Secretario de Finanzas y Administración

Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
248/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Secretario de Finanzas y Administración

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 25 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a la autoridad responsable. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del tres de junio de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 248/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental que anexó a su informe el Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, con residencia en Morelia, Michoacán, consistente en copia autorizada de las principales constancias relativas al recurso de reconsideración JA-R-0153/2020-I. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad (foja 13), Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, por conducto de su apoderada jurídica Geraldin Marina Henriquez Escobar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y de otra autoridad. Segundo. Admisión y returno. Por razón de turno, inicialmente, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, quien mediante proveído de dieciocho de diciembre del año pasado (foja 25) ordenó su registro con el número VI-886/2020. Posteriormente, el treinta de marzo de dos mil veintiuno (foja 260) el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, planteó el returno del asunto a este juzgado, al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 46, fracciones II y IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -conocimiento previo- atendiendo a que este juzgado conoció del diverso juicio de amparo 286/2019, promovido también por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, en el que también se reclamaron actos derivados del juicio administrativo JA-0884/2014-II. Tercero. Avocamiento de este juzgado al presente juicio de amparo. En razón de lo expuesto, mediante auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno (foja 265) este órgano de control constitucional se avocó al conocimiento del asunto, ordenó su registro con el número I-248/2021, lo admitió a trámite, dio vista a las partes con el informe justificado rendido por las autoridades responsables, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y otorgó a la Representación Social de la adscripción la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, en el propio auto de avocamiento se ordenó hacer del conocimiento de la parte quejosa, que este órgano jurisdiccional aceptó el conocimiento de este asunto. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales, en esta misma fecha tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a emitir la sentencia definitiva bajo las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tendrá ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación de los actos reclamados. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa son: Del Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán: La resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte dictada en el expediente JA-R-0153/2020-I, por la que se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por el propio quejoso contra la multa que le fue impuesta en auto de once de marzo de dos mil veinte dentro del juicio administrativo JA-0884/2014-II. Del Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán: El cobro de la referida multa impuesta dentro del juicio administrativo JA-0884/2014-II. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables Magistrado de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y Director de Recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 44 y 33, respectivamente). Certeza que se corrobora con las constancias que remitió el Magistrado responsable, consistentes en copia certificada de las principales constancias que integran el expediente relativo al recurso de reconsideración JA-R-0153/2020-I [constante de un tomo]. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, pues entre las constancias que integran el tomo de pruebas se encuentra la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado que se atribuye a las autoridades responsables, procede examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa la existencia de alguna; pese a ello, en este apartado es necesario que se verifique un estudio de procedencia del acto reclamado consistente en la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte que declaró improcedente el recurso de reconsideración JA-R-0153/2020-I, interpuesto por la representante legal de Carlos Maldonado Mendoza contra la determinación de once de marzo de dos mil veinte dictado dentro del juicio administrativo JA-0884/2014-II, por el que se impuso al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, una multa por la cantidad de $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos), equivalente a seiscientas unidades de medida y actualización. El acto antes precisado, en apariencia podría revelar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario. Lo anterior, porque en las fracciones I a XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, se mencionan enunciativamente los diversos supuestos en los que resulta improcedente el juicio de amparo, mientras que la fracción XXIII instituye que también resultará improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la Ley de Amparo; lo que deja abierta la posibilidad de atender a otros supuestos que permitan sustentar válidamente la improcedencia del amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, instituye que si se trata de actos en ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución pronunciada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Interpretada en sentido contrario dicha disposición, el juicio de amparo resultará improcedente cuando se advierta que no se trata de la última resolución en el procedimiento de ejecución. Las anteriores consideraciones fueron abordadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, publicada en el Semanario Judicial de la página 6, Novena Época, registro 163152, de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." [Lo resaltado es propio]. Así, como se dijo, en el caso pudiera establecerse en una primera impresión, que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; ya que en la especie, se trata de una acto emitido en la fase ejecutiva del expediente administrativo de origen, el cual en apariencia, tendría que reclamarse hasta la última resolución emitida en dicho procedimiento, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, el suscrito considera que el presente asunto se trata de un caso excepcional, ya que si bien, la resolución que se reclama, declaró improcedente el recurso de reconsideración JA-R-0153/2020-I, interpuesto por la representante legal de Carlos Maldonado Mendoza contra la determinación de once de marzo de dos mil veinte, dictada dentro del juicio administrativo JA-0884/2014-II, por la que se impuso al quejoso una multa por la cantidad de $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos), equivalente a seiscientas unidades de medida y actualización, por desacato en el cumplimiento de la sentencia emitida en dicho juicio, lo que materialmente pudiera considerase que se encamina al cumplimiento de la sentencia, pues se trata de un medio de apremio que tiene como finalidad vencer la resistencia de la autoridad para cumplir con lo sentenciado; lo cierto es que formalmente, dicho acto sí afecta derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, en tanto que, dicha multa incide en el patrimonio de la persona física que asume la titularidad de la dependencia vinculada al cumplimiento de la sentencia. Por ello, resulta necesario que este juzgador proceda a realizar el análisis correspondiente. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la resolución dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte dentro del expediente JA-R-0153/2020-I. La promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Antes de calificar los motivos de inconformidad hechos valer por la promovente del amparo, conviene destacar lo siguiente: Mediante acuerdo de once de marzo de dos mil veinte, los Magistrados integrantes del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, tuvieron por recibido el informe de la autoridad vinculada Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, a través de la Jefa del Departamento de Juicios Fiscales de la Dirección de lo Contencioso, por el cual informaron sobre el cumplimiento a la sentencia dictada dentro del juicio administrativo JA-0884/2014-II, pese a ello, en dicho auto los magistrados determinaron que no se había dado cumplimiento a dicha resolución, pues resultaron ineficaces los argumentos que realizó la autoridad vinculada en el sentido de existir imposibilidad jurídica y material para efectuar dicho cumplimiento. De igual forma, -en esa determinación estableció el Pleno- que existe un inminente desacato a la sentencia dictada por el tribunal instructor, por lo que en términos del artículo 283, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, impusieron, entre otro, a Carlos Maldonado Mendoza, en cuanto Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, y a otro, una multa equivalente a seiscientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a $52,128.00 (cincuenta y dos mil ciento veintiocho pesos 00/100 MN). Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado el seis de agosto de dos mil veinte, la Jefa de Departamento de Juicios Fiscales, actuando en suplencia por ausencia del director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado, interpuso recurso de reconsideración, el cual fue registrado con el número JA-R-0153/2020-I. Seguido el trámite respectivo, mediante resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Magistrado Titular de la Primera Sala Administrativa Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, resolvió declararse incompetente para conocer del citado recurso de reconsideración. La anterior determinación constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Precisado lo anterior, en su único concepto de violación, la promovente del amparo esencialmente aduce que la Sala responsable al declararse incompetente para conocer del recurso violenta en su perjuicio sus derechos humanos contenidos en los numerales 14, 16 y 17 de la de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de debido proceso, legalidad al no respetar la debida fundamentación y motivación, así como el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Asimismo, refiere que el artículo 298, fracción V, del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, dispone que el recurso de reconsideración es procedente contra las determinaciones que impongan los medios de apremio previstas en el citado Código, sin hacer distinción en el sentido que las determinaciones que imponga el Pleno no podrán ser recurridas a través de ese recurso, ni prevé otro medio de defensa en contra de esas determinaciones, lo cual resulta en una laguna del ordenamiento legal en cita; y el diverso numeral 299 establece el trámite respectivo, por lo que no se advierte que en el supuesto descrito sea improcedente el referido medio de defensa, o que el magistrado instructor al cual sea turnado el recurso deberá declararse incompetente para resolverlo. De igual forma, sostiene que resulta incongruente la improcedencia determinada por la responsable, porque si los ordenamientos aplicables no distinguen qué debe suceder en el caso de que se impugne una determinación emitida por el Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa, el magistrado responsable tampoco debió realizar dicha distinción, y al hacerlo violó el principio de interpretación que establece que "donde la ley no distingue no debemos distinguir", por lo que la Sala responsable debió pronunciarse respecto de la legalidad de la multa combatida a la luz de los agravios que se hicieron valer, pero al no hacerlo lo dejó en estado de indefensión violando su derecho de acceso a la justicia contemplado en el artículo 17 Constitucional. Argumentos que deben calificarse como infundados. Para dar sustento a la anterior premisa, es necesario traer a contexto lo que disponen los artículos 298, fracción V, y 299 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, relativos al capítulo Décimo Quinto del Recurso de Reconsideración, que son del siguiente tenor: "Artículo 298. Procede el recurso de reconsideración en contra de: [.] V. Las determinaciones que impongan los medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en este Código. Artículo 299. El recurso de reconsideración podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes, con expresión de agravios, dentro del plazo de los tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de la resolución o sentencia que se impugne. El recurso se presentará ante el Tribunal y se turnará para su trámite al Magistrado Especializado distinto del instructor y tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria." De los preceptos transcritos se obtienen las siguientes premisas: Que el recurso de reconsideración procede contra las determinaciones que impongan medios de apremio y medidas disciplinarias previstas en el Código de Justicia Administrativa del Estado; Que el citado recurso podrá ser interpuesto por cualquiera de las partes en el juicio, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días, hábiles, contado a partir de que surta efectos la notificación de la determinación que se impugne; Que la inconformidad se presentará ante el tribunal que dictó la determinación y se turnará para su trámite a un Magistrado especializado distinto del instructor; y, Que tratándose de resoluciones emitidas por los jueces administrativos, se turnará para su trámite y resolución a un Magistrado de Sala Administrativa Ordinaria. Luego, de la interpretación sistemática del aludido precepto 298, fracción V, relativo a la procedencia del recurso de inconformidad, relacionado con el diverso 299, que regula la tramitación del medio de impugnación de que se trata, se obtiene que las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no se encuentran comprendidas dentro de los referidos supuestos de procedencia. Es decir, el recurso de reconsideración a que se refiere el arábigo 298 en cita, expresamente señala su procedencia contra las resoluciones de los magistrados instructores del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, o de los Jueces administrativos, de manera que debe considerarse excluido al Pleno del citado Tribunal y en ese sentido, es evidente que, contra las determinaciones de éste, no procede dicho medio de impugnación. En ese estado de cosas, si bien aparentemente se colmó el supuesto de procedencia a que se refiere el artículo 298 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, al combatir un auto que impuso una medida de apremio contra la autoridad demandada aquí quejosa, lo cierto es que, al no incluir dicho precepto al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa dentro de la procedencia del recurso de inconformidad, tal determinación no es impugnable mediante ese recurso. De suerte que, la resolución aquí combatida mediante la cual el Magistrado responsable se declaró incompetente por razón de grado para resolver el recurso de inconformidad intentado, no es violatoria de los derechos humanos del quejoso, dado que ese medio de impugnación no se encuentra previsto contra las resoluciones del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. En las condiciones apuntadas, al no prosperar los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia que suplir, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Carlos Maldonado Mendoza, Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Michoacán, por conducto de su representante legal Geraldin Marina Henriquez Escobar, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta resolución en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de éste juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 16 de abril de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

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