Selenia Isolda Ríos Hernández

Expediente 91/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
91/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/02/2019

Partes del expediente

  • Selenia Isolda Ríos Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos que guarda el presente juicio de amparo, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve (fojas 8 a 14), dictado en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, ni jurídica e histórica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida por Selenia Isolda Ríos Hernández, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 91/2019 y fórmese expediente. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, se advierte, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares de restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El aludido precepto estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Ahora, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos, es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Tales razones, dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J.44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. " No pasa por inadvertido que dicho criterio, interpreta artículos de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, se estiman aplicables pues el contenido de los artículos 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de dicha ley abrogada, esencialmente coinciden con el contenido de los artículos 61, fracción XVIII, y el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, por tanto, son válidamente aplicables al presente caso, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, del decreto por el que se promulgó la Ley de Amparo, publicado en el Diario oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, el quejoso tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. En relación al tema, el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, prevé: "CAPITULO II RECONSIDERACÓN ARTICULO 381.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del artículo trascrito se aprecia que procede el recurso de reconsideración contra los autos que no fueren apelables y los decretos, emitidos por el juez que los dictó. En el caso, la parte quejosa reclama el auto de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, donde señaló el día seis de marzo de dos mil diecinueve, para el desahogo de la audiencia previa y de conciliación. En ese sentido, dado que el recurso de reconsideración es el medio de impugnación por el cual se pudo revocar o modificar el acuerdo reclamado, resulta incuestionable que el quejoso, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el mencionado recurso, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación federal prevé y que, en el caso en particular, tiene como finalidad que el juez reconsidere la determinación previamente asumida, a fin de que en el supuesto de existir algún vicio en aquélla, determine lo que en derecho corresponda, aun cuando el acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación. Entonces, antes de promover el juicio de amparo indirecto, el quejoso necesariamente debe agotar el recurso de reconsideración al tener como finalidad que el órgano jurisdiccional que los emitió pueda revocarlos, modificarlos o confirmarlos y con ello, impedir las consecuencias de las que se aqueja. Además, la parte quejosa no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, a saber: 1. Atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y; 3. Si el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio de donde deriva el acto reclamado. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla (caso en el que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir el juicio de amparo). Ello, porque el acto reclamado proviene de un juicio civil en el que es la parte actora y el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, es claro en señalar que los autos que no son apelables pueden ser reconsiderados por el juez que los emitió. En efecto, de las constancias que adjuntó la quejosa a su escrito de demanda, se aprecia que no se ha emitido sentencia definitiva; por tanto, es evidente que contra el auto en donde se señaló la audiencia previa y de conciliación, procede el recurso de reconsideración al encuadrar en la hipótesis señalada en el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, sin que derive de una interpretación adicional. A mayor abundamiento, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en su orden disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". En ese contexto, del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo de veintiocho de noviembre del año dos mil dieciocho, únicamente en lo que se refiere a la fecha de la Audiencia Previa y de Conciliación, toda vez que se señaló una fecha muy lejana para llevarse acabo. Del examen relacionado de las disposiciones transcritas se desprende, como regla general, que contra actos violatorios de derechos fundamentales suscitados en juicio es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo; pero cuando se trate de actos dictados en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, o que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de igual naturaleza, procederá juicio de amparo indirecto, esto es, sólo por excepción pueden ser combatidos en amparo indirecto cuando tienen una ejecución de imposible reparación, por afectar materialmente derechos sustantivos. En congruencia con lo anterior, se precisa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de sus garantías. Tiene aplicación la jurisprudencia número 189, que aparece en la página 154, Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Así como la tesis 175, visible a página 144, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B) CONSTITUCIONAL". En el caso concreto, como ha quedado acotado en los párrafos precedentes, el acto que reclama la parte quejosa se considera que no constituye una resolución en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en tanto que no afecta materialmente derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, y porque tal decisión se circunscribe a una determinación intraprocesal. Lo anterior se afirma, toda vez que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, señaló para el día seis de marzo de dos mil diecinueve, la audiencia previa y de conciliación en el expediente familiar de origen, por tanto, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, verbigracia: la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la parte quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Excepción que no se actualiza en el presente asunto a criterio de este Órgano de Control Constitucional, dado que a la fecha de recepción en este juzgado de la demanda de amparo (veintitrés de enero del año en curso), al día seis de marzo de dos mil diecinueve (fecha de audiencia), no existe una dilación evidente del procedimiento o paralización total del mismo atribuible a la responsable en cita; esto es, señalar la audiencia en los términos y plazos que para tal efecto establece el Código Procesal Civil, porque la asignación de las fechas para el desahogo de las diligencias en el procedimiento de origen, no debe atender sólo a la literalidad de la Ley, sino substancialmente a las cargas labores que tiene asignado cada Órgano Jurisdiccional, de ahí que, la fecha prevista es razonablemente proporcional para evitar que se constituya una dilación procesal, máxime que ello no provoca la paralización total del procedimiento, conforme al criterio expuesto por el Pleno de nuestro Máximo Tribunal. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, Materias Constitucional y Común, Décima Época, con registro 2011580, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como 'irreparables' deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una 'omisión' autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Habida cuenta que, de admitirse la presente demanda de amparo, el dictado de la sentencia respectiva hasta su ejecución, no justificaría el retraso para celebrar la audiencia, lo cual puede acontecer en el trámite del presente sumario constitucional, ello es así, pues es del común de los juicios de amparo que se tramitan en este órgano jurisdiccional, que los mismos tardan en promedio tres meses en integrarse hasta llegar al momento de ejecutar una posible concesión de amparo, por lo que de admitirse a trámite el presente juicio, rebasaría el día señalado para audiencia previa y de conciliación, por lo que no habría materia que ejecutar, lo que implica retrasar la impartición de justicia. En esa tesitura, con apoyo en el artículo 113, en relación con el 61, fracciones XXIII, en referencia con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Por otra parte, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica para tal efecto; sin perjuicio de que la misma dada su calidad parte tercera interesada, se harán conforme a las reglas establecidas en el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se le tiene a Ciro Rubio Alvarado, como su autorizado en términos amplios por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin que haya lugar a tener como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Filiberto Antonio Farías De La Cruz, Fernando Simón Jiménez y Francisco Hernández Tolentino, por no haber acreditado en este juicio encontrase legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, porque en el escrito de cuenta donde le otorga dicha autorización, no proporciona datos correspondientes o documentos que así lo acrediten, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 12. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal, la persona autorizada, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización."

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