Selsa García Rodríguez

Expediente 738/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
738/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/06/2019

Partes del expediente

  • Selsa García Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    * Visto el oficio de cuenta, téngase al Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que admitió el recurso de queja, interpuesto por Selsa García Rodríguez, en contra del auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el juicio de amparo 738/2019, al que le fuera asignado el número de queja laboral *---. *

  2. Principal

    ********************Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, once de junio de dos mil diecinueve****************************************Visto el escrito de cuenta signado por ********************, autorizado de la parte quejosa en el juicio de amparo al rubro citado, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, emitido por este órgano jurisdiccional****************************************Por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, párrafo primero y 100 de la Ley de Amparo, téngase a ********************; interponiendo el citado RECURSO DE QUEJA en contra del acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve****************************************En consecuencia, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase el original y copia del escrito de queja al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, y ríndase informe justificado manifestando que es cierto el acto reclamado, toda vez que mediante proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en autos del juicio de amparo********************, se desechó la demanda de amparo, promovida por********************, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, a quien le reclamó, el acuerdo de treinta de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 587/2009****************************************Para justificar lo anterior, se remiten copias certificadas de las constancias relativas al presente juicio, solicitando el acuse de recibo correspondiente. ************************************************************Notifíquese y cúmplase****************************************Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Selsa García Rodríguez, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 738/2019 y fórmese expediente. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Analizada la demanda de amparo en su integridad, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." (énfasis añadido). De la lectura armónica de los preceptos parcialmente transcritos, deriva que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no constituyan la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia. Para fijar el alcance de la citada causal de improcedencia, conviene tener presente que la emisión de un determinado acto de autoridad, tratándose de actos meramente jurisdiccionales, conlleva una afectación en la esfera jurídica de una de las partes en la contienda que la legítima para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que invalide el acto relativo, por estimarlo violatorio de garantías individuales, en su perjuicio. Sin embargo, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica de un gobernado que acuda a solicitar el amparo, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ha establecido diversos mecanismos que condicionan la procedencia de dicha vía. Esto, en virtud de que, en lo relativo al juicio de amparo, en consideración a los principios de celeridad y expeditez que deben regir todo proceso que resuelva una contienda entre partes para asegurar una pronta impartición de justicia y evitar el uso indiscriminado, el legislador determinó mecanismos de improcedencia de los cuales deriva, como elemento fundamental, evitar el retraso o entorpecimiento en la ejecución de una sentencia definitiva que haya adquirido el carácter de cosa juzgada. Proceder en sentido contrario redundaría en una franca contravención a la regla específica introducida por el legislador en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 107, fracción IV, segunda parte, de la ley de la materia. Ahora, de acuerdo con la redacción actual del numeral 107, fracción IV, de dicho ordenamiento, destaca el propósito del legislador en cuanto a la celeridad que debe darse al procedimiento de ejecución, porque su efecto es consolidar el derecho emanado del laudo en el menor tiempo posible, lo que acentúa la idea acerca de que una vez iniciado el trámite del juicio en su fase ejecutiva, no debe ser entorpecido, limitándose así la posibilidad de acceder al juicio de amparo indirecto contra resoluciones intermedias para las partes. Ello es así, pues en la intención del constituyente, plasmada en ese precepto legal, subyace la idea de que la sentencia ejecutoria debe cumplirse en un lapso perentorio, limitando la posibilidad de que los contendientes puedan acudir a su instauración, hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento respectivo, lo que revela que la idea sustancial no es tanto el vedar la posibilidad de promover el juicio de amparo, sino que en realidad el procedimiento ejecutorio no se vea dilatado, independientemente de quien sea la parte que intente el juicio de amparo. Así, de conformidad con lo establecido por la fracción IV del numeral 107 transcrito, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos de tribunales judiciales, de los administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, los cuales no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en ese juicio. No obstante, tratándose de actos de esa naturaleza, es decir, actos en ejecución de sentencia, el amparo sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la demanda relativa las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al gobernado y, si se trata de remates, sólo podrá instarse contra la resolución definitiva en que se otorgue la escritura y adjudicación de los bienes rematados. Así, la procedencia del juicio de amparo en la forma planteada, sólo se justifica si se tiene en cuenta que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada, dada la naturaleza propia del procedimiento, como una serie de actos concatenados entre sí, que culmina con una resolución. Esto es, dada la vinculación de causa-efecto entre una actuación judicial y otra, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de acreditarse que hubo una infracción legal y que se dejó sin defensa al inconforme, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación y, de lo contrario, de resultar infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite que sea utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Sentado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado constituye una determinación dictada en ejecución de laudo del expediente laboral de origen; empero, no se trata de aquellas con las cuales se haya puesto fin a ese procedimiento o bien, una a través de la que declarara la imposibilidad jurídica o material para tenerlo por cumplido o, incluso, que obstaculice esa finalidad; por tanto, el presente juicio de amparo resulta improcedente. Esto porque, del capítulo del acto reclamado del escrito de cuenta, la parte quejosa señala: "IV. ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE RECLAMA: Se reclama el acuerdo de fecha TREINTA DE MAYO, del año dos mil diecinueve, dictado por el LIC. BERNARDO ORTEGA LEÓN, Presidente del Tribunal de conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero, en donde se impone una inapropiada multa a la parte demandada." Asimismo, en sus hechos, específicamente el marcado con el número 5 (cinco) señala: "5. [.] Ahora, bien, dicho acuerdo es ilegal contrario a derecho y velatorio de mis derechos humanos, pues va en franco retroceso, con el acuerdo de fecha tres de abril del año dos mil diecisiete, en donde se aplicó una multa de mil pesos a la demandada y se ordenó su requerimiento, además de la multa, se le concedió a la parte demandada TRES DIA, para que exhibiera la cantidad requerida para cubrir el laudo. En el acuerdo de diecinueve de enero de dos mil dieciocho se le anuncia una multa de 200 salarios mínimos, pero extrañamente y no obstante que no se ha vencido la contumacia de la demandada, la responsable ahora le concede CINCO DÍAS, para que cumpla con el pago del laudo, lejos de que constriña a la demandada a cumplir le otorga un tiempo mayor, en claro perjuicio para la quejosa; pero más aún, en el acuerdo de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, la autoridad laboral se niega a aplicar la multa y ahora le concede VEINTE DÍAS, para que cumpla con exhibir la cantidad requerida, se hace público y notorio, que el Presidente del Tribunal suple las deficiencias de la demanda y la protege, lo que sin duda esta en contra del debido proceso". (Lo resultado no es de origen). Entonces, se aprecia que la promovente en esta vía constitucional reclama el auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral 587/2009, del cual, por sus manifestaciones se conoce que no aplica ninguna multa a la parte demandada, Ayuntamiento Municipal constitucional de Olinalá, guerrero y le concede un término de veinte días para que exhiba la cantidad a la que fue condenada en el laudo emitido en el juicio laboral de origen. Entonces el auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve, emitido en el expediente laboral 587/2009, no paraliza la ejecución del laudo, sino todo lo contrario, da continuidad a la ejecución del mismo, toda vez que requirió a la parte demandada para que exhiba la cantidad a la que fue condenada. Es así, porque de las manifestaciones que realiza en su escrito de demanda la promovente, se advierte que el auto reclamado (treinta de mayo de dos mil diecinueve) se trata de un acto emitido en una fase de ejecución, por medio del cual la autoridad responsable requiere a la parte demandada para que en el término de veinte días exhiba la cantidad a la que fue condenada en el laudo emitido en el juicio laboral de origen; por lo que dicha actuación no constituye la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, es decir, con la que se haya culminado o reconocido de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. En ese contexto, como se ve la quejosa no es extraña a juicio; además, no se advierte que se le estén afectando de manera directa derechos sustantivos ajenos al asunto en el juicio de origen, porque el auto reclamado no paraliza la ejecución; por ende, con la admisión del amparo sólo se retardaría el procedimiento de ejecución, contrario a lo que trató de evitar el legislador. Es aplicable a lo expuesto la Jurisprudencia P./J. 108/2010, consultable en el tomo XXXIII, enero de 2011, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto, siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." En las relatadas condiciones, al quedar de manifiesto la actualización de la causal de improcedencia con fundamento en el artículo 113 de Ley de Amparo se desecha la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda; y, dada la materia del acto reclamado como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, aunado a que se aprecia que la peticionario no es parte patronal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, para reproducir actuaciones que obren en el presente juicio, debiendo quedar constancia por escrito; en el entendido que la utilidad que se dé a los documentos cuya reproducción se solicite, será responsabilidad de quien la obtenga, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. HABILITACIÓN. Asimismo, con apoyo en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejado constancia en autos. Notifíquese personalmente.

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