Sebastian Revilla Lobato

Expediente 1052/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1052/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Sebastian Revilla Lobato
  • Ana del Rosario Lobato Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ELECTR.Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de uno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio YUC.I151.01328.2021, mediante el cual el Subdelegado Jurídico Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, manifestó su imposibilidad para remitir copia certificada de las constancias relativas a la obra número PCA-31102EP001, señalando que las mismas pueden ser requeridas a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México (autoridad no señalada como responsable en el presente juicio). Por lo tanto, toda vez que se advierte la participación de la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, en el presente asunto, y a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, con fundamento en la fracción II, del artículo 111 de la Ley de Amparo, prevéngasele para que dentro del tiempo que aludan los preceptos 17 y 111 de la Ley de la Materia, manifieste si amplía su demanda, señalando como autoridad responsable en el presente asunto a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP) de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, no se tendrá a dicha autoridad como responsable en el presente asunto y el mismo se resolverá únicamente respecto de la autoridad responsable Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), con sede en esta Ciudad. Por lo tanto, es claro que no es factible llevar a cabo la audiencia señalada para tener verificativo en este propio día, por lo que, con fundamento en el artículo 17 Constitucional se fija como nueva fecha para su celebración el SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LAS DIEZ HORAS CON UN MINUTO. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE AMPLIACIÓN DE DEMANDA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el escrito de Marisol de Fátima Quiñones Novelo, autorizada de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual pretende ampliar la demanda de amparo promovida por Bárbara Ghirga, representante legal de la persona moral quejosa "BARALD TOURS" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, señalando nuevos actos reclamados, autoridades responsables y conceptos de violación. Al respecto, no es el caso proveer favorablemente en relación con el contenido del referido escrito, toda vez que la ocursante no se encuentra facultada para ampliar la demanda interpuesta por la impetrante de amparo, pues resulta ser un acto personalísimo. Lo anterior, en virtud de que el juicio constitucional se sigue a instancia de parte agraviada, carácter que no tiene la ocursante en este asunto y que el artículo 12 de la Ley de Amparo, bajo el cual se le otorgó la autorización para intervenir en él, únicamente lo faculta para realizar los trámites relacionados con el cargo conferido. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 68, Tomo XXXIII, Junio de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 161909, que a la letra dice: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos 107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. Así como, por analogía, la jurisprudencia siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." (Época: Décima Época, Registro: 2007285, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 50/2014 (10a.), Página: 210) Por otra parte, toda vez que de una revisión de los presentes autos, se advierte que el disco compacto remitido por la autoridad responsable Inspector Comisionado del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con sede en la Ciudad de México, con su informe justificado, el cual contiene un archivo de imágenes en formato PDF, carece de certificación alguna. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del término de tres días contados a partir de la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado Federal, el disco compacto que contiene el archivo de imágenes en formato PDF, debidamente certificado; o bien, manifieste el impedimento que tiene para ello. Apercibida que de no hacerlo dentro del término fijado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos, sin centavos, moneda nacional) conforme a lo dispuesto en el artículo 259, de la Ley de la Materia y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio de cuenta signado por la Directora de Cámaras Empresariales y Desarrollo Regional, en suplencia por ausencia del Coordinador de lo Contencioso, en representación de la Secretaría de Economía, con sede en la Ciudad de México, y en atención a lo que solicita, no habiendo impedimento para ello, remítasele copia certificada de la ejecutoria dictada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, en el toca 247/2021, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la interlocutoria dictada en estos autos incidentales. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    ELECTR.Mérida, Yucatán, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; así como los anexos que adjuntó, consistentes en un disco versátil digital y un legajo de copias certificadas del toca penal 136/2020, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y tercera interesada y cúmplase.

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