Scotianbank Inverlat Sa de Banca Multiple
Expediente 298/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Scotianbank Inverlat Sa de Banca Multiple
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo hayan realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y dentro de los noventa días siguientes depúrese el cuaderno único del incidente; asimismo, transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del mismos Acuerdo General. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se ordena devolver cuatro tomos de pruebas a las autoridades responsables, por resultar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia concedida al titular de este órgano jurisdiccional, por la Presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, informada mediante oficio 1646/2023, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en términos del artículo 183, fracción I, de la Declaratoria para el inicio de la observancia de las nuevas reglas de la Carrera Judicial y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-298/2023-O, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales allegadas por las autoridades responsables y la quejosa; de igual forma, con la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, ambas ofrecidas por la impetrante de amparo. Al respecto, el Juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Asimismo, téngase al autorizado de la tercera interesada ofreciendo pruebas documentales, instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. El Juez acuerda: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Al no existir pruebas pendientes por admitir y desahogar se da por concluida la presente audiencia constitucional, con lo cual quedan vistos los autos para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintitrés, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, Cristian Iván López Páez en su carácter de apoderado jurídico de SCOTIABANCK INVERLAT, SOECIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado de Distrito, en donde se registró bajo el número 298/2023; en proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda; se solicitó el informe justificado a las responsables y ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Federal la intervención correspondiente. Con posterioridad ordenó el emplazamiento de los terceros interesados Juan Pablo Álvarez García y Luis Arturo Pahua Rojas; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes C O N S I D E R A N D O S: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda, se advierte que Cristian Iván López Páez en su carácter de apoderado jurídico de SCOTIABANCK INVERLAT, SOECIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, reclama: Del Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado: La falta de notificación en su carácter de acreedora, al procedimiento de ejecución en el juicio laboral 381/2009, promovido por Juan Pablo Álvarez García y otro en contra de Luis Arturo Pahua Rojas. La ilegal notificación a la citación de la audiencia de remate celebrada el veintitrés de abril de dos mil quince. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por así manifestarlo al rendir su informe justificado (foja 50), lo que se corrobora con las copias certificadas del juicio ordinario laboral 381/2009, que enviaron las autoridades citadas, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. En ese sentido, se tiene por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. La falta de notificación en su carácter de acreedora, al procedimiento de ejecución en el juicio laboral 381/2009, promovido por Juan Pablo Álvarez García y otro en contra de Luis Arturo Pahua Rojas. Este Juzgado advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, éste último aplicado en sentido contrario, respecto del acto reclamado consistente en la falta de notificación en su carácter de acreedora, al procedimiento de ejecución en el juicio laboral 381/2009, promovido por Juan Pablo Álvarez García y otro en contra de Luis Arturo Pahua Rojas. En efecto, los artículos señalados son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." De lo anterior deriva, que procede el amparo indirecto, contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Se atribuye tal calidad -extraña a juicio-, a quien no ha figurado como parte en el juicio o en el procedimiento, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; así como a la parte demandada que no fue emplazada o que lo fue incorrectamente, en cuyo caso, se le reconoce el carácter por equiparación. Sobre el tema, nuestro Máximo Tribunal de Justicia estableció que la mera circunstancia de que el quejoso tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra o que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, desvirtúa su calidad de persona extraña al procedimiento, en cuyo caso, el juicio de amparo indirecto que se promueva con tal carácter, deberá declararse improcedente. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia número P./J.7/98, bajo el rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Así como la jurisprudencia de la Primera Sala, 1ª./J.67/2013 (10ª), visible en la página 729, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." Ahora bien, las constancias que obran en autos se advierte que en el juicio ordinario laboral 381/2009, promovido por Juan Pablo Álvarez García y otro en contra de Luis Arturo Pahua Rojas, deriva lo siguiente: El veintiocho de agosto de dos mil nueve se pronunció laudo, en el que se declaró procedente la acción y se condenó al enjuiciado al pago de las prestaciones reclamadas [foja 22 del Tomo I de pruebas]. El tres de diciembre de la anualidad en cita, se llevó a cabo el embargo del bien inmueble ubicado en el Lote 11 Manzana E, casa habitación 317 de la calle Reportaje, en el Fraccionamiento Periodistas de esta ciudad de Morelia Michoacán [foja 312 del tomo I de pruebas]. El doce de marzo de dos mil catorce, compareció ante la responsable Sócrates Markakis Pedraza, apoderado legal de la quejosa SCOTIABANCK INVERLAT, SOECIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, manifestando interés sobre la audiencia de remate, toda vez que su representada se adjudicó el inmueble objeto del remate en ese procedimiento laboral, en el diverso juicio civil hipotecario 1037/2009, tramitado ante el Juzgado Séptimo Civil del Distrito Judicial de Morelia [foja 146 del Tomo I de pruebas]. El dieciocho de marzo de dos mil catorce, la autoridad responsable le reconoció el carácter con el que se apersonó el apoderado en mención, además la tuvo señalando domicilio para que pudiera recibir notificaciones [foja 160 del tomo I de pruebas]. El ocho de mayo de dos mil catorce [foja 237 del tomo I de pruebas] y el cuatro de noviembre de la citada anualidad [foja 256 del Tomo I de pruebas], se admitieron a trámite diversas tercerías de exclusión de dominio promovidas por el aquí quejoso, mismas que se resolvieron el siete de agosto del citado año [foja 245 del Tomo I de pruebas] y el seis de febrero de dos mil quince [foja 83 del Tomo III de pruebas] respectivamente, declarándolos improcedentes. El veintitrés de abril de dos mil quince, se llevó a cabo la celebración de la audiencia de remate, en la que se declaró en favor del actor por el monto de $1 106,000.00 (un millón ciento seis mil pesos 00/100 M.N.). Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que la quejosa SCOTIABANCK INVERLAT, SOECIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, por un lado, compareció a manifestar su interés sobre la audiencia de remate, y por otro, promovió dos tercerías excluyentes de dominio; motivo por el que ahora no puede acudir a esta instancia constitucional a reclamar su ilegal emplazamiento, en virtud a que no se le puede atribuir el carácter de persona extraña a juicio, pues con su comparecencia se incorporó a él. Se cita como sustento de lo anterior, la tesis aislada emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXI, Materia Civil, Página 1549, Quinta Época, Registro 352738, , que dice: "HIPOTECAS, INCORPORACION DE LOS ACREEDORES GARANTIZADOS POR, EN LOS PROCEDIMIENTOS DE REMATE. Cuando al acreedor hipotecario se le hace saber en un juicio en el que no había figurado como parte, que se va a proceder al remate de la finca que está hipotecada a su favor, por ese solo hecho queda incorporado a ese procedimiento y deja de tener desde entonces la calidad de extraño a él, pudiendo intervenir en las diligencias de remate, para hacer valer sus derechos e interponer el recurso de apelación contra el auto aprobatorio del expresado remate; por consiguiente, el amparo que promueva contra dicho auto aprobatorio, sin agotar los recursos que establezca la ley, es improcedente, conforme a la fracción XIII, del artículo 73 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. En efecto, el artículo 567 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios Federales, establece la intervención forzosa de los acreedores resultantes de un certificado de gravámenes, en los juicios en que no son parte, seguidos por otros acreedores contra el deudor común, y como no puede considerarse en manera alguna, como limitativa o restrictiva de los derechos de los acreedores, la enumeración que contiene el artículo 568 del ordenamiento citado, debe estimarse que al concederles el mencionado artículo 567, el derecho de intervenir en el avalúo y subasta de los bienes, implícitamente les reconoce el derecho de interponer en el procedimiento de ejecución, los mismos recursos que la ley establece en favor de las partes principales. El derecho de intervenir en el acto del remate y de hacer al Juez las observaciones oportunas para garantizar sus derechos, constituye, en el sentido más amplio del vocablo, un verdadero recurso, es decir, un medio de defensa que la ley concede a tales acreedores, para que el Juez titular, al revisar los procedimientos del ejecutor, repruebe el remate, si encuentra fundadas las observaciones de los acreedores en el acto de la subasta. Por otra parte, debe considerarse que la organización dada a los tribunales de primera instancia por el Código de Procedimientos Civiles en vigor, al crear el cargo de Juez ejecutor, demuestra que el legislador quiso, en garantía de los derechos de las partes y de los terceros extraños, establecer un doble grado de jurisdicción, al subordinar los actos del ejecutor a la revisión del titular, y los de éste a la Sala de apelación." Así como la jurisprudencia P./J. 39/2001, consultable en la página 93, del Tomo XIII, Abril de 2001, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro digital: 189916, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY. La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal. De igual forma, es de citar por identidad jurídica substancial la tesis XXI.2o.C.T.11 C (10a.), consultable en el Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 3026, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2014489, que dice: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL TERCERO OPOSITOR, QUIEN CON ANTERIORIDAD PROMOVIÓ TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO DENTRO DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y AGOTÓ LOS RECURSOS ORDINARIOS A SU ALCANCE. De acuerdo con el artículo 1362 del Código de Comercio, será tercero opositor aquel que comparezca a juicio a deducir una acción distinta a la debatida entre las partes; asimismo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 7/98, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE.", determinó que el tercero extraño a juicio es aquel que no fue parte material en un procedimiento y que, sin embargo, sufre un perjuicio con la resolución o ejecución que en aquél se emita; también se ha equiparado a éste, a quien habiendo sido señalado como parte en el procedimiento, no fue emplazado o lo fue incorrectamente. Así, el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo indirecto, no tiene el carácter de tercero extraño a juicio el tercero opositor, quien con anterioridad promovió tercería excluyente de dominio dentro de un juicio ejecutivo mercantil y agotó los recursos ordinarios a su alcance; es así, pues la finalidad de dicha tercería es que se nulifique, revoque o modifique el embargo reclamado; por tanto, desde que hace valer ese medio ordinario de defensa, pierde su calidad de tercero extraño a juicio. Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica sustancial, la tesis XXVII.2o.1 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro: 2011218, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Página: 1777, que es del tenor siguiente: "REMATE EN EJECUCIÓN DE LAUDO. LA ACREEDORA HIPOTECARIA DEL DEMANDADO QUE HA SIDO LLAMADA A LA AUDIENCIA RESPECTIVA O COMPARECE A ÉSTA, CARECE DEL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑA, POR LO QUE LE SON INAPLICABLES LAS EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La acreedora del demandado en el juicio laboral pierde su carácter de tercero extraña cuando es llamada y comparece, o se abstiene de hacerlo, a la audiencia de remate para hacer valer sus derechos en relación con los bienes embargados en ese juicio, sobre los que constituyó garantía hipotecaria con motivo del contrato de crédito que celebró con aquél, pues con ello se incorporó al juicio laboral en su etapa de ejecución de laudo; en esa virtud, no le aplican las excepciones al principio de definitividad y, por tanto, al tener a su favor el derecho de intervenir en el remate de los bienes inmuebles embargados, está obligada a controvertir la determinación que afecta el interés que le asiste, a través del recurso de revisión, previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo". En las relatadas condiciones, se actualiza las causales de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción VI, aplicada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. La ilegal notificación a la citación de la audiencia de remate celebrada el veintitrés de abril de dos mil quince. Ahora, en torno a la ilegal notificación a la citación de la audiencia de remate celebrada el veintitrés de abril de dos mil quince, quien resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa la consintió. En efecto, el citado dispositivo legal establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo, es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. De la anterior transcripción deriva, que el juicio de amparo es improcedente, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora, de las constancias que obran en autos se observa que la institución financiera quejosa, promovió diverso juicio de amparo 451/2015, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, el cual se sobreseyó al considerar que no agotó el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional. En el referido juicio de amparo, el acto reclamado se hizo consistir en: "La audiencia de remate de veintitrés de abril de dos mil quince, dentro del expediente laboral 3812009, donde se remató el inmueble sujeto a ejecución en ese procedimiento ubicado en la calle Reportaje número trescientos diecisiete, del Fraccionamiento Periodistas de Morelia, Michoacán, así como las consecuencias legales de adjudicación y escrituración a favor del adjudicatario, no obstante tener reconocido el carácter de acreedor diverso por dicha autoridad". Bajo la óptica jurídica anterior se obtiene, que si la propia quejosa en esta instancia, promovió un juicio de amparo anterior, en el que se limitó a reclamar la audiencia en la que se remató el inmueble; empero no se dolió así de la indebida citación que se le hizo a la misma, resulta incuestionable que este último acto ya no le es posible jurídicamente combatirlo, a través del juicio de amparo que nos ocupa, dado que debe entenderse que la ilegal citación de la que se duele, la consintió al no impugnarla desde aquél momento, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido. Ser afirma lo anterior, dado que, tratándose de actos derivados de una secuela procedimental de remate, la impugnación de las violaciones procesales está sujeta al principio de concentración, el cual obliga a que todas las violaciones procesales que se estimen actualizadas se reclamen en una sola impugnación; por ello, si el quejoso previamente promovió el aludido juicio de amparo, atento a dicho principio de contradicción, fue en esa acción de amparo en que conjuntamente debió impugnar la ilegalidad de la notificación reclamada. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, respecto del citado acto reclamado. En apoyo a lo anterior, es de citar por identidad jurídica substancial la Jurisprudencia 2a./J. 57/2003, consultable en el Tomo XVIII, Julio de 2003, página 196, de la Novena Época, Materias Laboral del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro digital: 183886, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE. Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales. Así como la tesis I.16o.T.6 K (10a.), consultable en el Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2375, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, Registro digital: 2019066, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS EN LOS QUE EN UN SEGUNDO O ULTERIOR AMPARO DIRECTO SE HACEN VALER VIOLACIONES COMETIDAS EN UNA RESOLUCIÓN ANTERIOR, QUE NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUN CUANDO SE HUBIESE PROMOVIDO CONTRA ELLA UN AMPARO ANTERIOR QUE FUE SOBRESEÍDO, Y EN EL QUE NO SE PLANTEARON ESAS ALEGACIONES. Acorde con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 57/2003, que establece que son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se advierte que se produjeron en una resolución contra la cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado, por lo que debe entenderse que fueron consentidos y que, por ello, precluyó el derecho a reclamarlos en amparos posteriores, dado que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que se hubiese promovido un juicio de amparo anterior y éste se haya sobreseído, siempre y cuando en él no se hayan planteado esas alegaciones, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Cristian Iván López Páez en su carácter de apoderado jurídico de SCOTIABANCK INVERLAT, SOECIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT, respecto de los actos, autoridades y motivos precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos expresados en el considerando cuarto del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene al Comisionado y a la Presidenta del Comité Interdisciplinario Evaluador, ambos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con residencia en esta ciudad, interponiendo recurso de revisión contra la sentencia emitida el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro del término de tres días el expediente original al tribunal colegiado que corresponda, enviándose al efecto el original y copia del escrito de agravios relativo. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que el día de hoy se encuentra transcurriendo el término de cuarenta y ocho horas otorgado a las autoridades responsables para que rindan su informe previo, toda vez que se les notificó el dieciséis de los actuales los oficios 4754, 4755 y 4756, por los que se les hizo de su conocimiento la suspensión provisional. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 140 y 141 de la Ley de Amparo, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para este día y en su lugar se fijan las doce horas con veinte minutos del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- Sayli Liliana Hernández Vargas1222/2019
- Sayli Liliana Hernández Vargas872/2019
- Sayli Liliana Hernández Vargas259/2018
- Sayli Liliana Hernández Vargas444/2018
- Sayly Liliana Hernández Vargas187/2022
- Scarlette Montserrat Castro Hernández861/2021
- Secretario de Finanzas y Administración248/2021
- Secretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán131/2018
- Segio Ramirez MEndoza112/2017
- Seledonio Benitez Ramos710/2023
- Seledonio Benitez Ramos938/2021
- Selene Lucia Vázquez Alatorre518/2013