Secretario de Salud del Estado de Yucatan

Expediente 876/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 22 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
876/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
22/12/2020

Partes del expediente

  • Secretario de Salud del Estado de Yucatan

Actuaciones

  1. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 876/2020-V-B, promovido por Gerardo Manuel Martínez Pérez a favor de la directa quejosa **** contra el acto que reclama a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado, a través del uso de la FIREL, el treinta de septiembre de dos mi**** a favor de la directa quejosa *****el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y Servicios de Salud de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Suspensión de plano. En esa propia fecha, (treinta de septiembre de dos mil veinte), en atención a la naturaleza de los actos reclamados, se decretó la suspensión de oficio y de plano, ordenándose prevenir a la directa quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, ratificara la demanda promovida a su favor, para lo cual se comisionó a uno de los actuarios adscritos a este juzgado. TERCERO. Admisión de la demanda. Por auto de uno de octubre de dos mil veinte se tuvo por ratificada y se admitió a trámite la demanda, la que previamente quedó registrada con el número 876/2020-V-B; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48, en relación con el 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 03/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: La orden de reanudación de labores presenciales de la directa quejosa en su centro de trabajo, lo cual impacta en su derecho fundamental a la salud, pues aduce, forma parte de un grupo poblacional vulnerable al virus SARS-CoV2 (COVID19), al padecer asma, retrovirosis, hipertiroidismo, hipertensión arterial y taquicardia. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y Servicios de Salud de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán al rendir el correspondiente informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud del Estado de Yucatán, en representación de las responsables, señaló que en el caso el acto reclamado cesó, ya que se le expidió a la quejosa un permiso para ausentarse de su trabajo y permanecer en resguardo domiciliario. Dicha causa se desestima, dado que la expedición del permiso a favor de la quejosa por la responsable, fue en estricto acatamiento de la suspensión de plano concedida. De ahí que no sea suficiente que las autoridades responsables hayan derogado o revocado el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección de la Justicia Federal; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje huella alguna. Esto es, los efectos del acto reclamado cesan cuando se deroga o revoca el acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su emisión, o cuando, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, crea una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Por otra parte, la misma autoridad, señaló que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, en relación con el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues considera que a sus representadas no les reviste el carácter de autoridades responsables, ya que el acto reclamado deriva de una relación de coordinación con motivo de la relación laboral que existe con la quejosa. Dicha causa de improcedencia de igual manera se desestima, por lo siguiente. Es importante señalar que en el particular aun y cuando es cierto que las acciones dirigidas a disminuir los riesgos de contagio en los centros de trabajo, con motivo de la transmisión de la enfermedad COVID-19, el Estado ha implementado diversas medidas para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores de los sectores públicos y privados, instruyendo, a sus empleadores, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo de aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente. Lo anterior a efecto de que las acciones que se llevarán a cabo sean respetando los derechos laborales de los trabajadores, por lo que las medidas adoptadas para contener la propagación de la enfermedad en los lugares de trabajo se ubican en el marco de protección del derecho a la seguridad y salud en el trabajo, al buscar reducir el riesgo de exposición de los trabajadores a virtud del virus SARS-CoV2. De donde se desprende que si bien la implementación de dichas medidas derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive; también lo es, que no se puede desconocer que la aplicación de las mismas se ubica en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Sin embargo, ello no significa que a las señaladas como responsables se les pueda restar el carácter de autoridad para efectos del juicio constitucional, al ubicarse en la hipótesis de lo dispuesto en el artículo 5º fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de considerar autoridad responsable a los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, derivados de un dispositivo legal. Tal como ocurre en el caso, al provenir el acto reclamado precisamente de la omisión de la aplicación del "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte. Como incluso así lo informaron las señaladas como responsables en el presente juicio de amparo, al rendir su informe justificado por conducto de su representante. Por tanto, atendiendo al dispositivo de la Ley de Amparo, antes referido, en el supuesto en examen en el que se encuentra estrechamente vinculado el derecho a la salud del justiciable, con motivo del acto reclamado, debe estimarse que les reviste el carácter de responsables a las autoridades así señaladas por la impetrante del amparo, en virtud de que son responsables de atender lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio 155 sobre la seguridad y salud de los trabajadores, emitido por la Organización Internacional del Trabajo, en el que se estableció que la salud, en relación con el trabajo, abarca no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, sino también de elementos físicos y mentales que afecten la salud y están directamente relacionados con la seguridad e higiene en el trabajo. Por lo que en ese sentido, los Estados están obligados a implementar una política con el objeto de prevenir accidentes y los daños para la salud originados con motivo del trabajo, así como la adopción de planes de acción en caso de emergencia. De manera que dichas cuestiones forman parte integrante del derecho de acceso a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional y, en consecuencia, la omisión o negativa de observar ello, constituye un acto que tiene las características atinentes a los actos de autoridad. Lo anterior se corrobora con la circunstancia de que el derecho de acceso a la salud, es un aspecto que se encuentra obligado a atender toda institución de salud gubernamental a favor de cualquier persona, incluso de sus propios trabajadores. Pues su entidad, es superior, debido a la relación que guarda con la preservación y calidad de vida de los gobernados en un ámbito sensible en su desarrollo, aunado a las nuevas reglas en el reciente diseño constitucional sobre la protección de derechos humanos y el enfoque que se asignó a los actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, establecido en la Ley de Amparo, por lo que es necesario darle congruencia al sistema jurídico y permitir que impugnaciones de esa naturaleza, sean susceptibles de ser examinadas desde una perspectiva de que es precisamente el Estado el obligado de hacer realidad el derecho a la salud a quien se le atribuye la afectación, por lo que en estos casos, dicha institución de seguridad social debe considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo. Máxime que la determinación de la responsable se traduce en una posible afectación grave a un derecho fundamental como es el de la salud, al versar el acto reclamado, sobre dicha cuestión, que resulta de atención exclusiva de los jueces federales mediante el juicio de amparo, pues se encuentra en riesgo la salud de la quejosa ante la alta posibilidad de contagio al estar en constante contacto con el multimencionado virus. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 2039, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA OMISIÓN O NEGATIVA DE SUMINISTRAR MEDICAMENTOS.- Los actos del organismo descentralizado en su carácter de ente asegurador, por regla general, son inimpugnables mediante el juicio de amparo, ya que actúa en un vínculo de coordinación con los particulares, derivado de una relación contractual y en sustitución del patrón, que involucra diversos derechos, como los de jubilación, guarderías o licencias por enfermedad. Sin embargo, si se atiende al concepto amplio de autoridad establecido en el artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que, en los casos en los que el acto reclamado se hace consistir en la negativa u omisión del instituto de suministrar un medicamento a uno de sus asegurados, esa entidad sí tiene el carácter de autoridad, en virtud de que dicho instituto es responsable de proporcionar ese servicio, que forma parte integrante del derecho de acceso a la salud, consagrado en el artículo 4o. constitucional y, en consecuencia, la omisión o negativa de hacerlo constituye un acto que tiene las características atinentes a los actos de autoridad. Lo anterior se corrobora con la circunstancia de que, como el derecho de acceso a la salud, aunque forma parte del grupo de beneficios que comprende la seguridad social, está en un plano distinto a otros rubros del servicio que brinda el instituto, pues su entidad es superior debido a la relación que guarda con la preservación y calidad de vida de los gobernados en un ámbito sensible en su desarrollo, aunado a las nuevas reglas en el reciente diseño constitucional sobre la protección de derechos humanos y el enfoque que se asignó a los actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, establecido en la Ley de Amparo, por lo que es necesario darle congruencia al sistema jurídico y permitir que impugnaciones de esa naturaleza, en que coincide con un organismo público, sean susceptibles de ser examinadas desde una perspectiva de que es precisamente el Estado el obligado de hacer realidad el derecho a la salud a quien se le atribuye la afectación, por lo que en estos casos, debe considerarse como autoridad para efectos del juicio de amparo, sin perjuicio de la demostración de diversa causa de improcedencia o del examen que se efectúe en el fondo." Así como, en lo conducente, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la pàgina 668, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES CONOZCAN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DE ASUNTOS QUE NO SEAN DE SU COMPETENCIA.- El control difuso de constitucionalidad no implica que los tribunales constitucionales de las entidades federativas puedan resolver asuntos donde la materia de la litis consista, esencialmente, en violaciones a la Constitución Federal. Lo anterior es así, pues si bien los tribunales constitucionales locales están facultados para aplicar dicho control, ello sólo indica que al resolver los asuntos que sean de su competencia puedan, en última instancia, inaplicar normas que consideren inconstitucionales. Así, el presupuesto necesario para que los jueces locales puedan aplicar control difuso en un asunto, consiste en que los asuntos sometidos a su consideración sean de su competencia. En este orden de ideas, el control difuso de constitucionalidad no se traduce en la posibilidad de que los tribunales locales, incluso los supremos de cada entidad federativa, puedan conocer de asuntos donde la litis verse sobre violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando se hagan valer a través de un juicio de protección a derechos fundamentales. Así, el control difuso ni siquiera puede operar en estos casos, pues el presupuesto básico para su ejercicio no se actualiza, ya que los tribunales constitucionales locales no son competentes para conocer de asuntos cuya litis consista esencialmente en violaciones a la Constitución General de la República, que sólo pueden ser materia del juicio de amparo, medio de control concentrado que el Poder Constituyente diseñó para atender temas constitucionales y que reservó, en exclusiva, para el conocimiento del Poder Judicial de la Federación." En consecuencia, al no advertirse la actualización de alguna de las causas de improcedencia, lo procedente es analizar el fondo del asunto mediante el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, ya que no existe algún precepto que obligue a ello. Y además, porque dicha omisión no deja en estado de indefensión a la parte solicitante del amparo, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Los conceptos de violación propuestos son fundados, suplidos en su deficiencia, según lo reseñado por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Es menester precisar, que por cuestión de método y en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, el estudio de los motivos de disenso se realizará de manera distinta, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Establecido lo anterior, en la demanda de amparo se hicieron valer, en esencia, los siguientes conceptos de violación: La quejosa argumentó, sustancialmente, que la negativa de las responsables a otorgarle licencia médica, pone en riesgo su vida, en virtud del padecimiento de salud que presenta, esto es, al padecer asma, retrovirosis, hipertiroidismo, hipertensión arterial y taquicardia. Sostiene que, las personas vulnerables no deben ser expuestas, pues tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad; por lo cual, ante su particular situación, esto es, que al desempeñarse en el área de cirugía general "Seyé" del Hospital General General Agustín O'Horán perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán, y dado que sus padecimientos inciden gravemente en un posible contagio, su salud se encuentra en peligro, y se vulnera el derecho fundamental que reconoce el artículo 4° constitucional. Ahora bien, en primer lugar resulta importante tener en consideración lo que dispone el numeral 4° de la Constitución Federal, que para lo que aquí es de interés, es del tenor siguiente: "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. (.)". El párrafo del dispositivo constitucional preinserto, instituye que en el Estado mexicano toda persona tiene derecho a la protección de la salud. En la especie se hace patente precisar que los derechos humanos abarcan lo que se conoce como derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, e incumben principalmente a la relación entre las personas y el Estado. Al respecto, las obligaciones de los gobiernos por lo que hace a los derechos humanos guardan relación en un sentido amplio con los principios de respetar, proteger y cumplir. En ese contexto, entre la salud y los derechos humanos existen vínculos complejos: - La violación o la desatención de los derechos humanos pueden tener graves consecuencias para la salud; - Las políticas y los programas sanitarios pueden promover los derechos humanos o violarlos, según la manera en que se formulen o se apliquen; - La vulnerabilidad a la mala salud se puede reducir adoptando medidas para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos. En ese sentido, se tiene que la Organización Mundial de la Salud ha precisado que el derecho a la salud no significa derecho a gozar de buena salud, ni tampoco que los gobiernos de países pobres tengan que establecer servicios de salud costosos para quienes no dispongan de recursos. Significa que los gobiernos y las autoridades públicas han de establecer políticas y planes de acción destinados a que todas las personas tengan acceso a la atención a la salud en el plazo más breve posible. Lograr que eso ocurra es el reto al que tienen que hacer frente tanto la comunidad encargada de proteger los derechos humanos como los profesionales de la salud pública. Cabe significar que, el derecho al grado máximo de salud que se pueda lograr, se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, a saber: Declaración Universal de Derechos Humanos "Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad". Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Artículo 12 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad". De lo expuesto se pone de manifiesto que la protección a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos jurídicos concretos. Además, el derecho a la salud abarca determinados componentes aplicables en virtud de la ley. De modo que, el concepto del "más alto nivel posible de salud", a que se hace referencia en el párrafo uno del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Por otra parte, existen varios aspectos que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos; en particular, un Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la protección de la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. En esa tesitura, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna u apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca del derecho a la protección de la salud tutelado por el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo, en lo que interesa lo siguiente: El derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Del artículo 4° de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Si bien para la justiciabilidad del derecho a la salud en el juicio de amparo, es menester constatar que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas y que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía; lo cierto es, que ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto, siempre y cuando tales efectos tengan una relación fáctica o funcional con los de las partes. Lo que antecede, encuentra sustento en la Tesis aislada P. LXVIII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, Diciembre de 2009, página: 6, con número de registro 165826, del rubro y texto: "ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL. El referido derecho, contenido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reconocido en diversos tratados internacionales suscritos por México, no se limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer, o bien, a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica". Así como en la diversa Tesis aislada P. XVI/2011 del Pleno del a Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página: 29, con número de registro 161333, de rubro y texto: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud". Y también en la Tesis aislada P. XVIII/2011 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, Agosto de 2011, página: 32, con número de registro 161330, que establece: "DERECHO A LA SALUD. SU TUTELA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. La justiciabilidad del derecho a la salud no tiene manifestaciones idénticas cuando su violación se denuncia por los ciudadanos en vía de amparo y cuando se reclama por otras vías como por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad. Para determinar qué tipo de pretensiones pueden estudiarse en vía de amparo hay que constatar no sólo que se invoque la violación de un derecho fundamental que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas, sino también que la invasión al derecho que se denuncia represente un tipo de vulneración remediable por dicha vía. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de actos y normas con efectos únicamente para el caso concreto, como lo establecen los artículos 103, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 de la Ley de Amparo; sin embargo, ello no permite descartar que, en ciertas ocasiones, dar efectividad al amparo implique adoptar medidas que colateral y fácticamente tengan efectos para más personas que las que actuaron como partes en el caso concreto. Pero este tipo de efectos, que podrían denominarse ultra partes, deben ser colaterales y estar unidos por una relación de conexidad fáctica o funcional con los efectos inter partes, es decir, no pueden ser efectos central o preliminarmente colectivos. Ello es así, porque la Constitución General de la República reserva la posibilidad de impugnar las normas de manera que puedan ser declaradas inválidas con efectos erga omnes a una serie acotada de órganos legitimados, por la vía de las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad". En suma, es dable afirmar que la plena realización del derecho humano a la salud es uno de los requisitos fundamentales para que las personas puedan desarrollar otros derechos y libertades de fuente constitucional y convencional, por lo que la prosecución de la justicia social no puede ignorar el papel de la salud en la vida humana y en las oportunidades de las personas para alcanzar una vida sin enfermedades y sufrimientos que se resulten evitables o tratables, y sobre todo, en la evitabilidad de padecer una mortalidad prematura. Así las cosas, es menester señalar que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud (OMS), declaró a la pandemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control. Por lo que dada la situación que guarda la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el Consejo de Salubridad General -quien tiene el carácter de autoridad sanitaria y cuyas disposiciones generales son obligatorias para el país- en sesión extraordinaria de diecinueve de marzo de dos mil veinte, acordó reconocer la epidemia de enfermedad por el virus en comento en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria. En tal sesión, también se mencionó que la Secretaría de Salud establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia del virus de referencia. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Salud, en términos del artículo 134, fracción XIV, de la Ley General de Salud, expidió el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte y en esa misma fecha, se publicó el Decreto por el que el Presidente de la Republica sancionó tal acuerdo. La finalidad del referido acuerdo, fue establecer las medidas preventivas que se deben implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus denominado COVID-19. En la parte conducente, del citado instrumento se dispuso: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en práctica son las siguientes: Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico (.)" Así también, se implementó la Guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19, que contiene las recomendaciones de la Secretaría de Salud y en la que se ponderan los riesgos que enfrentan los trabajadores según su ocupación o condición de vulnerabilidad. Para efectos del COVID-19, dicha Guía identifica cuatro niveles de riesgo en razón de la cercanía del trabajador con personas infectadas, o del nivel de contacto repetido o extendido con fuentes posibles de contagio con motivo de su trabajo. Además, proporciona elementos para identificar a la población trabajadora vulnerable por condiciones ajenas al riesgo ocupacional, específicamente los clasifica de la siguiente manera: Tabla 2. Clasificación de riesgos por exposición en los Centros de Trabajo TIPO OCUPACIÓN PERSONAL OCUPACIONALMENTE EXPUESTO RIESGO MUY ALTO Aquellas con potencial elevado de exposición a altas concentraciones de fuentes conocidas o con sospecha de contagio Médicos Enfermeras Dentistas Laboratoristas RIESGO ALTO Aquellas que implican contacto frecuente y cercano de exposición a fuentes con posibilidad de contagio. Médicos Enfermeras Paramédicos Técnicos médicos Médicos forenses Personal que labora en depósitos de cadáveres Choferes y personal de ambulancias Personal de intendencia en hospitalización RIESGO MEDIO Aquellas que implican contacto frecuente y cercano de exposición a fuentes con posibilidad de contagio. Trabajadores con contacto altamente frecuente con público en general, personas en edad escolar, compañeros de trabajo, clientes, y otros individuos o grupos RIESGO BAJO Aquellas que no implican contacto frecuente y cercano de exposición a fuentes con posibilidades de contagio. Trabajadores que tienen contacto ocupacional mínimo con el público en general y otros compañeros de trabajo Tabla 3. Clasificación de riesgo de por condición de vulnerabilidad CLASIFICACIÓN DE VULNERABILIDAD RIESGO BAJO O POCO VULNERABLE RIESGO ALTO O VULNERABLE CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS  Sin antecedentes de enfermedades crónicodegenerativas  Sin problemas en el sistema inmunológico.  Personas menores de 65 años. Adultos mayores de 60 años. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.  Menores de 5 años. Personas con discapacidad Personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca).  Personas con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. De lo anterior, se deprende que, en el contexto de la epidemia generada por la enfermedad causa por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el gobierno federal ha reconocido como grupos de personas vulnerables o con riesgo de desarrollar tal padecimiento y/o morir a causa de ella, entre otros, a las personas que sufran de obesidad. En el caso, tal categoría cobra vital importancia, porque, la aquí quejosa demostró que se ubica dentro del grupo de personas vulnerables contemplado en el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte. Precisado lo anterior, en la especie se advierte que la solicitante de amparo, acude a esta instancia constitucional alegando que la autoridad responsable, al negarle a expedir una licencia con goce de sueldo y exigirle que se reincorpore a sus labores en el área de cirugía general "Seyé" del Hospital General General Agustín O'Horán, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán con sede en esta ciudad, pone en alto riesgo su salud y vida, debido a que presenta condiciones de asma, retrovirosis, hipertiroidismo, hipertensión arterial y taquicardia, que la ubican dentro del grupo de personas vulnerables o de alto riesgo, en caso de enfermar del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Padecimientos que se corroboran con las documentales que la quejosa adjuntó a su demanda, consistentes en: Formato de Interconsulta en la Unidad Médica de la Clínica de Medicina Familiar "Mérida" del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, signado por el doctor Miguel Morales Zaragoza. Nota de Alta de Medicina Interna de fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, expedida por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hoja de Urgencias de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, expedida por la Clínica de Especialidades con Centro de Cirugía Simplificada "Mérida del Subdirección General Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Receta Médica de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Estudio Médico con número de folio 01177553, emitido por el Laboratorio Clínico del Hospital General O'Horán. Resultado Radiodiagnóstico de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho segando por el Médico Radiólogo adscrito al Hospital General O'Horán. Consulta Externa de Urgencias Hoja de Triage de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Hospital General O'Horán de la Secretaría de Salud. Hoja de Urgencias de tres de enero de dos mil dieciocho, expedida por la Clínica de Especialidades con Centro de Cirugía Simplificada "Mérida" del Subdirección General Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Licencia Médica con número de retire 010LM0231442 signado por el doctor Ramsés A. Moguel Méndez, emitida por la Dirección Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Receta Médica Hospitalaria con número de folio 747037, de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, expedida por el Hospital General O'Horán de la Secretaría de Salud. Nota de Egreso Urgencias Adultos de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, expedida por el Hospital General O'Horán de la Secretaría de Salud. Diagnóstico Médico de veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, expedida por el Hospital General O'Horán de la Secretaría de Salud. Nota de Alta de Urgencias Adultos signada por el doctor Carlos Enrique Compan Barrera, Jefe del Servicio de Urgencias del Hospital General O'Horán de la Secretaría de Salud. Certificado Médico de once de agosto de dos mil veinte signado por el Subdirector Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ante ello, resulta evidente que dado a las comorbilidades que presenta la impetrante del amparo, lo más beneficioso para ésta, es no reincorporarse a sus actividades en el Hospital para el cual labora, pues ello podría traer como consecuencia un contagio del virus de Covid-19 con un índice de riesgo alto o de gravedad; lo cual sería una violación irreparable a su derecho fundamental de salud, y le causaría daños o perjuicios de difícil o imposible reparación. Lo anterior, implica que la autoridad responsable debe tomar y llevar a cabo todas las medidas que considere adecuadas y necesarias para salvaguardar la salud física de la justiciable ante la situación actual de pandemia, en el entendido de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4 Constitucional. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado, pues en la especie, se encuentra acreditada la transgresión a las obligaciones previstas en el artículo 4° constitucional; lo procedente es conceder a la quejosa María Cristina Chan Chi, el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita, para el efecto siguiente: De forma inmediata garantice el respeto al derecho a la salud de la indicada quejosa, cuestión que implica que le sea otorgado el permiso, licencia o autorización para ausentarse de sus labores, sin afectar sus prestaciones y demás derechos o prerrogativas que le corresponden y que son inherentes al empleo que desempeñan dentro del área de cirugía general "Seyé" del Hospital General Agustín O'Horán, con residencia en Mérida, Yucatán, hasta en tanto concluya la contingencia sanitaria o se haga la declaratoria por las autoridades de salud correspondientes. SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que la parte quejosa manifestó que se oponía a que se publiquen los datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual fue acordado favorablemente mediante auto de quince de octubre último. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las demás partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *******en contra de los actos que reclama de las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y Servicios de Salud de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad; en términos del considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.

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