Sayli Liliana Hernández Vargas
Expediente 259/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 259/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Sayli Liliana Hernández Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de mayo de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto causa estado. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en razón de que se sobreseyó en el presente juicio. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX, en relación con el punto décimo primero, segundo párrafo y punto vigésimo primero, último párrafo, del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el pedimento que formula la agente del Ministerio Público Federal, toda vez que en auto de diecisiete de abril del año en curso se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otro lado, como lo solicita el Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa las copias en los términos que solicita, previo recibo que de ello se deje en autos. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por recibido el informe justificado que rinde el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. Ahora bien, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida y desahogada conforme a su propia naturaleza la copia certificada del laudo dictado el doce de abril de dos mil dieciocho, emitido dentro del juicio laboral 757/2015 de su índice, que adjuntó a su informe; documental que adquiere valor probatorio plano al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de materia. Ahora bien, de los autos que integran el juicio de amparo, se aprecia que el veintitrés de marzo de este año este órgano de control constitucional y convencional admitió a trámite la demanda de amparo promovida por Sayli Liliana Hernández Vargas, contra la autoridad y respecto del acto siguiente: Autoridad responsable: 1. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. Analizada íntegramente la demanda se advierte que el acto reclamado cosiste en lo siguiente: La omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 757/2015. Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, manifestó que no es cierto el acto reclamado, en virtud de que dentro del juicio laboral 757/2015 de su índice, con fecha doce de abril del año en curso, dictó el laudo dentro del citado juicio laboral, del que anexó copia certificada que fue valorada anteriormente. En el caso, este Juzgado de Distrito estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo que, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, revela que al momento de promover la demanda de amparo existía el acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de dictar el laudo dentro del juicio laboral 757/2015; sin embargo, durante la substanciación del presente juicio, cesaron los efectos de dicho acto al haberse emitido el laudo respectivo, restituyendo en el pleno goce de sus derechos a la pate quejosa como si se le hubiera concedido la protección constitucional. En esas condiciones, resulta claro que los actos aquí reclamados han cesado en sus efectos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos el acto reclamado al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, residente en esta ciudad. El sobreseimiento se decreta fuera de audiencia sin que sea necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues es claro que el acto reclamado dejó de existir, por tanto, estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia, contrario a lo que dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica y emplaza a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado el auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, lo anterior de conformidad con el articulo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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