Semeon Rodríguez Sabino y Otros.
Expediente 1111/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1111/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Semeon Rodríguez Sabino y Otros.
- Semeon Rodríguez Sabino
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se aprecia que ha fenecido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veinte de agosto de dos mil diecinueve (fojas 7 a 12), mediante el cual se desechó la presente demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el expediente principal transcurrido cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será destruido en su totalidad, porque se desechó el juicio de amparo. En otro orden, en cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio.
- Principal
Visto el escrito de demanda presentado por **, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 1111/2019 y fórmese expediente. REPRESENTANTE COMÚN. Al no haber designado representante común en su escrito de cuenta, este Juzgado Federal con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, designa a [1] Semeon Rodríguez Sabino, como representante común en el presente juicio de amparo, sin perjuicio de que lo sustituyan durante la prosecución del presente juicio. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 113. "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Jurisprudencia I.6o.C. J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 730 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época, cuyo rubro prescribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". La jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se actualice un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, que se advierte en forma patente y absolutamente clara y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia que se trata es operante en el caso concreto. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, consistentes en: El auto de trece de agostos de dos mil diecinueve, emitido en el juicio ordinario civil 293/2018-II, a través del cual desecha el recurso de reconsideración, hecho valer contra el diverso de diecisiete de julio de dos mil diecinueve. El auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, pronunciado en el citado juicio de origen, en el que la autoridad responsable ordena la reposición de procedimiento, bajo el argumento de que se tienen que llamar a juicio a Catastro Municipal y Registro Público de la Propiedad del Estado, dentro del mencionado juicio de origen. Determinaciones en las cuales se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, como se demostrará a continuación. Al respecto, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la citada Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De lo anterior se advierte, que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dentro de juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que tratándose de actos dentro de juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que conforme a la legislación reglamentaria actual, no existe margen de interpretación que permita considerar como susceptibles de reclamarse en amparo indirecto los actos cuya afectación no trascienda el plano meramente procesal pues, al definir lo que debe entenderse por actos en juicio con efectos de imposible reparación, el legislador estableció que era necesario que los mismos "afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." En la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones cometidas dentro de un juicio es excepcional, en tanto que los actos susceptibles de combatirse son aquellos que tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tales como la vida, la propiedad, posesión, mas no contra actos de índole intraprocesal. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la citada contradicción de tesis, sostuvo que los actos dentro de juicio, que únicamente afectan derechos adjetivos o procesales, no pueden ser considerados de imposible reparación, toda vez que sus consecuencias son exclusivamente formales, las cuales, por su propia naturaleza, son susceptibles de repararse si se obtiene sentencia favorable. No pasó inadvertido para el Tribunal Pleno que existen casos en los que la afectación producida por un acto dentro de juicio puede, en su momento, estimarse como grave o de gran entidad; sin embargo, se concluyó que ese sólo hecho no hace procedente el juicio de amparo indirecto. Esto es así, pues si tal afectación desaparece por el hecho de obtener sentencia favorable, entonces es claro que aquélla no trascendió y, en consecuencia, no provocó un daño real y concreto en la esfera jurídica del justiciable. Expuesto lo anterior, es dable relatar que la Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, mediante determinación de trece de agosto de dos mil diecinueve, desechó el recurso de reconsideración, hecho valer por la parte quejosa contra la determinación de diecisiete de julio de dos mil diecinueve. En ese sentido, el acto antes destacado no es de aquellos de ejecución irreparable para la procedencia del juicio de amparo biinstancial atento a la hipótesis prevista por el artículo 107, Constitucional, fracción III, inciso b), que dicen: "Artículo. 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I.-.. II.-.. III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales y administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).. b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, ." Pues de la interpretación sistemática y armónica de dichos normativos, se llega a la reflexión que el juicio de amparo procede ante un juez de distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; irreparabilidad que se refiere a una verdadera ejecución material que debe perdurar independientemente y a pesar del sentido del fallo final; destacándose que los actos de carácter procesal sólo tiene una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre, como lo es, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, ya que esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de quien la sufra obtenga sentencia favorable en sus pretensiones en el juicio. Pues en el caso propuesto, el acto reclamado por la quejosa constituye una violación procesal cometida dentro de la secuela del proceso, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por haberse desechado su recurso; no afecta ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, como se dijo, dado que con la violación reclamada, por el momento ni siquiera se está en posibilidad de saber sí habrá o no de trascender al resultado del fallo, el cual de la demanda de amparo se advierte que aún no se ha dictado; por lo que en caso de que esta violación procesal trascienda a su resultado y le resulte adverso, podrá reclamarla analógicamente en la vía de amparo directo en contra de la sentencia definitiva en términos de lo dispuesto por el numeral 171 y 172, fracción IX, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Cobra aplicación al caso la tesis visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, Noviembre de 1993, a página 423, de rubro: "RESOLUCIÓN QUE DESECHA RECURSO DE REVOCACIÓN. DEBE SER IMPUGNADA A TRAVÉS DE AMPARO DIRECTO." Asimismo, tiene aplicación el criterio sustentado en la tesis XIV. 2°, 28 K, visible en la página 1160, Novena Época, Tomo VII, Enero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro a la letra dice: "RECURSOS. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SU IMPROCEDENCIA ES RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO COMO VIOLACIÓN PROCESAL, POR EQUIPARARSE A AQUELLA QUE DECRETA SU DESECHAMIENTO." Así como la jurisprudencia P./J. 24/92, visible a página once, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cincuenta y seis, agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Ahora bien, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en el auto de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 293/2018-II, en el que la autoridad responsable ordeno llamar a juicio a Catastro Municipal y al Registro Público de la Propiedad del Estado. Dicha actuación, de igual manera es de carácter intraprocesal, pues se relaciona con el llamamiento a juicio de terceros, lo que se traduce en una violación puramente adjetiva que únicamente repercute en el proceso y no genera a la involucrada una afectación material, habida cuenta que sus efectos lesivos habrán de concretarse con el dictado de una sentencia de fondo que le resulte adversa a la quejosa, de lo que se sigue que el perjuicio de tal determinación se encuentra condicionado al desenlace de la contienda de origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.1o.C.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Época: Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia: Común, Página: 2075, Registro: 2006576, que dice: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL PROVEÍDO QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN, CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 169/2012 (10a.)]. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la referida ley, el juicio de amparo indirecto procede "contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte", esto es, en dicho precepto se define el concepto de ese tipo de actos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar algunos de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados constitucional y convencionalmente, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Ahora bien, el litisconsorcio pasivo necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más demandados tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllos están interesados en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible condenar a una parte, sin que la condena alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio pasivo necesario constituye un presupuesto procesal que incluso debe analizarse de oficio por el juzgador. Así pues, se considera que la resolución que confirma la diversa por la cual se determina que no se actualiza el litisconsorcio pasivo necesario solicitado por el demandado, es una violación procesal que debe ser reclamable hasta que se dicte el fallo definitivo, a través del juicio de amparo directo, porque no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues los actos de ejecución de esta resolución son reparables, y sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, cuyas consecuencias se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. No es óbice a lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 169/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1230, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO LABORAL. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DETERMINA QUE NO SE ACTUALIZA DICHA INSTITUCIÓN ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.", pues dicho criterio se considera inaplicable en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, debido a que se integró conforme a la ley de la materia vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en donde se interpretaba el artículo 114, fracción IV, el cual no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, mientras que en la ley vigente, el legislador decidió delimitar los alcances de ese término sólo para comprender los derechos sustantivos; además, si bien es cierto que en la jurisprudencia invocada se acepta que la figura del litisconsorcio pasivo necesario no sólo trasciende a aspectos procesales, sino que se extiende a la relación sustancial, también lo es que no se establece concretamente que se vulnere materialmente algún derecho sustantivo, por lo cual ya no resulta aplicable, al oponerse a la nueva legislación." Por consiguiente, en virtud de que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos, resulta inconcusa la actualización de la causal de improcedencia de la acción constitucional. Además, no se advierte que se haya dictado alguna medida cautelar que afecte materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa; porque el hecho de que se haya ordenado llamar a juicio a Catastro Municipal y al Registro Público de la Propiedad del Estado, no se conoce como trascenderá en la sentencia definitiva que se dicte y si ésta determinación afectará o no a esa parte procesal. En consecuencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia analizada en párrafo que anteceden. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a *, toda vez que de acuerdo a la certificación secretarial de cuenta se aprecia que cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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