Sebastián Figueroa Gasque

Expediente 374/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
374/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
12/06/2018

Partes del expediente

  • Sebastián Figueroa Gasque

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de la Secretaria que antecede, de la que se advierte que la notificación para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veinticuatro de mayo del presente año, se realizó el veinticinco siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea óbice a lo anterior, el que aún no obre en autos la tarjeta de acuse de recibo relativo al oficio con el que se notificó la sentencia de que se trata a la autoridad responsable foránea, ya que el mismo sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales y hasta el día de hoy, como se dijo, no interpuso el recurso correspondiente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto dictado por la autoridad señalada como responsable; y en relación a ésta, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que se le haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es un asunto en el que se sobreseyó en el presente juicio, por lo que no afecta el interés que en un momento determinado pudiera tener la responsable en que su acto subsista. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Vistos los autos, para resolver el presente juicio de amparo 374/2018-VI-B, promovido por Sebastián Figueroa Gasque, contra el acto que reclama de la Quinta Sala Especializada en Materias Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; y, ANTECEDENTES*********Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Sebastián Figueroa Gasque, en contra del acto que reclama de la Quinta Sala Especializada en Materias Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, por los motivos señalados en la tercera consideración de esta resolución. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración cuarta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito de cuenta promovido vía electrónica mediante el uso de la FIREL por Martín Adrián Herrera Valdés, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, con el que, en atención a la vista que se le dio del informe justificado rendido por la Magistrada Titular de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, solicita se requiera al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, a fin de que manifieste si materialmente envío las constancias de apelación del expediente 733/2016, para su sustanciación y resolución por parte del Tribunal responsable; al respecto, SE ACUERDA: No ha lugar a acceder a lo solicitado, toda vez que la parte quejosa no acreditó haber efectuado dicha petición con apoyo en el artículo 121 de la Ley de Amparo. Se dice lo anterior, en atención a que el informe que insta se solicite al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, habrá de rendirlo a través de un documento; de ahí que se trata de una documental que deberá recabarse de una autoridad, lo que hace evidente que para solicitarlo deba cumplirse con los requisitos que señala el referido numeral 121 que prevé que debe ser solicitado a la autoridad y sólo ante su negativa, pedirle al Juez que lo requiera para su exhibición. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis III.2o.P.274 P (9a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Común, página 1646 y registro: 160843, que dice: "INFORME DE AUTORIDAD. CONSTITUYE PRUEBA DOCUMENTAL, POR LO QUE DEBE SOLICITARSE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 151 de dicha ley, entre otras pruebas, se refiere a la prueba documental; sin embargo, en tratándose de documentos que obren en poder de autoridades o funcionarios, operan las reglas que señala el artículo 152 de la Ley de Amparo, que establece que para su ofrecimiento primero debe ser solicitado ante la autoridad y sólo ante su negativa, debe pedirse al Juez para que éste requiera a la responsable para su exhibición; asimismo, si lo que solicita el promovente es que la directora general del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Occidente, informe sobre si realizó o no ciertas actividades que sirvan para su readaptación; informe que sin duda alguna tiene que contestar a través de un documento; de ahí que se trata de una documental que deberá recabarse de una autoridad, lo que hace evidente que para recabarlo deba cumplirse con los requisitos que señala el referido numeral 152 que prevé que debe ser solicitado a la autoridad y sólo ante su negativa, pedirle al Juez que lo requiera para su exhibición; razón por la cual, si se ofreció directamente ante el Juez en términos del artículo 151, debe negarse su admisión, pues aun cuando existe vinculación entre ambos preceptos, regulan diversos supuestos de ofrecimiento de la prueba documental" No obstante, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza respecto del acto reclamado, de las cuales se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional relativa, en su caso. Por último, en cuanto a su petición de que se difiera la audiencia constitucional, dígase que se esté a lo proveído el siete del actual mes. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de mayo de dos mil dieciocho. Toda vez que de las constancias que obran en autos, se desprende que aún no transcurre el término de ocho días hábiles a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista que se diera a las demás partes por auto de treinta de abril del año en curso, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda en relación con el informe justificado rendido por la Magistrada Titular de la Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún; SE ACUERDA: Se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo del año actual, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Epoca, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Así como la jurisprudencia 21/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Marzo de 2008, Materia Común, visible en la página 151, registro: 170081, que dice: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial". Notifíquese y cúmplase.

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