Sebastián Zavaleta López
Expediente 136/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 136/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sebastián Zavaleta López
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo el seis de julio del año en curso, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ***, en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). DESTINO. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. ARCHIVO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por lista al quejoso
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual transcribe el auto de uno de julio del año en curso, dictado en el juicio de amparo 134/2021 de su índice, y al efecto remite la constancia de notificación por lista practicada al quejoso Sebastián Zavaleta López, del proveído de veintitrés de junio y veintiséis de mayo del actual, emitidos en el juicio de amparo 134/2021 de su índice y en el presente asunto, respectivamente. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del plazo legal de cinco días que se le otorgó por acuerdo de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, no desahogó la prevención que se le formuló, no obstante su legal notificación; en consecuencia, se hace efectivo en su perjuicio el apercibimiento decretado en dicho acuerdo, por lo que, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa el presente proveído.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte no obra constancia de notificación del auto de veintiséis de mayo del año en curso, al quejoso Sebastián Zavaleta López, ordenada mediante oficio 13098/2021 dirigido al Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; en tales condiciones, solicítese al Titular de dicho Juzgado, que de no tener inconveniente se sirva remitir la aludida constancia, o en su caso, informe el impedimento legal o material que tenga para ello. Cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Alberto
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, tres de marzo de dos mil veintiuno. Visto el oficio 3067 2021, firmado por la Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en San Bartolo Coyotepec, por el que remite, por incompetencia, el juicio de amparo 134 2021 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Sebastián Zavaleta López, por propio derecho, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca; Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca; Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal de Investigación, que hace consistir en la orden de aprehensión yo cualquier acto privativo de la libertad girado en su contra y su ejecución. ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el Libro de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 136 2021 II A. Ahora bien, en reflexión al tema, este órgano jurisdiccional no comparte el criterio sostenido por el Juzgado declinante en el oficio que se recibe, por tanto, no se acepta la competencia declinada, conforme a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: De la demanda se advierte que en el rubro de AUTORIDADES RESPONSABLES y ACTO RECLAMADO señaló lo siguiente: Señalo como autoridades responsables a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, todos de Distrito en el Estado de Oaxaca, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, así como, al Delegado en Oaxaca de la Fiscalía General de la República y Agencia Federal de Investigación." "Se hace consistir en la orden de aprehensión y/o cualquier acto privativo de la libertad girada en mi contra y su ejecución." Asimismo, en el capítulo de "ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO" menciona lo siguiente: "bajo protesta de decir verdad, me permito exponer que el día uno de febrero del año en curso, me fue informado por unos conocidos que me andaban buscando unos Agentes Federales de Investigación supuestamente porque estaba involucrado en un hecho delictuoso, y que tenían una orden de aprehensión y/o presentación girada en mi contra, sin dar más referencias de que se trataba, por lo que de inmediato trate de investigar de que se trataba sin obtener resultado alguno; sin embargo, dichos sujetos constantemente acuden a mi domicilio con el objetivo de cumplir con su cometido y ponerme a disposición de la autoridad responsable violando toda mi garantía de audiencia y defensa que prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución, ante tales hechos acudo a solicitar la protección que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De la transcripción que antecede, así como de la lectura a sus conceptos de violación, se advierte que no realiza una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto reclamado; aunado a que la narrativa del ocurso de demanda es ambigua. Se precisa que la competencia es un presupuesto procesal de orden público a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento y consolidaría una violación procesal. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1.2º.P.J/40, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 36, Tomo 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con rubro: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." El artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." La interpretación del normativo transcrito permite desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; la que se caracteriza porque con independencia del lugar donde radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución; b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, en la cual, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito se establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, el competente para conocer de la demanda de amparo será el Juez Federal ante quien se presente la demanda; y c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiere de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda. Así, lo que distingue a las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. En cambio, la diferencia entre las reglas competenciales que sí la requieren (primera y segunda) no consiste en que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito, pues la primera se refiere a todos los supuestos que requieran de ejecución, pero presupone que ésta se materializa en una sola jurisdicción, en tanto que la segunda se refiere a que la ejecución del acto se realice en dos o más distritos. Conforme a la primera regla, será competente el juez el distrito del lugar en que el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En el caso, se reclama una orden de aprehensión y, por tanto, es indiscutible que se trata de un acto que requiere ejecución material. En ese sentido se advierte de lo narrado en la demanda de amparo que al momento en que el quejoso solicitó el amparo, el mandato de captura reclamado no se ha ejecutado ni se está ejecutando, puesto que no es un acto susceptible de ejecución parcial, sino que se consuma en un solo momento, con lo que quedan excluidas las reglas de atribución de competencia relativas a los actos ya ejecutados y a los actos cuya ejecución se inició y se sigue ejecutando al promover el juicio de amparo. En este contexto, el análisis de competencia es con relación a la hipótesis del acto que requiere ejecución material, pero que no se ha ejecutado. Este órgano jurisdiccional estima que contrariamente al criterio sostenido por el Juez declinante, en el caso que nos ocupa nos encontramos ante la segunda de las hipótesis que prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que el acto reclamado pueda ejecutarse en más de un distrito; por ende, le compete al Juzgado en donde se presentó la demanda el conocimiento de dicho juicio constitucional. No resulta inadvertido que el juzgado declinante señale lo siguiente: "En esa tesitura, en virtud de que este Juzgado de Distrito, también es señalado como autoridad responsable, en términos de la circular SECNO/5/2020, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, es incuestionable la incompetencia para conocer de la presente demanda de amparo. En consecuencia, se declina la competencia al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por ser el órgano jurisdiccional que no fue señalado como responsable, le corresponde conocer de la presente demanda. Atento a lo anterior, remítase vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE el presente juicio a efecto de dar celeridad al trámite del asunto; solicítese acuse de recibo por el mismo medio." Empero, resulta oportuno destacar la parte considerativa del Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil catorce, específicamente, en la que se precisó lo siguiente: "SEXTO. Teniendo en cuenta que se han generado controversias relacionadas con el señalamiento de los juzgadores como autoridad responsable en los escritos de demanda a fin de evitar que se les turne un determinado asunto, lo que finalmente implica su direccionamiento, en estos casos se turnarán en forma aleatoria, ya que en el supuesto de que un juzgador se ubique en alguna causa de impedimento al recibir el expediente podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno;" Por lo tanto, en el supuesto de que el Juez declinante determine que se ubica en alguna causa de impedimento al recibir el asunto, este podrá excusarse, resolviendo de modo previo las cuestiones urgentes; ello con el propósito de evitar el direccionamiento de las demandas, que consiste en el propósito fundamental del citado Acuerdo, brindándose certeza sobre tal carácter y no con la simple manifestación que realice el promovente en su escrito pretendiendo burlar o dirigir el turno; consecuentemente con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, no se acepta la competencia declinada. Máxime que en la demanda cuya incompetencia sostiene el Juzgado oficiante, se reclaman actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero, respecto de los cuales respetuosamente el suscrito considera tiene competencia legal para conocer de ellos, no obstante declina en su totalidad la competencia, siendo que el Juez más cercano para conocer de actos propios del Juzgado declinante y en términos de las normas que nos rigen es un diverso Juzgado de Distrito en San Bartolo Coyotepec, al ser el más cercano en el circuito, en términos de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Así, el suscrito respetuosamente sostiene que el Órgano oficiante únicamente se encuentra impedido para conocer de actos propios, no así respecto a diversos jueces señalados como responsables, en cuyo caso deberá plantear el impedimento respectivo por economía procesal, en términos de la jurisprudencia P./J. 6/2020 (10a.),emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 9, de la Gaceta el Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, de rubro y texto siguientes: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." Finalmente, se destaca que en el acuerdo de incompetencia respectivo, no se advierte que se hubiera certificado que en ese órgano jurisdiccional efectivamente existiera el acto reclamado por el quejoso, a efecto de que el Juez oficiante determinara que en el caso se encontraba jurídicamente impedido para conocer del juicio, por tener el carácter de autoridad responsable y, por ende, no podía ser juez en el asunto, y por tal motivo declinara su competencia para conocer de la demanda de amparo correspondiente, ello es así, pues de la citada jurisprudencia se advierte que se actualiza dicha causa de incompetencia, en aquellos casos en los que se constate el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto, también tiene el carácter de autoridad responsable por haber emitido el acto reclamado. En consecuencia, el hecho de que el quejoso incluya a la autoridad de amparo en el capítulo de "autoridades responsables" en su demanda, es insuficiente para estimar que deba tenérsele con dicho carácter, ya que debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Verlo de otro modo, implicaría dejar en manos del justiciable la autoridad a la que le correspondería el conocimiento de la demanda, lo cual vulneraría las reglas del turno aleatorio de los asuntos que el Consejo de la Judicatura Federal ha establecido y previsto para la distribución equitativa de las cargas de trabajo entre los órganos judiciales de la misma denominación. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, del Libro 77, Agosto de 2020, Tomo VI, página 6081, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021875, Décima Época, cuyo tenor literal es: "IMPEDIMENTO. DEBE DECLARARSE INFUNDADO CUANDO EL QUEJOSO SEÑALE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL JUEZ DE AMPARO ANTE QUIEN SE PRESENTA LA DEMANDA Y DE LA LECTURA INTEGRAL DE ÉSTA SE ADVIERTA QUE NO LE RECLAMA ALGÚN ACTO EN ESPECÍFICO. El artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que los juzgadores federales deben excusarse del conocimiento del asunto cuando hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada. En ese sentido, al calificar el impedimento planteado por un Juez de Distrito que fue señalado por el quejoso en su demanda como autoridad responsable, debe analizarse si efectivamente dicho juzgador tiene la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, del mismo ordenamiento, del que se desprende que, es requisito sine qua non, que se le atribuya a una autoridad haber dictado, ordenado, ejecutado o tratar de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, si de la lectura integral de la demanda se advierte que el justiciable no le reclama un acto concreto al Juzgado de Distrito, el impedimento debe declararse infundado, pues el hecho de que el quejoso incluya a la autoridad de amparo en el capítulo de "autoridades responsables" en su demanda, es insuficiente para estimar que debe tenérsele con dicho carácter en términos del citado numeral, ya que debe vinculársele con un acto concreto de autoridad que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Verlo de otro modo, implicaría dejar en manos del justiciable la autoridad a la que le correspondería el conocimiento de la demanda, lo cual vulneraría las reglas del turno aleatorio de los asuntos que el Consejo de la Judicatura Federal estableció en el Acuerdo General 13/2007, que prevé la distribución equitativa de las cargas de trabajo entre los órganos judiciales de la misma denominación." Ante tal determinación, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias respectivas, devuélvanse al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el juicio 134/2021 de su índice, promovido por Sebastián Zavaleta López. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a la secretaria del juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Alberto Gómez Rétiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante Rosa María Jiménez Mendoza, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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