Semei Ortíz Trinidad
Expediente 747/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 747/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Semei Ortíz Trinidad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En atención a la cuenta, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que la determinación referida ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, porque se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Luego, en términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede.
- Principal
Agréguese a los autos el telegrama enviado por la Síndica Procuradora del Ayuntamiento Municipal Constitucional de San Luis Acatlán, Guerrero, por medio del cual atiende el requerimiento efectuado en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve (foja 12), e informa que el oficio 15554/2019, a través del cual se le notifica la admisión del presente juicio de amparo, lo recibió el veinticinco de junio de dos mil diecinueve; lo que hace del conocimiento para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los autos el pedimento ministerial signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, para que obre únicamente como corresponda, en razón de por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve (fojas 72 a 75), se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales conducentes. No obstante lo anterior, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de la Materia, expídanse las copias fotostáticas que refiere.
- Principal
Visto el oficio y anexo signado conjuntamente por el Presidente y la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado que les corresponde a dichas autoridades, al cual adjuntaron entre otras actuaciones, copia certificada del auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, emitido en el juicio laboral 523/2012, a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que las autoridades responsables anexaron, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Semei Ortiz Trinidad, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, que hizo consistir en (foja 2): "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De la AUTORIDAD RESPONSABLE que se menciona, reclamamos: LA INACTIVIDAD PROCESAL Y LA ILEGAL DILACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL en que se ha incurrido a la fecha en el expediente laboral número 523/2012, por parte de las mencionadas autoridades, mediante la cual se ha omitido dar celeridad al procedimiento y por consecuencia la violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, dentro de los términos que señala la Ley Federal del Trabajo, y la Ley Número 51 Estatutos de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, lo que motiva a que se retarde el procedimiento, lo cual resulta jurídicamente imposible, ya que la justicia debe ser pronta y expedita, toda vez que a pesar de que con fecha 4 de abril del año en curso, mi apoderado legal presento un escrito de fecha 3 de abril del año en curso, la autoridad responsable no ha dictado el correspondiente acuerdo lo cual retarda el procedimiento, por lo que se incurre en una violación de garantías al suscrito, puesto que tal conducta, priva al gobernado del derecho que surge de una sentencia firme, pronunciada por una autoridad competente, lo cual resulta jurídicamente imposible, ya que la justicia debe ser pronta y expedita, lo cual resulta ilegal y violatorio de nuestra garantías individuales." De lo anterior, se advierte que la parte quejosa basa su reclamación en que: el Presidente Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y la Secretaria General de Acuerdos, adscrita al mismo, ambos con residencia en esta ciudad, han sido omisos en emitir el acuerdo correspondiente a las promociones que les presentó a la primera de las indicadas el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en la que solicitó se embargaran las partidas o participaciones que otorga el Gobierno del Estado al Ayuntamiento Municipal de San Luis Acatlán, Guerrero, girando oficio a la Secretaría de Finanzas del Estado de Guerrero, a efecto de que retenga la cantidad de $1,498,953.96 (un millón cuatrocientos noventa y ocho mil novecientos cincuenta y tres pesos 96/100 Moneda Nacional). Asimismo, le hizo de su conocimiento que los actores del juicio laboral Santa Cruz Ortiz Trinidad y Semei Ortiz Trinidad, no obstante de que fueron reinstalados el día ocho de marzo de dos mil diecinueve, no se les pago la primer quincena, por lo cual los motivo a trabajar la segunda, sin que hasta esta aparecieran sus nombres en la nómina de la Tesorería Municipal; y con fecha dos de abril del año en curso, fueron despedidos. En ese contexto, en principio el suscrito advierte de oficio que en el caso respecto de los actos reclamados a la Secretaria General de Acuerdos adscrita al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, el juicio de amparo es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que en su orden disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Expuesto lo anterior, si los secretarios de acuerdos no tienen facultades de decisión o de ejecución, pues sus actos se circunscriben a la organización interna y de mero trámite del órgano al cual se encuentran adscritos, como encargados de dar fe de las resoluciones pronunciadas por el titular; resulta inconcuso, que no pueden ser considerados como autoridades responsables para los efectos del juicio de amparo los aludidos funcionarios, toda vez que sus funciones no pueden incluirse en las previstas por el citado numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, al estar desprovistas de imperio y decisión. Por no anteponerse a la nueva Ley de Amparo, es aplicable el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que aparece publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, visible a página 159, que se lee como sigue: "AUTORIDAD RESPONSABLE, EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL JUEZ RESPONSABLE QUE AUTORIZÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA NO TIENE EL CARÁCTER DE. " Por tanto, lo procedente es sobreseer respecto del acto reclamado a dicha Secretaria, con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5, fracción II y 63, fracción IV, del propio ordenamiento legal. Por otra parte, el que aquí juzga advierte de oficio que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad capital, remitió copia certificada del acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, del que se aprecia que en primer término recibió las promociones que le presentó la parte quejosa el cuatro de abril de dos mil diecinueve; primeramente, en atención a la petición de que se embarguen las partidas presupuestales que se otorga al ayuntamiento demandado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, por la cantidad requerida, le dijo que no había lugar de acordar de conformidad, toda vez que la Ley de la materia en ninguno de sus preceptos legales establece que proceda el embargo, por lo que refirió que debía estarse a lo ordenado en el auto de ejecución de treinta de noviembre de dos mil dieciocho. Seguidamente, señaló que toda vez el ayuntamiento demandado no exhibió la cantidad por la que fue requerido de pago en el auto de ejecución citado en el párrafo que antecede, procedió hacer efectivo el dicho requerimiento consistente en una multa de doscientos días de salario mínimo vigentes, ordenando girar oficio al Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para que realice los tramites correspondientes. Finalmente, tuvo a la parte actora informando que fueron despedidos nuevamente, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes; en ese sentido, requirió nuevamente al ayuntamiento demandado para que en término de quince días exhibiera la cantidad a que fue condenado el laudo respectivo, o en su caso informara los tramites que se encuentre realizando, apercibiéndolo que de no hacerlo así, se hará acreedor a una multa de doscientos cincuenta días de salario mínimo vigentes; todo lo anterior, correspondiente al juicio laboral 523/2012. En esas condiciones, dado que en treinta de mayo de dos mil diecinueve, la quejosa presentó la demanda de amparo; sin embargo, en auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, la responsable acordó las promociones que le presentó el cuatro de abril de dos mil diecinueve, por lo que se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por lo que procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las doce horas con diez minutos del veintiocho de junio de dos mil diecinueve (foja 10). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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