Senaida Carolina Pineda Mejía

Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
242/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
08/09/2021

Partes del expediente

  • Senaida Carolina Pineda Mejía
  • Senaida Carolina Pineda Mejía y Otros.
  • Rosa Lidia López Cerrato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Se comunica a las partes que, por haberse negado la medida cautelar provisional y se declaró sin materia la suspensión definitiva a la parte quejosa, el original de este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso C) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General, deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Asimismo, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Archivo reciente. También, durante los primeros tres años el original del incidente estará en este órgano jurisdiccional y fenecido dicho término, de tres años, se transferirá a la Dirección General de Archivo y Documentación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso A, del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintiuno Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las quejosas Senaida Carolina Pineda Mejía y Rosa Lidia López Cerrato, interpusieran recurso de revisión contra el acuerdo de veintiséis de mayo del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio por el desistimiento expreso de las peticionarias. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto de tres de enero de dos mil veinte, se decretó la suspensión de oficio y de plano; se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, agréguense a los autos los sobres de la empresa denominada ESTAFETA, por el que devuelve los oficios 13104/2021 y 13116/2021, dirigidos al TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN OAXACA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA y al PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, únicamente para que obre como corresponda toda vez que dichas misivas se expidieron para el efecto de notificarles del veintiséis de mayo del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento del juicio por desistimiento de la parte quejosa. Notifíquese

  3. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos; advirtiéndose que no obra el acuse de recibo por el que se acredite que se entregó el oficio 10322/2021, dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el que se solicita su informe previo; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, fijándose para su celebración las DOCE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DOS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no la deja en estado de indefensión, en virtud de que podrá por escrito presentar de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creaciones de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Notifíquese. autoriza y da fe Luis Anselmo Félix Rodríguez. LAFR

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintiuno. Se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos los informes justificados que rinden la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por sí y del Sub Representante Local del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ventosa, Juchitán, Oaxaca, a través de la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca; y, Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Veracruz de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la última responsable, a las personas que menciona; asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. Asimismo se le tiene a la primera autoridad responsable proporcionando correo electrónico para el envío de notificaciones en este juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que anexan a su informe, las que dada su naturaleza, en este acto se desahogan, sin perjuicio de relacionarlas al dictarse sentencia. Ahora bien, toda vez que dichos informes no fueron presentados con ocho días de anticipación, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada las doce horas con treinta y ocho minutos del dieciocho del actual, fijándose las DOCE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración; siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191995, cuyo tenor literal es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese; a la parte quejosa vía electrónica.

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