del instituto, el acto suscitado dentro de tal relación no puede considerarse como de autoridad. Lo anterior es así, pues de los anexos de la demanda se advierte que el Juez Mixto de Nochixtlan, Oaxaca, mediante oficio de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis ordenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado aplicar un descuento del 10% en las prestaciones laborales que el quejoso percibe, por concepto de pensión alimenticia decretada en favor de su hijo Iván Herrera López; por lo que cumplimiento a dicha determinación judicial, el Jefe de Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo señalado como responsable, le informó al juzgador familiar, que procedería hacer el descuento respectivo al periodo del veinticuatro de octubre al treinta de diciembre de dos mil dieciséis en tres parcialidades retroactivas durante los meses de enero a marzo de dos mil diecisiete, ya que en el sistema de nómina del ISSSTE los pagos se cualculan con dos meses de anticipación. Luego que sea evidente, notorio y manifiesto que el acto reclamado al Jefe de Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, no obstante de emitirse por un ente público no implica que pueda considerarse como de autoridad, pues su intervención en el juicio familiar a fin de lograr el pago de la pensión alimenticia se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En efecto, el descuento que se le pretende hacer al quejoso en su pensión, de manera retroactiva en tres parcialidades durante los meses de enero a marzo de dos mil siete (por lo que se refiere a la pensión alimenticia decretada a favor de su hijo, respecto del veinticuatro de octubre al treinta de diciembre de dos mil dieciséis), con motivo de la operación administrativa del sistema de nómina (los pagos se calculan con dos meses de anticipación), es derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte deudora alimentaria es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, la forma de realizar ese descuento, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. Sirve de apoyo, por las razones que las sustentan, las jurisprudencias siguientes: AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa. [Época: Décima Época, Registro: 2001236, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 25/2012 (10a.), Página: 145] AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NO LO SON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS GUBERNAMENTALES, CUANDO EL ACTO QUE DE ELLAS SE RECLAMA CONSISTE EN LA OMISIÓN DEL DESCUENTO A UNO DE SUS TRABAJADORES POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA. La omisión de efectuar el descuento por concepto de pensión alimenticia, derivado del cumplimiento dictado por un órgano jurisdiccional en un juicio de alimentos cuya parte demandada es un trabajador de alguna dependencia gubernamental, no da a los funcionarios de ésta la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando el acto reclamado es, precisamente, esa omisión, pues tal conducta es desplegada en su carácter de patrón y, por ende, su actuar no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad necesarias para establecer el concepto de autoridad. [Época: Novena Época, Registro: 168203, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: VII.2o.C. J/28, Página: 2360] Por tanto, no obstante que en cumplimiento al mandato judicial de referencia, el Jefe del Departamento de Pensiones y Seguridad e Higiene en el Trabajo, de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante oficio de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, le informó al Juez de que se trata, que pagaría la pensión alimenticia relativa al periodo del veinticuatro de octubre al treinta de diciembre del año pasado, en forma retroactiva en tres pagos mensuales, por la cantidad de $841.90, durante los meses de enero a marzo de esta anualidad, más el descuento del 10% correspondiente al mes en curso, y que el quejoso alegue que tal determinación la efectuó sin fundar ni motivar su determinación; lo cierto es que al no tratarse de un acto de autoridad sino de uno equiparable al de un particular (patron), en su caso, el quejoso lo debe controvertir ante el Juez que emitió la orden a fin de que tal autoridad judicial, de estimar inexacta la determinación tomada por el patrón subsidiario del quejoso, lo obligue a corregirla. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis, siguiente: AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. [Época: Décima Época, Registro: 2007580, Instancia: Plenos de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: PC.III.L. J/5 L (10a)., Página: 1224] Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizadas a las personas que señala únicamente para recibir notificaciones, no así con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no encontrarse registradas sus cedulas profesionales en el sistema computarizado. Asimismo, se autoriza a las partes, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. En otro contexto, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y posteriormente lo devuelva a este juzgado. Notifíquese personalmente.
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