Saúl Rmán Herrera
Expediente 129/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 129/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Saúl Rmán Herrera
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte actora no interpuso recurso de apelación dentro del plazo a que se refiere el artículo el artículo 1345 bis 1, en relación con el numeral 1345, fracción I del Código de Comercio, contra el auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se desechó de plano el medio preparatorio a juicio ejecutivo mercantil, promovido por la persona jurídica ********************, por conducto de su apoderado para pleitos y cobranzas ********************. En consecuencia, se decreta que dicha determinación ha causado estado. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 21, 22 y 23, archívese este expediente como definitivamente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL Se estima que este asunto carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. DESTINO Al tratarse de una causa civil, sin embargo la misma se desechó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción IV del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena es destruible. En consecuencia, con fundamento en el citado artículo 20 de dicho Acuerdo General, una vez transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto, siguiendo los lineamientos establecidos en el penúltimo párrafo del precepto citado. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico, en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). LEY DE TRANSPARENCIA Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese vía electrónica a la parte actora.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan las actuaciones de este sumario constitucional y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el arábigo 98 de la normativa de la materia, sin que Saúl Román Herrera, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de catorce de marzo de esta anualidad, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los ordinales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado dicho proveído, hágase del conocimiento de las partes tal circunstacia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el normativo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el dispositivo 15 del referido acuerdo. Se destaca que en este expediente no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por el promovente, considerados como originales por el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se tuvo por desechada la demanda por lo que se dio por concluido sin decidir en lo principal, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado dispositivo 21 de dicho acuerdo, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por el promovente. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por*********** ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese bajo el juicio de amparo indirecto 129/2023 VI-A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DESECHAMIENTO. Es importante destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 624 de la Ley de Amparo. De los citados artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio.********************* Analizado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, segundo párrafo, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;." [Énfasis añadido] De acuerdo con las disposiciones legales transcritas, el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en la fase de ejecución de sentencia, siendo que solo podrá promoverse en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que deberá considerarse como tal, las siguientes: La que apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia. La que declare la imposibilidad jurídica para darle cumplimiento a la sentencia. La que ordene el archivo definitivo del expediente Resoluciones en donde deberán ser alegadas todas las transgresiones que el gobernado estime se cometieron en la respectiva etapa.************ Con el objeto de precisar por qué en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene asentar los antecedentes del acto reclamado que se advierten de las manifestaciones realizadas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa en su escrito de demanda, los cuales consisten en los siguientes: 1. La parte quejosa es parte demandada en el juicio ordinario civil 114/2006 del índice del Juzgado Mixto de Santa Cruz y Especializado en Oralidad Mercantil y Materia Laboral de los Circuitos Judiciales de la Costa, en el que se ejerció la acción reivindicatoria del bien inmueble marcado con el número 102, calle Sierra de Zempoaltepelt, lote 34, manzana 7, sección H-2, ubicado en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca; juicio que concluyó por resolución de seis de junio de dos mil once, por la que se le condenó a que hiciera entrega material del inmueble a la parte actora de ese juicio. 2. Posteriormente, el aquí quejoso, interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Sala Civil del Poder Judicial del Estado, confirmando la sentencia emitida en primera instancia, por lo que, en su contra formuló amparo directo, cuya resolución no resultó favorable a sus intereses por lo que se le requirió la entrega voluntaria del inmueble materia de la Litis. 3. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil veinte, se formó cuadernillo de ejecución de sentencia. Determinación que constituye el acto reclamado. 4. Finalmente, el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, se ejecutó la sentencia mediante diligencia de embargo. De lo expuesto se desprende que: El promovente tiene el carácter de demandado en el juicio de origen, por lo que es parte formal y material en éste. El acto que por esta vía pretende reclamarse fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia. La determinación señalada como acto reclamado no constituye el último acto realizado en la etapa de ejecución. En ese orden de ideas, tratándose de actos pronunciados en el período de ejecución de una sentencia, como en el caso que se analiza, el amparo indirecto sólo procederá contra la última resolución dictada en el período de ejecución del fallo definitivo, que como se dijo, se traduce en aquella resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o bien, aquella que ordene el archivo del expediente. Supuestos que no se actualizan en este caso, pues como se precisó, a través del acto reclamado, el juez del conocimiento ordenó poner en posesión física y material a la parte actora, del bien inmueble materia de la acción, ello derivado a una sentencia ejecutoriada dictada en contra del aquí quejoso (demandado en el proceso de origen), lo que significa que el acto que en esta vía se reclama, es una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional dictada en el juicio natural en el que precisamente se ejerció acción reivindicatoria para recuperar la posesión de un inmueble y que ahora se pretende ejecutar, al haberse resuelto en su contra y que adquirió firmeza legal. De ahí que esa determinación de ningún modo constituye alguna de las que la ley establece como la última en fase de ejecución, sino que es uno intermedio, cuyo objeto directo es ejecutar una determinación jurisdiccional que ya fue previamente analizada. Por consiguiente, si a la parte quejosa le causa agravio un acto procesal dictado en dicha etapa, como lo es la determinación de diecinueve de marzo de dos mil veinte, que le ordenó desocupar el bien inmueble litigioso y hacer entrega de éste a la parte actora, deberá esperar a la culminación del procedimiento relativo, es decir, a la emisión de la resolución en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, para impugnar las violaciones cometidas en el mismo.*************** Cuando se trate de un acto autónomo a la ejecución de una sentencia; y, Cuando sea un acto emitido en la fase de ejecución, que sin ser el último, sea de imposible reparación, por afectar derechos materialmente derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La primera de las excepciones, radica en que se trate de un acto que revista de autonomía, porque no esté relacionado directa ni inmediatamente con la ejecución de una sentencia (por ejemplo, la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de la que fue objeto el perdidoso). La segunda, estriba en que imposibilite inmediata y absolutamente el ejercicio de un derecho sustantivo, ajeno a la cosa juzgada, es decir, de una prerrogativa como la libertad, propiedad, posesión, libertad de circulación, entre otros. Por ejemplo, el arresto o la multa que se imponen como medida de apremio, para vencer la contumacia de alguna de las partes; o la paralización total del procedimiento. Es así que, en el primer aspecto, no nos encontramos en el supuesto de que lo reclamado constituya un acto que goce de autonomía destacada en relación con la emisión y ejecución del acto reclamado, lo que torna la improcedencia del amparo, de forma manifiesta, dado que, como ya se anticipó, el acto que se impugna guarda relación con la ejecución de la sentencia firme en la que precisamente se ordenó la entrega de la posesión del inmueble que al resultar procedente la acción reivindicatoria, en su cumplimiento se ordenó poner en posesión física y material a la parte actora, con ello lo que se pretende es lograr su cumplimiento, sin que esté dotado de autonomía destacada. Tampoco, es el caso en el que se vulneren directamente derechos sustantivos del quejoso, pues el Máximo Tribunal estimó que con el juicio de amparo no se debe pretender impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, dado que en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En el caso no se actualiza el supuesto de excepción de que el acto reclamado, partiendo de un procedimiento de ejecución, produzca efectos de imposible reparación ajenos a la sentencia que se ejecuta, dado que la sentencia dictada en el juicio de origen es cosa juzgada y el acto reclamado es precisamente su consecuencia; Y, aun cuando pudiera considerarse que sí trasciende a un derecho sustantivo como lo es la propiedad, lo importante es que esos efectos coinciden exactamente con lo resuelto y ejecutable. Por lo que se concluye que lo resuelto por la responsable en la determinación reclamada, no es ajeno a lo decidido en la sentencia, esto es, la supuesta o posible afectación a la propiedad de la quejosa no es autónoma a la cosa juzgada, sino precisamente materializando la ejecución de la condena. De modo que, la ejecución de sentencia no puede verse interrumpida con la promoción del juicio de amparo, pues conforme a lo previsto por el segundo párrafo de la fracción IV del numeral 107 de la ley de la materia, en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, sino que deberá culminar ese procedimiento hasta que se emita la última resolución en esa etapa, en que tendrá la oportunidad de hacer valer las violaciones que considera se cometieron en dicha fase y que lo hayan dejado sin defensa. En tales condiciones, por lo expuesto, se finaliza en que el acto reclamado descrito en párrafos que anteceden, no es el último acto de ejecución en el procedimiento de origen sino uno intermedio, por lo que de ninguna forma puede ser impugnable a través del juicio biinstancial, de acuerdo con el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, de manera manifiesta e indudable; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA.************** Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva.". DOMICILIO Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas de los estrados de este Juzgado, con el fin de que se realicen las notificaciones personales que en su caso se ordenen. En el entendido que la consulta de dichas listas también podrá efectuarse en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. AUTORIZADO Se tiene únicamente como autorizado para oír y recibir notificaciones a *************, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener inscrita su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo faculta a ejercer legalmente como licenciado en derecho; y las restantes personas que señala únicamente para oír y recibir notificaciones, por no estar inscritos en el referido Sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el precepto 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa o las personas que autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información.
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